Por En cuanto a la lucha contra el flagelo de las drogas, nada resulta tan audaz y prometedor como el proyecto legislativo tendiente a implementar el derribo de aviones sospechosos del diputado nacional del PRO Julián Obiglio.
Gran conmoción provocó el arresto de “El Mudo”. Tal es el apodo de Ariel Alberto Gorosito, de 32 años, quien desde el último miércoles es considerado el narco más poderoso de la historia criminal argentina. Pese a carecer de una flota de aviones para transportar los cargamentos, como el difunto patrón del cártel de Juárez, Amado Carrillo Fuentes, y sin un banco propio para lavar sus ganancias, como el jefe del cártel de Guadalajara, Miguel Félix Gallardo, este hombre hábil, sagaz, discreto, refinado e increíblemente austero deslumbraba por la multiplicidad de sus medios y recursos. Es que El Mudo supo controlar a sangre y fuego nada menos que dos barrios en Lomas de Zamora, en donde administraba unos 70 kioscos de paco y cocaína. De hecho, al ser detenido a bordo de un lujosísimo Volkswagen New Beetle –tras una pesquisa de casi un año–, se le secuestraron dos kilos de polvillo blanco con un 17% de pureza. Al respecto, causa asombro que este peligroso individuo no haya estado bajo la lupa de la DEA y que la justicia estadounidense jamás pidiera su extradición. Sin embargo, el salto de El Mudo a la luz pública es para ciertos observadores –entre los cuales resaltan periodistas, dirigentes políticos y hasta choferes de taxi– una muestra palmaria de la cartelización del país.
Semejante diagnóstico es esgrimido con persistencia por el alcalde porteño Mauricio Macri, quien no duda en atribuir dicho fenómeno a la “inmigración descontrolada de los países limítrofes”. No menos alarmado por tal asunto, el ex presidente interino Eduardo Duhalde reclama la intervención del Ejército, sin ocultar su gran entusiasmo por el ejemplo del presidente mexicano Felipe Calderón, cuya declaración de guerra al narcotráfico ha cosechado en cuatro años y medio unos 40 mil muertos. En cambio, su esposa, la senadora Hilda González de Duhalde, se muestra más contemporizadora y, desde diciembre de 2009, a través de un proyecto de ley propone declarar durante dos años la emergencia en materia de seguridad, la cual –según su autora– contempla “la construcción de cárceles e instituciones para contener a los jóvenes en riesgo (léase: pibes adictos al paco), quienes requieren un tratamiento preferencial para lograr su reinserción social”. También exige la aplicación de un sistema nacional de vigilancia aeroespacial, que consiste en “radarizar el cielo con la colaboración de la Fuerza Aérea”. No obstante, a raíz del resonante affaire que involucró a los hijos de los brigadieres José Antonio Juliá y José Miret, en complicidad con altos mandos de la Aeronáutica, la señora Chiche optaría por soslayar el papel de aquella fuerza en la cuestión. Lo cierto es que, en cuanto a la lucha contra el flagelo de las drogas, nada de lo expuesto resulta tan audaz y prometedor como el proyecto legislativo tendiente a implementar el derribo de aviones sospechosos. Su autor: el diputado nacional del PRO, Julián Obiglio.
A pesar de ser un desconocido para el gran público, este hombre de 35 años, profundamente evangelista, liberal a ultranza, acérrimo opositor al aborto y el matrimonio igualitario, abogado de profesión y con una extensa trayectoria como empleado judicial en el fuero Civil y Comercial, se asomó a la política de la mano del fugaz ministro aliancista Ricardo López Murphy, para después sumarse a las huestes del PRO. Alterna su militancia con sus actividades en la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), vinculado al ex mandatario español José María Aznar, y también forma parte de la fundación PensAR, en donde supo hacer buenas migas con el actualmente encarcelado represor Julio Cirino. Desde 2007 –integrado en una línea partidaria con el diputado Federico Pinedo y los ministros macristas Néstor Grindetti y Daniel Chaín– ocupa una banca en la Cámara Baja. Entre sus proyectos de ley resalta uno para reglamentar la pornografía en la vía pública, otro para declarar de interés público un festival del predicador Luis Palau y –como ya se sabe– el de derribo de aviones.
Este último, por cierto, generó ciertos reparos en especialistas y legisladores, ya que, por caso, su aplicación en Perú provocó la caída de media docena de naves que no tenían que ver con el narcotráfico. Sin embargo, en su proyecto, el joven diputado extremó las precauciones, sin dejar ningún detalle librado al azar. Tanto es así que el protocolo que Obiglio propone está compuesto por los siguientes pasos: “Reconocimiento del avión irregular, verificación de los datos en el centro de control de vuelos, intento de contacto radial, órdenes de aterrizaje con señales visuales, advertencia mediante disparo de munición trazadora y, finalmente, el derribo”. La iniciativa cuenta con la firma de unos 15 diputados; entre ellos, Gabriela Michetti, Francisco de Narváez, Eduardo Amadeo y Pinedo.
