lunes, 30 de diciembre de 2013
EL CARTEL DE SINALOA Y LOS ZETAS TRABAJAN JUNTOS EN ARGENTINA
Argentina, nuevo dominio del "El Chapo"
Los principales cárteles mexicanos de la droga –el de Sinaloa, el de Tijuana y Los Zetas– lograron expandirse hasta Argentina, donde operan a sus anchas mediante complicidades sui generis. En revelaciones exclusivas a Proceso como parte de una investigación que realiza en ese país, el especialista Edgardo Buscaglia explica que esas organizaciones delictivas se han valido de las iglesias a fin de penetrar en las comunidades pobres con el propósito de obtener la aceptación que requieren para actuar con total libertad. Para ello, dichos carteles, en especial el de Sinaloa, que lidera El Chapo Guzmán, cuentan con la complicidad de las autoridades de esa nación sudamericana que, a diferencia de las colombianas o chilenas, no hacen nada para frenar “la invasión mexicana”.
El cártel de Sinaloa, que lidera Joaquín El Chapo Guzmán, amplió su campo de operaciones hacia las provincias más pobres del norte de Argentina, donde ha establecido centros de producción, acopio y distribución de drogas. Arropada por algunas iglesias de la región, esta organización ha logrado mantenerse a salvo de operativos policíacos y desde hace tres o cuatro años se ha vinculado con las comunidades locales, que le brindan la protección que requiere.
El modus operandi gracias al cual el cartel de Sinaloa ha podido desplazarse y trabajar en ese país tiene como uno de sus ejes a la Iglesia, sostiene el especialista e investigador del Instituto Tecnológico Autónomo de México Edgardo Buscaglia.
Entrevistado desde México mientras viaja por Argentina, a donde acudió junto con su equipo de trabajo para efectuar un sondeo de campo sobre las andanzas de los carteles mexicanos, el especialista revela a Proceso sus hallazgos y la manera en que los barones de la droga se infiltran en las comunidades más pobres de ese país, pues aclara que, además del cartel de Sinaloa, el de Tijuana y Los Zetas lograron extenderse hacia esa nación.
Y lo hacen, puntualiza Buscaglia, mediante el trabajo social que impulsan las iglesias, en especial las evangélicas.
Argentina, el segundo país más grande de Latinoamérica fue elegido por El Chapo para “diversificar sus posiciones” y “minimizar riesgos”.
Pero si bien las provincias elegidas por el narcotraficante mexicano –Chaco, Formosa, Misiones– no son las más remotas, sí son las más pobres. Se encuentran en la zona norte en regiones selváticas o boscosas con un clima tropical y templado, aunque en verano las temperaturas llegan a 50 grados centígrados. Su ubicación es estratégica, pues colindan, por un lado, con Paraguay y, por el otro, con Uruguay.
Según el equipo de Buscaglia, El Chapo instaló centros de producción de droga en esas localidades, con la complicidad de algunas iglesias.
El especialista detalla: “En los últimos años Argentina se ha transformado en un centro de producción de drogas sintéticas y esa zona (donde opera El Chapo) está compuesta por Formosa, Chaco y Misiones, que están en el norte del país.
“Ahí se ha establecido una base patrimonial y productiva del cartel de Sinaloa y del cartel de Tijuana en combinación, ¡aunque parezca mentira! Pero también hay atisbos de presencia de Los Zetas en la parte central del país, en Córdoba y Santa Fe.”
–¿Desde cuándo tiene usted conocimiento de que el cartel de Sinaloa comenzó a operar en Argentina?
–Hace tres o cuatro años. Los colombianos ya tenían participación en ese país desde los años noventa, pero los carteles mexicanos comenzaron a expandirse visiblemente a partir de 2007 y se han ubicado en la zona norte, que son los centros productivos. Su manejo patrimonial y de inversiones está muy focalizado en Buenos Aires, en Córdoba y en Santa Fe.
El posicionamiento
Hasta donde se sabe, el cartel del Chapo llegó a la provincia del Chaco en 2007. Su emisaria fue María Alejandra López Madrid, quien tenía como objetivo poner en funcionamiento la “Iglesia Evangélica del Nuevo Milenio”, según reveló a medios de aquel país Claudio Izaguirre, presidente de la Asociación Antidrogas de la República Argentina.
Al cabo de dos años no había ninguna información de lo que hizo en ese templo enclavado en una de las zonas más pobres del país. No fue sino hasta agosto de 2009 cuando se suscitó un conflicto entre los habitantes del lugar y un mexicano que aseguró ser pastor y reclamaba la iglesia. Intervinieron las autoridades y el supuesto pastor se identificó con el nombre de Jerónimo López Valdez; reiteró que iba para hacerse cargo del templo.
La policía argentina verificó los datos y comprobó que nadie con ese nombre había ingresado al país y que en México no había registrado pastor alguno con ese nombre. Lo que sí encontraron fue una fotografía con el nombre de Víctor Hugo López Valdez, una persona con antecedentes penales y que en México era buscado por narcotráfico.
El mismo Claudio Izaguirre dio a conocer que la mujer que dos años antes había fundado el templo fue detenida por las autoridades de Paraguay el 2 de mayo de 2009 “por actividades ilícitas”.
El 28 de agosto de 2009, Radio Fénix La Rioja, de la provincia La Rioja, cercana al Chaco, difundió: “El tenebroso cartel mexicano de Sinaloa pretendería instalarse en Chaco mediante la fachada de iglesias evangélicas… se estima que los individuos tratarían de enviar efedrina al exterior mediante vuelos ilegales”.
La radiodifusora reprodujo una declaración del integrante de la Asociación Antidrogas, Claudio Izaguirre: “Hay fuertes sospechas de que el norte argentino sería usado para enviar ilegalmente al exterior, por avionetas, importantes cargamentos de efedrina… pueden transportar hasta 600 kilogramos. Salen de Argentina, arriban al suelo mexicano y hacen escalas en Perú, Costa Rica, Panamá, Nicaragua, Honduras y Guatemala”.
En mayo de 2010, el periodista mexicano especializado en temas de narcotráfico José Reveles indagó el caso del Chaco y lo documentó en su libro "El cartel incómodo".
El 18 de mayo de 2010, la prensa argentina divulgó la versión de que elementos de la agencia antidrogas estadounidense (DEA) estarían en la localidad de Resistencia, perteneciente a la provincia del Chaco, para indagar la presencia del Chapo Guzmán y el uso de iglesias evangélicas como fachada para encubrir sus actividades.
En su libro Reveles menciona el templo evangélico que El Chapo le construyó a su madre, Consuelo Loera de Guzmán, en la comunidad de La Tuna, en Sinaloa. El templo se convirtió en poco tiempo en el centro de convenciones y ceremoniales al que acuden fieles 200 kilómetros a la redonda y que provienen de Durango, Sonora, Chihuahua, Jalisco, Colima y Nayarit.
Si bien la presencia del cártel de Sinaloa en algunas provincias de Argentina se detectó hasta 2009, según los funcionarios antidrogas de ese país ya operaba desde 2007.
Sin embargo, de acuerdo con un reporte que la Secretaría de la Defensa Nacional entregó en octubre de 2010 a los diputados de la LXI Legislatura, fue a inicios de 2003 cuando los carteles mexicanos redimensionaron su rol para fortalecer su participación e influencia en países de Centro y Sudamérica. Intensificaron su presencia en Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú y Centroamérica para la producción de cocaína, y a partir de 2007 se trasladaron a Argentina para la fabricación de efedrina, precursora de drogas sintéticas.
Fachadas
Para algunos especialistas la estrecha relación entre iglesias de diferentes denominaciones y grupos criminales tiene como uno de sus fines el lavado de dinero.
Marcelo E. Decoud, director regional para América Latina y el Caribe de la International Compliance Association, con sede en Londres –institución que imparte capacitación en materia de criminalidad financiera y combate el lavado de capitales–, sostiene que las organizaciones criminales utilizan iglesias con representación en varios países de Latinoamérica para el lavado de dinero.
De acuerdo con este especialista, las agrupaciones religiosas acuden a un banco para depositar fuertes sumas en efectivo que dicen haber recibido de sus fieles; luego el dinero es transferido a otro banco y finalmente a otro, fuera de su país de origen, principalmente en instituciones ubicadas en paraísos fiscales.
Aunque Buscaglia no descarta que se utilicen las estructuras religiosas para lavar dinero, considera que las organizaciones criminales las usan para granjearse el favor de la gente, y de esta manera garantizar su propia seguridad.
Explica: “La situación de penetración es con fines típicos que todo grupo criminal tiene para poder protegerse socialmente en determinadas áreas. A veces lo hacen a través de la Iglesia católica y en otras ocasiones utilizan a las asociaciones evangélicas, protestantes. En Centroamérica se valen de las bautistas y evangélicas”.
Detalla que los grupos criminales promueven su protección social mediante la construcción de iglesias y de infraestructura religiosa, y asimismo por medio del financiamiento de actos religiosos. En ese sentido, sostiene, las iglesias no buscan lavarles dinero a los grupos criminales. Protegerse socialmente y obtener legitimidad social, ese es el modus operandi de los grupos criminales.
Destaca que la delincuencia organizada “tiene que ser vista cercana a los valores religiosos de las poblaciones en donde los grupos mafiosos buscan protección… Éstos pretenden que con sus actos el pueblo les dé su beneplácito”.
El investigador enfatiza que esa relación “es un factor de penetración muy importante para que los grupos criminales cuenten con protección social. Ésta es tan importante como la protección política. No puede entender hoy cómo El Chapo se protege si no se entiende el ángulo social de esa cobertura que tiene una faceta religiosa.
“Las construcciones, las actividades que la familia realiza en los templos, ese tipo de cosas implican realmente un lavado patrimonial que no es de gran envergadura, pero que adquiere relevancia para explicar los niveles de protección social de los que gozan los carteles en México y en otros países.”
Mediante su trabajo, el experto se ha percatado de que los carteles establecen centros productivos en lugares donde pueden realizar sus actividades de manera abierta y notoria. “Para ello necesitan dos cosas: la protección política por parte de los gobernadores de estas provincias y la protección social, que implica que la población no los denuncie, no los expulse. ¡No todo se logra con amenazas ni con asesinatos! Por lo tanto, sí han penetrado las iglesias, no solamente las evangélicas sino también la católica en estas regiones”, puntualiza.
Diversificación
Mediante sus pesquisas Buscaglia pudo constatar cómo tres iglesias evangélicas –además de la del Nuevo Milenio– han sido penetradas patrimonialmente por el cartel de Sinaloa. Aunque revela la zona donde se ubican, solicita que no se mencione el sitio exacto donde se encuentran, por razones de seguridad.
“Son tres iglesias evangélicas… En poblaciones en donde no estaban acostumbrados a este tipo de presencia hoy se observan amplias presencias productivas y patrimoniales de carteles mexicanos en esa región, que el gobierno argentino no está combatiendo. El gobierno está permitiendo activamente la presencia de esos grupos y eso significa que también existen indicios de penetración política.”
Agrega que el siguiente paso es la penetración patrimonial en el sector privado, sobre todo en las empresas farmacéuticas. Incluso recuerda que en Argentina ya se han presentado en fechas recientes varios homicidios de empresarios de este ramo.
–¿La razón por la que los cárteles mexicanos se están trasladando a Argentina se debe a la persecución del gobierno, a que buscan lugares más seguros o países más facilitadores?
–La expansión de los cárteles mexicanos a 52 países muestra sin lugar a dudas mayor fortaleza patrimonial. México ha sido su base de corrupción, de poderío político que les ha permitido expandirse a otros países. Ellos, cuando incrementan su riqueza tratan de diversificar sus posiciones para minimizar riesgos.
“No eligen cualquier país; por ejemplo, no se van a Chile o a Colombia a establecer sus bases productivas; acuden a lugares donde hay más impunidad, como Argentina. En este momento –explica– ese país tiene índices muy altos de impunidad en donde causas ligadas a grupos criminales prescriben, no se les tipifica como delincuencia organizada; amplios sectores políticos están siendo penetrados por grupos criminales y por eso la presencia del cartel de Sinaloa en Argentina no es casual. Ellos buscan paraísos patrimoniales, como México y Argentina.”
Buscaglia destaca el trabajo de Paraguay y de Brasil para frenar la presencia de carteles de la droga. “Ahí no hay surgimiento como hongos de bases productivas; sí se observan en Argentina, donde la impunidad es mayor y, por lo tanto, la vinculación con iglesias responde a intereses productivos, patrimoniales y políticos de los grupos criminales”.
Buscaglia advierte a las iglesias que deben ser muy cuidadosas para no dejarse capturar mediante la treta de la obra social proveniente del narco: “Porque si bien uno argumenta que las iglesias no están activamente buscando ese canal de lavado patrimonial, también es cierto que muchos actores de las iglesias y de la Iglesia católica se hacen de la vista gorda. Fingen que no se percatan de esa búsqueda de legitimidad social por parte de las mafias mexicanas. La Iglesia tiene que ser mucho más activa en impedirlo, pero es algo que no se observa en Latinoamérica ni en México”.
Y añade: “Las iglesias son bastante cómodas y aceptadoras de la infiltración delincuencial y eso hace que desde el punto de vista pasivo también sean sujetas a acusaciones de corrupción. Aunque se trata de corrupción pasiva, es corrupción al fin”.
EL MAPA DEL NARCOTRAFICO EN ARGENTINA
El mapa de la Argentina de los narcos
Por Agustina Grasso
http://www.perfil.com/elobservador/El-mapa-de-la-Argentina-de-los-narcos-20131116-0062.HTML
Cómo es la ruta blanca de la cocaína que llega como pasta base desde Bolivia hasta purificarse en Buenos Aires. Panorama de las provincias con más “cocinas”. En lo que va del año, ya se desbarataron 235. El rol de la Policía en el avance del narcotráfico en todo el país.
Un manual para estudiantes describe a la Argentina como un país que se caracteriza por la variedad que ofrece tanto a nivel geográfico como cultural. Su diversidad en el paisaje es muy amplia: desde cataratas, lagos y bosques, hasta desiertos de sal. Pero hay un mapa que no sale en los textos escolares: el de la producción ilegal de estupefacientes. De acuerdo con datos de la DEA, la Argentina sería uno de los 25 países que registran mayor producción de precursores químicos.
