Por Rafael Azul
23 de mayo 2011
Un Tribunal Federal de Apelaciones de EE.UU. en San Francisco dictaminó el 18 de mayo que la demanda presentada contra la automotriz alemana Daimler Benz Corporation por su papel en la salvaje represión de la clase obrera bajo la dictadura argentina puede seguir adelante.La compañía está siendo acusada de complicidad en el secuestro de 17 trabajadores de su planta de Buenos Aires en 1976, durante la llamada guerra sucia contra la clase obrera.
Esta decisión de un panel de tres jueces del Noveno Distrito de la Corte de Circuito de Apelaciones es el último resultado de un proceso que fue iniciado hace siete años por los familiares de los desaparecidos y otros tres trabajadores que sobrevivieron al secuestro y la tortura. Se revierte una decisión adoptada en 2007 por un juez de San José, que falló a favor de Daimler sosteniendo que el grupo argentino no podía demandar en los tribunales de EE.UU..
La búsqueda de la justicia se inició en Argentina en 1984 por uno de los sobrevivientes, Héctor Ratto, que había estado cautivo en un centro secreto de detención en la base militar de Campo de Mayo, pero fue bloqueado en su momento por las leyes argentinas de impunidad. En 2002, tras la modificación de esas leyes, el juicio se reinició, pero sostenida por los tribunales argentinos.
Seguidamente los demandantes se volvieron hacia los tribunales norteamericanos porque en aquel entonces Daimler Benz era propietaria de parte del control de la fábrica de autos de Estados Unidos Chrysler Corporation y porque una ley de EE.UU. del año 1789, la Alien Torts Claim Act, concede acceso a los tribunales federales de los EE.UU. a las víctimas extranjeras de abusos a los derechos humanos.
Una de las razones de las largas demoras en el caso es el impacto que tendrá en la Argentina y en Alemania. El caso toca el papel desempeñado por el Ministerio de Trabajo de la República Argentina, por la burocracia sindical peronista y por Daimler Benz y otras empresas en el secuestro, tortura y asesinato de militantes obreros de Mercedes Benz y de muchas otras víctimas de la "guerra sucia" -el nombre dado a la guerra civil unilateral contra la clase obrera que se inició en 1973 durante el gobierno de Juan Perón y de Isabel y que continuó después del golpe militar del 24 de marzo de 1976.
Se estima que los escuadrones de la muerte organizados por el gobierno (la Triple A, bajo el mando del Ministro de Bienestar de Perón, José López Rega) mataron a 1.500 militantes sindicales y socialistas en 1974 y 1975. La represión aumentó después de marzo de 1976, con un recuento total de víctimas total estimado en 30.000 en 1983. Oficialmente, el gobierno argentino sólo ha reconocido 13 mil víctimas.
Los hechos del caso Daimler-Benz son bien conocidos en la Argentina. En octubre de 1975, 4.000 trabajadores de la planta de Mercedes Benz ubicada en Cañuelas, en los suburbios industriales de la ciudad de Buenos Aires, se declararon en huelga.
El sindicato que representa oficialmente a los huelguistas, el Sindicato de Mecánicos, Automotrices y Afines (SMATA) se negó a apoyar a los huelguistas. En connivencia con la burocracia del SMATA el Ministerio de Trabajo declaró la huelga ilegal. A continuación, en virtud de los términos de un decreto "anti-terrorista" del gobierno, la empresa despidió a 115 trabajadores activistas por su participación en la huelga. Entre los trabajadores despedidos se encontraban los miembros del comité de trabajadores que habían dirigido la huelga, todos los cuales fueron detenidos en 1976. Catorce de ellos fueron "desaparecidos". Aún permanecen desaparecidos y presuntamente están muertos.
La mayoría de los activistas de Mercedes Benz eran partidarios de la TAM (Tendencia de Avanzada Mecánica), una facción dentro de SMATA que estaba relacionada con el PRT (Partido Revolucionario de los Trabajadores). La TAM tenía partidarios en varias plantas automotrices, entre ellas Citroen y Chrysler y fue vista como una amenaza para la burocracia del SMATA.
En 2003, como parte del trabajo de la Comisión de la Verdad (Juicio de la Verdad) que se realizó en La Plata, Argentina, la periodista alemana Gabriela Weber presentó un memorando de 1976 en el que el ejecutivo de Daimler Benz, Hanns Martin Schleyer, admitió que la empresa siempre había "colaborado" con el Ministerio de Trabajo y con la burocracia del sindicato peronista del SMATA para "combatir a la subversión". Schleyer había sido un oficial de las SS en Alemania durante la época nazi y con toda probabilidad no era ajeno a los métodos fascistas empleados por la dictadura militar argentina en ese momento.
