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Los dos diarios más leídos de la provincia, el canal con mayor rating y la segunda radio en audiencia hacen de Clarín el grupo mediático más poderoso de Córdoba. Forman parte, aun tras el debate de la ley de medios, del paraíso imaginario donde busca ingresar todo joven salido al mercado laboral periodístico.En proporción, el Grupo supera holgadamente en la provincia la influencia que puede ostentar en Buenos Aires. Y su peso en la política local se hace sentir cuando las tapas de los diarios y el bombardeo informativo de su radio y televisión buscan influir en la opinión pública cordobesa.
Sin embargo, el Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba (Cispren) viene sosteniendo una batalla desigual hace años para que la normativa laboral se aplique plenamente, en una batalla que nunca se detuvo desde el desembarco de Clarín en La Voz del Interior a mediados de los ’90. “Junto con La Voz, el Grupo tiene en Córdoba al diario Día a Día, Canal 12 y Radio Mitre. Esto da cuenta de la influencia del monopolio en la provincia, poder que atenta permanentemente contra la organización de los trabajadores en todos estos medios”, explica Víctor Becaría, secretario gremial del sindicato de prensa.
Ese poder se traduce en una política interna de acoso a quienes desean conjugar su trabajo con el derecho de agremiarse, tal como lo habilita la legislación vigente. “En La Voz del Interior particularmente –afirma el gremialista– la situación es muy complicada, hasta el punto de llegar a episodios de violencia física. Durante una asamblea el delegado Walter Moyano terminó con un hombro dislocado tras discutir con los guardias de la empresa. Todo porque la empresa exige que los trabajadores pidan permiso cada vez que quieren hacer una asamblea. Pero es ridículo, para eso hay una ley que las garantiza”, explica.
Tal como está planteado en Córdoba, las empresas de Clarín se arrogarían prerrogativas que no les corresponden, asumiendo facultades para habilitar o denegar cualquier actividad gremial. “Básicamente infunden temor a los trabajadores. La amenaza de despido siempre está latente. El jefe de personal recorre cada escritorio para aclarar que, si hay problemas, se resuelven personalmente en su oficina, situación que los deja en absoluta debilidad. Cualquier cosa que tenga que ver con lo institucional, con la organización de los trabajadores, termina en un conflicto que genera la propia empresa, metiendo miedo y amenazando. Como resultado, los compañeros viven una situación de acoso permanente porque la empresa entiende que los planteos laborales se deben dar de forma individual y no colectiva”, señala el dirigente.
Años de luchas del movimiento obrero argentino lograron instituir la negociación colectiva como el método para dirimir los conflictos laborales dentro de las empresas. A quien no tenga contacto con el micromundo periodístico le sonará poco creíble que trabajadores con un cierto capital cultural, que gozan de un poder adquisitivo por encima de la media, sufran situaciones de maltrato, más en un ámbito donde se define en buena medida el discurso social y donde los factores de poder mandan las señales al conjunto de la sociedad. Becaría acepta el desafío de explicar la situación.
“Sí, el nivel salarial es bueno comparado con el resto, pero últimamente ha decaído, sobre todo por la política de presión que la empresa le mete al personal. Por ejemplo, en La Voz del Interior le dicen a cada nuevo empleado que no debe afiliarse al sindicato, mientras para poder ascender de cargo en el Día a Día hay que renunciar a la agremiación. El imaginario de que el trabajador de prensa es un privilegiado es equivocado. No, sufre las mismas presiones que otros trabajadores”, afirma.
Esa política agresiva se multiplica en diversas situaciones donde queda claro el intento de sacar al sindicato de vida interna de los medios de Clarín. “En el diario Día a Día, cuyo edificio está pegado a La Voz, siendo supuestamente empresas independientes, se tomaron la libertad de abrir el alambrado que los separa por el cual hacían salir o entrar a los trabajadores que estaban en situación irregular. En ese diario sufrí personalmente amenazas concretas de directivos, diciéndome que me iban a golpear donde me encontraran”, acusa Becaría.