Hoy su producción se basa en la cocaína y, en menor medida, en drogas más complejas, como éxtasis y LSD. Según datos de la Secretaría de Seguridad de la Nación, en lo que va del año se desbarataron 235 “cocinas” en todo el país, una cifra que para diversos especialistas no sería ni el 10% de la real.
El último informe de la Sedronar sobre “centros de procesamiento ilícito de estupefacientes” detalla que Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Tucumán, Entre Ríos y Jujuy son las provincias que más cocinas de fraccionamiento y producción de narcóticos poseen. Según esta investigación, la mayoría de los lugares de adulteración se ubican en la provincia de Buenos Aires con el 46%, a la que le sigue la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (13%), y las provincias de Córdoba (27%), Salta (7%) y Tucumán (7%). El informe, publicado en 2011 y basado en ochenta centros en todo el país, agrega que los centros de fabricación se ubican en un 76% en la provincia de Buenos Aires, 7% en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el resto en Córdoba (7%), Tucumán (7%) y Jujuy (7%). Para actualizar el panorama, PERFIL consultó a especialistas en cada una de estas provincias de mayor producción.
Salta y Jujuy. Todo comienza en Bolivia. Más específicamente en los campos de coca de Yacuiba. Por su ubicación geográfica, las primeras provincias de la “ruta banca” son Jujuy y Salta. “Salta posee dos ingresos legales: la ciudad de Orán (a la altura de Aguas Blancas) y por la Ruta 34 (Salvador Mazza), donde se puede cruzar la frontera caminando por pasos no habilitados y hay tránsito de mercadería no controlada”, indica Ricardo Toranzo, titular de la fiscalía federal Nº1 de Salta a PERFIL. El funcionario especifica que en los alrededores del cauce del Río Seco hay barrios con movimientos muy fluidos “que hace que sean fronteras muy permeables y dificultosa para controlar”.
El traslado es variado. En su mayoría “es terrestre, a través de mulas, camellos o en coches. También puede ser por vía aérea en pistas clandestinas o es arrojado desde el aire en zonas boscosa”. Los búnkers aquí hacen un trabajo de refinamiento de estupefacientes de la pasta base de la hoja de coca (PBC). “La purificación en el país se debe a la facilidad que existe en el territorio de contar con precursores químicos (como carbonato de sodio y ácido clorhídrico) para esta etapa de elaboración del clorhidrato de cocaína”. En la Argentina, no hay constancias de plantaciones de coca: “Se da más que nada en Colombia, Perú y Bolivia, mientras que el trabajo de los precursores químicos se encuentran en Argentina, Brasil y Ecuador”, aclara Toranzo.
El procedimiento de fraccionamiento puede repetirse varias veces, según la calidad buscada. “En el camino van quedando residuos que vuelven a comercializarse (el más impuro es el paco)”, especifica Alberto Aragone, defensor público oficial ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Jujuy. En esta provincia, el punto de más traspaso se da en La Quiaca y para que el traslado sea posible hasta Buenos Aires es esencial la Ruta 34. Este camino luego desemboca en Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba, Rosario o Buenos Aires. En Santiago del Estero y Tucumán, según fuentes locales, se suele acopiar la droga y de allí se establece el transporte a grande urbes o al exterior vía aérea.
Córdoba. Los corredores más activos en la tierra cordobesa son por la Ruta 38. Las localidades lindantes como La Cumbre, Capilla del Monte, La Falda, Santa María de Punilla y San Marcos Sierra son destinos “comunes” para el arribo de marihuana, cocaína y otras sustancias ilegales. Otro corredor es el de la Ruta 9 Norte, con la Ruta 60, que es un corredor “histórico”. “Sólo que en los últimos tiempos, se sospecha que la 38 empezó a ser más activa”, aclaró Juan Federico, periodista local especializado en narcotráfico.
Los alrededores del cementerio San Vicente (sudeste de la Capital, barrios Maldonado, Müller, Altamira, Colonia Lola, Bajada San José, Campo de la Ribera) forman la zona donde más proliferaron las cocinas de drogas. El periodista de La Voz del Interior le contó a PERFIL que las cocinas hace años “empezaron a disgregarse por todas partes, mucho al sur, en barrio Villa El Libertador y alrededores. Pero el sector más caliente es el de los alrededores del cementerio San Vicente”.
Félix Crous, titular de la Procuraduría Adjunta de Narcocriminalidad, asevera que “la Policía es parte del Estado, con relaciones permanentes con la comunidad y ahí su involucramiento es muy evidente”. El ejemplo del “narcoescándalo de Córdoba” es el más claro: hasta el momento, un comisario, un oficial y un suboficial se encuentran detenidos en el marco de la investigación por nexos entre policías, narcos y políticos. En esta provincia, en 2012 se incautaron casi 200 kilos de cocaína. Pero como parte del operativo Octubre Blanco, el mes pasado, se decomisó el mayor cargamento de drogas de la historia de Córdoba: 583 kilos de cocaína en la Ruta 9, cerca del norte provincial.
Santa Fe. En la cuna de la bandera, el principal ingreso de drogas a nivel terrestre se da por la Ruta 34, que atraviesa toda la provincia y termina en Rosario. Pero fuentes locales detallaron que “hay otras rutas alternativas donde se traslada la droga. También hubo casos de cargamentos por avionetas y barcazas”.
Esta provincia sufrió lo que podría haber sido el peor golpe al Estado por parte de bandas narcocriminales: 14 balas calibre 45 que recibió la casa del gobernador Antonio Bonfatti el 11 de octubre. Hasta el momento hay tres detenidos, presuntos integrantes de bandas narco. En Rosario, los barrios más afectados por el negocio son Ludueña, en zona noroeste; Tablada, Nuevo Alberdi y La Granada, al sur, y Las Flores, en el centro de la ciudad. Según la concejala del bloque radical María Eugenia Schmuck, en algunos barrios se sabe quién manda, pero otros no tienen dueño. En los últimos años se multiplicó la presencia de kioscos, casas precarias de venta de droga. “Aquí no hay bandas al estilo del Cartel de Sinaloa (México). En los medios nacionales, Rosario se vende como si fuera México, pero no está muy organizado el asunto. Hay mucho “imprevisto”, especificó un periodista local y agregó que la red de comercialización y seguridad con los “soldaditos” es lo más establecido. Esto no quita el entramado de complicidad con otros sectores de poder: abogados, venta de autos de alta gama, contadores que limpian prontuarios, negocios inmobiliarios y protección de la policía provincial. Según la investigación Calles perdidas, de la Universidad Nacional de Rosario, $ 1.500 por día cuesta la protección policial y $ 300 gana un soldadito armado, mientras que uno desarmado gana 150. Este año, policías federales desbarataron “la cocina más grande en la historia país” en un country de Funes.
Buenos Aires. La próxima parada de la Ruta 34 es Buenos Aires. En los últimos meses, según la Policía Bonaerense, se decomisaron 17 laboratorios en la Provincia, hubo 18.269 procedimientos y se incautaron 28 mil pastillas de éxtasis. El comisario Rubén Darío García, inspector de prevención de la Superintendencia de Drogas Ilícitas de la Provincia de Buenos Aires, habló con PERFIL sobre la situación que se vive: “En los barrios es muy común la presencia de cocinas de estiramiento, más que de producción”. Cuando se le preguntó por las zonas más afectadas del interior, García indicó que Zárate y Campana son lugares que no poseen menos control, más que nada “social” . Aclara que en la Provincia hay mucho “contrabando hormiga”. El menudeo se da de manera impensada: libros, langostinos, dulce de leche y frutillas. Para García, el crimen se organiza por zonas y no hay un armado de bandas a nivel nacional. Por su parte, el especialista y asesor en narcotráfico, Norberto Emmerich, explica que en Buenos Aires en general actúan carteles nacionales o en manos de población extranjera, como peruanos, paraguayos o colombianos. “Ellos producen acá porque buscan reducir costos de traslado y logística como cualquier empresa”, agrega el especialista.
El negocio posee dos grandes escenarios. Uno es en los barrios más carenciados, donde, según Emmerich, “aumenta el consumo de paco, enraizado con fuerzas policiales, y la violencia. En San Martín, Villa La Cárcova, ya hay casi 20 chicos muertos en los últimos meses. Los vecinos aseguran que una de las bandas responde a “Rolón”, que estaría protegido por el secretario de Seguridad de San Martín, José María Fernández.
Otro escenario es el de los countries y el mercado de las drogas sintéticas, mayormente consumidas en fiestas electrónicas. Como el caso de la caída de un jefe de una banda narco, empleado de la agencia de viajes de egresados, Travel Rock que vendía cocaína, éxtasis, ketamina y efedrina en fiestas electrónicas.
Ciudad de Buenos Aires. El patovica Julio César Martínez llegó de Ibiza a Buenos Aires con un propósito: cocinar drogas de diseño. Así logró instalar “el primer laboratorio sintético en plena Ciudad de Buenos Aires”, como lo calificaron las fuerzas de seguridad en septiembre. Este “operativo Ibiza” estaba encadenado con el empleado de Travel Rock. Más allá de la producción sintética, los barrios más pobres de la Ciudad viven un fenómeno similar a los de Provincia con “el nivel de adicción, la violencia y la connivencia con sectores policiales”, afirma Luciana Pol, coordinadora de Políticas de Seguridad y Violencia Institucional del CELS. Los especialistas declaran que en Villa Soldati hay una fuerte presencia de ciudadanos de Paraguay; en Constitución, dominicanos; mexicanos en Puerto Madero; colombianos en Pilar; y peruanos en el barrio 1-11-14 de Bajo Flores. Aquí, el mes pasado, cinco personas murieron en un tiroteo. En Zabaleta, durante los últimos dos años, cinco chicos murieron en medio de un enfrentamiento, como el caso de Kevin de 9 años. Para Pol, la violencia es más fuerte en la zona sur (Villa Lugano, Soldati, Pompeya, Barracas) y la lógica se repite: “Las fuerzas llegan al barrio, hacen contactos y buscan protección”.
‘Breaking Bad’ y los narcopolicías
En la exitosa serie norteamericana –que contó la historia de Walter White, el aburrido profesor de química que al enterarse que padecía cáncer decidió volcarse a un nuevo negocio, cocinar metanfetaminas– hubo otro personaje que con el desarrollo de los capítulos fue ganándose al público, Hank: el cuñado del protagonista y un incorruptible oficial de la DEA. En el programa televisivo no hubo personajes que formaran parte de un entramado policial corrupto, como sí los hay en Argentina. Son un eslabón fundamental para el desarrollo de este mercado ilegal. “Acá no hay carteles organizados. Los grandes regenteadores en Argentina son las fuerzas policiales dedicadas al mercado de drogas”, afirma el especialista Norberto Emmerich a PERFIL. Algunas pruebas de esto fueron el pedido de captura al ex jefe de la Policía de Santa Fe, Hugo Tognoli, y los escándalos de la narcopolicía en Córdoba. Pero Buenos Aires no es la excepción, Luciana Pol del CELS asevera que es necesaria “una agenda de reforma, control y lucha contra la corrupción policial”.
Pol advierte que “hay que ser cuidadosos con la solución porque más violencia arrastra más violencia. Lo importante es mejorar la capacidad de investigación penal de delitos”. En el mismo sentido, Félix Crous, procurador adjunto de narcocriminalidad de Procunar, en una entrevista a la Agencia Paco Urondo, criticó cómo se investiga la problemática: “en la fase judicial estamos acostumbrados a investigaciones donde la interceptación del cargamento es la vedette, pero no hay investigaciones proactivas, salvo excepciones”. Para Crous hay que profundizar en la cadena de financiación, producción, logística, distribución y lavado de dinero”. Tanto Emmerich como Pol hacen hincapié en “la necesidad de un debate profundo sobre el narcotráfico” que además enmarca otros delitos, como trata de personas, prostitución y venta de autos ilegales.
Por Agustina Grasso
http://www.perfil.com/elobservador/El-mapa-de-la-Argentina-de-los-narcos-20131116-0062.HTML
Un manual para estudiantes describe a la Argentina como un país que se caracteriza por la variedad que ofrece tanto a nivel geográfico como cultural. Su diversidad en el paisaje es muy amplia: desde cataratas, lagos y bosques, hasta desiertos de sal. Pero hay un mapa que no sale en los textos escolares: el de la producción ilegal de estupefacientes. De acuerdo con datos de la DEA, la Argentina sería uno de los 25 países que registran mayor producción de precursores químicos.
Hoy su producción se basa en la cocaína y, en menor medida, en drogas más complejas, como éxtasis y LSD. Según datos de la Secretaría de Seguridad de la Nación, en lo que va del año se desbarataron 235 “cocinas” en todo el país, una cifra que para diversos especialistas no sería ni el 10% de la real.
El último informe de la Sedronar sobre “centros de procesamiento ilícito de estupefacientes” detalla que Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Tucumán, Entre Ríos y Jujuy son las provincias que más cocinas de fraccionamiento y producción de narcóticos poseen. Según esta investigación, la mayoría de los lugares de adulteración se ubican en la provincia de Buenos Aires con el 46%, a la que le sigue la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (13%), y las provincias de Córdoba (27%), Salta (7%) y Tucumán (7%). El informe, publicado en 2011 y basado en ochenta centros en todo el país, agrega que los centros de fabricación se ubican en un 76% en la provincia de Buenos Aires, 7% en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el resto en Córdoba (7%), Tucumán (7%) y Jujuy (7%). Para actualizar el panorama, PERFIL consultó a especialistas en cada una de estas provincias de mayor producción.
Salta y Jujuy. Todo comienza en Bolivia. Más específicamente en los campos de coca de Yacuiba. Por su ubicación geográfica, las primeras provincias de la “ruta banca” son Jujuy y Salta. “Salta posee dos ingresos legales: la ciudad de Orán (a la altura de Aguas Blancas) y por la Ruta 34 (Salvador Mazza), donde se puede cruzar la frontera caminando por pasos no habilitados y hay tránsito de mercadería no controlada”, indica Ricardo Toranzo, titular de la fiscalía federal Nº1 de Salta a PERFIL. El funcionario especifica que en los alrededores del cauce del Río Seco hay barrios con movimientos muy fluidos “que hace que sean fronteras muy permeables y dificultosa para controlar”.