Un proyecto así –propio de un estado de excepción ante una grave amenaza para la seguridad nacional–, cuando es aplicado con el propósito de combatir el narcotráfico en un país que carece de cultivo, producción y grandes bandas, no es sino la antesala de un ejercicio criminal. Ese precisamente es el caso de la Argentina, apenas una plaza de tránsito lento. Pero con legisladores dispuestos a legitimar la pena de muerte extrajudicial.
Mientas tanto, en un oscuro calabozo bonarense El Mudo se niega a declarar. <
Semejante diagnóstico es esgrimido con persistencia por el alcalde porteño Mauricio Macri, quien no duda en atribuir dicho fenómeno a la “inmigración descontrolada de los países limítrofes”. No menos alarmado por tal asunto, el ex presidente interino Eduardo Duhalde reclama la intervención del Ejército, sin ocultar su gran entusiasmo por el ejemplo del presidente mexicano Felipe Calderón, cuya declaración de guerra al narcotráfico ha cosechado en cuatro años y medio unos 40 mil muertos. En cambio, su esposa, la senadora Hilda González de Duhalde, se muestra más contemporizadora y, desde diciembre de 2009, a través de un proyecto de ley propone declarar durante dos años la emergencia en materia de seguridad, la cual –según su autora– contempla “la construcción de cárceles e instituciones para contener a los jóvenes en riesgo (léase: pibes adictos al paco), quienes requieren un tratamiento preferencial para lograr su reinserción social”. También exige la aplicación de un sistema nacional de vigilancia aeroespacial, que consiste en “radarizar el cielo con la colaboración de la Fuerza Aérea”. No obstante, a raíz del resonante affaire que involucró a los hijos de los brigadieres José Antonio Juliá y José Miret, en complicidad con altos mandos de la Aeronáutica, la señora Chiche optaría por soslayar el papel de aquella fuerza en la cuestión. Lo cierto es que, en cuanto a la lucha contra el flagelo de las drogas, nada de lo expuesto resulta tan audaz y prometedor como el proyecto legislativo tendiente a implementar el derribo de aviones sospechosos. Su autor: el diputado nacional del PRO, Julián Obiglio.
A pesar de ser un desconocido para el gran público, este hombre de 35 años, profundamente evangelista, liberal a ultranza, acérrimo opositor al aborto y el matrimonio igualitario, abogado de profesión y con una extensa trayectoria como empleado judicial en el fuero Civil y Comercial, se asomó a la política de la mano del fugaz ministro aliancista Ricardo López Murphy, para después sumarse a las huestes del PRO. Alterna su militancia con sus actividades en la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), vinculado al ex mandatario español José María Aznar, y también forma parte de la fundación PensAR, en donde supo hacer buenas migas con el actualmente encarcelado represor Julio Cirino. Desde 2007 –integrado en una línea partidaria con el diputado Federico Pinedo y los ministros macristas Néstor Grindetti y Daniel Chaín– ocupa una banca en la Cámara Baja. Entre sus proyectos de ley resalta uno para reglamentar la pornografía en la vía pública, otro para declarar de interés público un festival del predicador Luis Palau y –como ya se sabe– el de derribo de aviones.
Este último, por cierto, generó ciertos reparos en especialistas y legisladores, ya que, por caso, su aplicación en Perú provocó la caída de media docena de naves que no tenían que ver con el narcotráfico. Sin embargo, en su proyecto, el joven diputado extremó las precauciones, sin dejar ningún detalle librado al azar. Tanto es así que el protocolo que Obiglio propone está compuesto por los siguientes pasos: “Reconocimiento del avión irregular, verificación de los datos en el centro de control de vuelos, intento de contacto radial, órdenes de aterrizaje con señales visuales, advertencia mediante disparo de munición trazadora y, finalmente, el derribo”. La iniciativa cuenta con la firma de unos 15 diputados; entre ellos, Gabriela Michetti, Francisco de Narváez, Eduardo Amadeo y Pinedo.
Un proyecto así –propio de un estado de excepción ante una grave amenaza para la seguridad nacional–, cuando es aplicado con el propósito de combatir el narcotráfico en un país que carece de cultivo, producción y grandes bandas, no es sino la antesala de un ejercicio criminal. Ese precisamente es el caso de la Argentina, apenas una plaza de tránsito lento. Pero con legisladores dispuestos a legitimar la pena de muerte extrajudicial.
Mientas tanto, en un oscuro calabozo bonarense El Mudo se niega a declarar. <
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