lunes, 12 de noviembre de 2018

REGULACION DE LA MARIHUANA EN MEXICO


Fallo histórico en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.  Corte Suprema se pronuncia a favor de la regulación de la marihuana.
Alejandro Campuzano Álvarez

El pasado miércoles 31 de octubre, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) votó a favor de los amparos en revisión 547/2018 y 548/2018 bajo las ponencias de la ministra Norma Lucía Piña Hernández, y el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, el mismo que en el año 2015 sostuvo la inconstitucionalidad en la prohibición del consumo del cannabis en el amparo en revisión 237/2014, reiterando la postura en los amparos 1115/2017 y 623/2017, argumentando la flagrante violación a diversos derechos humanos, particularmente al libre desarrollo de la personalidad.
En consecuencia la SCJN, al resolver el amparo 548/2018, generó jurisprudencia. Se entiende por jurisprudencia a la interpretación de normas jurídicas que realizan los órganos judiciales federales competentes, resultando obligatoria su aplicación dentro del sistema judicial. Sin embargo hay particularidades que es menester analizar.
Si bien es cierto que el fallo emitido por la Corte es un paso importante en lo referente a la forma de visualizar y analizar el conflicto de las drogas en México, el mismo solo es el comienzo de un proceso con diversas reformas que deberán ser planteadas en el Congreso.
Ante la decisión de la Corte y el impacto mediático que provocó se generó confusión en la ciudadanía debido a la particularidad y los tecnicismos propios del lenguaje jurídico. Por una parte asociaciones civiles tales como “México unido contra la delincuencia”, celebró la decisión que rompe el esquema prohibicionista y da paso a la regulación, situación que se vislumbra benéfica no solo para los consumidores sino para la población en general, ya que se apuesta a que la principal consecuencia de la regulación sea la disminución paulatina de los altos índices de violencia que azotan al país.
Por otra parte asociaciones tales como el “Frente Nacional por la Familia”, han hecho sentir su descontento con la decisión de la Corte, argumentando que la misma da apertura a que los niños y los jóvenes consuman marihuana, generando un aumento en su demanda y con ello de la violencia.
Más allá de las posturas ideológicas el problema sigue presente, ya que el sistema jurídico mexicano, particularmente el juicio de amparo, funciona bajo la denominada “formula Otero”, la que encuentra sustento legal en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 107, fracción II, que textualmente dice lo siguiente: “Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los quejosos que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda”. Es decir que se hace alusión al principio de relatividad en las sentencias, el cual destaca que la aplicación o inaplicación de una norma jurídica únicamente tendrá efectos para el quejoso, o sea para el caso particular.
Este principio resulta cuestionable y criticable ya que carece de lógica y coherencia. Si el máximo tribunal colegiado del país ha reiterado la inconstitucionalidad de determinados artículos de la Ley General de Salud, en este caso los que prohíben el consumo de la marihuana ¿qué sentido tiene que las sentencias tengan impacto únicamente en los quejosos y no en la ciudadanía en general? México envía un mensaje donde se aplican leyes que ya han sido decretadas inconstitucionales.
Como es apreciable, la burocracia también es parte importante del quehacer judicial, situación que limita la cultura jurídica de la ciudadanía. Si bien es cierto se ha decretado jurisprudencia el consumo de la marihuana no se ha vuelto legal. Si un ciudadano consume dicha sustancia y no posee un amparo emitido por un tribunal, comete un delito a pesar de la declaración de inconstitucionalidad de diversos artículos de la Ley General de Salud.
Ante el desconocimiento de todo esto se generó un ambiente donde la mayoría de las personas asumen que el consumo recreativo de la marihuana ya es legal en México, una situación que dista de la realidad.
Si un ciudadano quiere producir, transportar y consumir marihuana, deberá accionar el aparato judicial para que se le otorgue un permiso o bien el amparo correspondiente para hacerlo, situación que conlleva tiempo y dinero a raíz de la “astucia” del sistema jurídico mexicano.
Es importante mencionar que el surgimiento de una nueva visión sobre la problemática de las drogas en México no se debe al actuar del Poder Ejecutivo ni del Legislativo ni del Judicial. El inicio de esta batalla legal se emprendió en el año 2015 con el juicio de amparo que promovió la asociación “Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante (SMART) y se fue materializando posteriormente con la jurisprudencia originada por 4 amparos promovidos por diversos quejosos.
Si bien es cierto que la SCJN cumplió en su actuar al amparar a los quejosos, corresponde ahora al Poder Legislativo discutir las iniciativas que regulen y legitimen la decisión de la Corte. El partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) presentó una iniciativa que regula el comercio y consumo de la marihuana y será una cuestión de tiempo para que dicha iniciativa se convierta en ley debido a la fuerza política de MORENA en el Congreso.
Nacen dos interrogantes a raíz de la decisión de la Corte. La primera de ellas se enfoca en el artículo 14 constitucional el que alude a la irretroactividad de la ley en perjuicio de una persona. Es decir que una vez que se legalice el comercio y el consumo de la marihuana habrá que preguntarse qué pasará con todas aquellas personas que se encuentran cumpliendo sentencias condenatorias en virtud de haber cometido lo que hasta entonces se consideraba un delito. Con base en este artículo cabe preguntarse si se les otorgará la libertad. La lógica jurídica diría que sí, aunque es un tema que debe analizarse con mayor profundidad.
El segundo interrogante es qué pasará con las demás drogas ilegales. Si la Corte ya se ha pronunciado afirmando que su prohibición atenta contra los derechos humanos, en concreto contra el libre desarrollo de la personalidad, es lógico suponer que la misma Corte deberá amparar a los quejosos que tramiten juicio para que se legalice el consumo de diversas sustancias presuntamente nocivas para la salud que son consideradas ilegales (cocaína, metanfetaminas, etc.) en virtud del argumento sostenido en 5 sentencias y que ya es jurisprudencia.