El traslado es variado. En su mayoría “es terrestre, a través de mulas, camellos o en coches. También puede ser por vía aérea en pistas clandestinas o es arrojado desde el aire en zonas boscosa”. Los búnkers aquí hacen un trabajo de refinamiento de estupefacientes de la pasta base de la hoja de coca (PBC). “La purificación en el país se debe a la facilidad que existe en el territorio de contar con precursores químicos (como carbonato de sodio y ácido clorhídrico) para esta etapa de elaboración del clorhidrato de cocaína”. En la Argentina, no hay constancias de plantaciones de coca: “Se da más que nada en Colombia, Perú y Bolivia, mientras que el trabajo de los precursores químicos se encuentran en Argentina, Brasil y Ecuador”, aclara Toranzo.
El procedimiento de fraccionamiento puede repetirse varias veces, según la calidad buscada. “En el camino van quedando residuos que vuelven a comercializarse (el más impuro es el paco)”, especifica Alberto Aragone, defensor público oficial ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Jujuy. En esta provincia, el punto de más traspaso se da en La Quiaca y para que el traslado sea posible hasta Buenos Aires es esencial la Ruta 34. Este camino luego desemboca en Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba, Rosario o Buenos Aires. En Santiago del Estero y Tucumán, según fuentes locales, se suele acopiar la droga y de allí se establece el transporte a grande urbes o al exterior vía aérea.
Córdoba. Los corredores más activos en la tierra cordobesa son por la Ruta 38. Las localidades lindantes como La Cumbre, Capilla del Monte, La Falda, Santa María de Punilla y San Marcos Sierra son destinos “comunes” para el arribo de marihuana, cocaína y otras sustancias ilegales. Otro corredor es el de la Ruta 9 Norte, con la Ruta 60, que es un corredor “histórico”. “Sólo que en los últimos tiempos, se sospecha que la 38 empezó a ser más activa”, aclaró Juan Federico, periodista local especializado en narcotráfico.
Los alrededores del cementerio San Vicente (sudeste de la Capital, barrios Maldonado, Müller, Altamira, Colonia Lola, Bajada San José, Campo de la Ribera) forman la zona donde más proliferaron las cocinas de drogas. El periodista de La Voz del Interior le contó a PERFIL que las cocinas hace años “empezaron a disgregarse por todas partes, mucho al sur, en barrio Villa El Libertador y alrededores. Pero el sector más caliente es el de los alrededores del cementerio San Vicente”.
Félix Crous, titular de la Procuraduría Adjunta de Narcocriminalidad, asevera que “la Policía es parte del Estado, con relaciones permanentes con la comunidad y ahí su involucramiento es muy evidente”. El ejemplo del “narcoescándalo de Córdoba” es el más claro: hasta el momento, un comisario, un oficial y un suboficial se encuentran detenidos en el marco de la investigación por nexos entre policías, narcos y políticos. En esta provincia, en 2012 se incautaron casi 200 kilos de cocaína. Pero como parte del operativo Octubre Blanco, el mes pasado, se decomisó el mayor cargamento de drogas de la historia de Córdoba: 583 kilos de cocaína en la Ruta 9, cerca del norte provincial.
Santa Fe. En la cuna de la bandera, el principal ingreso de drogas a nivel terrestre se da por la Ruta 34, que atraviesa toda la provincia y termina en Rosario. Pero fuentes locales detallaron que “hay otras rutas alternativas donde se traslada la droga. También hubo casos de cargamentos por avionetas y barcazas”.
Esta provincia sufrió lo que podría haber sido el peor golpe al Estado por parte de bandas narcocriminales: 14 balas calibre 45 que recibió la casa del gobernador Antonio Bonfatti el 11 de octubre. Hasta el momento hay tres detenidos, presuntos integrantes de bandas narco. En Rosario, los barrios más afectados por el negocio son Ludueña, en zona noroeste; Tablada, Nuevo Alberdi y La Granada, al sur, y Las Flores, en el centro de la ciudad. Según la concejala del bloque radical María Eugenia Schmuck, en algunos barrios se sabe quién manda, pero otros no tienen dueño. En los últimos años se multiplicó la presencia de kioscos, casas precarias de venta de droga. “Aquí no hay bandas al estilo del Cartel de Sinaloa (México). En los medios nacionales, Rosario se vende como si fuera México, pero no está muy organizado el asunto. Hay mucho “imprevisto”, especificó un periodista local y agregó que la red de comercialización y seguridad con los “soldaditos” es lo más establecido. Esto no quita el entramado de complicidad con otros sectores de poder: abogados, venta de autos de alta gama, contadores que limpian prontuarios, negocios inmobiliarios y protección de la policía provincial. Según la investigación Calles perdidas, de la Universidad Nacional de Rosario, $ 1.500 por día cuesta la protección policial y $ 300 gana un soldadito armado, mientras que uno desarmado gana 150. Este año, policías federales desbarataron “la cocina más grande en la historia país” en un country de Funes.
Buenos Aires. La próxima parada de la Ruta 34 es Buenos Aires. En los últimos meses, según la Policía Bonaerense, se decomisaron 17 laboratorios en la Provincia, hubo 18.269 procedimientos y se incautaron 28 mil pastillas de éxtasis. El comisario Rubén Darío García, inspector de prevención de la Superintendencia de Drogas Ilícitas de la Provincia de Buenos Aires, habló con PERFIL sobre la situación que se vive: “En los barrios es muy común la presencia de cocinas de estiramiento, más que de producción”. Cuando se le preguntó por las zonas más afectadas del interior, García indicó que Zárate y Campana son lugares que no poseen menos control, más que nada “social” . Aclara que en la Provincia hay mucho “contrabando hormiga”. El menudeo se da de manera impensada: libros, langostinos, dulce de leche y frutillas. Para García, el crimen se organiza por zonas y no hay un armado de bandas a nivel nacional. Por su parte, el especialista y asesor en narcotráfico, Norberto Emmerich, explica que en Buenos Aires en general actúan carteles nacionales o en manos de población extranjera, como peruanos, paraguayos o colombianos. “Ellos producen acá porque buscan reducir costos de traslado y logística como cualquier empresa”, agrega el especialista.
El negocio posee dos grandes escenarios. Uno es en los barrios más carenciados, donde, según Emmerich, “aumenta el consumo de paco, enraizado con fuerzas policiales, y la violencia. En San Martín, Villa La Cárcova, ya hay casi 20 chicos muertos en los últimos meses. Los vecinos aseguran que una de las bandas responde a “Rolón”, que estaría protegido por el secretario de Seguridad de San Martín, José María Fernández.
Otro escenario es el de los countries y el mercado de las drogas sintéticas, mayormente consumidas en fiestas electrónicas. Como el caso de la caída de un jefe de una banda narco, empleado de la agencia de viajes de egresados, Travel Rock que vendía cocaína, éxtasis, ketamina y efedrina en fiestas electrónicas.
Ciudad de Buenos Aires. El patovica Julio César Martínez llegó de Ibiza a Buenos Aires con un propósito: cocinar drogas de diseño. Así logró instalar “el primer laboratorio sintético en plena Ciudad de Buenos Aires”, como lo calificaron las fuerzas de seguridad en septiembre. Este “operativo Ibiza” estaba encadenado con el empleado de Travel Rock. Más allá de la producción sintética, los barrios más pobres de la Ciudad viven un fenómeno similar a los de Provincia con “el nivel de adicción, la violencia y la connivencia con sectores policiales”, afirma Luciana Pol, coordinadora de Políticas de Seguridad y Violencia Institucional del CELS. Los especialistas declaran que en Villa Soldati hay una fuerte presencia de ciudadanos de Paraguay; en Constitución, dominicanos; mexicanos en Puerto Madero; colombianos en Pilar; y peruanos en el barrio 1-11-14 de Bajo Flores. Aquí, el mes pasado, cinco personas murieron en un tiroteo. En Zabaleta, durante los últimos dos años, cinco chicos murieron en medio de un enfrentamiento, como el caso de Kevin de 9 años. Para Pol, la violencia es más fuerte en la zona sur (Villa Lugano, Soldati, Pompeya, Barracas) y la lógica se repite: “Las fuerzas llegan al barrio, hacen contactos y buscan protección”.
‘Breaking Bad’ y los narcopolicías
En la exitosa serie norteamericana –que contó la historia de Walter White, el aburrido profesor de química que al enterarse que padecía cáncer decidió volcarse a un nuevo negocio, cocinar metanfetaminas– hubo otro personaje que con el desarrollo de los capítulos fue ganándose al público, Hank: el cuñado del protagonista y un incorruptible oficial de la DEA. En el programa televisivo no hubo personajes que formaran parte de un entramado policial corrupto, como sí los hay en Argentina. Son un eslabón fundamental para el desarrollo de este mercado ilegal. “Acá no hay carteles organizados. Los grandes regenteadores en Argentina son las fuerzas policiales dedicadas al mercado de drogas”, afirma el especialista Norberto Emmerich a PERFIL. Algunas pruebas de esto fueron el pedido de captura al ex jefe de la Policía de Santa Fe, Hugo Tognoli, y los escándalos de la narcopolicía en Córdoba. Pero Buenos Aires no es la excepción, Luciana Pol del CELS asevera que es necesaria “una agenda de reforma, control y lucha contra la corrupción policial”.
Pol advierte que “hay que ser cuidadosos con la solución porque más violencia arrastra más violencia. Lo importante es mejorar la capacidad de investigación penal de delitos”. En el mismo sentido, Félix Crous, procurador adjunto de narcocriminalidad de Procunar, en una entrevista a la Agencia Paco Urondo, criticó cómo se investiga la problemática: “en la fase judicial estamos acostumbrados a investigaciones donde la interceptación del cargamento es la vedette, pero no hay investigaciones proactivas, salvo excepciones”. Para Crous hay que profundizar en la cadena de financiación, producción, logística, distribución y lavado de dinero”. Tanto Emmerich como Pol hacen hincapié en “la necesidad de un debate profundo sobre el narcotráfico” que además enmarca otros delitos, como trata de personas, prostitución y venta de autos ilegales.
miércoles, 25 de diciembre de 2013
PAX MAFIOSA EN COLOMBIA, LIDERADA POR EL CHAPO GUZMAN
Una tregua avalada por el Chapo
Las autoridades de Medellín atribuyen a su efectividad en el combate al crimen organizado la sensible baja de la violencia en esa ciudad colombiana. Pero las mafias y los habitantes de los barrios marginales tienen otra versión: las dos principales bandas de esa urbe, La Oficina y Los Urabeños, acordaron una tregua, el Pacto del Fusil, para terminar una guerra que ya les había causado miles de bajas a lo largo de casi un lustro y entorpecía sus negocios. Pero hay más: en las reuniones cumbre en las cuales los líderes de ambos grupos “firmaron la paz” hubo representantes del Chapo Guzmán, a quien le interesa que sus proveedores mantengan el flujo de cocaína.
Tras varios años de guerra y miles de muertos, las organizaciones criminales Los Urabeños y La Oficina –dominantes de la actividad delictiva en esta ciudad– acordaron el pasado julio una tregua llamada Pacto del Fusil, que coincidió con una drástica caída en el índice de homicidios y cuya gestación se atribuye en los barrios bravos de la ciudad al ato costo financiero del conflicto mafioso, a la necesidad de esos grupos de potenciar sus negocios ilegales y al acoso de la policía.
De acuerdo con el presidente de la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades) de Medellín, Luis Fernando Quijano, el Pacto del Fusil tiene “el aval del Cártel de Sinaloa porque (la organización delictiva mexicana de Joaquín El Chapo Guzmán) ve la necesidad de acabar ese conflicto a fin de no afectar más el suministro de droga para sus rutas a Estados Unidos, que ha estado cayendo.
“En reuniones entre jefes de La Oficina y Los Urabeños ha existido presencia de mexicanos, de gente del Chapo. A ellos les conviene este acuerdo porque fortalece a Los Urabeños, sus socios principales en Colombia, y les garantiza más embarques”, dice a Proceso el investigador del conflicto urbano y del fenómeno mafioso en Medellín.
Según organismos colombianos de inteligencia, el Cártel de Sinaloa tiene una estrecha relación de negocios con Los Urabeños –la mayor banda criminal (bacrim) del país y la más involucrada en el tráfico internacional de cocaína–, aunque en el pasado también hizo negocios con La Oficina.
Giovani, un mando medio de La Oficina en la Comuna 13 de Medellín –una de las más violentas y golpeadas por la guerra entre los combos (pandillas) de las dos organizaciones mafiosas dominantes–, dice que el Pacto del Fusil es consecuencia “del desgaste económico que estábamos teniendo” por los frecuentes enfrentamientos armados.
El año pasado se registraron en esa comuna (barrio popular) cuatro homicidios semanales, la mitad de menores de 25 años. El pasado febrero dos jovenes fueron asesinados por invadir el territorio de una banda rival, lo cual causó alarma social y desató un fuerte operativo policiaco.
“Esto afectaba los negocios, el boleteo (extorsión), el comercio (bajo coerción), el microtráfico, y nos hacía muy visibles para la policía, estábamos facilitándole el trabajo”, asevera el jefe de zona, quien en su interacción con la comunidad se conduce como un dirigente social más que como un capo mafioso. Una mujer mayor lo saluda a la mitad de la calle y él saca del bolsillo un billete de 10 mil pesos colombianos (unos cinco dólares) y se lo entrega. “Tenga, mamita”, le dice.
Giovani –con una camiseta del equipo de futbol Nacional de Medellín, tenis Nike, pantalón de mezclilla y tres guardaespaldas– dice que la tregua con Los Urabeños fue pactada “por los jefes altos; los mexicanos han estado en reuniones posteriores, en las que se han cuadrado negocios”.
Quijano sostiene: “Desde que se dio el pacto hay más presencia del Cártel de Sinaloa”.
El Pacto del Fusil fue producto de al menos dos cumbres entre cabecillas de La Oficina y Los Urabeños el pasado julio, una de las cuales tuvo lugar en Medellín y otra en una finca de San Jerónimo (unos 25 kilómetros al noroccidente de esta ciudad), donde los jefes mafiosos se repartieron las zonas, sellaron alianzas para trabajar conjuntamente en grandes cargamentos de droga y acordaron finalizar los choques armados. Los coordinadores replicaron esos encuentros en las comunas en conflicto para delimitar sus territorios e impartir la orden del alto al fuego a todos los combos. El desacato se paga con la muerte.
