Por Luis Arce
04 de junio 2011
Una semana antes de que los peruanos acudan a las urnas el domingo 5 de junio para elegir un nuevo presidente, cerca de 20.000 miembros de un grupo de nativos de la etnia aymara ocuparon la ciudad de Puno -100.000 habitantes- en protesta por la negativa del gobierno del presidente Alan García a cumplir con sus demandas para detener la apertura de sus tierras a las industrias mineras y petroleras.En el Perú ha habido muchos casos en los que el desarrollo de la minería ha dañado gravemente a la agricultura y a la ganadería, principales fuentes de renta de los aymaras. La contaminación de los ríos y la tierra en zonas cercanas a las operaciones mineras ha sido ampliamente documentada.
El pueblo aymara inició una huelga indefinida a mediados de mayo en respuesta a la convocatoria realizada por el Comité para la Defensa de los Recursos Naturales de la Zona Sur, la organización que ha tomado la iniciativa en la movilización aymara.
El 24 de mayo, enfurecidos por la decisión del presidente García de que la empresa minera Bear Creek siga adelante con su proyecto minero en Santa Ana, miles de aymaras se dirigieron en autobuses a la ciudad de Puno, ubicada a orillas del Lago Titicaca.
Procedieron a ocupar la carretera que une Puno con la ciudad fronteriza de Desaguadero, paralizando el comercio entre Perú y Bolivia. También ocuparon las vías de acceso a la ciudad comercial de Juliaca, la más grande de la región con una población de 250.000 habitantes. Estas carreteras conectan Puno con Cusco y con el norte de Bolivia y facilitan el acceso a puertos del Océano Pacífico al oeste, donde los productos de Bolivia y de la región sur del Perú se exportan al extranjero. El aeropuerto de Juliaca, el único en la región, fue ocupado por los manifestantes.
El diario de Lima, La República, informó que "los estudiantes de la Universidad Nacional del Altiplano -UNA- dejaron las aulas para unirse a la huelga indefinida.... Los estudiantes de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez también se unieron a la huelga y ocuparon el recinto universitario... Además se suspendieron las clases en varias instituciones educativas para proteger a los estudiantes”.
La violencia se incrementó en los 18 días de la huelga, cuando la Comisión de Alto Nivel enviada por el gobierno central en Lima dejó Puno sin resolver ninguna de las demandas de la protesta, sólo haciendo vagas promesas de "estudio de las concesiones mineras que afectan el desarrollo regional, por un período de 180 días”. La comisión de miembros "habló por un par de horas y regresó a Lima", informó el diario La República.
Con su característica pedantería y arrogancia el presidente García declaró: "es un absurdo constitucional que un departamento solicite que se le exima de la minería".
"Si usted se entrevista con alguno de ellos al azar", dijo el presidente de los manifestantes, "no saben por qué está allí. Este tipo de movilizaciones toman personas que no son conscientes de las cosas, con fines electorales. Me parece que es una forma de manipulación y casi de desprecio racial contra esas personas", dijo.
García concluyó con la amenaza de que "la Policía Nacional no permitirá la violación de la propiedad pública y privada en la región".
Al sentirse engañados una vez más por las autoridades del gobierno central los aymaras procedieron a hacerse cargo de varios edificios gubernamentales, entre ellos la sede de la SUNAT (agencia de recaudación de impuestos), tirando los documentos públicos a las calles y prendiéndoles fuego. Superados en número, los 2.000 policías de la zona no intentaron enfrentar a los manifestantes a pesar de la orden de García pidiendo represión.
A continuación los manifestantes se apoderaron del puerto de Puno en el Lago Titicaca y el pueblo de las Islas de los Uros proclamó su apoyo junto con los navegantes que prestan el servicio turístico en el lago. El transporte urbano fue bloqueado y las terminales de autobuses cerraron.
El Comercio, uno de los principales diarios de Lima, informó: "un grupo de manifestantes opuestos a la minería en la región quemaron la oficina de aduanas y saquearon el almacén y las instalaciones... Los huelguistas colocaron los tanques inflamados de gas en las puertas de los edificios públicos y los hicieron estallar, provocando la quema de vehículos en los alrededores".
Los periódicos de Lima y las estaciones de televisión concentraron su cobertura de los actos de violencia y vandalismo que aterrorizaron a la clase política. Alegaron que los partidarios del candidato presidencial Ollanta Humala, de quien se espera que capture hasta un 80% de votos en Puno, instiga el levantamiento aymara con fines políticos.
Grandes sectores de la burguesía peruana -la banca, la industria y la minería- que se han enriquecido a partir del modelo económico de libre mercado, apoyan a Fuerza 2011, el partido de Keiko Fujimori, rival de Humala. Ella es la hija del ex presidente Alberto Fujimori, quien cumple una condena de 25 años de prisión por su papel en los asesinatos de escuadrones de la muerte y los secuestros en la década de 1990.
Humala, un ex oficial del ejército, es el candidato de Gana Perú. Perdió por estrecho margen en las últimas elecciones en 2006 en las que se identificó con las políticas nacionalistas del presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Humala ha moderado su tono en la contienda actual, identificándose con las políticas pro-mercado del ex presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, contratando a dos ex asesores políticos de Lula como asesores de su campaña.
En el transcurso de la semana previa a las elecciones presidenciales el gobierno retiró y suspendió el decreto que otorga concesiones de exploración y explotación a las empresas mineras y petroleras. Las organizaciones aymaras abandonaron sus protestas pero dejaron claro que las reanudarían si sus demandas no se cumplen.
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