jueves, 8 de noviembre de 2018

"ATERRADORA" SALIDA DE EMPRESAS DE MEXICO POR INSEGURIDAD

Empresas mexicanas acosadas por la inseguridad
Norberto Emmerich
http://revoluciontrespuntocero.mx/empresas-mexicanas-acosadas-por-la-inseguridad/

La mexicana Femsa es la embotelladora de Coca Cola más grande del mundo y la tercera empresa del país por facturación. En el mes de marzo cerró su centro de distribución en Ciudad Altamirano, Guerrero, por el acoso de algunos grupos delictivos sobre sus trabajadores, lo que también hizo PepsiCo en la misma ciudad tres meses después. En el mes de mayo la empresa láctea Lala, que controla casi el 50% del mercado y se ha extendido hacia Estados Unidos y Centroamérica, cerró temporalmente su centro de distribución en Ciudad Mante, Tamaulipas. También en mayo la minera canadiense Pan American Silver cesó actividades en la mina Dolores, de Chihuahua.
Según lo informa el Sondeo de Seguridad Empresarial 2018 del American Chamber México (Amcham) en la primera mitad de 2018 el 6.1% (25 sobre 420) de las empresas en México suspendieron totalmente sus operaciones, un porcentaje que se eleva al 14.2% en el lapso de los últimos dos años, mayormente en Tamaulipas, Guerrero y Michoacán. Un 4% redujo sus operaciones contratando a otras empresas para distribuir su producción. Por el aumento de la inseguridad y la violencia, algo más del 10% de las empresas de origen extranjero han inhibido o frenado sus inversiones.
Los ataques contra la cadena de suministros son el principal delito denunciado, alcanzando el 25.4% de los casos, seguido de la extorsión virtual. 
También en mayo el gobierno de Veracruz anunció un refuerzo de seguridad en el transporte ferroviario tras varias jornadas sucesivas de robos a trenes con mercancías, lo cual incluyó el descarrilamiento por sabotaje de un tren con la pérdida de 7 millones de dólares parte de un raid de 6 ataques y una tentativa de robo en 20 días.
El caso de los trenes es un foco particular de delincuencia organizada. En 2016 se registraron 1752 robos a trenes en todo el país. Según el Indice de Paz (del Institute for Economics and Peace) el impacto económico de la violencia ascendió al 21% del PIB (250 mil millones de dólares), uno de los más altos del mundo. En las empresas el costo total de la inseguridad representó un 0.86% del PIB.
Las cámaras empresarias (Coparmex y el Consejo Coordinador Empresarial - CEE) elevaron sus reclamos al gobierno de Enrique Peña Nieto para que adoptara medidas para resolver la crisis de seguridad del país. Coparmex afirmó que "el tiempo se le acaba a este gobierno y la paciencia a los ciudadanos. No podemos seguir esperando. Es la última llamada".
La Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) del INEGI informa que un 38.4% de las empresas comerciales fueron víctimas de delitos, porcentaje que alcanzó al 30.6% en la industria y al 29.3% en servicios.
Los delitos cometidos al interior de las empresas completan el panorama de inseguridad empresaria. Con una tasa de 1,278 por cada 10,000 empresas, el delito más habitual es el robo hormiga, mientras el robo o asalto de mercancía, dinero, insumos o bienes alcanza una tasa de 1069 y la extorsión llega a 544 cada 10,000.