El Pacto del Fusil fue producto de al menos dos cumbres entre cabecillas de La Oficina y Los Urabeños el pasado julio, una de las cuales tuvo lugar en Medellín y otra en una finca de San Jerónimo (unos 25 kilómetros al noroccidente de esta ciudad), donde los jefes mafiosos se repartieron las zonas, sellaron alianzas para trabajar conjuntamente en grandes cargamentos de droga y acordaron finalizar los choques armados. Los coordinadores replicaron esos encuentros en las comunas en conflicto para delimitar sus territorios e impartir la orden del alto al fuego a todos los combos. El desacato se paga con la muerte.
Medellín había vivido una guerra mafiosa de casi cinco años que produjo la mayoría de los 7 mil 671 homicidios en la ciudad entre 2009 y junio de este año. Más de uno cada seis horas, en promedio. El conflicto se desató luego de la extradición a Estados Unidos, en 2008, de Diego Fernando Murillo, Don Berna, jefe máximo de La Oficina y quien dominó durante la mayoría de la década pasada el crimen organizado en el área metropolitana de esta urbe de 3.5 millones de habitantes, la segunda más grande de Colombia.
Tras la caída de Don Berna sus principales subalternos –Ericson Vargas Cardona, Sebastián, y Maximiliano Bonilla, Valenciano– iniciaron una disputa por el control de la plaza que se prolongó hasta la captura de este último en Venezuela en noviembre de 2011.
Valenciano se había aliado con Los Urabeños –grupo paramilitar convertido en bacrim– para combatir a Sebastián, quien asumió el liderazgo de La Oficina hasta su detención en una finca cerca de Medellín en agosto de 2012. El encarcelamiento y posterior extradición a Estados Unidos de ambos capos desató una nueva guerra entre sus estructuras, que en los primeros meses de este año incluyó asesinatos de menores de edad, torturas, desapariciones y otros crímenes atroces contra personas inocentes.
Trabajo social
Giovani plantea que la tregua ha permitido la consolidación de los negocios criminales de La Oficina y Los Urabeños, las cuales controlan en Medellín desde la “seguridad” de los camiones de pasajeros, negocios, vendedores ambulantes y casas de apuestas, mediante cuotas extorsivas, hasta el más rentable microtráfico de drogas, las “plazas de vicio” donde se expenden y consumen estupefacientes en las comunas y el comercio en los barrios.
“Sin tiros uno se puede dedicar más a hacer rendir los negocios”, dice el coordinador de combos de la Comuna 13. Asienta que la guerra drenaba las finanzas de las mafias locales. “Eso no es rentable, aquí se echaba tanta bala que teníamos que recalzar las balas fundiendo latón”, señala.
La mayoría de los jóvenes muertos dejó familias cuya manutención corre a cargo de las bandas, mientras que los capturados por la policía también cuestan dinero por los gastos de defensa y las ayudas alimenticias que proporcionan a sus esposas e hijos. “Por todos lados estábamos perdiendo plata”, puntualiza Giovani.
Él y sus combos venden las arepas (tortillas colombianas) y los huevos –alimentos básicos en la dieta de este país– a los comercios de un amplio sector de la Comuna 13, en su faceta de comerciantes. A los camiones de pasajeros que entran en sus barrios y a los pequeños negocios les cobran unos 10 dólares diarios de “cuota”. En las más de 50 “plazas de vicio” que tienen diseminadas en la zona expenden bazuco, mariguana, drogas sintéticas, cocaína. Por todos lados se observan jóvenes con pistolas al cinto. Es su territorio.
Giovani también resuelve disputas por terrenos irregulares, conflictos entre vecinos y hasta pleitos maritales. “Yo soy un líder social”, expresa. Y en parte es verdad. En medio de sus actividades mafiosas saca tiempo para hacer trabajo comunitario. Los funcionarios de integración territorial de la alcaldía se tienen que entender con él para efectuar cualquier labor en su área de influencia.
El coordinador de la Mesa de Derechos Humanos del Valle de Aburrá –donde se asienta Medellín–, Carlos Arcila, afirma que las estructuras criminales de La Oficina y Los Urabeños “forman pequeños Estados en los barrios, que suplen la ausencia gubernamental. Ellos son quienes dan empleo a los jóvenes con las rentas ilegales; los que dirimen controversias; organizan, controlan y ayudan a la comunidad. En esta temporada navideña les dan mercado (víveres) a los más pobres y ayudan a los barrios a hacer pesebres. La gente los ve como dirigentes sociales, ellos regulan la vida comunitaria”.
Arcila, abogado penalista, manifiesta que el Pacto del Fusil ha permitido a las mafias “tener más control social y afianzar su poder económico y territorial. Las balaceras también les estaban restando apoyo entre la población y hoy los barrios viven otro clima, uno de mayor tranquilidad.
“El propósito del pacto es mantener toda su estructura económica y militar y dividir sus negocios. Es algo que están logrando, pero también les permite ganar más apoyo de la comunidad y afianzar sus alianzas con grupos trasnacionales, como el Cártel de Sinaloa. Aquí todos salieron ganando. La guerra y la presión estatal los había desgastado. Las autoridades les habían dado golpes muy fuertes”, afirma.
Odines
El jefe del subcomando operativo de la Policía Metropolitana de Medellín, José David Garzón, dice: “Más que un pacto lo que tenemos aquí es un repliegue de estos grupos delincuenciales por la presión sobre ellos, por las capturas de sus principales cabecillas. Con esta tregua buscan que nosotros bajemos la presión sobre ellos, pero no lo vamos a hacer”.
Menciona que todos los años se han capturado “objetivos de alto valor”, como Cebollero, Douglas, Riñón, Hugo Quintero, Gordo Téllez, Valenciano, Sebastián y Carlos Pesebre. Éste, capturado el pasado marzo, es uno de los últimos grandes jefes de La Oficina y, según activistas sociales, desde la cárcel sigue ejerciendo gran influencia sobre esa organización y realizó gestiones que facilitaron la tregua con Los Urabeños.
La Oficina y Los Urabeños fungen como las casas matrices y a los centros de mando de las estructuras operativas la policía los llama organizaciones delincuenciales integradas al narcotráfico (odin), las cuales a su vez controlan a los combos.
Según estadísticas oficiales, en 2009 había en Medellín 21 odines; este año la cifra bajó a 14. Los combos pasaron de 350 a 119 en el mismo lapso. Diferentes organizaciones sociales estiman que existen unos 6 mil jóvenes al servicio del crimen organizado en la ciudad.
El mes pasado la policía capturó a Carlos Alberto Zapata Herrera, Camilo, uno de los jefes de la odin llamada Trianón, la cual tiene injerencia en las comunas medellinenses 7, 11, 12 y 13. Un informe de inteligencia lo ubica como un ex policía de élite que sirvió 17 años a la institución como comando jungla y que acabó cooptado por La Oficina.
El reporte señala que el exoficial sucedió a Carlos Pesebre en esa organización y “trabaja con los mexicanos del Cártel de Sinaloa”. Por un error procesal –que está siendo investigado–, la fiscalía dejó libre al delincuente el pasado 19 de noviembre.
“Lo vamos a volver a capturar”, pronostica Garzón, quien sostiene que la policía colombiana ha acumulado mucha experiencia y capacidades para atacar los fenómenos criminales y reducir la violencia y delitos de gran impacto social, como los homicidios.
Diferentes organizaciones sociales han documentado que la disminución de homicidios en la ciudad es producto del Pacto del Fusil y no de una política integral de seguridad.
En 2009, cuando la guerra entre Valenciano y Sebastián vivía uno de sus puntos más candentes, Medellín tuvo 2 mil 187 asesinatos, uno cada cuatro horas, en promedio. Desde entonces la cifra ha bajado sostenidamente a un ritmo de más de 10% cada año. En 2012 hubo mil 251 homicidios y entre enero y noviembre pasados 859, lo cual hace prever que este año habrá menos de mil, el índice más bajo desde 2007.
Para el secretario de Seguridad de Medellín, Iván Darío Sánchez Hoyos “afirmar que por el supuesto pacto tenemos una reducción importante de homicidios es completamente descabellado porque los números hablan por sí mismos. Hay una tendencia a la baja que viene muy marcada desde el año pasado (entre 2011 y 2012 ese delito cayó 24.1%)”.
Medellín es la ciudad colombiana que más invierte en seguridad. Al presupuesto de la policía y los organismos de justicia –proveniente del gobierno nacional– el municipio adicionará el año próximo unos 90 millones de dólares que se emplearán en tecnología, logística y prevención del crimen. “Nosotros contribuimos con más presupuesto y articulamos el trabajo de la policía y la fiscalía”, indica Sánchez Hoyos.
Ciclos
Quijano señala que Medellín ha vivido ciclos de paz y violencia y periódicos ajustes del crimen organizado:
“En esta etapa lo que podemos apreciar es que Los Urabeños se ven más fortalecidos porque dominan las rutas del tráfico internacional de drogas y son quienes tienen el mayor contacto con los cárteles mexicanos. La Oficina se dedicará más al mercado local, a la extorsión, al microtráfico, y les dará un porcentaje del negocio a cambio de llevar una comisión en algunos embarques de droga. Ahora son socios pero podríamos estar a las puertas de que exista un único patrón en Medellín y el Valle de Aburrá. Ese patrón serían Los Urabeños.”
Según el presidente de la Corpades, Los Urabeños “son una mezcla de empresa mafiosa y ejército criminal y son los dueños de las rutas más rentables. A la Oficina le conviene negociar con ellos. Es lo que estamos viendo”.
Arcila advierte que si bien los homicidios han disminuido de manera importante en la ciudad, como las balaceras en los barrios, los asesinatos selectivos van en aumento, lo cual revela que las odin y los combos ajustan cuentas con mayor discreción.
“Es evidente que no quieren llamar la atención porque vienen de un periodo de mucho desgaste”, asegura.
El abogado y activista humanitario considera que el Pacto del Fusil debe aprovecharse para lograr acuerdos de mayor alcance social entre los grupos criminales, como su compromiso para dejar de utilizar niños en sus negocios, sea como sicarios o distribuidores de drogas.
El arzobispo de Medellín, Ricardo Tobón, convocó el pasado 4 de octubre a una jornada de oración por la paz a la cual se sumaron La Oficina y Los Urabeños, que repartieron camisetas blancas en las comunas con el lema “Antioquia sin fronteras”. Las iglesias se abarrotaron de jóvenes que las portaban. Antioquia es el departamento (estado) al cual pertenece Medellín, y “sin fronteras” alude a los límites invisibles en los barrios antes del Pacto del Fusil para delimitar los territorios de los combos. Cruzarlos equivalía a una condena de muerte.
Arcila es escéptico: “Estas treguas son muy frágiles”.
miércoles, 18 de diciembre de 2013
LA POLICÍA MARCHA EN MICHOACÁN
Federales piden paz en Michoacán: participan en marcha contra la violencia
Por primera vez en la historia de Michoacán, elementos de la Policía Federal destacados en el estado y de la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad, encabezados por sus titulares, Teófilo Gutiérrez Zúñiga y el general Alberto Reyes Vaca, respectivamente, se sumaron a una marcha contra la delincuencia organizada.
Los mandos de las policías estatal y federal se vistieron de blanco para sumarse a la manifestación en favor de la paz, convocada por Luisa Estela León Marín, presidenta de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en el estado.
La protesta contra la violencia, en la que también participó el arzobispo Alberto Suárez Inda, se realizó en un contexto en el que en las últimas 24 horas fueron asesinadas cinco personas en diferentes hechos en la capital michoacana.
En la marcha se homenajeó a los elementos de diversas corporaciones policíacas caídos en el combate contra la delincuencia.
Hay que aplicar todos los recursos posibles, siempre que sean buenos, sanos. No todo se gana con disparos ni mucho menos, hay muchas formas y ésta es una de ellas (la manifestación)”, expuso ante los asistentes el secretario de Seguridad Pública del estado.
Marchan jefes policíacos
El secretario de Seguridad Pública de Michoacán Alberto Reyes Vaca, y Teófilo Gutiérrez Zúñiga, coordinador de la Policía Federal en la entidad, marcharon por la avenida principal de la capital michoacana para pedir por la paz y en memoria de los policías caídos en el combate a la delincuencia.
Los máximos mandos de las policías federal y estatal se vistieron de blanco para sumarse a la manifestación convocada por empresarios aglutinados en la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
En la capital michoacana representantes del sector empresarial, así como el titular de la Secretaría de Seguridad Pública en el estado y el comisario de la Policía Federal en la entidad encabezaron una marcha por la paz y para homenajear de manera póstuma a los elementos de diversas corporaciones policiacas caídos en el combate contra la delincuencia.
Por primera ocasión en Michoacán, autoridades del orden y sociedad civil organizada marcharon en pro de la seguridad en el estado.
Soldados y policías federales empezaron a congregarse en la fuente de Las Tarascas alrededor de las 16:45 horas, y en punto de las 17:00 horas iniciaron su caminar sobre la avenida Madero.
Ante la mirada de ciudadanos de todos los estratos económicos que circulaban por la principal avenida de Morelia, los contingentes se abrieron paso con la banda de guerra y el ensamble de alientos de la Secretaría de Seguridad Pública, que marcaban el paso de las agrupaciones de elementos de la Policía Federal y Estatal.
Al frente del último contingente iba el secretario de Seguridad Pública, el general Brigadier Alberto Reyes Vaca, quien en esta ocasión no portó uniforme militar o el de la Policía Federal, se unió a la causa y vistió una guayabera blanca, color que predominó entre los participantes de la marcha; por su parte, el comisario de la Policía Federal, Teófilo Gutiérrez Zúñiga también usó una camisola blanca con las insignias correspondientes.
Al arribar a la plaza principal Melchor Ocampo, la columna ya era esperada por la Orquesta Sinfónica de la SSP, que sólo entonó dos piezas musicales: el Himno Nacional y un réquiem por los caídos a causa de la inseguridad pública.
Las autoridades y representantes del sector empresarial realizaron una breve ceremonia a la que se unió el arzobispo de Morelia, Alberto Suárez Inda.
Como parte del ceremonial fúnebre elementos de la Policía Federal lanzaron al aire disparos de salva y posteriormente se realizó un minuto de silencio en honor de los policías estatales, municipales y federales caídos en cumplimiento de su deber.
