CLINTON / TRUMP REPRESENTAN LA CRISIS DEL SISTEMA AMERICANO

El Estado de seguridad nacional y las elecciones en Estados Unidos
Patrick Martin

http://www.wsws.org/es/articles/2016/08/12/segu-a12.html

12 agosto 2016

Tres meses antes de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, el aparato de inteligencia militar participa en una campaña sin precedentes en nombre de la demócrata Hillary Clinton, denunciando a su oponente republicano Donald Trump y declarándolo inaceptable para la posición de “comandante en jefe”.

El ex director de la CIA, Michael Morell, inició esta serie de ataques contra Trump el viernes pasado, en una columna de opinión en el New York Times. Le siguieron cincuenta agentes de seguridad nacional de pasadas administraciones republicanas con una carta abierta denunciando a Trump, la cual fue publicada el lunes en el sitio Web del Times.

El lenguaje de la carta abierta es cáustico e inequívoco: Trump “sería un presidente peligroso”; “tiene poca comprensión sobre los intereses nacionales vitales de Estados Unidos”; “halaga de forma persistente a nuestros adversarios y amenaza a nuestros aliados y amigos”.

Los cincuenta firmantes declaran que algunos votarán por Clinton, otros no lo harán, pero ninguno votará por Trump ya que “están convencidos de que, si llega a ocupar la oficina presidencial (Oval Office), él sería el presidente más imprudente en la historia estadounidense”.

La carta describe el carácter de Trump de la forma más severa:

“O bien es incapaz de, o bien se muestra indispuesto a, distinguir la verdad de lo falso. No fomenta opiniones contrarias. Carece de autocontrol y actúa impetuosamente. No tolera críticas personales. Ha alarmado a nuestros aliados más cercanos con su comportamiento errático. Todas estas son cualidades peligrosas en un individuo que aspira a ser presidente y comandante en jefe, y controlar el arsenal nuclear de EE.UU.”

La lista de firmantes incluye a oficiales de administraciones republicanas que se remontan a la presidencia de Richard Nixon, con una fuerte representación de ex funcionarios de alto nivel del gobierno de Bush. Estos incluyen a Michael Hayden, ex director de la CIA y de la Agencia de Seguridad Nacional, John Negroponte, ex director de Inteligencia Nacional, a Michael Chertoff y Tom Ridge, ex secretarios del Departamento de Seguridad Nacional y a Robert Zoellick, ex subsecretario del Departamento de Estado,.

Entre los firmantes, hay un gran número de funcionarios responsables de algunos de los crímenes más catastróficos del imperialismo estadounidense, particularmente la invasión de Irak del 2003 (apoyada por Hillary Clinton) y la posterior ocupación de esa nación: Robert Blackwill, Eliot Cohen, Eric Edelman, Peter Feaver, James Jeffrey, Meghan O'Sullivan, Kori Schake, Kristen Silverberg, William H. Taft IV, Dov Zakheim y Philip Zelikow, entre otros.

Estos señores y señoras tienen mucha sangre en sus manos. Bajo la presidencia de Bush, ejercieron altas posiciones en un gobierno que pisoteó constantemente principios democráticos y constitucionales, así como del derecho internacional. Éste inició la guerra en Irak basándose en mentiras, construyó el andamiaje de un estado policíaco, apoyó el uso de secuestro, tortura y una red de prisiones secretas y comenzó la campaña de asesinatos selectivos con drones, que se ha convertido en una pieza central en la política exterior de Obama.

Estas circunstancias vuelven absurda la acusación de los firmantes de que Trump debería ser expulsado de la carrera presidencial porque “parece prescindir de un conocimiento básico sobre, y creencia, en la Constitución, las leyes y las instituciones de Estados Unidos, incluyendo tolerancia religiosa, libertad de prensa y un poder judicial independiente”.

Sus ataques contra Trump no se deben a supuestas consideraciones democráticas. En cambio, ven su política de tendencia fascista como un riesgo indebido por ahora, ya que podría provocar manifestaciones sociales que desestabilizarían el sistema político. Sin embargo, no se oponen a tales métodos en principio, ya que han respaldado a dictaduras militares y escuadrones de la muerte fascistas en el extranjero al servicio de los intereses del imperialismo estadounidense.

Al mismo tiempo, ellos mantienen diferencias significativas con Trump en política exterior. En su columna de opinión la semana pasada, Morell denunció a Trump como un “agente involuntario” del presidente ruso, Vladimir Putin. La carta abierta publicada el lunes, al contrario, no menciona a ningún país o líder mundial; se limita a una crítica dura al carácter y la personalidad de Trump. Sin embargo el trasfondo es el mismo.

Morell, Hayden, Negroponte y compañía hablan en nombre del “Estado profundo”, aquellos funcionarios militares y de inteligencia no electos, cuya influencia y control continúa independientemente del partido que controle la presidencia y el Congreso. Ellos consideran a Clinton como una promotora confiable de sus intereses, siguiendo los pasos de Bush y Obama, mientras que consideran que Trump es errático e incendiario, aparte de no estar en sintonía con la campaña de la élite gobernante de Estados Unidos de confrontación militar con Rusia, China o ambos.

Luego de su artículo de opinión, Morell apareció en televisión en CBS Newsel lunes 8, exigiendo acciones más agresivas por parte de los rebeldes apoyados por EE.UU. en Siria contra el gobierno del presidente Bashar al-Assad, quién es respaldado por Irán y Rusia. “Tenemos que hacer que los iraníes paguen un precio en Siria”, dijo. “Tenemos que hacer que los rusos paguen un precio. Quiero ir detrás de lo que Assad ve como su base de poder personal. Quiero asustar a Assad. Quiero que piense: 'Esto no va a terminar bien para mí’”.

En otras palabras, quiere que Assad contemple el mismo destino de Saddam Hussein y Muammar Gaddafi, ambos linchados tras sus derrocamientos apoyados por EE.UU. ¡Así se ven sus preocupaciones por la democracia y los derechos humanos!

Las intervenciones de Morell y de los cincuenta republicanos, por sí solas, constituyen un esfuerzo nunca antes visto por el aparato de inteligencia militar para influir en el resultado de una elección presidencial. Esto tiene una enorme importancia histórica. Es evidencia de la profunda crisis política de Estados Unidos, con tensiones generadas por la extrema desigualdad social, la crisis económica y guerras sin fin que provocan cortocircuitos en los procesos democráticos “normales”.

Donald Trump es una manifestación de esta crisis. Este demagogo megamillonario no es una aberración, sino el producto de la promoción y cultivo de elementos de extrema derecha, racistas y fascistas en el Partido Republicano durante muchas décadas. El establecimiento del Partido Republicano nunca titubeó en alimentar esas tendencias y las ha convertido en su base electoral, reconsiderando su estrategia sólo cuando las fracciones políticamente más desenfrenadas comienzan a asumir el control del partido.

Clinton es otra manifestación de esta crisis histórica de la democracia estadounidense. Tras la capitulación de Bernie Sanders –cuya autoproclamada “revolución política” culminó con su apoyo a esa candidata de Wall Street — Clinton se ha reorientado bruscamente hacia la derecha, apelando directamente a multimillonarios, reaccionarios del Partido Republicano, y generales y espías “retirados” a unirse a su campaña, dejando en claro que su plan es acelerar las operaciones militares en Oriente Medio, Europa Oriental y Extremo Oriente.

La ruptura de las normas básicas de la democracia burguesa se evidencia en cada aspecto de la campaña presidencial de ambos partidos. Ambos campamentos utilizan el lenguaje de guerra civil, denunciándose en términos que efectivamente niegan la legitimidad del otro.

Trump y sus principales colaboradores han comenzado a denunciar la elección como “arreglada”, noventa días antes la votación, mientras amenazan con que, de ascender Clinton al poder, ese día ocurrirá un “baño de sangre”. Al mismo tiempo, varios ex oficiales de seguridad nacional advierten que habría una “crisis en las relaciones entre civiles y militares” en caso de una victoria de Trump. En otras palabras, se están preparando de antemano para justificar un golpe militar.

Sea cual sea el resultado de las elecciones del 2016 —gane Clinton, lo más probable, Trump o algún representante inesperado de la clase dominante estadounidense— el próximo gobierno en Washington va a ser el más reaccionario en toda la historia de Estados Unidos.

COLOMBIA ES EL MODELO DE LA POLICIA ARGENTINA

La participación de Estados Unidos y Colombia en el entrenamiento de policías argentinos

Dr. Norberto Emmerich. IESAC – Ciudad Juárez

No es novedad que la visita del presidente Obama a la República Argentina en el pasado mes de marzo colocó el eje central de las relaciones bilaterales en la seguridad. Al igual que sucede y seguirá sucediendo paulatinamente con los distintos gobiernos sudamericanos progresistas, Estados Unidos impulsará el giro a la derecha mediante la implantación de una agenda cargada de objetivos estratégicos pero con la securitización como medio de penetración política.

