Crecen los ataques a los derechos electorales en Estados Unidos
Por Ed Hightower
21 de junio 2011
En el período previo a las elecciones presidenciales de 2012 en Estados Unidos, varios estados se apresuran a adoptar medidas radicales diseñadas para impedir el voto de la clase trabajadora y de los pobres. Las medidas tienen por objeto limitar la participación electoral a través de requisitos de identificación con foto, restringir el voto anticipado y en ausencia e incluso eliminar la posibilidad de registro en el mismo día de votación.Las legislaturas controladas por los republicanos están a la vanguardia de estos ataques a los derechos de voto, en primera instancia debido a su interés en limitar a los votantes demócratas principalmente entre las minorías y entre los trabajadores.
Hasta ahora seis estados han aprobado nuevas leyes de identificación con fotografía este año: Alabama, Kansas, Carolina del Sur, Texas, Tennessee y Wisconsin. Las leyes han sido aprobadas por la legislatura estatal en dos de ellos, New Hampshire y Carolina del Norte, pero aún deben ser firmadas por el gobernador. Hay proyectos de ley pendientes en Iowa, Maine, Massachusetts, Nueva Jersey, Nueva York, Pennsylvania y Rhode Island. Las legislaturas de Illinois y Nebraska votaron a favor de debatir la obligación de identificación con foto en cada votación, en las sesiones de 2012.
Incluyendo el conteo de la legislación pendiente de aprobación por los gobernadores, el número total de estados con leyes que exigen que los votantes presenten identificación con foto aumentará a por lo menos 17 para la próxima elección. Sólo tres estados, Oregon, Vermont y Wyoming no tienen ningún requisito de identificación de votantes y no consideran legislar sobre la identificación de votantes este año.
La razón aducida para la adopción de dicha legislación, prevenir el fraude electoral, no es más que una cortina de humo. Los votantes en Estados Unidos ya deben solicitar y recibir una tarjeta de registro de votantes. El requisito adicional de identificación con foto tiene un mayor impacto en los pobres, los ancianos y los jóvenes. Recuerda los tipos de barreras que una vez existieron en el sur de Jim Crow contra los votos de los afro-americanos, tales como el infame impuesto de capitación y las llamadas "pruebas de alfabetización". El propósito de los requisitos de identificación con fotografía es esencialmente el mismo, a pesar de que sus objetivos son más amplios que las capas sociales de una sola raza.
Un estudio realizado por el Centro Brennan para la Justicia, de la Escuela de Leyes de la Universidad de Nueva York, encontró que hasta un 11% de los ciudadanos de Estados Unidos, más de 21 millones de personas, no tienen ninguna identificación oficial con fotografía. Esto incluye un 18% de las personas mayores de 65 años, seis millones de personas que no tienen identificación con foto.
Los 21 millones de potenciales votantes sin identificación también incluyen el 25% de los afro-americanos en edad de votar, así como un 15% de las personas con ingresos anuales inferiores a 35.000 dólares. 18% de los estadounidenses entre las edades de 18 y 24 años, un bloque de votación en general liberal, no tienen ID que muestra su dirección actual, lo que refleja la situación de muchos jóvenes que están en la universidad o cambian domicilios con frecuencia.
Otros elementos del ataque a los derechos de votación incluyen la reducción de los períodos de votación temprana y mayores restricciones en el plazo de inscripción de votantes. La votación temprana permite a muchas personas, especialmente trabajadores y estudiantes, participar más fácilmente en las elecciones y se ha demostrado que aumenta sustancialmente la participación de votantes.
Una nueva ley de Georgia que restringe el período de votación anticipada de 45 días a 21 días entrará en vigor el 1° de julio. Carolina del Norte tiene un proyecto de ley para poner fin al registro en el mismo día de votación y para acortar el período de votación temprana.
La Legislatura del estado de Maine ha aprobado un proyecto de ley que elimina el registro de votantes en la jornada electoral así como el registro en los dos días hábiles anteriores a la jornada electoral. El Senado de Texas aprobó un proyecto de ley que limita el período de votación temprana de 35 a 21 días.