Piden más coordinación
Durante su discurso Luisa Estela León Marín, presidenta de laConfederación Patronal de la República Mexicana en la entidad y organizadora de la marcha, señaló que se pretende trabajar en coordinación con las corporaciones policiacas para lograr combatir el principal flagelo que azota a Michoacán, así como reconocer a los oficiales municipales, estatales y federales en su labor, “representa mucho para los michoacanos el que se hable de una comunión, se hable de un trabajo en equipo, se hable de que hay esa coordinación y comunicación es algo muy importante para nosotros”.
El titular de la Secretaría de Seguridad Pública indicó que no sólo con las armas se hace frente a la inseguridad, también con actos donde participa la sociedad civil.
“Hay que aplicar todos los recursos posibles, siempre que sean buenos, sanos, no todo se gana con disparos ni mucho menos hay muchas formas y ésta es una de ellas”, señaló el general Reyes Vaca.
Agregó que también se pretende recuperar la confianza de los ciudadanos en las corporaciones policiacas y cambiar la percepción de inseguridad en la que está catalogada Michoacán.
Reconoció que la inédita manifestación surgió de la sociedad civil, representada por las cámaras empresariales, y él aceptó participar porque es una forma de lograr una mejor vinculación entre las instancias que brindan seguridad y la población civil.
Dijo que durante el segundo semestre de 2013, la Federación y el gobierno de Michoacán avanzaron sustancialmente en los trabajos de capacitación y depuración de los cuerpos policiales, por lo que confió en que el año venidero habrá mejores resultados en las acciones que despliegan en beneficio social.
Durante el homenaje póstumo, el arzobispo de Morelia, Alberto Suárez Inda, llamó a la población michoacana a reconstruir el tejido social para lograr la tranquilidad en la entidad, “sabemos que nos duele mucho la sangre derramada y nuestra patria se encuentra dispersa por el miedo, pero debemos alentar la esperanza de que con la colaboración de todos con el respeto a los más débiles podemos reconstruir esta paz y esta fraternidad”.
También solicitó a los oficiales policiacos a no ser cómplices de actos delictivos y no dejarse corromper, “tenemos que esperar para que se den resultados y también las fuerzas armadas tienen que estar cada día capacitándose y depurándose para no dejarse contaminar por las tentaciones, ser cómplice, la vocación de un policía, de un soldado, de todo ciudadano es vivir conforme a la conciencia”.
Al concluir el acto fueron lanzados globos blancos y palomas, mientras que en Catedral repicaron las campanas.
Coparmex da espaldarazo
Luisa Estela León Marín, presidenta de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Michoacán, explicó que el objetivo de la caminata que se llevó a cabo ayer en la ciudad de Morelia, Michoacán, es destacar y reconocer la labor que realizan las corporaciones encargadas de la seguridad en el estado, y estrechar vínculos entre autoridades y ciudadanía.
En entrevista para Excélsior Televisión con Pascal Beltrán del Río, la empresaria consideró que es fundamental que la sociedad tenga confianza y conviva más con las fuerzas del orden, “porque sabemos que la unidad nos hace fuertes, y eso es lo que pretendemos”.
Mencionó que si bien, la caminata fue convocada por la Coparmex en Michoacán, a ésta no sólo asistieron empresarios, sino que además se sumaron representantes sociales y ciudadanos “de a pie”.
En ese sentido, nosotros creemos que la convocatoria fue correcta y la asistencia fue nutrida”, sostuvo Luisa Estela León Marín, quien describió que el ambiente que se vivió ayer en la capital michoacana fue de fiesta y orgullo.
No descartó que en un futuro se lleven a cabo movilizaciones ciudadanas en otros municipios de la entidad, sobre todo por la importancia que representa para la sociedad el fortalecimiento del vínculo con las autoridades encargadas de la seguridad.
Asimismo, aclaró que la caminata no tuvo como propósito denostar la labor que realizan las corporaciones policiacas ni denunciar a los grupos de la delincuencia organizada.
No estamos yendo en contra de nadie —definitivamente— y no es solamente que hablemos del tema de la inseguridad ante la delincuencia organizada, hay otro tipo de delitos del fuero común, incluso faltas administrativas y que todo eso afecta.”
Precisó que no están marcando una tendencia, sino simplemente están pidiendo a la ciudadanía unidad, y estamos pidiendo también la observancia de la ley para que todos podamos vivir dentro de un Estado de derecho, agregó.
Resurge la ola de violencia; matan a 5
Durante las últimas 24 horas, la violencia se ha recrudecido en la capital michoacana al registrarse el asesinato de cinco personas, entre ellas una mujer.
El primer hecho se suscitó sobre la carretera que conduce a Morelia con la localidad de Chiquimitío, donde el cuerpo de un hombre, de 53 años, dedicado a la venta y compra de chatarra fue abandonado.
Según versión de familiares, un grupo de sujetos interceptó al comerciante y lo obligaron a abordar una camioneta, minutos después apareció muerto.
En la colonia Felícitas del Río en la capital michoacana, un par de hombres a bordo de una motocicleta dispararon en múltiples ocasiones contra un ciudadano identificado como Manuel Trujillo, en el lugar de los hechos se encontraron ocho cascajos percutidos.
Un par de horas después, en un restaurante fueron ultimados tres personas más, dos varones y una mujer identificados como los propietarios del negocio.
Información proporcionada por clientes, señalaron que dos sujetos entre los 19 a 20 años de edad, descendieron de un vehículo y sin mediar palabra detonaron sus armas contra los comerciantes.
De acuerdo con las autoridades, hasta el momento se no se tiene indicios sobre los responsables de los cinco asesinatos; sin embargo, ya se encuentran investigando.
NARCOTRAFICO Y TERRITORIOS INDIGENAS EN AMERICA LATINA
El narcotráfico somete mano de obra y territorios indígenas de América Latina
17 de Diciembre de 2013
"El asedio del narcotráfico sobre los pueblos indígenas, actúa desde México hasta Argentina. El narcotráfico, no solo busca su propio negocio; sino que, se constituye en fuerzas paramilitares ilegales de empresarios y gobierno al mismo tiempo. Por un lado el narcotráfico utiliza como mano de obra servil a los indígenas en la producción de cocaína en los laboratorios y en segundo plano los indígenas son sometidos a relaciones de esclavitud en los pisaderos de coca, llevando un ciclo de vida corta con fuertes adicciones al "basuco", "paco" o como se llame en cada país a las adulteraciones de la cocaína; entonces, surge una doble servidumbre, como es el caso de algunas comunidades indígenas de Perú". Explicó para la revista Tukari el doctor en ciencia política por la Universidad de Belgrano, Norberto Emmerich.
"El narco no es un actor aislado en la disputa por los territorios indígenas en América Latina; estos, están asediados también por el ejército, los taladores de madera, los emprendimientos mineros, petrolíferos y explotaciones capitalistas avanzadas que no les interesan los pueblos indígenas sino su territorio". Detalló el investigador argentino invitado por el Conacyt (México) en el Posgrado en Estudios Sociales de la Universidad Autónoma Metropolitana, Distrito Federal, México.
"Desde el punto de vista de las estadísticas del gobierno, estos hechos no existen porque no son ciudadanos en términos del padrón electoral, son fenómenos marginales y poco vistos, lo que hace categorías de marginación: la propia academia no estudia el tema, queda militarizado dependiente de la política exterior norteamericana, con una visión europeizante y urbana en contra de una visión rural indígena, las economías no contemplan a estas poblaciones, esto genera una catarata de problemas que hacen que sea muy difícil luchar contra esta situación. La lucha de los indios nasa en Colombia es una lucha muy específica, pero en la mayoría de los casos son derrotas aplastantes". Puntualizó Norberto Emmerich.
"Los indígenas tarahumaras en la sierra de Chihuahua, México, están siendo sometidos como los purépechas de Michoacán y los wixaritari en el norte de Jalisco; y el problema va creciendo en este país. Sin embargo no hay mucha presión porque México no es un lugar preponderante de cultivo. Existen cultivos de amapola pero no hay fuertes cultivos de coca, como los hay en los Andes de Bolivia, Perú, Colombia y ahora la Amazonia Brasilera", mencionó el también investigador del Centro Argentino de Estudios Internacionales (CAEI).
"La respuesta de los pueblos indígenas es muy atomizada, porque todos están marginados unos de los otros, no forman parte de federaciones. Incluso en los casos indígenas de las Coordinadoras Nacionales como Ecuador, esta temática está orientada más a presiones sobre el gobierno central que a la defensa de la territorialidad indígena contra el narco. Es un problema complejo que apenas se está empezando a desarrollar". Enfatizó Emmerich y finalizó:
"Las posible soluciones vienen del lado de la organización de los pueblos indígenas, reclamando no tanto respeto a sus derechos; sino, reclamando el cumplimiento de los derechos que se tienen que adquirir, que no están sancionados, como el respeto a la territorialidad, a las costumbres indígenas, a su propia economía y su inserción en la economía nacional, con mercados y precios acordes a una forma de inclusión a la economía capitalista que obligue al estado a defender sus territorios por conveniencia. Esto es un problema de discusión política incluso con los propios pueblos indígenas que tienden más a una reserva sociocultural que a una demanda de inclusión en la economía capitalista; esta es una discusión muy profunda que tiene que ver con cuestiones hasta antropológicas, pero creo que solo se puede salir victorioso empujando hacia delante, no reservándose en lo ancestral porque lo ancestral solo puede resolverse yendo hacia adelante".
Informó: R. Michelle Pérez
17 de Diciembre de 2013
"El narco no es un actor aislado en la disputa por los territorios indígenas en América Latina; estos, están asediados también por el ejército, los taladores de madera, los emprendimientos mineros, petrolíferos y explotaciones capitalistas avanzadas que no les interesan los pueblos indígenas sino su territorio". Detalló el investigador argentino invitado por el Conacyt (México) en el Posgrado en Estudios Sociales de la Universidad Autónoma Metropolitana, Distrito Federal, México.
"Desde el punto de vista de las estadísticas del gobierno, estos hechos no existen porque no son ciudadanos en términos del padrón electoral, son fenómenos marginales y poco vistos, lo que hace categorías de marginación: la propia academia no estudia el tema, queda militarizado dependiente de la política exterior norteamericana, con una visión europeizante y urbana en contra de una visión rural indígena, las economías no contemplan a estas poblaciones, esto genera una catarata de problemas que hacen que sea muy difícil luchar contra esta situación. La lucha de los indios nasa en Colombia es una lucha muy específica, pero en la mayoría de los casos son derrotas aplastantes". Puntualizó Norberto Emmerich.
"Los indígenas tarahumaras en la sierra de Chihuahua, México, están siendo sometidos como los purépechas de Michoacán y los wixaritari en el norte de Jalisco; y el problema va creciendo en este país. Sin embargo no hay mucha presión porque México no es un lugar preponderante de cultivo. Existen cultivos de amapola pero no hay fuertes cultivos de coca, como los hay en los Andes de Bolivia, Perú, Colombia y ahora la Amazonia Brasilera", mencionó el también investigador del Centro Argentino de Estudios Internacionales (CAEI).
"La respuesta de los pueblos indígenas es muy atomizada, porque todos están marginados unos de los otros, no forman parte de federaciones. Incluso en los casos indígenas de las Coordinadoras Nacionales como Ecuador, esta temática está orientada más a presiones sobre el gobierno central que a la defensa de la territorialidad indígena contra el narco. Es un problema complejo que apenas se está empezando a desarrollar". Enfatizó Emmerich y finalizó:
"Las posible soluciones vienen del lado de la organización de los pueblos indígenas, reclamando no tanto respeto a sus derechos; sino, reclamando el cumplimiento de los derechos que se tienen que adquirir, que no están sancionados, como el respeto a la territorialidad, a las costumbres indígenas, a su propia economía y su inserción en la economía nacional, con mercados y precios acordes a una forma de inclusión a la economía capitalista que obligue al estado a defender sus territorios por conveniencia. Esto es un problema de discusión política incluso con los propios pueblos indígenas que tienden más a una reserva sociocultural que a una demanda de inclusión en la economía capitalista; esta es una discusión muy profunda que tiene que ver con cuestiones hasta antropológicas, pero creo que solo se puede salir victorioso empujando hacia delante, no reservándose en lo ancestral porque lo ancestral solo puede resolverse yendo hacia adelante".
Informó: R. Michelle Pérez
sábado, 23 de noviembre de 2013
DESCUBREN NARCOFOSAS EN TIJUANA
4 narcofosas en Tijuana en 20 días
http://www.uniradioinforma.com/noticias/policiaca/articulo236159.html
En los últimos 20 días autoridades federales han localizado 4 narcofosas en la periferia de Tijuana, que esconden cuerpos calcinados y que no tienen relación con los actos de Santiago Meza El Pozolero, informó el presidente de Asociación Unidos por los Desaparecidos de Baja California, Fernando Ocegueda.
http://www.uniradioinforma.com/noticias/policiaca/articulo236159.html
Explicó que los occisos fueron tirados a un barranco, para luego colocarles llantas y prenderles fuego “una vez calcinados hay más tierra y sobre ellos hay más cuerpos y más llantas”.
Sostuvo que los 4 puntos fueron situados tras la salida del ex procurador de Justicia Rommel Moreno Manjarrez.
Mencionó que 1 de las narcofosas está localizada al Este de Tijuana.
Al ser cuestionado a qué Cártel atribuía los asesinados, respondió:
“Estos casos son del 2007-2010, bueno, como a raíz de la balacera del 2008 en el Cañaveral, yo pienso que todas esas gentes son de un sólo Cártel de los Arellano Félix y después dirigido por Teodoro García Simental aliado al Cártel de Sinaloa”.
viernes, 22 de noviembre de 2013
NARCO CULTURA, EL DOCUMENTAL
El documental Narco Cultura, del periodista Shaul Schwarz, con localidades agotadas en cada exhibición en la Berlinale, explora la cultura marginal en Ciudad Juárez y denuncia el absurdo de la guerra contra las drogas.Mientras El Paso, Texas, con 5 homicidios en 2010, fue declarada ese año la ciudad más segura de Estados Unidos, del otro lado de la frontera, en Ciudad Juárez, Chihuahua, el número de muertos creció a un ritmo exponencial. En el 2007 fueron registrados 320 homicidios, tres años después hubo 3.622 asesinatos. "He estado en muchos lugares en conflicto como Afganistán, Gaza, pero la intensidad en Ciudad Juárez no tiene igual. Son unos cuantos pasos los que la separan de El Paso, pero es como entrar en el infierno", afirma Shaul Schwarz en conversación con DW.