Precisamente la seguridad no ha gozado de una visión realmente progresista por parte de los gobiernos de la región, que han acumulado iniciativas represivas amparadas en una negociación conversacional de derechos humanos, cooperación e inclusión social que en todos los casos guardaba sepulcral silencio sobre los consumidores y los traficantes. La situación carcelaria es el mejor indicador del desconocimiento de los derechos humanos más allá de la pantalla de los medios de comunicación.

A partir de la incipiente reincorporación al patio trasero estadounidense ya no importará la ideología de los gobiernos (izquierda, centro, derecha) la cual se montaba sobre una realidad objetivamente conflictiva en cada escenario nacional. Hasta no hace mucho una situación de guerra interior permitía comprender que, aunque el gobierno de Colombia pudiera estar dispuesto a analizar medidas alternativas, tenía menos capacidad de renunciar a un tratamiento “represivo” del tema. En el caso de Guyana, su ubicación geográfica en el circuito del tráfico intercontinental de drogas también admitía un enfoque más “represivo”, mientras que Uruguay, tradicionalmente con mayor cultura cívica, pequeño y poco poblado, podía experimentar políticas públicas de libre consumo y estatalización del mercado. En todos los casos, sin embargo, la ideología de cada gobierno era central al momento de atribuir a dicho factor geopolítico la justificación de políticas más (Colombia) o menos (Uruguay) represivas. 

Aunque en términos de políticas públicas había notorias diferencias entre los países, en términos de discurso se hacía un gran esfuerzo por solapar las ideologías, escudados tras los conceptos comúnmente asumidos de “derechos humanos”, “inclusión social”, “proporcionalidad”, “responsabilidad compartida” y “evaluación multilateral”. La presión por lograr un vocabulario cohesionado pasó por encima de las diferencias existentes, creando una ilusión de progresismo, más intelectual que político. Nada de eso podrá seguir subsistiendo en la nueva atmósfera donde la cooperación regional en seguridad desconocerá las geopolíticas nacionales en favor de una visión continental de las “amenazas”, íntimamente afín a la estrategia exterior americana.

En los últimos años Colombia está intensificando sus esfuerzos por exportar su experiencia a otros países, con el apoyo de Estados Unidos. No está claro si este modelo de cooperación de seguridad está replicando los autodenominados éxitos de Colombia sin replicar al mismo tiempo sus fracasos en los ámbitos de la corrupción, los derechos humanos y la impunidad. Por lo pronto es bueno saber que es muy difícil obtener información sobre actividades específicas de Colombia más allá del siempre optimista e impreciso lenguaje de los comunicados oficiales.

Es cierto que los indicadores clave de la violencia en Colombia, como los secuestros, homicidios, desapariciones y desplazamientos forzados, han disminuido. Gracias a ello fue posible construir una "historia exitosa" de la guerra, estratégicamente utilizada por el gobierno de Santos para reposicionar a Colombia, convirtiendo a sus fuerzas de seguridad en saldos exportables, al ser abiertamente consideradas como unas de las más experimentadas del mundo en cuanto a la lucha contra el narcotráfico y la contrainsurgencia, en cierta medida por la prolongada capacitación recibida de Estados Unidos.

Desde el punto de vista de Estados Unidos la Secretaría de Estado hace una nueva lectura de la relación bilateral y sostiene que ayudar a Colombia “nos ayudará a ayudar a los demás", en un modelo donde el elemento clave es "dirigir desde atrás". Este enfoque de "intervención moderada" surgió en respuesta al rechazo de la opinión pública americana a la costosa intervención en asuntos militares de dudoso interés para las mayorías electorales, algo parecido a la política del buen vecino reemplazando al Corolario Roosevelt y el “big stick”.

Mediante la apelación a estos terceros "representantes", Estados Unidos crea una "negación plausible", mediante la cual evade el conocimiento o la responsabilidad sobre actividades impopulares o ilegales. Con Alvaro Uribe Vélez en la presidencia no había mucho interés regional en trabajar abiertamente con él, en virtud de su discurso antiterrorista sin matices. En el año 2010 la elección de Juan Manuel Santos cambió las narrativas sobre Estado fallido, irrespeto a los derechos humanos e instituciones democráticas deficientes y colocó con mucha facilidad la cooperación en seguridad en el centro de la política exterior, bajo el nombre de "Estrategia de Cooperación Internacional en Seguridad Integral", en realidad una cooperación triangulada de seguridad.

Los acuerdos firmados por la Argentina con Estados Unidos en marzo, promocionan la apertura comercial irrestricta, la asistencia en la Triple Frontera, la participación en misiones militares en Africa, el asilo a los refugiados sirios, la creación de Centros conjuntos de Inteligencia, la presencia de fuerzas de seguridad en el Comando Sur y la cooperación nuclear, entre otras cosas. Todo esto al precio de borrar la frontera entre seguridad y defensa, un insumo argentino que tanto esfuerzo costó establecer, pero que sin embargo ya había sufrido sus primeras tropelías con la pasada administración kirchnerista.

En términos de seguridad Estados Unidos asistirá a las fuerzas argentinas en la “lucha contra el terrorismo en la Triple Frontera”, permitirá que funcionarios argentinos se formen en la Academia Internacional de Policía, realicen viajes de estudios a Estados Unidos y sean capacitados por la DEA y el FBI, incluyendo el entrenamiento en las bases estadounidenses en territorio colombiano.

A la hora de concretar los acuerdos de marzo, la ministra de seguridad Patricia Bullrich se reunió con Jorge Hernando Nieto Rojas, el jefe de la policía nacional de Colombia, a fin de que la Argentina ingresara en el mecanismo de cooperación triangulada de seguridad. Pero los estándares de derechos humanos de la policía colombiana no son tan buenos. Según la Defensoría del Pueblo de aquel país hace dos meses se anunció en Colombia la “emergencia carcelaria”, en virtud de los problemas de hacinamiento, nula atención médica y 4.000 presos políticos, problemática que se lleva muy bien con la aprobación del nuevo Código de Policía y Convivencia, cuyo objetivo principal es regular el comportamiento de los ciudadanos en todo el territorio y dotar de nuevas herramientas a la Policía Nacional.

Entre otras cosas el nuevo Código de 244 artículos establece facultades para disolver las protestas sociales, permite el allanamiento sin orden judicial, la detención administrativa arbitraria y la imposición policial de multas penales. También establece la creación de centros de detención para borrachos e indigentes. Sus oponentes lo consideran represivo, arbitrario y dictatorial. Sobretodo consideran que un reglamento de este tipo no es coherente con un escenario de post conflicto, ya que el Código otorga mucha discrecionalidad a la policía y pone en riesgo algunas de las libertades ciudadanas.

Sin embargo, la Policía Colombiana puede mostrar buenos resultados. Mientras en 1995 la tasa de homicidios llegó a 70 cada cien mil habitantes, por encima de la media de Argentina o México, en 2016 la tasa bajó a 26, el punto más bajo en los últimos 40 años. Frente a estos datos no queda claro con qué objetivo la República Argentina se asociaría con Colombia, teniendo una tasa histórica de 5 homicidios cada cien mil habitantes.

La coincidencia entre las partes queda más clara al analizar el discurso. Nieto Rojas señaló que "nosotros atacamos el narcotráfico como un sistema criminal. Tenemos una estrategia de combate al narcotráfico y hemos tenido problemas en varios niveles, pero nos ha dado resultados. Si no los hubiéramos hecho, el que estaría hablando aquí sería un narcotraficante". Se refería a la penetración del narcotráfico colombiano en la política y en la justicia de su país, dejando en claro que las realidades entre Argentina y Colombia son absolutamente dispares, pero el discurso es único.

Bullrich se subió entusiasmada al estrado y dijo que "la coordinación tiene que ser permanente y total", adelantando el interés del Ministerio en lograr un intercambio similar con las fuerzas de seguridad de México, evidentemente sin saber muy bien de qué hablaba.

Por lo pronto quedarán aquí una decena de agentes colombianos en forma permanente como parte del acuerdo de cooperación. En el colmo del entusiasmo la ministra declaró que "nos interesa conocer mejor sus experiencias de trabajo en zonas conflictivas, como las intervenciones que se realizaron en Medellín", refiriéndose quizás a la Operación Orión, un exterminio muy desaconsejable en caso de que quiera repetirlo en la ciudad de Buenos Aires o en Rosario.

