MEJOR NO VIVIR EN EL PRIMER MUNDO (CAPITULO 10). AJUSTES EN TODO ESTADOS UNIDOS

La Casa Blanca presenta un plan de desregulación de empresas

Por Joseph Kishore
28 de mayo 2011

Esta semana el gobierno de Obama dio a conocer detalles de su plan para recortar drásticamente las regulaciones sobre las empresas, como parte del esfuerzo para eliminar todas las restricciones a las grandes empresas con fines de lucro.
El esquema de desregulación de la Casa Blanca fue anunciado inicialmente en enero, como parte del giro hacia la derecha de la administración a raíz de las elecciones de 2010. Este cambio incluye un acuerdo alcanzado en diciembre para extender los recortes de impuestos a los ricos. El lanzamiento  del primer tramo de la desregulación propuesta presenta a la Casa Blanca dedicándose a  negociaciones encaminadas a reducir drásticamente los programas federales de atención a la salud.
La sede para el anuncio de la Casa Blanca era casi tan importante como los detalles. La propuesta inicial fue hecha en enero en un artículo de opinión de Obama en el Wall Street Journal. Esta semana, Cass Sunstein, el administrador de la Oficina de Información y Asuntos Regulatorios, ha anunciado en otro artículo del Journal la celebración de un examen de todos los reglamentos durante cuatro meses.
Sunstein continuó el artículo del Journal con un discurso en el derechista American Enterprise Institute, conocido por su oposición vociferante a cualquier restricción a la élite empresarial y financiera. Sunstein comenzó elogiando el "excelente trabajo sobre la política de regulación que se ha hecho en el IEM durante muchos años".
Al igual que con el anuncio anterior de Obama, los comentarios de Sunstein se hicieron eco de toda la retórica estándar anti-reglamentaria de la ultraderecha. Sunstein escribió en el Journal que Obama pidió "una revisión sin precedentes en todo el gobierno de los reglamentos que ya están en los libros para que podamos mejorar o eliminar aquellas regulaciones que están fuera de fecha, que son innecesarias, que representan una carga excesiva o están en conflicto con otras reglas".
Treinta agencias federales han hecho propuestas para eliminar o modificar cientos de regulaciones. Sunstein agregó que ese trabajo tenía el objetivo de "salvar los dólares del sector privado [es decir, los beneficios, las empresas y los bancos] y desbloquear el crecimiento económico mediante la eliminación de regulaciones injustificadas".
Aunque los detalles son aún incipientes, la desregulación tendrá un impacto significativo en la seguridad pública. Una de las propuestas, por ejemplo, según Sunstein es "eliminar la obligación de muchos Estados que exigen sistemas de recuperación de vapores en las gasolineras locales para evitar la contaminación del aire, debido a que los vehículos modernos ya utilizan eficaces tecnologías de control de la contaminación". Por supuesto no todos los vehículos que circulan en las rutas se incluyen en esta categoría.
Otro aspecto de la unidad anti-regulación se centrará en la Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA), responsable de supervisar la seguridad y las lesiones. Sunstein dijo en el American Enterprise Institute que las nuevas normas "eliminarán más de 1,9 millones de horas anuales de carga redundante de información a los empleadores y ahorrarán más de $ 40 millones en costos anuales. Las empresas ya no cargarán con la obligación de llenar formularios innecesarios del gobierno".
Esta afirmación –de que las empresas tienen una carga de regulaciones innecesarias relativas a seguridad en el trabajo- es una ficción absoluta. De hecho, en Estados Unidos las lesiones en el lugar de trabajo son sistemáticamente no reportadas. Como se detalla en la investigación reciente sobre el desastre de la mina Upper Big Brach, que mató a 29 operadores de carbón en abril de 2010, las empresas violan rutinariamente las precauciones básicas de seguridad, poniendo diariamente en peligro la vida y la seguridad de los trabajadores. Los organismos gubernamentales encargados de inspeccionar los lugares de trabajo son notoriamente insuficientes y las regulaciones existentes se aplican mal.
El informe de la AFL-CIO llamado “Muertos en el trabajo", de 2011, señala: "en el 2009, según datos preliminares de la Oficina de Estadísticas Laborales, 4.340 trabajadores murieron en el lugar de trabajo, un promedio de 12 trabajadores todos los días- y se estima que 50.000 murieron a causa de enfermedades profesionales. Se informaron más de 4,1 millones de lesiones relacionadas con el trabajo y las enfermedades, pero este número subestima el problema. La cifra real de lesiones en el trabajo es de dos a tres veces mayor -cerca de 8 a 12 millones de lesiones y enfermedades laborales cada año.
"El número de inspectores de trabajo es muy insuficiente. La Ley Federal de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) y los planes estatales de OSHA tienen un total de 2.218 inspectores (925 federales y 1293 inspectores del Estado) para inspeccionar los 8 millones de puestos de trabajo que están bajo la jurisdicción de la Ley OSHA. La OSHA federal puede inspeccionar los lugares de trabajo en promedio una vez cada 129 años, los planes estatales de OSHA puede inspeccionarlos una vez cada 67 años. Con el nivel actual de los inspectores federales y estatales de OSHA ésta puede proporcionar un inspector por cada 57.984 trabajadores".
Sunstein hizo hincapié en que la normativa será el producto de la discusión estrecha con las empresas afectadas. "El presidente hizo un compromiso sin precedentes para promover la participación pública en el proceso de reglamentación", subrayó a la AEI. Las regulaciones también serán objeto de un estricto análisis costo-beneficio, es decir, van a medir los beneficios sociales contra el impacto monetario de las normas sobre las ganancias corporativas. El reglamento procederá "sólo sobre la base de una determinación razonable de que los beneficios justifican los costos", agregó.
En los comentarios de Sunstein estuvieron notoriamente ausentes toda referencia a la serie de desastres ocurridos en los últimos dos años como resultado de las fechorías corporativas, en los que los organismos reguladores funcionan como poco más que auxiliares de la empresa y de los intereses financieros que supuestamente deben supervisar.
Además de la explosión en Upper Big Branch, hay que incluir el colapso financiero de 2008, producto de la especulación desenfrenada de los gigantescos bancos y fondos de cobertura, el vertido de petróleo de BP en abril de 2010, que desató el peor desastre ambiental en la historia de EE.UU. y toda una serie de retiros de alimentos como resultado de prácticas inseguras en la agricultura.
La desregulación inicial sólo pretende ser un primer paso. Ellas son "el inicio de un proceso en curso", escribió Sunstein en el Journal. "Nuestro objetivo es cambiar la cultura reguladora de Washington preguntando constantemente qué es lo que funciona y qué es lo que no".
En su discurso ante el American Enterprise Institute contrastó explícitamente "lo que sabemos ahora" acerca de las regulaciones del período del New Deal en la década de 1930 y los programas de la Gran Sociedad de la década de 1960. Las implicancias eran claras: las restricciones a las empresas con fines de lucro que se pusieron en marcha en aquel entonces deben ser ahora objeto de eliminación.
"El anuncio de los planes de hoy es, sin duda, un momento decisivo", concluyó. "Pero es sólo el comienzo".