El periodista de guerra sigue con su cámara a Richie Soto, un oficial del Servicio Médico Forense (Semefo), que le ayuda a documentar la ensangrentada realidad de los juarenses. Se ve a madres desconsoladas que gritan y luchan contra oficiales que no las dejan pasar a una escena del crimen. Ellas temen que sus hijos están entre los muertos. El espectador es testigo del dolor, la violencia y el miedo con el que vive la población de una ciudad cuyas calles se ven vacías. "Muchos compañeros renunciaron a su puesto por miedo, por la inseguridad", cuenta Richie Soto, que enseña una fotografía que muestra a compañeros suyos que fueron asesinados.
Las imágenes contrastan con el segundo protagonista de la cinta, el cantante de narco corridos Edgar Quintero, que contribuye con su trabajo a idealizar a los narcotraficantes. "Los clientes piden y pagan y yo les traigo el encargo", canta burlonamente subido en un automóvil con vidrios oscuros. Quintero cuenta que estuvo en la cárcel. "Mi hijo tiene 2 años y mi hija tiene dos meses y tengo que pensar en el futuro", dice ante la cámara.
"Tanto Richie como Edgar, no están vinculados con la guerra directamente. Ellos representan a los cientos de miles de personas inocentes que están implicadas en el conflicto. Edgar incluso está aprendiendo a glorificar a los narcos", dice Schwarz, cuyo documental fue estrenado en el festival de cine independiente de Sundance, antes de tener su estreno europeo en Berlín.
LOS CABALLEROS TEMPLARIOS EN EL SENADO DE LA NACION
Asegura Luisa María Calderón que ella pidió que no se hablara con los
templarios
La confirmación de que integrantes del grupo criminal
Caballeros templarios se reunieron con legisladores el pasado 17 de
octubre provocó revuelo y posturas contradictorias en el Senado. La panista
Luisa María Calderón reiteró que ella pidió que no se llevara a cabo el
encuentro, autorizado por el presidente de la mesa directiva, Raúl
Cervantes.
Tanto Cervantes como el coordinador de los senadores del PRI, Emilio Gamboa
Patrón, respondieron que ella debió haber presentado la denuncia, en caso de que
tuviera pruebas de que el grupo de michoacanos que pidió ser atendido para
tratar un tema de seguridad eran en realidad templarios.Asimismo, Gamboa Patrón rechazó que el Senado esté infiltrado por el crimen organizado.
La senadora Calderón reveló que uno de los ciudadanos con los que se reunieron –el jueves 17 de octubre– ella y otros legisladores es el director del Conalep de Apatzingán, Juan Pozos Mancilla, quien forma parte de los Caballeros templarios. Relató que ese día estaba en su escaño, en plena sesión, cuando un enviado de la mesa directiva le pidió que recibiera a representantes de un grupo de 300 personas que venían de Apatzingán y realizaban un mitin fuera del recinto de Reforma e Insurgentes.
Agregó que no le dieron nombres y, sin saber de quién se trataba, ella, el presidente de la Comisión de Seguridad, Omar Fayad, y los senadores Raúl Morón y María del Rocío Pineda Gochi –los dos últimos de Michoacán– salieron a atenderlos en las salas 3 y 4. Al recibirlos, uno de ellos dijo: ‘‘Es que desde que el presidente Calderón nos declaró la guerra...’’ Además, cuando se fueron presentando, los nombres ‘‘le sonaron’’ a la panista. Salieron de la reunión porque debían ir a votar y después sólo regresó Fayad, ya que los demás legisladores informaron quiénes eran los visitantes a sus coordinadores, los que ya no les permitieron continuar con ese encuentro.
Luisa María Calderón agregó que Fayad se comprometió a informar de lo ocurrido al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Ella no lo hizo personalmente porque, dijo, el secretario ‘‘debe estar muy ocupado’’ y por tanto no le quedó más remedio que ventilar el hecho públicamente, ‘‘porque Michoacán está que arde’’.
Por su parte, el coordinador panista en el Senado, Jorge Luis Preciado,
adelantó que va a pedir una investigación a fondo y coincidió con Calderón
Hinojosa en que el mismo día 17 de octubre, en que el grupo estaba en la Cámara,
le notificaron tanto a Fayad como a Gamboa que los visitantes no eran ciudadanos
de Apatzingán, como se habían anunciado, sino presuntos Caballeros
templarios.
En entrevista aparte, Gamboa Patrón respondió que desconoce si Fayad lo hizo del conocimiento de Osorio Chong e insistió en que la senadora Luisa María Calderón debió presentar la denuncia si tenía confirmado que eran integrantes del crimen organizado.
El senador priísta yucateco recalcó que él no acudió a las autoridades porque no tenía confirmado que se tratara de gente de los templarios y recalcó que el Senado está obligado constitucionalmente a recibir a los ciudadanos que lo soliciten.
El presidente del Senado, el también priísta Raúl Cervantes, agregó que ‘‘sin pruebas se trata sólo de sospechas’’, pero dejó abierta la posibilidad de dar vista de la situación a las autoridades judiciales, luego de allegarse más información.
‘‘Lo que no hará el Senado es cerrar las puertas a quienes piden de buena fe ser escuchados, ya que sería violatorio de los derechos humanos”.
En entrevista aparte, Gamboa Patrón respondió que desconoce si Fayad lo hizo del conocimiento de Osorio Chong e insistió en que la senadora Luisa María Calderón debió presentar la denuncia si tenía confirmado que eran integrantes del crimen organizado.
El senador priísta yucateco recalcó que él no acudió a las autoridades porque no tenía confirmado que se tratara de gente de los templarios y recalcó que el Senado está obligado constitucionalmente a recibir a los ciudadanos que lo soliciten.
El presidente del Senado, el también priísta Raúl Cervantes, agregó que ‘‘sin pruebas se trata sólo de sospechas’’, pero dejó abierta la posibilidad de dar vista de la situación a las autoridades judiciales, luego de allegarse más información.
‘‘Lo que no hará el Senado es cerrar las puertas a quienes piden de buena fe ser escuchados, ya que sería violatorio de los derechos humanos”.
martes, 19 de noviembre de 2013
ASÍ FUNCIONA EL NARCO EN LA ARGENTINA: "LOS GARDELITOS"
Los Gardelitos: Las bandas narco pisan fuerte en el Conurbano
http://www.urgente24.com/221019-los-gardelitos-las-bandas-narco-pisan-fuerte-en-el-conurbano
Bandas de narcos como Los Monos o Los Garompas (de Rosario) han florecido en el conurbano bonaerense al calor del consumo de estupefacientes: en la zona norte del Gran Buenos Aires una banda llamada Los Gardelitos opera en diferentes villas de San Martín y San Isidro respondiendo principalmente a dos grandes proveedores que mantienen arreglos para conseguir protección. Los Gardelitos cuentan con una organización sofisticada y alianzas en el extranjero.
Los Gardelitos ya no manejan directamente ningún puesto de venta de drogas (tal como hicieron en la década de los 90 para construir el poder) enquistados en una decena de asentamientos de la zona Norte del Gran Buenos Aires. Ahora, según investigaciones, tienen dos divisiones bien definidas. Por un lado producen cocaína de alta calidad que sería traficada a Europa en sociedad con bandas colombianas. Estas "cocinas" estarían diseminadas en casas de barrios privados o quintas, para lo que utilizan pasta base que "importan" desde Bolivia y Perú. El otro grupo, que también depende de El Tucumano, elabora cocaína más barata, con no más del 25 o 30% de pureza, que es entregada a los capos barriales.
El fenómeno del narcotráfico está ampliamente extendido por todo el país. La falta de controles fronterizos, las alianzas permisivas en ciertos aspectos con algunos países vecinos y el caldo de cultivo de pobreza más corrupción hacen del conurbano bonaerense un escenario similar al del sur de Rosario, donde la banda Los Monos controla el tráfico de drogas de toda la ciudad y mantiene atemorizada a la población a fuerza de balas.
En la zona Norte del conurbano bonaerense, al abrigo de los consumidores con mayor poder adquisitivo, ha ido creciendo con los años una banda que funciona de manera corporativa, organizada y de manera muy similar a la de las bandas narcos mexicanas o colombianas. Incluso cuentan con alianzas en el extranjero, tanto para importar como para exportar sustancias.
En la zona Norte del Gran Buenos Aires, especialmente en los partidos de San Martín y San Isidro, esta actividad es manejada por varios capos, que a su vez responden a dos proveedores que tendrían fuertes lazos con algunos sectores policiales de distintas fuerzas, asegura el Diario Popular.
Serían esos dos proveedores los que se encargan religiosamente del 1 al 5 de cada mes, de pagar la "prote", tal como le dicen a la coima que abonan para no ser "molestados". Aunque, cabe aclarar, eso no les garantiza una impunidad absoluta, debido a que no todo se puede comprar.
Según distintas fuentes, los grandes proveedores serían dos hombres apodados Piturro y El Tucumano. El primero está preso y el otro es quien actualmente ostentaría el poder absoluto en el negocio que se ha expandido, especialmente, en los asentamientos del partido de San Martín y San Isidro. Con raíces en la provincia norteña, este personaje heredó una conocida banda narco denominada Los Gardelitos.
Gardelitos
Los Gardelitos ya no manejan directamente ningún puesto de venta de drogas (tal como hicieron en la década de los 90 para construir el poder) enquistados en una decena de asentamientos de la zona Norte del Gran Buenos Aires. Ahora, según investigaciones, tienen dos divisiones bien definidas. Por un lado producen cocaína de alta calidad que sería traficada a Europa en sociedad con bandas colombianas. Estas "cocinas" estarían diseminadas en casas de barrios privados o quintas, para lo que utilizan pasta base que "importan" desde Bolivia y Perú. El otro grupo, que también depende de El Tucumano, elabora cocaína más barata, con no más del 25 o 30% de pureza, que es entregada a los capos barriales.
En San Martín, la cocaína barata (cuya dosis oscilaría entre los 50 y los 100 pesos), la comercializan punteros inmersos en los barrios Los Paraguayos, Loyola, Cárcova, Korea, La Rana, Itatí, 9 de Julio, entre otros. En tanto que la villa 18, que históricamente manejó el ahora detenido Miguel Angel "Mameluco" Villalba, estaría liderada por un tal "Bam-Bam".
Los mismos proveedores de San Martín tendrían también el control de la venta que se desarrollaría en los barrios La Cava y Uruguay, de San Isidro. Cabe aclarar que en cada asentamiento existe un capo que actúa en forma independiente, aunque tiene la "obligación" de comprar la sustancia al mismo proveedor que, a la postre, sería el máximo dueño del negocio. Allí radicaría la importancia de El Tucumano.
El fenómeno de "favelización" que se está dando en distintas zonas del Gran Buenos Aires ha llevado a que en cada zona se haya conformado una verdadera organización delictiva con una estructura definida. Según las fuentes, trabajarían en dos turnos diarios de 12 horas, con los "dealers" (vendedores), "soldaditos" (jóvenes armados encargados de la seguridad) y los "isas" que son aquellos que tienen que vigilar los alrededores y avisar ante un movimiento extraño.
El negocio ilegal es tan productivo que, a modo de ejemplo, un vocero con acceso a una de las decenas de causas que se instruyen tanto en juzgados federales como provinciales, comentó: "Hace un tiempo pudimos infiltrar a un informante, quien nos contó que en una villa de San Martín, de lunes a jueves la recaudación era de 80 mil pesos por turno (hay dos turnos por día), mientras que de viernes a domingos la venta aumenta a 120 mil pesos".
El complejo entramado que une a capos, proveedores y empleados se ha convertido en un dramático fenómeno que preocupa a los investigadores. La realidad indica que el narcotráfico se ha instalado en el país.
Investigando a Los Monos
Entretanto, la Justicia de Santa Fe investiga si más de doce viviendas atribuidas a la familia Cantero, cuyos integrantes lideran la banda de Los Monos, fueron adquiridas o construidas con fondos sin origen lícito demostrable. En ese caso, las propiedades podrían ser objeto de decomiso para su posterior subasta en caso de que la causa penal contra los miembros del clan del barrio Las Flores avance hacia condenas o bien se determine, en causas autónomas por lavado de dinero, el origen ilegal de los bienes. Estas casas, diseminadas por distintas localidades del departamento Rosario, suponen un patrimonio varias veces millonario que se presume ligado al blanqueo de activos procedente de delitos.
La posición del cuerpo de fiscales que trabaja en la causa penal es que todos estos inmuebles deben quedar sujetos a decomiso por vía de la investigación penal. Si las personas a las que se atribuye la posesión de esas propiedades resultan sancionadas, las mismas serán expropiadas según el artículo 23 del Código Penal por estar relacionados esos bienes con la secuencia de delitos que aún se investigan.
Pero aún sin la condena por el delito precedente, esas propiedades podrán terminar decomisadas. Si en función de los indicios reunidos en la investigación aparece la evidencia de lavado de dinero no se necesita una condena previa por los delitos que produjeron ese dinero. Evidencias tales como escuchas telefónicas, informes de entidades de bienes registrables y testimonios pueden implicar que se invierta la carga de la prueba porque se los presume de procedencia ilícita. En ese caso los dueños de esos bienes son quienes deberán demostrar cómo los obtuvieron.
http://www.urgente24.com/221019-los-gardelitos-las-bandas-narco-pisan-fuerte-en-el-conurbano
Los Gardelitos ya no manejan directamente ningún puesto de venta de drogas (tal como hicieron en la década de los 90 para construir el poder) enquistados en una decena de asentamientos de la zona Norte del Gran Buenos Aires. Ahora, según investigaciones, tienen dos divisiones bien definidas. Por un lado producen cocaína de alta calidad que sería traficada a Europa en sociedad con bandas colombianas. Estas "cocinas" estarían diseminadas en casas de barrios privados o quintas, para lo que utilizan pasta base que "importan" desde Bolivia y Perú. El otro grupo, que también depende de El Tucumano, elabora cocaína más barata, con no más del 25 o 30% de pureza, que es entregada a los capos barriales.