DISCURSO DE MICHELLE OBAMA EN LA CONVENCIÓN DEMÓCRATA

Michelle Obama cambió el rumbo de la crisis demócrata y derrotó a Trump en el mismo acto

"Gracias a todos, muchas gracias. Saben, resulta difícil creer que hayan pasado ocho años desde que vine a esta convención y les hablé de por qué pensaba que mi marido debía ser presidente.

¿Recuerdan cómo les hablé de su carácter y convicciones, de su decencia y talante? Cualidades que hemos visto cada día que ha servido a nuestro país en la Casa Blanca.

En aquella ocasión también les hablé de nuestras hijas, de que son el centro de nuestros corazones, de nuestro mundo. Durante nuestro periodo en la Casa Blanca fuimos felices de verlas crecer y pasar de ser unas alegres y agitadas niñas a serenas jovencitas, un viaje que empezó poco después de llegar a Washington.

En su primer día en su nuevo colegio, nunca olvidaré aquella fría mañana de invierno mientras veía cómo nuestras hijas, de 7 y 10 años, se apretaban dentro de aquellos todo-terreno negros con todos aquellos enormes hombres armados. Miraba sus caritas pegadas a la ventanilla y lo único que pensaba era: ¿Qué hemos hecho?

En ese momento me di cuenta de que nuestra época en la Casa Blanca moldearía aquello en lo que más tarde se convertirían, y que según cómo gestionáramos esa experiencia, las formaría, o las quebraría. En eso pensamos Barak y yo cada día mientras tratamos de guiar y proteger a nuestras hijas de los desafíos de esta inusual vida en el primer plano. Les apremiamos a ignorar a aquellos que cuestionan el civismo o la honestidad de su padre.

Insistimos en que el lenguaje de odio que oyen de boca de personajes públicos en la televisión no representa el verdadero espíritu de este país

Les explicamos que cuando alguien es cruel o se comporta como un matón, uno no se rebaja a su nivel. Nuestro lema es que cuando ellos caen bajo, nosotros apuntamos alto.

En cada palabra que pronunciamos, en cada una de nuestras acciones, sabemos que nuestras hijas nos están mirando. Como padres, somos sus máximos ejemplos. Y les diré que Barak y yo seguimos esa misma conducta en nuestros trabajos como presidente y primera dama porque sabemos que nuestras palabras y acciones importan, no solo para nuestras hijas, sino para los niños de este país, niños que nos cuentan: "Te he visto en televisión" o "he hecho una redacción sobre ti para el colegio".

Niños como el pequeño negro que miró a mi marido con ojos llenos de esperanza y le preguntó: "¿Mi pelo es igual que el suyo?"

No se confundan, el próximo mes de noviembre cuando vayamos a las urnas, eso es lo que estaremos decidiendo. No demócratas o republicanos, no izquierda o derecha. En estas y en todas las elecciones se trata de quién tendrá el poder que moldeará las vidas de nuestros hijos durante los cuatro u ocho próximos años. 

Estoy aquí esta noche porque en estas elecciones solo hay una persona en la que confío para asumir esa responsabilidad, solo una persona que está realmente preparada para ser presidenta de Estados Unidos, y es nuestra amiga Hillary Clinton.

Así es.

Confío en Hillary para llevar este país porque he visto su devoción por los niños de este país desde siempre, no solo su propia hija, que ha educado a la perfección, sino todos los niños que necesitan quien los defienda, críos que recorren un largo camino hasta la escuela para evitar a las bandas, niños que se preguntan si podrán pagar la universidad, niños cuyos padres no hablan una palabra de inglés pero sueñan con una vida mejor, niños que nos miran para saber quiénes son y en qué pueden convertirse.

Hillary ha pasado décadas haciendo el firme e ingrato trabajo de conseguir que sus vidas sean diferentes, defendiendo a niños discapacitados como joven abogada, peleando por que los niños tengan asistencia médica como primera dama, y por la calidad de la atención sanitaria infantil en el Senado. 

Y cuando no fue nominada hace ocho años, no se enfadó ni desilusionó.

Hillary no hizo las maletas y se fue a casa, porque como verdadera servidora pública, Hillary sabe que esta es una tarea mucho más grande que sus propios deseos o decepciones. Dio un paso al frente con orgullo para servir a nuestro país de nuevo como secretaria de Estado, recorriendo el mundo para mantener seguros a nuestros hijos.

Podría haber decidido que este trabajo es demasiado duro, que el precio del servicio público es demasiado alto, que estaba cansada de ser machacada por su aspecto, por cómo habla o incluso por su forma de reír. Lo que más admiro de Hillary es que nunca se quiebra bajo presión. Nunca toma la salida fácil. Hillary Clinton no ha abandonado nada en toda su vida.

Cuando pienso en la clase de presidente que quiero para mis hijas y para todos los niños, esto es lo que quiero:

Quiero a alguien con la fuerza necesaria para perseverar, alguien que conozca este trabajo y se lo tome en serio, alguien que entienda que los asuntos que afronta un presidente no son de color blanco o negro ni pueden reducirse a 140 caracteres.

Cuando tienes los códigos nucleares al alcance de la mano y las fuerzas armadas a tus órdenes no puedes tomar decisiones apresuradas. No puedes tener la sensibilidad a flor de piel ni dar coces. Tienes que ser estable, comedido y estar bien informado.

Quiero un presidente con un expediente de servicio público, alguien cuyo trabajo muestre a nuestros hijos que no perseguimos la apariencia o el dinero, sino que luchamos por dar a todo el mundo la oportunidad de salir adelante. 

Y volvemos incluso cuando nos cuesta porque sabemos que siempre hay alguien que lo pasa peor. Todo nos podría pasar a cualquiera de nosotros.

Quiero un presidente que muestre a nuestros hijos que todos importan en este país, un presidente que de verdad crea en la visión que nuestros fundadores tuvieron hace tantos años de que todos somos iguales, que cada uno de nosotros es una pieza amada de la gran historia de Estados Unidos.

Y cuando la crisis golpea, no nos atacamos entre nosotros. Nos escuchamos, nos apoyamos los unos en los otros porque juntos somos más fuertes.

Estoy aquí esta noche porque sé la clase de presidenta que será Hillary Clinton. Por eso en estas elecciones estoy con ella.

Para Hillary, ser presidenta significa solo y exclusivamente una cosa: dejar algo mejor para nuestros hijos. Así es como siempre hemos hecho avanzar este país, unidos en nombre de nuestros hijos, compañeros que entrenan de forma voluntaria a ese equipo o enseñan en aquella escuela dominical porque saben que es una labor de todos.

Héroes de todas las razas y religiones que se ponen el uniforme y arriesgan sus vidas para dejar como legado la bendición de la libertad, oficiales de policía y manifestantes en Dallas que quieren desesperadamente mantener a nuestros hijos a salvo. Gente que hacía cola en Orlando para donar sangre porque su hijo o hija podría haber estado en ese club. Líderes como Tim Kaine que enseña a nuestros hijos qué es la decencia y la devoción.

Líderes como Hillary Clinton, que tiene el coraje y el talante de volver una y otra vez hasta romper la barrera de la desigualdad de género, levantándonos a todos con ella. 

Esa es la historia de este país, la historia que me ha traído a este escenario esta noche, la historia de generaciones de personas que sintieron los latigazos de la esclavitud y su vergüenza, la punzada de la segregación, pero que siguieron luchando y teniendo esperanza y haciendo lo que era necesario para que hoy yo me levante cada mañana en una casa construida por esclavos. Y miro a mis hijas, dos chicas negras inteligentes jugando con sus perros en el césped de la Casa Blanca.

Gracias a Hillary Clinton, mis hijas y todos nuestros hijos e hijas ahora dan por hecho que una mujer puede ser presidenta de Estados Unidos.

No dejen que nadie les diga nunca que este país no es grande, que debemos hacerlo grande nuevamente. ¡Ahora mismo es el mejor país del mundo!

Mientras mis hijas se preparan para salir al mundo, quiero un líder que sea digno de esa verdad, un líder digno de la promesa a mis hijas y a todos nuestros hijos, un líder que se guíe cada día por el amor y la esperanza y los sueños imposibles que todos tenemos para nuestros hijos.

En estas elecciones, no podemos sentarnos y esperar que todo salga bien. No podemos permitirnos estar cansados, frustrados o ser cínicos. Escúchenme. Desde ahora y hasta noviembre, necesitamos hacer lo mismo que hicimos hace ocho años y hace cuatro.

¡Tenemos que llamar a cada puerta, ganar cada voto, poner hasta la última pizca de nuestra pasión, fuerza y amor por este país en que Hillary Clinton sea elegida presidenta de los Estados Unidos de América!