El ataque a los derechos de voto en Florida
El 19 de mayo, el gobernador de Florida, Rick Scott, firmó una ley de recorte del período de votación anticipada de 14 a 8 días. Los residentes de Florida que recientemente se hayan mudado de un condado a otro y deseen cambiar sus recintos de votación el día de las elecciones ahora tendrán que emitir un voto provisional, sujeto a revisión por las autoridades electorales.
El ataque a los derechos de voto en la Florida es particularmente importante dado su papel central en el robo de las elecciones de 2000.
Una demanda presentada en las elecciones anticipadas del 28 de junio a la alcaldía de Miami-Dade por la American Civil Liberties Union (ACLU) desafía la legislación por violar la Ley Federal de Derechos. El Departamento de Justicia de Estados Unidos no le dio el pre-despacho estatal a la legislación como lo exige la ley.
La Ley de Derechos Electorales fue promulgada en 1965 después de una resistencia popular masiva a la segregación de Jim Crow y la intimidación a los votantes en el Sur. Se requiere que el Departamento de Justicia investigue los cambios propuestos en las leyes electorales y las normas que afectan a los condados con una historia de discriminación racial.
Los comentaristas legales dicen que la disposición de reducir el número de días de votación anticipada está dirigida ilegalmente a objetivos afro-americanos, que representan una alta proporción de votantes anticipados. Entre otras cosas, la nueva ley elimina el domingo anterior al día de las elecciones como día de votación. Este es un día en que muchos afro americanos en el pasado iban a la iglesia para acudir a las urnas después de los servicios.
Más de la mitad de los votantes afro-americanos en Florida, que participaron en la elección presidencial de 2008, lo hicieron por medio de la votación temprana.
Según un análisis realizado por Michael McDonald, profesor asistente de Gobierno y Política en la Universidad George Mason, los votantes afroamericanos conformaron aproximadamente el 22% de la participación diaria de los sitios de votación temprana en las elecciones de 2008, a pesar de que sólo son un 13.1% de los votantes registrados del Estado.
Las organizaciones sin fines de lucro que promueven el acceso al voto también están en la mira de la nueva ley de Florida. La ley pone trabas burocráticas en el camino de los que se ofrece a registrar a la gente para votar, incluyendo multas para los voluntarios individuales, que deben devolver los papeles de registro a los funcionarios del Estado dos días después de la fecha límite.
Como resultado de la nueva ley electoral, la rama de Florida de la Liga de Mujeres Votantes ha decidido cancelar sus esfuerzos para registrar votantes. La organización ha llevado a cabo campañas de registro de votantes en Florida por 72 años.
"Esta ley ha creado, en realidad, una draconiana y muy amplia burocracia ambigua que va a hacer imposible que los voluntarios podamos continuar con nuestro trabajo de registro de votantes", dijo Deirdre Macnab, jefa de la rama Florida de la liga.
Derek Newton, de la ACLU de Florida, habló sobre el impacto de la nueva ley electoral de la Florida, así como la historia de la prohibición de votar a los criminales convictos.
Newton dijo que la ACLU tiene una copia del borrador de la orden de ejecución de la nueva ley electoral de Florida. La orden permite a terceros voluntarios registrar votantes, para evitar el registro con el Estado, siempre que sólo entreguen aplicaciones de registro de votantes y no hablen.
Newton dijo que los floridanos que han sido condenados por un delito grave y cumplieron su condena se quedan sin representación. Florida es uno de los tres estados que privan automáticamente de derechos de por vida a los ex delincuentes (los otros son Virginia y Kentucky). Estos residentes de la Florida no puede votar en ninguna elección, local, estatal o nacional supervisada por el estado de Florida. Más de un millón de floridanos están marginados de esta manera.
Newton dijo que uno de los primeros actos del gobernador Rick Scott, al asumir el cargo fue alterar radicalmente el proceso de restauración que permitía obtener el derecho de voto. Antes de la versión de Scott, el Departamento de Correcciones de Florida aplicaba automáticamente para los ex convictos no violentos para que sus derechos (incluido el derecho a voto) fueran reintegrados por la Junta de Clemencia Ejecutiva. Aun así, podría tardarse de dos a tres años para obtener una audiencia ante la junta.