La nota de Mercedes-Benz dice que la solicitud de despido de los 115 militantes había llegado desde el Ministerio de Trabajo y desde el SMATA. Durante su testimonio en la Comisión de La Plata en 2003, el entonces ministro de Trabajo Carlos Ruckauf negó cualquier complicidad en el despido de los trabajadores de Cañuelas o en la desaparición de los 18 obreros en 1977. Por el contrario, dijo que se oponía a los despidos, que según él fueron obra del SMATA y de Mercedes Benz.
En una carta de 1976 a la Federación Internacional de Sindicatos de Trabajadores del Metal, Schleyer confirmó la nota de Mercedes Benz pero insistió en que el SMATA y el Ministerio de Trabajo habían ordenado los despidos y que Daimler Benz jugó un papel pasivo.
Sin embargo es clara la evidencia de que Mercedes Benz y el SMATA conspiraron para destruir el comité de base dentro de la planta y así evitar que los trabajadores lucharan por sus derechos.
En este sentido la Comisión de La Plata reveló que el acuerdo de negociación colectiva de 1975 firmado entre la empresa y el SMATA incluyó una cláusula que comprometía la unidad para la "erradicación de los elementos negativos que puedan perturbar el funcionamiento normal del proceso de trabajo". Para estos servicios Daimler acordó el pago al SMATA del uno por ciento de los ingresos por ventas de la planta.
En 2003, cuando se le preguntó sobre el papel de su organización en las detenciones y secuestros, el líder del SMATA José Rodríguez se negó a declarar, alegando la pérdida de memoria. Rodríguez murió en 2009 después de dirigir esa clase de criminales corruptos y colaboracionistas del SMATA durante 36 años.
Según el testimonio de Gabriela Weber, la mayoría de los trabajadores de Mercedes Benz fueron secuestrados en medio de la noche y después de un período de tortura fueron agrupados en aviones y se los dejó caer para morir en el Océano Atlántico. El sobreviviente Héctor Ratto, que junto con otro sobreviviente fue detenido en su lugar de trabajo, informó a Weber que él personalmente había sido testigo de cómo el gerente de la planta le dio a la policía la dirección de un compañero de trabajo, Núñez, quien fue secuestrado esa misma noche y nunca más se supo de él.
Ratto fue llevado a una comisaría policial de San Justo, donde fue interrogado, golpeado y torturado antes de ser trasladado a Campo de Mayo. En San Justo el hombre a cargo de las torturas, Rubén Luis Lavallén, llegó a ser en 1978 jefe de seguridad de la planta de Mercedes. Se retiró de Mercedes Benz en 1984, con un generoso paquete de indemnización, sin duda como recompensa por los servicios prestados.
La planta de Mercedes no es un caso aislado. Tanto el gobierno de Perón como la dictadura de Videla se enfocaron en la industria automotriz. La lista de desaparecidos posterior al golpe de 1976 incluyó a 24 trabajadores, casi todos los miembros del sindicato y los delegados de base, de la planta de Ford en Pacheco, también en los suburbios de Buenos Aires. Algunos de los trabajadores fueron detenidos y recluidos en un centro clandestino de detención en la misma planta, donde fueron golpeados y torturados. Con la eliminación de esos militantes y con la firmeza en el control por parte del SMATA, la empresa fue capaz de recortar los salarios y beneficios y empeorar las condiciones de trabajo.
En caso de ganar su demanda civil los demandantes han declarado su intención de utilizar su premio monetario, que se espera será de varios millones, para construir un hospital en la localidad de González Catán, cerca de la planta de Mercedes Benz.
Además del dinero los demandantes exigen que la empresa abra todos sus archivos relacionados con su papel durante la guerra sucia y emita una disculpa pública.
También se espera que esta demanda civil tenga un impacto en los procesos penales en curso en Argentina contra las autoridades militares que dirigieron el centro de detención de Campo de Mayo y en contra de aquellos que estuvieron involucrados en los secuestros, incluyendo a Lavallén, que ya ha cumplido una condena en relación con el secuestro ilegal de un niño, hijo de dos personas desaparecidas.
Daimler-Benz tiene una larga historia en Argentina. En 1951 su planta de montaje fue la primera planta de la empresa fuera de Alemania. Al criminal de guerra alemán Adolf Eichmann, uno de los principales organizadores del Holocausto, se le dio un trabajo en la planta y fue ascendido a capataz antes de ser secuestrado por agentes israelíes y llevado a Israel para ser juzgado por sus crímenes.
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