Manos a la obra. Gracias a todos y que Dios les bendiga".

LAS ELECCIONES EN USA GIRAN SOBRE PROBLEMAS MEXICANOS

Maquilas, deportaciones y crimen organizado: los temas mexicanos de la agenda electoral americana

Dr. Norberto Emmerich

http://revoluciontrespuntocero.com/maquilas-deportaciones-y-crimen-organizado-los-temas-mexicanos-de-la-agenda-electoral-americana/

Nunca como en esta ocasión la problemática mexicana había sido tan importante en la agenda de las primarias en Estados Unidos. Habrá que ver si tal preeminencia se mantiene a lo largo de la campaña electoral que está por iniciarse, por ahora todo indica que así será.

Los medios de comunicación en Ciudad Juárez dicen que los delegados de El Paso presentes en la Convención Republicana realizada en la semana del 18 al 21 de julio en Cleveland, estaban divididos respecto al muro fronterizo, cláusula que fue agregada a la plataforma oficial del partido. Esa división no se notó en la redacción final del documento, ya todos mostraron unidad respecto al control fronterizo, reducir la inmigración ilegal y mejorar los procesos para facilitar la inmigración legal.

La plataforma ideológica del Partido Republicano incluye la construcción de un muro en la frontera con México y la necesidad de obtener tratados comerciales que privilegien los intereses estadounidenses. Textualmente la propuesta de plataforma electoral republicana dice que “en una época de terrorismo, carteles narcotraficantes, tráfico de personas y pandillas criminales, la presencia de millones de individuos no identificados en nuestro país presenta riegos graves a la seguridad y soberanía de Estados Unidos” y “nuestra prioridad principal debe ser asegurar nuestras fronteras y todos los puntos de entrada y aplicar las leyes migratorias”.

Aunque la plataforma no se refiere explícitamente a la propuesta del candidato Donald Trump de deportar a los 11 millones de inmigrantes sin autorización, sostiene la derogación inmediata de los alivios migratorios sancionadas por el presidente Barack Obama en el año 2014 con el objetivo de evitar la deportación de 5 millones de personas.

Sin embargo, una encuesta realizada conjuntamente por Cronkite News, Univision News y Dallas Morning News  reveló que la mayoría de los habitantes de la franja fronteriza entre USA y México se opone a la construcción de un muro entre los dos países. Adicionalmente, la mayoría de los encuestados se sienten ignorados durante las elecciones presidenciales americanas.

El documento republicano también se pronuncia a favor del E-verify, una plataforma de datos del gobierno federal que permite a los patrones determinar si los aspirantes a empleados pueden trabajar legalmente en el país. También se busca castigar con 5 años de prisión a los extranjeros que reingresan ilegalmente al país tras ser deportados y se propicia la negación de fondos públicos a los inmigrantes no autorizados y a los gobiernos locales que protejan a sus residentes frente a las autoridades migratorias federales.

Por el lado demócrata, aunque centrados en la misma temática, está previsto que una mexicana traída ilegalmente a Estados Unidos cuando tenía cuatro años, sea una de las principales oradoras de la Convención Demócrata. Astrid Silva, de 28 años hablará el lunes 25 de julio ante los delegados de la Convención. Esa noche también hablarán a la nación la primera dama Michelle Obama y el senador Bernie Sanders.

Astrid Silva es una conocida activista por la defensa de los derechos de los inmigrantes sin autorización que se benefició de los programas de alivio migratorio implementados por Barack Obama en el año 2014. programa DACA extendido (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia) que buscaba legalizar a 300.000 jóvenes inmigrantes no autorizados que llegaron a Estados Unidos siendo niños (700.000 ya estaban incorporados en la versión DACA de 2012, los llamados dreamers) y la aplicación del programa DAPA (Acción Diferida para Responsabilidad de los Padres) que contemplaba la entrega de permisos de trabajo renovable para 4 millones de indocumentados adultos. Con ambos programas la administración demócrata pretendía cancelar la deportación de casi 4.5 millones de padres que tienen hijos estadounidenses.

La preocupación republicana no se refiere sólo ni preponderamente a los flujos migratorios, sino a todo el complejo relacionamiento de Estados Unidos con su periferia cercana, lo que implica focalizar la atención en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

La oficialización de la nominación de Donald Trump como candidato republicano confirmó las expectativas respecto a la centralidad de México en sus planteos de campaña. En las entrevistas concedidas tras la nominación indicó que en caso de ser presidente buscará que México y Canadá estén de acuerdo en renegociar el Tratado para evitar que las empresas manufactureras americanas trasladen sus operaciones fuera del país.

Un eventual gobierno republicano mostrará un nuevo retorno a una política exterior aislacionista, en un país que siempre oscila entre el excepcionalismo entusiasta y el abroquelamiento paranoico.

Si se mira desde este lado de la matriz fronteriza, la repercusión de la plataforma republicana sobre México en general y sobre la franja fronteriza en particular otorga a Ciudad Juárez una relevancia inusitada. Desde la óptica juarense asoman tres problemas: las maquilas, las deportaciones y el crimen organizado.

La economía de Estados Unidos tuvo resultados alentadores en el segundo trimestre, disipando por ahora las preocupaciones sobre su nivel de crecimiento. La Reserva Federal informó que la producción industrial estadounidense repuntó 0.6% en junio con respecto a mayo. Dado que el 82% de las exportaciones mexicanas van a Estados Unidos, un desempeño fabril más vigoroso es buena noticia para los juarenses porque implicaría una mayor demanda de manufactura nacional.

Sin embargo la cantidad de materiales que la producción juarense provee a las maquilas sigue en descenso. En el mes de abril la proporción de compras a los proveedores locales alcanzó a un 1.47%, el nivel más bajo del que se tiene registro histórico, según el INEGI. En abril de 2016 las maquilas asentadas en Juárez compraron insumos por un valor de 54.498,6 millones de pesos, pero solo 803 millones fueron comprados en Juárez. La proporción de insumos consumidos acumula 18 meses a la baja desde diciembre de 2014, cuando la proporción de materias primas locales fue de 3,48%.

Esta contradictoria relación entre crecimiento económico y baja demanda local de insumos se complementa con una situación donde la cantidad de plantas y la demanda de mano de obra siguen en aumento, con 16 mil puestos de trabajo vacantes y nuevas industrias incorporándose a los parques de la ciudad. En este sentido la plataforma republicana no encontraría mayor base de apoyo para un cierre del proceso de libre comercio.

Sin embargo crece la inquietud laboral, con reclamos en Johnson Controls, Lexmark, Foxconn y otras plantas, lo que podría desencadenar un proceso de alza del costo de la mano de obra, favoreciendo la razonabilidad de los postulados de Donald Trump. Algo similar sucedió en las plantas automotrices chinas en el año 2011 dando inicio a un proceso de baja de la competitividad internacional del país, que junto a otros indicadores contribuyeron al desaceleramiento del crecimiento chino.

En relación con las deportaciones, la expulsión de 10.000 mexicanos hacia Ciudad Juárez en el año 2014 presionó sobre las ya deterioradas finanzas locales en virtud del aumento de la demanda de provisión de servicios públicos, empleo y salud. Aunque Ciudad Juárez no es el punto por donde entra la mayoría de los deportados de Estados Unidos, el hecho de que el 61% de ellos tenga antecedentes criminales, una situación que no siempre es debidamente informada por las autoridades americanas, genera situaciones de violencia y delito en la ciudad. Si el proceso de deportaciones sigue la promesa de campaña y se vuelve masivo a un nivel de 11 millones en un lapso de tiempo brutalmente corto, la presión sobre los recursos juarenses podría hacer estallar la sostenibilidad territorial y en consecuencia la gobernabilidad urbana.

Por último, en las semanas recientes se han intensificado las reuniones bilaterales entre los decisores de seguridad, preocupados por la incidencia que el crimen organizado pudiera tener en los próximos meses. En el mes de julio se reunieron en la Guarnición Militar de Ciudad Juárez varios altos mandos del Ejército mexicano y estadounidense, para analizar diversos aspectos relacionados con la seguridad entre ambos países. Por su parte el gobernador electo de Chihuahua, Javier Corral Jurado, manifestó la prioridad de la seguridad pública en su encuentro con el alcalde entrante de Ciudad Juárez, Armando Cabada Alvídrez, quien además se reunió con el sheriff y el alcalde de El Paso para trazar líneas comunes de trabajo frente a la problemática de la seguridad fronteriza.

Previamente, el precario estatus de seguridad de la entidad se vio seriamente afectado con el anuncio del fiscal de Estado sobre la inminente llegada del conocido narco Caro Quintero con la intención de disputar la plaza de Ciudad Juárez contra la Federación de Sinaloa.