Ahora no hay una aplicación automática. En lugar de ello los ex convictos recién liberados deben conseguir un abogado por su propia cuenta a fin de orientarlos sobre el proceso. Newton señaló que la mayoría de la gente que sale de la cárcel no puede hacer de inmediato que la restauración de sus derechos civiles sea una prioridad, ya que al mismo tiempo enfrentan la necesidad más apremiante de rehacer su vida.
Estos ex-criminales están obligados a esperar entre cinco y siete años antes de que siquiera se les permita solicitar una audiencia de clemencia. A menudo se necesitan entre dos y tres años después de la aplicación para que se reintegren los derechos, por lo que los ex convictos se enfrentan ahora a un máximo de diez años después de su salida de la cárcel antes de que puedan votar, suponiendo que puedan pagar un abogado.
Esta serie de legislaciones de supresión de la votación constituye una nueva etapa en la degeneración prolongada de las normas democráticas de América.
La respuesta general del stablishment político norteamericano para el robo de las elecciones presidenciales de 2000, en las que la Suprema Corte de Estados Unidos detuvo un recuento de votos en Florida ordenado por la Corte Suprema de Florida, entregando la presidencia al perdedor en el voto popular nacional, George W. Bush, ha de erigir barreras cada vez mayores para los votantes de clase trabajadora.
El asalto al derecho al voto ha sido vinculado a un ataque general contra los derechos democráticos llevados a cabo por ambas partes. La administración Obama ha profundizado la política de Bush, incluyendo el uso de espionaje a nivel nacional y dando poderes inmensamente más amplios al aparato de inteligencia.
El Partido Demócrata tiene una larga y sórdida historia de intentos de mantener a los "terceros" candidatos, especialmente aquellos con puntos de vista de izquierda o socialistas, fuera del proceso electoral en su conjunto. Esto incluye los intentos sistemáticos para restringir el acceso al voto por Ralph Nader y a los candidatos del Partido Verde. Los demócratas en Ohio, Illinois y Michigan han luchado con uñas y dientes para mantener a los candidatos del Partido Socialista por la Igualdad fuera de la votación en las elecciones estatales.
El ataque a los derechos de voto en la Florida es particularmente importante dado su papel central en el robo de las elecciones de 2000.
Una demanda presentada en las elecciones anticipadas del 28 de junio a la alcaldía de Miami-Dade por la American Civil Liberties Union (ACLU) desafía la legislación por violar la Ley Federal de Derechos. El Departamento de Justicia de Estados Unidos no le dio el pre-despacho estatal a la legislación como lo exige la ley.
La Ley de Derechos Electorales fue promulgada en 1965 después de una resistencia popular masiva a la segregación de Jim Crow y la intimidación a los votantes en el Sur. Se requiere que el Departamento de Justicia investigue los cambios propuestos en las leyes electorales y las normas que afectan a los condados con una historia de discriminación racial.
Los comentaristas legales dicen que la disposición de reducir el número de días de votación anticipada está dirigida ilegalmente a objetivos afro-americanos, que representan una alta proporción de votantes anticipados. Entre otras cosas, la nueva ley elimina el domingo anterior al día de las elecciones como día de votación. Este es un día en que muchos afro americanos en el pasado iban a la iglesia para acudir a las urnas después de los servicios.
Más de la mitad de los votantes afro-americanos en Florida, que participaron en la elección presidencial de 2008, lo hicieron por medio de la votación temprana.
Según un análisis realizado por Michael McDonald, profesor asistente de Gobierno y Política en la Universidad George Mason, los votantes afroamericanos conformaron aproximadamente el 22% de la participación diaria de los sitios de votación temprana en las elecciones de 2008, a pesar de que sólo son un 13.1% de los votantes registrados del Estado.
Las organizaciones sin fines de lucro que promueven el acceso al voto también están en la mira de la nueva ley de Florida. La ley pone trabas burocráticas en el camino de los que se ofrece a registrar a la gente para votar, incluyendo multas para los voluntarios individuales, que deben devolver los papeles de registro a los funcionarios del Estado dos días después de la fecha límite.