Limbo legal. Entre otros problemas, desde el Cispren denuncian que hace años que La Voz del Interior impide que el sindicato y la Secretaría de Trabajo puedan inspeccionar conjuntamente las instalaciones de la firma para constatar las condiciones laborales, como se hace diariamente a cientos de empresas de todo el país. “Nos impiden sistemáticamente el acceso”, dice Becaría. Las actas de inspección que el sindicato brindó a esta revista confirman la denuncia. “Pareciera que Clarín tiene legislación propia. Para ellos no existe la Ley de Asociaciones Sindicales, la Secretaría de Trabajo de la provincia o el Ministerio de Trabajo de la Nación. Sólo está su propia ley que se impone por la fuerza. Desde el 2006 empezamos a acumular expedientes con intentos de inspecciones fracasados, que dejan afuera también a los inspectores de la Secretaria de Trabajo.”
Según las actas mencionadas, ante cada intento de inspección, La Voz del Interior habilita el ingreso de la Secretaría de Trabajo provincial, pero niega que se realicen de forma conjunta con el sindicato. “En el fondo plantean que el Estado tiene que cumplir el limbo legal que impone la empresa. Esto genera que el sindicato no pueda constatar las condiciones de trabajo, salvo a través de los propios delegados. Pero no es lo mismo que un funcionario público vaya con la nómina, hable con cada trabajador para conocer de su boca lo que sucede adentro del lugar de trabajo”, describe Becaría.
Como consecuencia, el Cispren realizó presentaciones administrativas en la cartera laboral provincial, como la autoridad de aplicación, para que abran las puertas del matutino. “A nosotros nos excede, por eso le reclamamos a la provincia constantemente que lo lleve adelante. Hasta ahora no pudimos relevar la situación interna. Los compañeros tienen derecho a afiliarse, el sindicato tiene derecho a controlar las condiciones de trabajo y a revisar los recibos de sueldo, son derechos constitucionales y legales”, sostiene.
La normativa que regula la actividad sindical se apoya en la ley nacional 25.877, que reemplazó a la famosa ley Banelco. Allí se funda el principio que ordena a la inspección laboral, como parte del poder de policía del Estado, que incluye llevar determinada documentación y cumplimentar la legislación laboral con carácter de orden público. Específicamente, en el artículo 31, la norma establece que los representantes sindicales tienen el derecho a acompañar a los agentes oficiales en la inspección. En ese marco, los sindicatos representan el interés colectivo del conjunto de los trabajadores afiliados y tienen la prerrogativa de controlar que las empresas cumplan la legislación laboral.
“El sindicato y el Estado tienen una comunidad de intereses a los fines de inspeccionar y regular el cumplimiento de la normativa. Esto está regulado desde la OIT, pasando por la normativa nacional y la provincial. Los convenios y las recomendaciones de la OIT hablan de la participación sindical, conjuntamente con los inspectores estatales que hacen el relevamiento. La 25.877 habla de un sistema integrado de inspección, que fija específicamente la facultad del sindicato de acompañar el acto inspectivo con el Estado. Como resultado del reparto federal de competencias la Secretaria de Trabajo de Córdoba tiene la facultad de llevar adelante las inspecciones laborales, reguladas a través de la ley provincial 8.015, que fija todo el procedimiento”, reseña Eugenio Biafore, abogado del Cispren.
Para el abogado, en el espíritu de la ley, en las recomendaciones especificas de la OIT, en la letra de la legislación, la participación del sindicato en el acto inspectivo es la regla, no la excepción. “Lo irregular y en contra de la ley es que un grupo de empresas impida el ingreso conjunto de la representación sindical y el Estado. Acá no hay más razón que la de la fuerza”, afirma el letrado.
Como esa fuerza no puede ser invocada por el gremio como método para ingresar a una firma, la ley provincial 8.015 establece que la Secretaría de Trabajo debe requerirle a un juez el auxilio de la fuerza pública. Cualquier magistrado puede dictar una orden de allanamiento. Así los habilita el inciso G, artículo 1 de la ley provincial, mientras que el artículo 26 ter estipula que las asociaciones sindicales “podrán colaborar, cooperar y participar en la inspección”, junto con la cartera de Trabajo.