Más allá de la débil base de información sobre la que se asienta el anuncio, decenas de agentes de la Policía Ministerial provenientes de otras regiones del Estado llegaron a Ciudad Juárez y fueron ubicados en zonas estratégicas con el fin de combatir el alza de homicidios registrados en las últimas semanas, vinculados al narcomenudeo.

Estos agentes integran las células de prevención e investigación de la Fiscalía General del Estado y su presencia se concentra en los focos de mayor peligrosidad, el surponiente, el nororiente y el suroriente de Ciudad Juárez, donde se está dando una venta desmesurada de droga al menudeo –principalmente cristal- por lo que aumentan los ajustes de cuenta que buscan mantener el control del comercio ilegal.

Mientras tanto la tasa de homicidios se aleja del pretendido índice de 14 cada 100 mil habitantes. Los indicadores del mes de julio, con 38 hechos al 21 del mes, podrían modificar sustancialmente el panorama.

El escenario también muestra progreso en el lado americano de la frontera, donde autoridades locales y federales golpearon al crimen organizado en el Valle Bajo de la localidad de Socorro, mediante una actuación conjunta del Departamento de Seguridad Pública (DPS), el FBI y la DEA, en una zona controlada por la banda del Barrio Azteca. En otro episodio las autoridades federales en El Paso anunciaron los resultados exitosos de una operación encubierta de más de dos años contra la segunda pandilla más peligrosa del área, después de los Aztecas,  los Sureños.

Adicionalmente, aunque a distancia del ranking juarense, la tasa de homicidios en El Paso está duplicando el promedio anual habitual, con 8 homicidios cometidos hasta mediados de julio.

Los planteos ideológicos de la plataforma republicana y los dichos de su candidato Donald Trump no parecen ser caprichosos ni antojadizos. El cada vez menos improbable gobierno republicano promete arrasar con el TLCAN, la quebradiza base sobre la que asienta la economía juarense. Si la campaña electoral de Estados Unidos centra toda su atención en su vecino país del sur, deberíamos prestar una atención similar a lo que está pasando del otro lado de la frontera común.

CRECEN LOS HOMICIDIOS EN CIUDAD JUAREZ

Rumores de guerra en Ciudad Juárez

Dr. Norberto Emmerich. IESAC, Ciudad Juárez

http://revoluciontrespuntocero.com/rumores-de-guerra-en-ciudad-juarez/

38 homicidios se cometieron en Ciudad Juárez en el mes de mayo de 2016, lo que provocó un llamativo titular de “Mayo sangriento” en algunos medios de la ciudad.

Al mes siguiente, en junio, el indicador empeoró, con 39 homicidios. Pero ya no hubo titular catastrófico, la noticia apenas apareció en el interior de El Diario, sin referencias en tapa. Un año antes, en mayo de 2015, hubo 20 asesinatos en la ciudad.

Los indicadores de homicidios van subiendo lenta y sostenidamente en Ciudad Juárez. El primer trimestre de 2016, con 84 homicidios, apenas se elevó por encima de los 81 homicidios del mismo período de 2015. En enero hubo 32 homicidios, 24 en febrero y 28 en marzo, entre 10 y 15 veces menos que en el año 2010, cuando el promedio mensual ascendía a 350 homicidios.

Sin embargo el trimestre siguiente muestra una tendencia abiertamente creciente: hubo 30 asesinatos en abril, 38 en mayo y 39 en junio. De mantenerse este ritmo de crecimiento intertrimestral, el año cerrará con 474 homicidios, lejos de los 208 homicidios establecidos como meta por la Mesa de Seguridad y Justicia. Incluso se aleja de los 311 homicidios cometidos en el pasado año 2015 y representaría una cifra superior a los 424 homicidios de 2014. La pretendida tasa de 14 homicidios cada 100,000 habitantes prevista por la Mesa de Seguridad y Justicia para el presente año se vería rebasada por una tasa real de 32,6 homicidios cada 100,000 habitantes.

César Omar Muñoz Morales, secretario de Seguridad Pública Municipal (SSPM), atribuyó la mayoría de los crímenes a ajustes de cuentas entre grupos, informando que gran parte de las víctimas de homicidios son narcomenudistas.

Estas cifras, aunque inquietantes, todavía representan incrementos cuantitativos. Un primer importante alerta cualitativo se registró el pasado 4 de marzo con el secuestro de una persona, algo que no ocurría desde hacía dos años y medio. Tras una tendencia de 30 meses con cero secuestros, los familiares acudieron a las autoridades y a las 48 horas el responsable estaba detenido y la víctima liberada, impidiendo así la probable transformación de un escenario cuantitativo en un imponderable salto cualitativo.

El segundo alerta cualitativo, actualmente en curso, tiene que ver con los ajustes de cuenta que menciona Muñoz Morales. Los conflictos entre grupos delictivos resueltos mediante homicidios implican disputas por el control del territorio de narcomenudeo y cierto grado de organización de la violencia. El registro del incremento cuantitativo intermensual complementado con georreferenciación dará mejores detalles de la lógica territorial de estas ocurrencias.

Si bien los carteles ya no ostentan una presencia importante en la zona y no se ha denunciado el cobro de extorsión a empresarios en los últimos dos años, la conjunción de diversas problemáticas puede obrar en favor de la expansión territorial de los pequeños grupos de narcotráfico.

La presión migratoria americana sobre la frontera juarense, el incremento del rol de Los Aztecas en el lado americano, la política de deportaciones de la administración demócrata, el auge económico de la ciudad, la afluencia de trabajadores, el rezago habitacional y otros factores menores inciden positivamente sobre las posibilidades de expansión de las actividades del crimen organizado.

Adicionalmente el principal alerta cualitativo recae especulativamente sobre las posibilidades de que se replique la situación de 2010, lo cual no parece posible. La actuación de 10 mil soldados y policías en la calle, supuestamente luchando por mejorar los indicadores, y que sin embargo provocaron un crecimiento de los secuestros, las extorsiones y los robos de autos, ya no volverá a suceder.

En la actualidad están creciendo la actividad industrial y el comercio de la ciudad. En 2010, resultado de la conjunción entre la crisis económica y la crisis de seguridad, llegó a haber 70,000 personas sin trabajo dentro de la población económicamente activa, con una caída de 9 puntos del PIB, mientras que en 2015 la ciudad llegó al pleno empleo, con un crecimiento del 5% del PIB en 2014. En el presente año 2016 falta personal para cubrir las 16,000 vacantes existentes en la industria y el comercio.

Ciudad Juárez aún enfrenta rezagos que es importante revertir para lograr una recuperación estratégica. Aunque el ingreso per cápita de los habitantes de la ciudad correspondiente al año 2015 (u$s 11,624) está un poco por encima de la media nacional (u$s 10,325), hay zonas conurbanadas donde el nivel de pobreza se equipara con las zonas más pobres del país, lo que habla de una brecha de desigualdad de ingresos entre los distintos sectores poblacionales, donde podría generarse una crisis de expectativas en la que el crimen en general y el crimen organizado en particular se recrearían con facilidad.

En febrero del presente año 26 representantes de diversas organizaciones de la sociedad civil, en ocasión de la visita del Papa Francisco a Ciudad Juárez, firmaron un documento que concentraba las preocupaciones y conflictos de una ciudad en la que los índices de criminalidad disminuyeron, pero donde todavía ocurren delitos de alto impacto que preocupan a la comunidad.

Un énfasis particular en la elaboración e implementación exitosa de políticas de entrepreneurismo social permitiría acolchonar las consecuencias que la desigualdad social provoca sobre el incremento del delito. 

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AVALANCHA MIGRATORIA POR DEPORTACIONES MASIVAS EN ESTADOS UNIDOS?

La Corte Suprema de Estados Unidos puede traer problemas a Ciudad Juárez

Dr. Norberto Emmerich. IESAC – Ciudad Juárez

http://revoluciontrespuntocero.com/la-corte-suprema-de-estados-unidos-puede-traer-problemas-a-ciudad-juarez/

Tras un empate entre jueces conservadores y liberales la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos no pudo emitir un fallo ni a favor ni en contra de las medidas de alivio migratorio impulsadas por el presidente Barack Obama en diciembre de 2014, dando validez a la sentencia emitida en 2015 por la Corte de Apelaciones del 5° Circuito de Nueva Orleans (Louisiana).