Como resultado de la nueva ley electoral, la rama de Florida de la Liga de Mujeres Votantes ha decidido cancelar sus esfuerzos para registrar votantes. La organización ha llevado a cabo campañas de registro de votantes en Florida por 72 años.
"Esta ley ha creado, en realidad, una draconiana y muy amplia burocracia ambigua que va a hacer imposible que los voluntarios podamos continuar con nuestro trabajo de registro de votantes", dijo Deirdre Macnab, jefa de la rama Florida de la liga.
Derek Newton, de la ACLU de Florida, habló sobre el impacto de la nueva ley electoral de la Florida, así como la historia de la prohibición de votar a los criminales convictos.
Newton dijo que la ACLU tiene una copia del borrador de la orden de ejecución de la nueva ley electoral de Florida. La orden permite a terceros voluntarios registrar votantes, para evitar el registro con el Estado, siempre que sólo entreguen aplicaciones de registro de votantes y no hablen.
Newton dijo que los floridanos que han sido condenados por un delito grave y cumplieron su condena se quedan sin representación. Florida es uno de los tres estados que privan automáticamente de derechos de por vida a los ex delincuentes (los otros son Virginia y Kentucky). Estos residentes de la Florida no puede votar en ninguna elección, local, estatal o nacional supervisada por el estado de Florida. Más de un millón de floridanos están marginados de esta manera.
Newton dijo que uno de los primeros actos del gobernador Rick Scott, al asumir el cargo fue alterar radicalmente el proceso de restauración que permitía obtener el derecho de voto. Antes de la versión de Scott, el Departamento de Correcciones de Florida aplicaba automáticamente para los ex convictos no violentos para que sus derechos (incluido el derecho a voto) fueran reintegrados por la Junta de Clemencia Ejecutiva. Aun así, podría tardarse de dos a tres años para obtener una audiencia ante la junta.
Ahora no hay una aplicación automática. En lugar de ello los ex convictos recién liberados deben conseguir un abogado por su propia cuenta a fin de orientarlos sobre el proceso. Newton señaló que la mayoría de la gente que sale de la cárcel no puede hacer de inmediato que la restauración de sus derechos civiles sea una prioridad, ya que al mismo tiempo enfrentan la necesidad más apremiante de rehacer su vida.
Estos ex-criminales están obligados a esperar entre cinco y siete años antes de que siquiera se les permita solicitar una audiencia de clemencia. A menudo se necesitan entre dos y tres años después de la aplicación para que se reintegren los derechos, por lo que los ex convictos se enfrentan ahora a un máximo de diez años después de su salida de la cárcel antes de que puedan votar, suponiendo que puedan pagar un abogado.
Esta serie de legislaciones de supresión de la votación constituye una nueva etapa en la degeneración prolongada de las normas democráticas de América.
La respuesta general del stablishment político norteamericano para el robo de las elecciones presidenciales de 2000, en las que la Suprema Corte de Estados Unidos detuvo un recuento de votos en Florida ordenado por la Corte Suprema de Florida, entregando la presidencia al perdedor en el voto popular nacional, George W. Bush, ha de erigir barreras cada vez mayores para los votantes de clase trabajadora.
El asalto al derecho al voto ha sido vinculado a un ataque general contra los derechos democráticos llevados a cabo por ambas partes. La administración Obama ha profundizado la política de Bush, incluyendo el uso de espionaje a nivel nacional y dando poderes inmensamente más amplios al aparato de inteligencia.
El Partido Demócrata tiene una larga y sórdida historia de intentos de mantener a los "terceros" candidatos, especialmente aquellos con puntos de vista de izquierda o socialistas, fuera del proceso electoral en su conjunto. Esto incluye los intentos sistemáticos para restringir el acceso al voto por Ralph Nader y a los candidatos del Partido Verde. Los demócratas en Ohio, Illinois y Michigan han luchado con uñas y dientes para mantener a los candidatos del Partido Socialista por la Igualdad fuera de la votación en las elecciones estatales.
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