El fenómeno del narcotráfico está ampliamente extendido por todo el país. La falta de controles fronterizos, las alianzas permisivas en ciertos aspectos con algunos países vecinos y el caldo de cultivo de pobreza más corrupción hacen del conurbano bonaerense un escenario similar al del sur de Rosario, donde la banda Los Monos controla el tráfico de drogas de toda la ciudad y mantiene atemorizada a la población a fuerza de balas.
En la zona Norte del conurbano bonaerense, al abrigo de los consumidores con mayor poder adquisitivo, ha ido creciendo con los años una banda que funciona de manera corporativa, organizada y de manera muy similar a la de las bandas narcos mexicanas o colombianas. Incluso cuentan con alianzas en el extranjero, tanto para importar como para exportar sustancias.
En la zona Norte del Gran Buenos Aires, especialmente en los partidos de San Martín y San Isidro, esta actividad es manejada por varios capos, que a su vez responden a dos proveedores que tendrían fuertes lazos con algunos sectores policiales de distintas fuerzas, asegura el Diario Popular.
Serían esos dos proveedores los que se encargan religiosamente del 1 al 5 de cada mes, de pagar la "prote", tal como le dicen a la coima que abonan para no ser "molestados". Aunque, cabe aclarar, eso no les garantiza una impunidad absoluta, debido a que no todo se puede comprar.
Según distintas fuentes, los grandes proveedores serían dos hombres apodados Piturro y El Tucumano. El primero está preso y el otro es quien actualmente ostentaría el poder absoluto en el negocio que se ha expandido, especialmente, en los asentamientos del partido de San Martín y San Isidro. Con raíces en la provincia norteña, este personaje heredó una conocida banda narco denominada Los Gardelitos.
Gardelitos
Los Gardelitos ya no manejan directamente ningún puesto de venta de drogas (tal como hicieron en la década de los 90 para construir el poder) enquistados en una decena de asentamientos de la zona Norte del Gran Buenos Aires. Ahora, según investigaciones, tienen dos divisiones bien definidas. Por un lado producen cocaína de alta calidad que sería traficada a Europa en sociedad con bandas colombianas. Estas "cocinas" estarían diseminadas en casas de barrios privados o quintas, para lo que utilizan pasta base que "importan" desde Bolivia y Perú. El otro grupo, que también depende de El Tucumano, elabora cocaína más barata, con no más del 25 o 30% de pureza, que es entregada a los capos barriales.
En San Martín, la cocaína barata (cuya dosis oscilaría entre los 50 y los 100 pesos), la comercializan punteros inmersos en los barrios Los Paraguayos, Loyola, Cárcova, Korea, La Rana, Itatí, 9 de Julio, entre otros. En tanto que la villa 18, que históricamente manejó el ahora detenido Miguel Angel "Mameluco" Villalba, estaría liderada por un tal "Bam-Bam".
Los mismos proveedores de San Martín tendrían también el control de la venta que se desarrollaría en los barrios La Cava y Uruguay, de San Isidro. Cabe aclarar que en cada asentamiento existe un capo que actúa en forma independiente, aunque tiene la "obligación" de comprar la sustancia al mismo proveedor que, a la postre, sería el máximo dueño del negocio. Allí radicaría la importancia de El Tucumano.
El fenómeno de "favelización" que se está dando en distintas zonas del Gran Buenos Aires ha llevado a que en cada zona se haya conformado una verdadera organización delictiva con una estructura definida. Según las fuentes, trabajarían en dos turnos diarios de 12 horas, con los "dealers" (vendedores), "soldaditos" (jóvenes armados encargados de la seguridad) y los "isas" que son aquellos que tienen que vigilar los alrededores y avisar ante un movimiento extraño.
El negocio ilegal es tan productivo que, a modo de ejemplo, un vocero con acceso a una de las decenas de causas que se instruyen tanto en juzgados federales como provinciales, comentó: "Hace un tiempo pudimos infiltrar a un informante, quien nos contó que en una villa de San Martín, de lunes a jueves la recaudación era de 80 mil pesos por turno (hay dos turnos por día), mientras que de viernes a domingos la venta aumenta a 120 mil pesos".
El complejo entramado que une a capos, proveedores y empleados se ha convertido en un dramático fenómeno que preocupa a los investigadores. La realidad indica que el narcotráfico se ha instalado en el país.
Investigando a Los Monos
Entretanto, la Justicia de Santa Fe investiga si más de doce viviendas atribuidas a la familia Cantero, cuyos integrantes lideran la banda de Los Monos, fueron adquiridas o construidas con fondos sin origen lícito demostrable. En ese caso, las propiedades podrían ser objeto de decomiso para su posterior subasta en caso de que la causa penal contra los miembros del clan del barrio Las Flores avance hacia condenas o bien se determine, en causas autónomas por lavado de dinero, el origen ilegal de los bienes. Estas casas, diseminadas por distintas localidades del departamento Rosario, suponen un patrimonio varias veces millonario que se presume ligado al blanqueo de activos procedente de delitos.
La posición del cuerpo de fiscales que trabaja en la causa penal es que todos estos inmuebles deben quedar sujetos a decomiso por vía de la investigación penal. Si las personas a las que se atribuye la posesión de esas propiedades resultan sancionadas, las mismas serán expropiadas según el artículo 23 del Código Penal por estar relacionados esos bienes con la secuencia de delitos que aún se investigan.
Pero aún sin la condena por el delito precedente, esas propiedades podrán terminar decomisadas. Si en función de los indicios reunidos en la investigación aparece la evidencia de lavado de dinero no se necesita una condena previa por los delitos que produjeron ese dinero. Evidencias tales como escuchas telefónicas, informes de entidades de bienes registrables y testimonios pueden implicar que se invierta la carga de la prueba porque se los presume de procedencia ilícita. En ese caso los dueños de esos bienes son quienes deberán demostrar cómo los obtuvieron.
sábado, 16 de noviembre de 2013
viernes, 15 de noviembre de 2013
HABLANDO DE NARCOTRÁFICO, CON CARLOS PAGNI
Odisea Argentina
con Carlos Pagni
Lunes 11 de noviembre de 2013
Canal Metro, Buenos Aires, República Argentina
con Carlos Pagni
Lunes 11 de noviembre de 2013
Canal Metro, Buenos Aires, República Argentina
martes, 12 de noviembre de 2013
"EL NARCOTRÁFICO VA EMPEORANDO PAULATINAMENTE"
El narcotráfico va empeorando paulatinamente
Entrevista con el investigador del Ministerio de Seguridad y especialista en narcotráfico, Norberto Emmerich.
por Enrique de la Calle
http://agenciapacourondo.com.ar/secciones/sociedad/13101-qel-narcotrafico-va-empeorando-paulatinamenteq.html
AGENCIA PACO URONDO: Han aparecido en los medios muchos hechos violentos vinculados con el narcotráfico. ¿Dan cuenta de un fenómeno cada vez más grave en el país?
Norberto Emmerich: El narcotráfico va empeorando paulatinamente pero para ubicarnos más o menos qué significa empeorar, deberíamos tener un diagnóstico de situación de dónde venimos y hasta dónde supuestamente estaríamos yendo. En línea general, Argentina ha sido tradicionalmente, y por muchos años, un país considerado “de tránsito”. Básicamente, de cocaína proveniente de Colombia y muy secundariamente de Bolivia con destino a Europa, y un poco luego, a raíz de los controles sobre los puertos colombianos, con destino a Estados Unidos. Ese status de ya quedó definitivamente en el pasado. El mercado argentino se ha vuelto más complejo: sigue siendo un país de tránsito pero claramente es un país de consumo muy fuerte.
En América Latina, hace unos años, era el segundo consumidor y ahora es un fuerte consumidor de cocaína. Y también, claramente y quizás eso sea lo más preocupante, ahora es un país productor, cada vez se descubren más laboratorios y cocinas de cocaína en los barrios de Buenos Aires y otras ciudades del país.
Por otro lado, está el problema de bandas que pelean entre sí por el control del territorio, como es el caso de Rosario, fuerte penetración territorial del crimen organizado, como pasa en Salta, o como el caso, tal vez poco conocido pero cada vez más claro para los investigadores, de la Ciudad de Buenos Aires.
APU: Resumiendo lo que plantea: pasamos de ser un país sólo de tránsito de droga a constituirnos en un mercado importante para el narcotráfico. ¿Es así? ¿Qué implica eso en términos de la necesaria intervención estatal?
NE: Hay que tener en cuenta que el mercado argentino empieza a ser, desde hace varios años, interesantes básicamente por ser un país alejado de los circuitos de consumo tradicionales que siguen siendo Estados Unidos y Europa. Las crisis económicas que tuvieron los países latinoamericanos en los años 2001/2002, obligaron al narcotráfico a realizar cambios internos para poder seguir subsistiendo. En el caso de Argentina, nace el “paco” como droga alternativa frente a una situación económica sumamente hostil para los sectores más empobrecidos que ya no podían acceder a la cocaína porque se volvió muy cara. El “paco” crea un mercado cada vez más amplio.
En nuestros barrios y en nuestras villas, el consumo de paco crece cada vez más y se vuelve sustentable en el sentido que se acomoda y sostiene un mercado fijo y fuerte, protegido y muy enraizado con fuerzas policiales y demás. Por otro lado, el paco es un tema aparte, no es un tema solo o exclusivamente ligado a la droga, sino que tiene una problemática social y ambiental muy
fuertemente conectada con el tema del consumo.
APU: ¿Cómo se organiza el narcotráfico en Argentina? ¿Son carteles que vienen del exterior, que trasladan sus sistemas de producción al país? ¿Se producen alianzas con productores locales?
NE: Lo que se puede decir es que tenemos intentos reiterados de carteles del exterior, primero colombianos, ahora mexicanos, de entrar en el mercado argentino por el lado de inversiones en campañas políticas en el pasado, pero no han sido muy exitosos. La penetración ha sido casi estrictamente de carácter financiero y no ha tenido demasiada repercusión. Lo que sí hay son carteles nacionales o creados en el país, en manos de población extranjera, tenemos carteles peruanos, paraguayos, colombianos. Algunos de ellos se dedican al tránsito de cocaína al exterior con base en el Puerto de Campana o con base en la isla de Cerrito en el Chaco.
Después tenemos actividades con lo que se llama “menudeo”: se da en nuestras ciudades con fuerte vinculación con fuerzas policiales provinciales. Tenemos además, y eso es lo que está llamando la atención, disputas territoriales muy fuertes en Rosario y ahora en Ciudad de Buenos Aires.
APU: ¿El caso de Rosario es el más grave?
NE: En Rosario se llegó a un punto en el cual la historia deja de ser tan caótica que ni se pueden nombrar personajes, ni grupos ni bandas ni crear un discurso periodístico alrededor del narcotráfico. Ahora se está en un estadio superior donde ya tenemos bandas con nombres, con líderes, una zona específica.
APU: En ese caso ¿Cómo evalúa la respuesta del gobierno santafesino?
NE: La respuesta del gobierno santafesino es bastante específica en dos puntos de vista. En primer lugar, el gobierno tiene problemas en el manejo político de su propia policía, que actúa en forma segmentada y fragmentada frente a la disputa que se da en entre bandas.
La disputa es entre dos bandas por el control del mercado y la actuación de la policía es fragmentada. Tradicionalmente la policía estuvo vinculada a la banda de “los monos”; con la intención de disminuir la importancia de esa banda, se optó por apoyar a la banda rival, con lo cual, la policía aparece como otro actor más en el medio de la guerra. Y la política provincial es una política clásica de penalización o criminalización del problema. No es que esto no sea un problema criminal y penal, pero todo abordaje que sea criminal y penal va decididamente al fracaso porque este es un problema político, en el sentido de que es un problema de control territorial. A esto se le agrega, y lo vuelve todavía más complicado y denso, la disputa de carácter político con el gobierno nacional, lo cual implica la casi nula posibilidad de una colaboración estrecha en la solución del problema.
APU: Muchos candidatos que obtuvieron muchos votos en las recientes elecciones hablaron de la necesidad de llevar al Congreso la discusión de políticas eficaces para combatir al narcotráfico ¿Por dónde ve que pasan esas soluciones, esas políticas?
NE: Los candidatos han tomado el tema de la seguridad en general y discursivamente el tema del narcotráfico, pero en general el modelo de gerenciamiento de la seguridad en Argentina sigue siendo el mismo, básicamente, un modelo de gerenciamiento. La palabra es proveniente del mundo empresarial y por lo tanto no tiene mucho que ver con el mundo político pero así es como se maneja la seguridad en Argentina. Los gobiernos y los gobernadores entregan a la policía el control en los temas de seguridad y la policía lo hace una especie de acuerdo con los sectores criminales más poderosos, el cual tolera cierto margen de ilegalidad, siempre y cuando no salte a la primera plana de los diarios y se convierta en un problema político.
Ese viejo sistema que ha funcionado durante algunas décadas ya hace varios años que es totalmente inviable y disfuncional porque los acuerdos no se cumplen, porque los gobiernos cambian constantemente de políticas, de funcionarios, los presupuestos son inestables, los ajustes son recurrentes. Y básicamente la mano de obra policial vive situaciones muy ajustadas en cuanto a presupuesto, vestimenta, equipamiento, tecnología, con lo cual, en definitiva, por más que se estandarice la política de seguridad, el control de la policía sobre esa política es cada vez más reducida.
APU: Uno de los temas que se discutió en la campaña es la posibilidad de voltear aviones, supuestamente ligados al narcotráfico. ¿Cuál es su opinión sobre esa política?
NE: Las políticas de control que el gobierno pueda plantear o plasmar tienen dos niveles, uno de carácter técnico y otro de carácter político. El gobierno sí se ha planteado y ha tratado de llevar adelante algunas estrategias de control con insumos técnicos. Un ejemplo de ello ha sido el programa del “Escudo Norte”, con la idea de radarizar la frontera y custodiar los ingresos de mercaderías ilegales.
Pero todo esto, precisamente por ser insumos técnicos y con la intención de que la política sea una acumulación de recursos técnicos, se torna rápidamente inútil y en el medio se vuelve inviable por las disputas presupuestarias entre distintas agencias.
En definitiva, de los tres radares que deberían funcionar para que el “Escudo Norte” sea realmente un escudo, sólo se compró uno que no cumple con todas las condiciones que se necesitan para controlar realmente los vuelos. No hay ley de derribo, cosa que debería discutirse para ver si es aceptable para nuestra idiosincrasia.
APU: ¿Hay leyes de derribo en otros países de América Latina?