Con un empate de 4 a 4, los magistrados de una recortada Corte Suprema (la nominación del 9° juez Merrick Garland está trabada en el Senado por la oposición republicana) no innovaron respecto a lo decidido en el tribunal inferior de Nueva Orleans sobre la extensión del programa DACA extendido (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia) que buscaba legalizar a 300.000 jóvenes inmigrantes no autorizados que llegaron a Estados Unidos siendo niños (700.000 ya estaban incorporados en la versión DACA de 2012, los llamados dreamers) y la aplicación del programa DAPA (Acción Diferida para Responsabilidad de los Padres) que contemplaba la entrega de permisos de trabajo renovable para 4 millones de indocumentados adultos. Con ambos programas la administración demócrata pretendía cancelar la deportación de casi 4.5 millones de padres que tienen hijos estadounidenses.

Los programas quedan suspendidos y el caso pasa a los tribunales inferiores hasta que eventualmente la Corte Suprema levante el bloqueo. La decisión ejecutiva presidencial (que hubiera sido válida sólo hasta el final del mandato de Barack Obama) fue demandada por Texas y otros 25 Estados (23 de ellos gobernados por republicanos) aunque dicha demanda no abarca el Plan DACA original de 2012, sino sólo la extensión de 2014. El argumento de la demanda se basó en un exceso de las atribuciones constitucionales del presidente Obama al firmar los decretos ejecutivos sin la participación del Congreso. Sin embargo, los congresistas republicamos que apoyan el rechazo a los alivios migratorios no han sometido a votación ni una sola alternativa legislativa para aliviar la situación migratoria.

En  un contexto polarizado, donde Texas (Greg Abbott) festeja y California (Jerry Brown) protesta, la decisión de la Corte dramatiza aún más la contienda electoral del 8 de noviembre y otorga relevancia central a los votos hispanos. Si gana el candidato republicano Donald Trump, la propuesta migratoria quedará desechada, en virtud del reiterado anuncio de que deportará a casi 11 millones de inmigrantes que residen ilegalmente en el país. En caso de que Hillary Clinton gane la presidencia intentará reanudar el programa o llegar a un acuerdo con el nuevo Congreso para establecer una reforma migratoria. Es probable que nuevamente Texas u otros Estados interpongan un recurso, devolviendo el caso a la Corte Suprema. Para entonces ya estará en funciones el noveno juez que sustituya al fallecido Antonin Scalia, cuyo voto será decisivo para resolver la situación.

Distintos grupos de inmigrantes y trabajadores de Florida y otros Estados ya señalaron que el fallo adverso del Tribunal Supremo es una convocatoria a los latinos para votar por candidatos que sean partidarios de una reforma migratoria. Con la renovación del Congreso y un nuevo presidente hay mejores posibilidades de que se apruebe una reforma migratoria que regularice la situación de 11 millones de indocumentados, la mayoría mexicanos.

La misma candidata Hillary Clinton dijo con claridad que "necesito que todos los hispanos elegibles se registren y salgan a votar. Esto hace que lo que está en juego en las elecciones sea aún mayor y lo que cualquiera que se interese en el tema de inmigración debe hacer es organizarse para elegir demócratas y votar por mí para que podamos trabajar juntos para conseguir reformas migratorias significativas”. Francisco Moreno, director ejecutivo del Consejo de Federaciones Mexicanas, dijo que seguirían adelante con el Plan B de la Acción Ejecutiva: elegir a un presidente que mantenga las intenciones de reforma migratoria del presidente Barack Obama. La idea es llevar a las urnas a la mayor cantidad de votantes latinos “para que sea nuestra comunidad la que decida quién será el sucesor del presidente Obama”. Es que la cuestión migratoria vuelve a manos del nuevo Congreso y de las medidas que tome el nuevo presidente y la cuestión de quién gobierne Estados Unidos es decisiva para las comunidades hispanas. Solo California tiene 6.9 millones de votantes hispanos habilitados, de los cuales 3.1 millones votaron en 2012. La intención es alcanzar en noviembre una participación hispana de 4 millones, cifra suficiente para castigar a los políticos antiinmigrantes.

Las medidas impulsadas por el presidente Obama sólo eran un alivio; para un cambio efectivo de la situación es necesita una reforma migratoria permanente. Incluso en el caso de que la Suprema Corte hubiera aprobado las dos acciones diferidas, no hubiera sido una solución permanente porque otro presidente puede eliminar las acciones ejecutivas.

De todos modos, las medidas migratorias del presidente Obama dejaban sin resolver importantes temas de derechos. Para Human Rights Watch el plan no abordaba la deportación sumaria ni las disposiciones de detención obligatoria que penalizan a los inmigrantes condenados por delitos menores. Tampoco ofrecía protección contra la deportación ni aportaba ningún otro tipo de alivio a los padres de hijos que habían nacido en Estados Unidos o tenían la residencia permanente si eran aprehendidos en la frontera cuando trataban de reunirse con sus familias. Tampoco incluía modificaciones a las políticas del gobierno que permitían la deportación sumaria de solicitantes de asilo que llegaban a la frontera sin una evaluación adecuada de si eran devueltos a un lugar donde su vida correría peligro o que promovían la detención de familias recién llegadas.

La permanencia de la amenaza constante de deportación hace que los inmigrantes indocumentados sean excepcionalmente vulnerables a los abusos en el lugar de trabajo, el acoso sexual, la falta de protección policial y la separación de sus familias. La acción ejecutiva habría aliviado significativamente estos riesgos para millones de personas.

Aunque no se prevé un cambio drástico de la situación migratoria actual, se abre la posibilidad de un incremento de las deportaciones en virtud del limbo jurídico en el que cae la cuestión migratoria. Los Estados y gobiernos locales favorables a la expulsión de mano de obra migrante no documentada están ahora en mejores condiciones para implementar políticas de deportaciones sumarias masivas. En la frontera juarense, el gobernador Greg Abbott elogió abiertamente el fallo de la Corte de Apelaciones del 5° Circuito de Nueva Orleans.

Según el diario La Jornada, la cantidad de mexicanos deportados desciende año a año: 800.000 en 2002; 528.000 en 2007; 243.000 en 2014 y 200.000 en 2015. Sin embargo la cantidad total de mexicanos deportados en el primer mandato demócrata ascendió a 2.3 millones. La decisión de la Suprema Corte fue un duro golpe a la política migratoria de Obama. Durante años el presidente implementó medidas de control de migración, con mayor participación de la patrulla fronteriza, vigilancia aérea y tecnológica y expulsiones de inmigrantes como parte de una estrategia que buscaba negociar una reforma con los republicanos. Ante el fracaso de la estrategia el presidente se ganó el apodo de “deportador en jefe”.

Sin embargo, la investigadora Liliana Meza González, de la Universidad Iberoamericana, afirma que un análisis más detallado sugiere que la política migratoria demócrata se ha concentrado en evitar la entrada de inmigrantes indocumentados y en deportar personas con antecedentes criminales más que en deportar inmigrantes honorables, productivos y bien adaptados a su comunidad, algo que quizás esté por cambiar abruptamente.

Enrique Serrano Escobar, entonces presidente municipal de Ciudad Juárez, afirmó que 10.000 mexicanos fueron deportados desde Estados Unidos hacia Ciudad Juárez en el año 2014 frente a los 20.000 migrantes provenientes de otros estados del país, presionando sobre las finanzas locales por la provisión de servicios públicos, empleo y salud. Aunque Ciudad Juárez no es el punto por donde entra la mayoría de los deportados de Estados Unidos, el hecho de que el 61% de ellos tenga antecedentes criminales, en una situación que no es debidamente informada por las autoridades americanas, genera situaciones de violencia y delito en la ciudad.

El día 22 de junio una banda de narcos fue desmantelada en la ciudad de Socorro, Texas. Sus miembros forman parte de Barrio Azteca y seguramente serán deportados hacia Ciudad Juárez. Sea que suceda una todavía improbable avalancha migratoria o una política expandida de deportaciones selectivas, la problemática migratoria comienza a preocupar en la próspera Ciudad Juárez.

LOS GARDELITOS, DE MINI PUNGAS A MEGA NARCOS

Los Gardelitos, la banda narco que sobrevive a todo

Dr. Norberto Emmerich. IESAC – Ciudad Juárez

http://www.agenciapacourondo.com.ar/sociedad/19801-los-gardelitos-la-banda-narco-que-sobrevive-a-todo

El 7 de septiembre de 2003 un pequeño titular del diario Clarín decía “La más antigua de todas”. Se refería a “Los Gardelitos”, la banda de narcos del nordeste del Gran Buenos Aires que en aquel entonces ya tenía una larga trayectoria.

En el año 2013, 10 años después, se afirmaba que “Los Gardelitos ya no manejan directamente ningún puesto de venta de drogas (tal como hicieron en la década de los 90s para construir el poder)… Ahora, según investigaciones, tienen dos divisiones bien definidas. Por un lado producen cocaína de alta calidad que sería traficada a Europa en sociedad con bandas colombianas… El otro grupo elabora cocaína más barata, con no más del 25 o 30% de pureza, que es entregada a los capos barriales”. Por más de dos décadas esta pequeña organización del Gran Buenos Aires ha sobrevivido y mejorado su capacidad operativa. 

