La
caravana migrante. Una
perspectiva desde el ámbito legal
Alejandro Campuzano Álvarez,
Investigador Jurídico del CEEYPP
La caravana migrante encabezada
por hondureños y salvadoreños ha puesto en jaque la política exterior e
interior de México y Estados Unidos. Particularmente en el caso mexicano la
problemática generó interés social a partir de diversas opiniones que
dividieron el pensar y sentir de los mexicanos sobre el ingreso de inmigrantes
al país.
Por una parte se encuentran los
defensores de un sistema legal (aunque no de justicia), los mediante el cual se
argumenta que el ingreso abrupto de inmigrantes violenta la normatividad
jurídica y la institucionalidad del Estado mexicano, ya que al ingresar al país
por la fuerza (tal y como se pudo apreciar en diversas imágenes y videos) sin sufrir
consecuencias legales se legitiman conductas que más adelante serán difíciles
de controlar.
Por otra parte, encontramos a
diversos grupos sociales que se han solidarizado con la causa migratoria debido
al sentimiento de empatía motivado en gran medida por el discurso racista del
Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, contra los mexicanos. Más allá
de las cuestiones meramente legales, estos grupos sociales se identifican con
el movimiento en virtud de que la búsqueda de mejores oportunidades (American dream)
no es distintivo de una sola nación.
La opinión pública se ha dividido.
Mientras unos pugnan por el respeto al estado de derecho, otros se enfocan en
un estudio global de la problemática que va más allá de los instrumentos
jurídicos, analizando y enfatizando en los diversos cambios de fondo que se
tienen que realizar no solo en México sino en Latinoamérica.
Resulta importante enfatizar que
una persona al emigrar lo hace como último recurso al no encontrar
oportunidades laborales, de seguridad, educación o salud en su país de origen,
evitando así asociarse con grupos delictivos. Es precisamente allí en donde se
encuentra la problemática y el descontento social, ya que quienes no comulgan
con el ingreso de los inmigrantes al país argumentan la falta de oportunidades
en México para los mexicanos, resultando imposible que inmigrantes se puedan
colocar en el mercado laboral, situación ante la cual el crimen organizado, a
través de redes delictivas, puede cooptarlos tal y como sucedió en años pasados
con el cártel de Los Zetas.
No obstante hay que cuestionarse
¿qué es lo que realmente molesta a miles de mexicanos, el ingreso ilegal de
inmigrantes al país o que los inmigrantes sean
centroamericanos? La respuesta parece hallarse en esta segunda interrogante. El
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), en una
encuesta intercensal efectuada en el año 2015, destacó que casi un millón de
estadounidenses viven y trabajan de forma ilegal en México. Sin embargo el
fenómeno llamó la atención porque se trata de inmigrantes norteamericanos. Lo
contrario ocurre en la frontera sur donde los parámetros de revisión y
criterios de deportación tienen un distintivo discriminatorio. Ahí radica la
doble moral del discurso mexicano; mientras un millón de estadounidenses “ocupa”
espacios laborales “destinados” a mexicanos, la molestia y el enojo aparecen cuando
un grupo aproximado de siete a ocho mil hondureños y salvadoreños ingresan al
país.
Es incongruente y racista el
pensamiento de la mayoría de los mexicanos, ya que si en verdad buscamos un
cumplimiento cabal de la normatividad jurídica en materia migratoria habría que
empezar por los que se asientan en territorio nacional, que en su mayoría son
prófugos de la justicia de Estados Unidos. Resulta cuestionable el quehacer
jurídico que criminaliza a personas que sólo buscan mejores oportunidades de
vida. Por lo tanto requerimos de una política migratoria humanitaria sustentada
en derechos humanos.
Hablando de derechos humanos, el
gobierno mexicano ha reiterado su descontento con la forma de ingreso de miles
de inmigrantes al país. No obstante el presidente Enrique Peña Nieto ha señalado
en distintas ocasiones que el actuar de la Policía Federal deberá ser conforme
a derecho siguiendo los diversos protocolos que buscan salvaguardar los
derechos humanos.
No olvidemos que el objetivo
primordial de la caravana no es asentar ciudadanos hondureños o salvadoreños en
México, ya que el país es sólo un punto de enlace. Por lo tanto el gobierno
mexicano debe acompañarla para evitar problemáticas sociales tales como
violación a los derechos humanos por parte de distintas autoridades estatales o
municipales a inmigrantes, agresiones por parte de ciudadanos mexicanos a
inmigrantes o viceversa y evitar la inmersión de los cárteles de la droga en el
recorrido de la caravana.
Enfatizando el último punto la
situación puede tornarse complicada si los cárteles de la droga suman a sus
filas a cientos de migrantes. Por una parte se acrecentaría la problemática del
narcotráfico en el país y por otra se desvirtuarían los movimientos sociales,
tales como la caravana, cuyo objetivo principal es la búsqueda de mejores oportunidades
para vivir una vida digna.
Culturalmente los inmigrantes centroamericanos
han sido estigmatizados como delincuentes, situación por la cual carecen de
derechos humanos frente a las autoridades migratorias policiales y es allí
donde el crimen organizado encuentra la oportunidad para cooptar y explotar a
hombres y mujeres cuyo único delito fue emigrar para hallar mejores oportunidad
y elevar su calidad de vida.
Debemos recordar que ante la
ausencia del Estado hay presencia del crimen organizado. Si México algo ha
aprendido es que ante la ceguera del Estado siempre surgen problemáticas (corrupción
y narcotráfico) que al enfrentarlas resultan ser estructuras difíciles de
doblegar.