En 2017 apenas el 13.4% del total de los delitos cometidos fueron reportados por las empresas mientras que el 86.6% no hizo denuncia y no se investigó. La cifra negra (delitos no denunciados) de 2016 alcanzó a un elevado porcentaje del 90.3%. La desidia de las instituciones de seguridad explicar que el 62.9% de las víctimas que denunciaron delitos señalen que “no sucedió nada o no se resolvió” o que la denuncia continúa en trámite.
Las víctimas señala que no denuncian delitos ante las autoridades porque es una pérdida de tiempo (35.6%) o porque carecen de pruebas (15%).
El 63% de las empresas consideran a la inseguridad y a la delincuencia como el problema más importante que las afecta.
Sin embargo en comparación con el tamaño y diversidad de la economía mexicana, son muy pocas las empresas que planean suspender inversiones u operaciones basadas en criterios de seguridad. El universo empresario ha llegado a la conclusión de que la seguridad no es un servicio del Estado sino un bien público y por lo tanto se hacen cargo directamente del problema. Uno de los resultados contundentes en la mejora de la situación de seguridad resulta de la inversión de las propias empresas en sistemas de seguridad. Así se refleja en Yucatán, Querétaro y Aguascalientes, ubicados como los más seguros en la percepción empresarial. La disparidad entre las afirmaciones de las Cámaras empresarias y la cantidad real de empresas con aversión al riesgo debe medirse cualitativamente al interior de la totalidad del universo empresarial mexicano, poblado por una multitud de emprendimientos pequeños con poca capacidad de resistencia a la inseguridad. En el otro extremo, con 59 unidades económicas de origen extranjero que suspendieron sus operaciones en los últimos dos años, aparece un sector vital de la economía mexicana con síntomas determinantes de aversión.
Las empresas invierten más del 5% de su presupuesto de operaciones en seguridad. Hace apenas 2 años sólo el 16% de las empresas consideraba la seguridad como un ítem presupuestario y en 2018 el porcentaje se elevó al 38%. Sin embargo el 61.9% de las empresas destinan menos del 4% de su presupuesto anual a la seguridad.
La principal pata de la tambaleante mesa de seguridad empresaria está en el Estado. El 58.9% de los miembros del American Chamber (Amcham) considera que las autoridades municipales tienen una deficiente actuación en respuesta a los incidentes reportados por las empresas.
Los empresarios del CCE pidieron una "aplicación efectiva de la ley contra quien atente en contra del patrimonio, la profesionalización de policías, se multiplique la fuerza del Estado donde sea necesario y mayor coordinación con las fuerzas armadas en Estados rebasados por la delincuencia".
Recomendaciones más puntuales enfatizaron el fortalecimiento, capacitación y profesionalización de los cuerpos policiacos de los tres niveles de gobierno, la implementación completa del Sistema Nacional Anticorrupción y el nuevo Sistema Penal Acusatorio, la transformación y fortalecimiento del sistema penitenciario y el desarrollo de programas específicos de reinserción social, la total implementación de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad y el blindaje del sistema financiero con recursos, talento y el uso de tecnología contra el lavado de dinero.
Los reclamos van desde la limpieza impiadosa del territorio hasta retoques continuistas en instancias institucionales y legales. A pocos días del cambio de gobierno, el aumento de la violencia es una respuesta acorde a la brecha de ausencia del Estado.