En una época histórica en que ni los Estados nacionales muestran tan prolongadas señales de persistencia en el tiempo, es útil comprender la capacidad de sobrevivencia, o sea de adaptación, de ciertas organizaciones del narcotráfico.

Los Gardelitos surgieron en la provincia de Tucumán y el nombre proviene de su fundador, “Chicho” Soria, quien cantaba a la gorra caracterizado como Carlos Gardel, mientras los chicos de la familia pungueaban al público.

De allí salieron expulsados en los años 80 tras ser masacrados un fatídico 31 diciembre, a pocas horas de terminar el año 1986, por el clan de los hermanos Ale, implicados en el secuestro de Marita Verón, la hija de Susana Trimarco, eternos protegidos de la dirigencia político-policial y señores de la droga y el fútbol en la provincia. En la provincia norteña Los Gardelitos era una banda de carteristas y mecheras con ramificaciones en varias provincias, enfrentados a los hermanos Ale por cuestiones “de polleras”.

Su llegada a Buenos Aires no fue pacífica. Todavía en el año 2011 seguían en guerra por el dominio de un pequeño territorio enclavado a las afueras de la Ciudad de Buenos Aires, específicamente en José León Suárez, en los viejos lotes rellenados de la “Operación Masacre”.

En ese entonces el partido bonaerense de San Martin tenía tres vértices narco: el de la Villa 18 con Miguel “Mameluco” Villalba, el de la Villa 9 de julio con Gerardo Goncebat y el de la Villa Korea, donde Los Gardelitos y Los Ranitas guerreaban día a día por el control del territorio. Los Gardelitos todavía no eran los grandes barones del narcotráfico de San Martín y San Isidro que fueron posteriormente, cuando se consagraron como los “warlords” victoriosos.

Los narcos argentinos siempre comprendieron que a la política se llega a través del fútbol. Por lo tanto la barra brava de Boca Juniors siempre estuvo ligada a la expansión narco en el conurbano de la Provincia de Buenos Aires. Claudio Soria, el jefe de los Gardelitos, era uno de sus jefes zonales, a cargo de todo el tráfico de drogas en el partido de San Martín y sus alrededores. Mauricio Macri ya presidía el club. Si los Ale llegaron en Tucumán a Chebaia (UCR) y Alperovich (UCR y PJ) a través de Atlético San Martín, Los Gardelitos no abandonan nunca la pasión xeneixe, que ahora tiene dimensiones presidenciales.

En el mes de mayo de 2016 un barrabrava buscado por un secuestro logró escaparse de la Policía durante un partido de Boca Juniors en la Bombonera. Se trata de Maximiliano Oetinger, el “Mey”, socio de Los Gardelitos, quien estaba sentado cómodamente al lado del Rafa Di Zeo y Mauro Martín, los líderes de la “12”. En un momento, una llamada telefónica alertó al narco-barra y se alejó del lugar sin que nadie lo detuviera, a pesar de que toda la Policía lo tenía vigilado.

Hasta hace unos pocos años los especialistas daban cuenta de un fenómeno de "favelización", que se estaba produciendo en distintas zonas del Gran Buenos Aires, llevando a que en cada zona de narcotráfico se conformara una organización delictiva con una estructura definida y cerrada. Allí se trabajaba en dos turnos diarios de 12 horas, cumpliendo funciones diferenciadas de "dealers" (transas), "soldaditos" (jóvenes armados encargados de la seguridad) e "isas", vigilando los alrededores y avisando sobre movimientos extraños.

Aunque muchos “transas” eran detestados por los habitantes de las villas y debían ser ubicados en cárceles especiales, lejos del resto de los reclusos que los atacarían al llegar, no era el caso de los “capos”, que construyeron redes de legitimidad extensa, como hacía el peruano senderista Marco Antonio Estrada González en la Villa 1.11.14 de la Ciudad de Buenos Aires.

El choque de bandas por el control del dinero del narcotráfico en la Villa Korea era apenas un recorte de otros tantos casos que se daban en varias villas de la provincia y en otras ciudades del país, como sucedió luego en Rosario y Córdoba. Aunque ráfagas de esas batallas siguen poblando el anecdotario policial, forman parte de una etapa que es parte del pasado.

El control del territorio pasó de una larga disputa de dos décadas por un territorio de dimensiones barriales (el heartland) a una expansión del mercado, con pretensiones de control monopólico, sobre partidos enteros de la provincia (San Martín y San Isidro, en el caso de Los Gardelitos). En la geopolítica del conurbano el control territorial se ejerce sobre dimensiones pequeñas pero severamente estrictas, mientras el control del mercado pretende ser al mismo tiempo amplio y cauteloso, más preocupado por la logística que por el monopolio.

En consecuencia el negocio millonario de las drogas no nace en las villas pero encuentra allí los mayores indicadores de la crueldad típica del control territorial, donde los transas actúan como verdugos sin piedad contra los “pibes chorros” y otros actores, siempre con la complicidad de la policía, como tan brillantemente retrata Cristian Alarcón en sus novelas. En ese sentido, en un sistema políticamente originado de gerenciamiento, el narcotráfico garantiza seguridad.

ARDE MEXICO: EL ESTALLIDO DOCENTE

El estallido docente en México

Dr. Norberto Emmerich. IESAC - Ciudad Juárez, México

http://www.agenciapacourondo.com.ar/secciones/patria-grande/19837-el-estallido-docente-en-mexico

El 10 de septiembre de 2013 el presidente mexicano Enrique Peña Nieto promulgó tres leyes: la reforma a la Ley General de Educación, la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y la Ley General del Servicio Profesional Docente. Dado que estas leyes se refieren más al orden laboral que al tema educativo, los maestros comenzaron rápidamente la lucha contra la Reforma cuyo último capítulo comenzó el 15 de mayo pasado, cuando la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) inició un paro laboral indefinido, con campamento en el Distrito Federal, exigiendo una mesa de diálogo con el gobierno federal para pedir la derogación de la reforma educativa.

El gobierno, a través del Secretario de Educación, Aurelio Nuño Mayer, y del Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se negó al diálogo hasta que los maestros no volvieran a clases mientras aclaraban que la reforma educativa no es tema de debate.

Esta reforma educativa fue diseñada por los organismos multilaterales (FMI, BM y BID), la OCDE y la organización Mexicanos Primero: fue avalada por la Unesco, legitimada a través del Pacto por México (PAN, PRI y PRD) y aprobada por el Congreso, todo ello sin considerar un diagnóstico, seguimiento y evaluación de las políticas educativas aplicadas en sexenios anteriores.

Se distingue más por ser una reforma administrativa y laboral con grandes implicaciones en la organización educativa, tendiente a un mayor control y vigilancia. Luego de más de tres años de su aprobación, todavía no se presenta un nuevo modelo de enseñanza, se planteó una reforma administrativa al sistema escolar y se cambió el régimen laboral de los docentes. Se sigue trabajando con un plan y programa de estudios del año 2011, con textos desfasados que no han sido corregidos. El ex secretario de Educación Emilio Chuayffet reconoció que además de errores de redacción y ortográficos contienen errores pedagógicos y científicos.

Una reforma administrativa reorganiza el formato con que la autoridad controla el sistema, hasta ahora negociado con la dirección sindical a cambio de beneficios políticos para la administración. El gobierno no ha recuperado la dirección de la educación sino la primacía en la relación corporativa con la burocracia sindical. En nombre de la reforma educativa se está cubriendo la reestructuración del PRI corporativo y reorganizando la estructura del magisterio.

El artículo 53 de la Ley General del Servicio Profesional Docente establece el régimen punitivo de la evaluación, dirigido al personal que no se presente al examen, no se incorpore a los programas de regularización u obtenga resultado de insuficiente en su tercera evaluación. En ese caso se darán por terminados los efectos del nombramiento correspondiente sin responsabilidad para la autoridad educativa; no se le podrá contratar en ninguna escuela pública ni privada, invalidando su cédula profesional para ejercer la docencia y sancionando a la institución pública o privada que lo contrate.

Los maestros cuestionan esta evaluación estandarizada, que mide aspectos superficiales sobre el manejo de leyes, normas y lineamientos, pero no valora la práctica docente ni el vínculo con sus alumnos y la comunidad, todo lo que implica la cualidad docente. Se reduce a la medición y cuantificación de resultados observables, clasificando a los maestros en idóneos y no idóneos.