NE: Ley de derribo tiene Brasil y además tiene completamente radarizado el Amazonas. Tiene estricto control de qué entra por minuto en toda la zona del Amazonas.
Entrevista con el investigador del Ministerio de Seguridad y especialista en narcotráfico, Norberto Emmerich.
por Enrique de la Calle
http://agenciapacourondo.com.ar/secciones/sociedad/13101-qel-narcotrafico-va-empeorando-paulatinamenteq.html
Norberto Emmerich: El narcotráfico va empeorando paulatinamente pero para ubicarnos más o menos qué significa empeorar, deberíamos tener un diagnóstico de situación de dónde venimos y hasta dónde supuestamente estaríamos yendo. En línea general, Argentina ha sido tradicionalmente, y por muchos años, un país considerado “de tránsito”. Básicamente, de cocaína proveniente de Colombia y muy secundariamente de Bolivia con destino a Europa, y un poco luego, a raíz de los controles sobre los puertos colombianos, con destino a Estados Unidos. Ese status de ya quedó definitivamente en el pasado. El mercado argentino se ha vuelto más complejo: sigue siendo un país de tránsito pero claramente es un país de consumo muy fuerte.
En América Latina, hace unos años, era el segundo consumidor y ahora es un fuerte consumidor de cocaína. Y también, claramente y quizás eso sea lo más preocupante, ahora es un país productor, cada vez se descubren más laboratorios y cocinas de cocaína en los barrios de Buenos Aires y otras ciudades del país.
Por otro lado, está el problema de bandas que pelean entre sí por el control del territorio, como es el caso de Rosario, fuerte penetración territorial del crimen organizado, como pasa en Salta, o como el caso, tal vez poco conocido pero cada vez más claro para los investigadores, de la Ciudad de Buenos Aires.
APU: Resumiendo lo que plantea: pasamos de ser un país sólo de tránsito de droga a constituirnos en un mercado importante para el narcotráfico. ¿Es así? ¿Qué implica eso en términos de la necesaria intervención estatal?
NE: Hay que tener en cuenta que el mercado argentino empieza a ser, desde hace varios años, interesantes básicamente por ser un país alejado de los circuitos de consumo tradicionales que siguen siendo Estados Unidos y Europa. Las crisis económicas que tuvieron los países latinoamericanos en los años 2001/2002, obligaron al narcotráfico a realizar cambios internos para poder seguir subsistiendo. En el caso de Argentina, nace el “paco” como droga alternativa frente a una situación económica sumamente hostil para los sectores más empobrecidos que ya no podían acceder a la cocaína porque se volvió muy cara. El “paco” crea un mercado cada vez más amplio.
En nuestros barrios y en nuestras villas, el consumo de paco crece cada vez más y se vuelve sustentable en el sentido que se acomoda y sostiene un mercado fijo y fuerte, protegido y muy enraizado con fuerzas policiales y demás. Por otro lado, el paco es un tema aparte, no es un tema solo o exclusivamente ligado a la droga, sino que tiene una problemática social y ambiental muy
fuertemente conectada con el tema del consumo.
APU: ¿Cómo se organiza el narcotráfico en Argentina? ¿Son carteles que vienen del exterior, que trasladan sus sistemas de producción al país? ¿Se producen alianzas con productores locales?
NE: Lo que se puede decir es que tenemos intentos reiterados de carteles del exterior, primero colombianos, ahora mexicanos, de entrar en el mercado argentino por el lado de inversiones en campañas políticas en el pasado, pero no han sido muy exitosos. La penetración ha sido casi estrictamente de carácter financiero y no ha tenido demasiada repercusión. Lo que sí hay son carteles nacionales o creados en el país, en manos de población extranjera, tenemos carteles peruanos, paraguayos, colombianos. Algunos de ellos se dedican al tránsito de cocaína al exterior con base en el Puerto de Campana o con base en la isla de Cerrito en el Chaco.
Después tenemos actividades con lo que se llama “menudeo”: se da en nuestras ciudades con fuerte vinculación con fuerzas policiales provinciales. Tenemos además, y eso es lo que está llamando la atención, disputas territoriales muy fuertes en Rosario y ahora en Ciudad de Buenos Aires.
APU: ¿El caso de Rosario es el más grave?
NE: En Rosario se llegó a un punto en el cual la historia deja de ser tan caótica que ni se pueden nombrar personajes, ni grupos ni bandas ni crear un discurso periodístico alrededor del narcotráfico. Ahora se está en un estadio superior donde ya tenemos bandas con nombres, con líderes, una zona específica.
APU: En ese caso ¿Cómo evalúa la respuesta del gobierno santafesino?
NE: La respuesta del gobierno santafesino es bastante específica en dos puntos de vista. En primer lugar, el gobierno tiene problemas en el manejo político de su propia policía, que actúa en forma segmentada y fragmentada frente a la disputa que se da en entre bandas.
La disputa es entre dos bandas por el control del mercado y la actuación de la policía es fragmentada. Tradicionalmente la policía estuvo vinculada a la banda de “los monos”; con la intención de disminuir la importancia de esa banda, se optó por apoyar a la banda rival, con lo cual, la policía aparece como otro actor más en el medio de la guerra. Y la política provincial es una política clásica de penalización o criminalización del problema. No es que esto no sea un problema criminal y penal, pero todo abordaje que sea criminal y penal va decididamente al fracaso porque este es un problema político, en el sentido de que es un problema de control territorial. A esto se le agrega, y lo vuelve todavía más complicado y denso, la disputa de carácter político con el gobierno nacional, lo cual implica la casi nula posibilidad de una colaboración estrecha en la solución del problema.
APU: Muchos candidatos que obtuvieron muchos votos en las recientes elecciones hablaron de la necesidad de llevar al Congreso la discusión de políticas eficaces para combatir al narcotráfico ¿Por dónde ve que pasan esas soluciones, esas políticas?
NE: Los candidatos han tomado el tema de la seguridad en general y discursivamente el tema del narcotráfico, pero en general el modelo de gerenciamiento de la seguridad en Argentina sigue siendo el mismo, básicamente, un modelo de gerenciamiento. La palabra es proveniente del mundo empresarial y por lo tanto no tiene mucho que ver con el mundo político pero así es como se maneja la seguridad en Argentina. Los gobiernos y los gobernadores entregan a la policía el control en los temas de seguridad y la policía lo hace una especie de acuerdo con los sectores criminales más poderosos, el cual tolera cierto margen de ilegalidad, siempre y cuando no salte a la primera plana de los diarios y se convierta en un problema político.
Ese viejo sistema que ha funcionado durante algunas décadas ya hace varios años que es totalmente inviable y disfuncional porque los acuerdos no se cumplen, porque los gobiernos cambian constantemente de políticas, de funcionarios, los presupuestos son inestables, los ajustes son recurrentes. Y básicamente la mano de obra policial vive situaciones muy ajustadas en cuanto a presupuesto, vestimenta, equipamiento, tecnología, con lo cual, en definitiva, por más que se estandarice la política de seguridad, el control de la policía sobre esa política es cada vez más reducida.
APU: Uno de los temas que se discutió en la campaña es la posibilidad de voltear aviones, supuestamente ligados al narcotráfico. ¿Cuál es su opinión sobre esa política?
NE: Las políticas de control que el gobierno pueda plantear o plasmar tienen dos niveles, uno de carácter técnico y otro de carácter político. El gobierno sí se ha planteado y ha tratado de llevar adelante algunas estrategias de control con insumos técnicos. Un ejemplo de ello ha sido el programa del “Escudo Norte”, con la idea de radarizar la frontera y custodiar los ingresos de mercaderías ilegales.
Pero todo esto, precisamente por ser insumos técnicos y con la intención de que la política sea una acumulación de recursos técnicos, se torna rápidamente inútil y en el medio se vuelve inviable por las disputas presupuestarias entre distintas agencias.
En definitiva, de los tres radares que deberían funcionar para que el “Escudo Norte” sea realmente un escudo, sólo se compró uno que no cumple con todas las condiciones que se necesitan para controlar realmente los vuelos. No hay ley de derribo, cosa que debería discutirse para ver si es aceptable para nuestra idiosincrasia.
APU: ¿Hay leyes de derribo en otros países de América Latina?
NE: Ley de derribo tiene Brasil y además tiene completamente radarizado el Amazonas. Tiene estricto control de qué entra por minuto en toda la zona del Amazonas.
EL FIN DEL CARTEL DE TIJUANA
Asesinato en Los Cabos: el fin del Cártel de Tijuana
La organización ha experimentado un declive que ha podido ver, en la muerte de “El Menso”, su último capítulo.
El fin del dominio de los Arellano Félix sobre la frontera noroeste de México se produjo como si hubiera estado planeado para que pareciera la escena final de una película de gánsters. Grabaciones recientemente publicadas en Internet han aportado valiosa información de cómo el pasado 18 de octubre, el hermano mayor del clan y primer capo del Cártel de Tijuana fue baleado en medio de su lujosa fiesta de cumpleaños.
Sonaba la ranchera El señor de las canas de Vicente Fernández, en voz del cantante sinaloense “El Mimoso”, antiguo integrante de la célebre Banda El Recodo, que esa noche actuaba en el salón Ocean House de Los Cabos (BCS), donde se reunía en fastuosa celebración la familia junto a sus amigos, e incluso personajes del mundo del espectáculo como el ex jugador de fútbol Jared Borgetti. En un momento de la canción, apareció un sicario disfrazado de payaso que, simulando el trabajo de su disfraz, sin llamar la atención de los presentes, se acercó a la mesa donde estaba el ex capo y le disparó dos veces en la cabeza. Ya en el suelo, remató el cadáver con otros tres tiros.
Francisco Rafael Arellano Félix, de 63 años, fue el primer capo del Cártel de Tijuana. Duró pocos años al frente de la organización criminal, ya que en 1993 fue detenido por la Policía Federal, acusado y condenado a diez años de reclusión por narcotráfico y lavado de dinero (entre otros delitos). Cuatro días antes de ser liberado, en 2004, se inició un proceso internacional que lo llevó a ser extraditado a Estados Unidos dos años después. Sobre él pesaban cargos por narcotráfico, derivados de una operación de la DEA realizada en 1980 en la que fue interceptado cuando trató de vender 205 gramos de cocaína a un agente encubierto. Aunque en esa ocasión logró escapar y refugiarse en México, en 2006 salió de la cárcel del Altiplano (Almoloya, Estado de México), para ingresar en un penal estadounidense en el que cumplió dos de los seis años de condena (reducción por ‘buena conducta’).
Aunque su muerte plantea muchas dudas, su desaparición deja al cartel de los Arellano Félix prácticamente deshecho. Tres de los 7 hermanos que fundaron la organización criminal y que han ocupado alguna vez la dirección están entre rejas. Primero fueron procesados Benjamín (sentenciado a 25 años), y Francisco Javier (cadena perpetua en una prisión de Estados Unidos). El último de los hermanos, Eduardo “el doctor”, fue detenido en 2008 y dejó las riendas de la banda a sus tres hermas y su sobrino: Luis Fernando Sánchez Arellano alias “el ingeniero”, considerado hoy el único remanente del cártel familiar.
Lejos quedan los años de dominio a sangre y fuego de las plazas de Baja California y Sonora, fruto de las alianzas con los Beltrán-Leyva, en los que llegaron a controlar el trasiego de mercancías ilegales a través de la frontera. Desde el asesinato de Ramón (Mazatlán, 2002), el dirigente más destacado de la historia del cártel (especialmente por su récord sangriento), la organización ha experimentado un declive que ha podido ver, en la muerte de “El Menso”, su último capítulo.
Se ha despertado el temor a que las bandas de segunda fila comiencen una guerra en las calles por hacerse con el control. Sin embargo, hay investigaciones que estiman que definitivamente el Cartel de Sinaloa a logrado hacerse fuerte en Baja California, pudiendo incluso haber establecido un pacto con ‘el ingerniero’. El reciente hallazgo de un narco-túnel con un gran alijo de droga en Tijuana, cuya propiedad ha sido atribuida este cártel, hace pensar que efectivamente la organización de ‘El Chapo’ ha extendido sus redes a la frontera bajacaliforniana.
Pero la supuesta tregua con los Arellano Félix significaría que también estarían participando sus socios, los Beltran-Leyva, quienes pueden haber enterrado sus diferencias con Joaquín Guzmán Loera para crear así un “super cártel”. Si por el contrario, aún no hay una organización dominante en el lugar, Tijuana puede volver a ser el escenario de una guerra entre narcotraficantes.
El Cartel más sangriento
Los Arellano Félix se establecieron en Tijuana en 1989. Fruto del caso Camarena (1985), del que recientemente se han filtrado averiguaciones que implican a agentes de la CIA e intereses de Washington, se derivaron los arrestos de los tres capos del Cártel de Guadalajara: Miguel Ángel Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo. Con el ingreso en prisión de los zares de la droga, se producía una escisión en el gran cartel dominante en México, asociado incluso con el colombiano Pablo Escobar y que dominó desde Jalisco a Tijuana el negocio del narcotráfico durante décadas.
Descabezada la organización, nacieron dos bandos antagónicos: el cártel de Sinaloa, dirigido por Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, y el de Tijuana, con los hermanos Arellano Félix. Empezaba una época sangrienta en el norte de México; ajustes de cuentas, balaceras y ejecuciones en una guerra de narcos por la conquista de la plaza. Pero en Baja California, los Arellano fueron más lejos.
El Cártel de Tijuana fue la primera organización criminal que diversificó sus actividades delictivas: además del narcotráfico, se dedican al secuestro, la extorsión, el tráfico de armas y la trata de blancas. Crearon un modus operandi del narco que han seguido otros sanguinarios grupos criminales como Los Zetas.
Tras ser procesado en 1993, Francisco Rafael (el ahora asesinado), fue reemplazado al frente del cártel por su hermano Ramón, quien se convertiría en el mayor asesino de todo el clan. Además de lograr un pacto con los Beltrán-Leyva (también enemistados con ‘El Chapo’), se estima que Ramón Arellano Félix es responsable directo de más de mil muertes. Se le atribuye, entre otros crímenes, la ‘matanza del Sauzal’ (Ensenada, 1998), la mayor perpetrada en Baja California y en la que sus sicarios acribillaron a sangre fría a 18 personas, incluyendo niños, por un supuesto ajuste de cuentas.
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