“Este es el punto de la crisis que tenemos. Pero el peso político del grupo empresarial hace que la solicitud de allanamiento de la Secretaria de Trabajo se alargue o no aparezca”, añade Luis Reinaudi, también abogado del gremio.
Este punto no es nuevo. Acostumbradas a hacer pesar su poder de lobby, las corporaciones se niegan a permitir que el Estado haga cumplir la ley. Pueden ser grandes empresas rurales que rechazan el control sobre las condiciones de trabajo de sus empleados, acaso directorios que reniegan de la participación accionaria estatal, en todo caso se advierte –como denominador en común– la falta de pruritos para reconocer, en última instancia, que dentro de sus límites nada ni nadie puede oponerse a sus designios y que manejan su vida interna con sus propios criterios.
El Cispren reclama que los organismos de la provincia se sobrepongan a las presiones que puede imponer Clarín, para poder ejercer plenamente la defensa de los derechos de los trabajadores. En ese sentido, Biafore afirma que la Secretaría de Trabajo provincial “debe tener la vocación de cumplir con las inspecciones y, para eso, valerse de la legislación a su disposición. Me consta que los inspectores llegan a al puerta de la empresa y dejan asentado en las actas la negativa de la empresa al ingreso del sindicato y el Estado. Pero allí quedan las actuaciones”.
Esta revista intentó en reiteradas oportunidades consultar al secretario de Trabajo de la provincia, Omar Sereno, para que explique la posición del organismo a su cargo en el conflicto, dado su papel de autoridad de aplicación en la materia, sin resultado positivo.
Argucias de las denuncias. En 2007 La Voz del Interior denunció penalmente al secretario general del gremio, Guido Dreizik, y a Becaría, entre otros activistas, tras una protesta en la puerta del diario en el marco de la discusión paritaria que se desarrollaba entonces.
El abogado Clarín en Córdoba, Gerardo Pío Viramonte, los denunció por entorpecer la libre circulación del diario, mientras el matutino se quejaba en su editorial por sufrir un atentado a la libertad de prensa. Cualquier similitud con las denuncias que el Grupo realizó públicamente durante el conflicto de la planta impresora en la ciudad de Buenos Aires no es mera coincidencia.
Pero en diciembre de 2008, el juez Luís Nazzis sobreseyó a los imputados y reconoció en la sentencia la existencia del derecho a la protesta. En la sentencia el magistrado sostuvo que la protesta “es un ejercicio de libertad. Si se explora en nuestro ordenamiento legal, se advierte que se trata de un derecho reconocido por la Constitución nacional y por los Tratados Internacionales de Derechos Humanos”.
Contrariando el pedido de La Voz del Interior, el magistrado exculpó a los denunciados porque estos se manifestaron “en el marco de una ‘protesta laboral’ que cubría la finalidad de reclamar mejores salarios, materializada bajo la modalidad de corte de calzada y en ejercicio del derecho constitucionalmente reconocido a la ‘protesta social’”. Para el juez, aquella manifestación no afectó la libertad de prensa.
Sin embargo, aquellas denuncias dieron el plafón durante un tiempo a la empresa para negar el derecho a realizar inspecciones, argumentando que no podían permitirlas mientras tuvieran un conflicto penal con el sindicato.
Desde el gremio aseguran que la disputa es permanente “por coacción y fundamentalmente por el poder que tienen ante la ausencia del Estado en el rol que le compete”, reflexiona Guido Dreizik. “A La Voz del Interior no pueden entrar los inspectores del Ministerio de Trabajo porque la empresa no los deja. Ni la AFIP entra, eso es clarito. Cuando nosotros hacemos las denuncias por trabajo en negro, tal como lo establece la ley, la AFIP no hace la inspección correspondiente. Al resto de las empresas sí, pero a La Voz del Interior, a Radio Mitre y a Canal 12, no.”
Según Dreizik, el choque entre el sindicato y el grupo mediático se sustenta en que “el Grupo Clarín es una corporación con relaciones laborales fascistas, con formas de explotación de los trabajadores que atentan contra la legislación y las costumbres laborales de la Argentina. Si pudieran, anularían el convenio colectivo y ese es nuestro conflicto en Córdoba con la empresa”.
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