Con el eslogan de “involucrar a los padres de familia en la administración de la Escuela” generaliza la “autonomía de gestión”, con lo que legaliza el pago de cuotas para la realización de diversas actividades escolares, permitiendo el ingreso de empresas privadas y el inicio de procesos de privatización.

En los próximos tres años el gobierno priísta invertirá, mediante la emisión de bonos de infraestructura educativa, los denominados Certificados para la Infraestructura Nacional (CIEN) equivalentes a 50 mil millones de pesos adicionales para mejorar 30 mil escuelas de más de 2 mil municipios. Los inversionistas serán prestamistas beneficiados, porque sus préstamos se titularán en bonos de deuda por más de 20 años.

El gobierno sostiene que los maestros se resisten porque quieren seguir heredando sus plazas. Los maestros afirman que la evaluación, alejada de la práctica diaria, no da cuenta de su desempeño cotidiano y no toma en cuenta la diversidad étnica, cultural ni la realidad social y económica del país.

Sin embargo es cierto que la Reforma hace recaer sobre los maestros la responsabilidad por el bajo nivel educativo y no obliga al Estado a dotar a las escuelas y sus trabajos de un presupuesto suficiente para el fortalecimiento de la educación.

La Reforma incorpora, entre otras, las siguientes medidas:

• Los docentes deberán someterse a un examen de admisión. En caso de aprobarlo tendrán que someterse a 3 periodos de prueba para conseguir la plaza definitiva.
• Quienes ya tengan una plaza definitiva también serán sometidos a evaluación y en caso de reprobarla podrán ser removidos a otras áreas.
• Si algún docente acepta un cargo o comisión no educativa, será separado del Servicio Profesional Docente sin goce de sueldo.
• Los docentes no pueden ausentarse de clase por 3 días consecutivos o escalonados en el periodo de 1 mes. De hacerlo perderán su plaza.
• Se prohíbe que las cuotas escolares sean obligatorias. En caso de que exista alguna cuota se deberá pedir autorización y transparentar el motivo y el monto.
• El Sindicato no tendrá injerencia en la contratación de maestros, para ningún nivel de enseñanza. Esta quedará a cargo de la Secretaría de Educación Pública a través del Servicio Profesional Docente.
• Las escuelas y sus directivos podrán solicitar la remoción de un profesor en caso de que no cumpla con el perfil o los resultados de su enseñanza no sean los adecuados.
• Las personas que sean beneficiadas con un bono, ingresos extra o promoción de otro cargo, deberán comprobar ante las instancias correspondientes que son los titulares del beneficio y la autoridad deberá corroborar la información.
• Se despedirá a los supervisores que intervengan en la resolución de trámites, evaluaciones o cualquier asunto del área al que corresponden y tengan interés personal, familiar o de negocios en la que puedan beneficiarse él o su cónyuge, concubina, parientes consanguíneos por afinidad hasta el cuarto grado o parientes civiles.
• En caso de que algún docente tome cursos o cumpla con asesorías técnicas pedagógicas que lo obliguen a ausentarse de su labor frente a un grupo, deberá recuperar las horas de clase y comenzar desde cero la evaluación para ocupar su plaza.
• El pasado 22 de marzo, Aurelio Nuño anunció el fin del sistema nacional de las escuelas de formación del profesorado, es decir, ya no sería necesario graduarse de una “escuela normal” para impartir clases. En su lugar, cualquier persona con un título universitario podría ser contratada para enseñar.

El secretario Nuño Mayer decidió que el éxito de la reforma se midiera en función de la continuidad del calendario escolar y del sometimiento de los profesores a los procesos de evaluación. En ese contexto, Nuño consideró prioritario despedir a los profesores que no se evaluaran o que faltaran tres días seguidos o con tres ausencias en el lapso de un mes. Y finalmente enarboló el número de maestros despedidos como símbolo de triunfo.

Intentó manipular políticamente la aplicación de la ley al perseguir judicialmente a los dirigentes de la CNTE cuando los delitos que presuntamente cometieron son los mismos que caracterizaron históricamente a los dirigentes del SNTE, sin que a ellos les sucediera nada, más allá de la detención de Elba Esther Gordillo.

Finalmente, el gobierno decidió que el mejor momento para cumplir las órdenes de detención contra los dirigentes de la CNTE (acusados de malversación de fondos y robo de libros) fue con el anuncio el 21 de marzo de una alianza política con Morena, el partido de Andrés Manuel López Obrador, principal contendiente en la elección presidencial de 2018.

La cerrazón de Nuño a cualquier diálogo con los maestros disidentes que no fuera su sumisión lo privó de balancear, rendir cuentas sobre la reforma y deliberar su razón de ser y sus mecanismos. Por el contrario, inició una persecución contra la CNTE y dejó que ella se encargara de la comunicación con los docentes, monopolizando el discurso hacia las bases descontentas. El gobierno se desentendió y verticalizó la implementación de la reforma.

El conflicto se volvió particularmente agudo en Oaxaca porque allí la nómina magisterial se convirtió en una fuente de movilidad social y de ingresos con prestaciones sociales que otros empleos no tienen. Siendo uno de los distritos más postergados de México, donde el 67% de la población se encuentra en la pobreza y el 28% en la pobreza extrema, la débil economía, la pobreza y la marginación hacen que pertenecer al magisterio sea una alternativa al no existir otras fuentes de ingreso valederas.

Ante el intento de desalojo de un bloqueo carretero en Nochixtlán, 9 personas fueron asesinadas por la Gendarmería y más de un centenar resultaron heridas. Inmediatamente miles de maestras y maestros se manifestaron en Zacatecas, Guerrero, Chiapas, Tabasco, Chihuahua, Baja California y el estado de México, para respaldar al magisterio. Las universidades jesuitas de México aseguraron que “la represión” al movimiento magisterial “se ha excedido, extendiéndose hasta la ciudadanía en general” y mostraron su incondicional apoyo. También la UAM y la UNAM se solidarizaron y fueron al paro, al igual que el ITUAM y los telefonistas.

La masacre y la expansión de sus consecuencias vencieron la resistencia del Ejecutivo y mediante una orden directa del presidente se dio inicio a un diálogo de horizonte incierto, donde el PRI, golpeado por los malos resultados electorales y el temor a una escalada violenta, está buscando salvar la reforma educativa.

El martes 21 el secretario Nuño Mayer dijo que no se hablaría de la reforma educativa, el miércoles 22 hubo manifestaciones de solidaridad en 29 Estados del país y en todos los continentes mientras los manifestantes asediaban la Casa de Gobierno en Chihuahua en protesta por la falta de combustible y otros estrangulaban el comercio con Estados Unidos en Ciudad Juárez por la prohibición de importar autos. En medio de la oleada el presidente Peña Nieto asumió la crisis de gobernabilidad y produjo un cambio de rumbo para el conjunto de la política nacional, del enfrentamiento al diálogo. En consecuencia el secretario Osorio Chong, en primer plano con la debacle de Nuño Mayer, reconoció que sí se iba a dialogar sobre la reforma educativa y que “ningún tema está vetado”. En un contexto nacional de protestas, algunos miembros del Partido Revolucionario Institucional (PRI) mostraron preocupación por los costos de la línea dura de Nuño Mayer en las pasadas elecciones estatales del 5 junio sabiendo que la caída de Manlio Beltrones, a más de las intrigas de palacio, sólo fue el primer temblor.

En consecuencia más de treinta dirigentes de la CNTE se sentaron sin condiciones previas en el Palacio de Covián con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong y el subsecretario Luis Miranda, el mismo que en junio de 2015 dijo que no habría negociaciones hasta que los maestros regresaran a dar clases.

El gobierno tomó nota de que no tiene margen para cancelar los exámenes de evaluación o despenalizar las ausencias escolares de los maestros mientras los líderes de la CNTE tampoco pueden volver a sus comunidades con las manos vacías. El diálogo puede ir a ningún lado a menos que una o ambas partes cedan. Ya se sabe que diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD), apoyados por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), ofrecieron un esquema de negociación para quitar de la reforma educativa la parte referida a la evaluación docente a cambio de iniciar un diálogo con los manifestantes.

El estallido de las protestas docentes se da en una circunstancia peligrosa para el gobierno de Peña Nieto que es la administración más impopular desde 1996, con el apoyo de tan sólo el 30 por ciento de los mexicanos. Por su parte la CNTE, que agrupa a docentes disconformes con la conducción nacional del SNTE y tiene fuerza en el cinturón de amortiguación mexicano (Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán), forcejea con éxito la pulseada política. Un conflicto en estos Estados impacta directamente en la sede del poder en la Ciudad de México.

El lunes 27 de junio a las 18 horas seguirán las conversaciones entre el gobierno y los maestros.