A favor o en contra de que México sea o no un Estado fallido, criticando la política del presidente Calderón, o afirmando que México no puede ganar la guerra contra el crimen organizado, etc., todos ellos utilizan un concepto creado por el imperialismo norteamericano como si fuera una verdad científica o la descripción de una realidad material.
Para ayudar a comprender el origen, significado y utilización del concepto, exponemos un largo estudio sobre el concepto de Estado fallido.
Orígenes del concepto
Hans-Henrik Holm dice que “los Estados fallidos no son un fenómeno nuevo. Fueron históricamente una parte natural del desarrollo del sistema internacional de Estados” [Holm, 2000]. Hobbes escribe el Leviatán a la sombra de un Estado fallido, en 1588, cuando el sur inglés era diezmado por la armada española.
El concepto de “failed state” apareció en el mundo académico hace sólo una década, aunque el fenómeno al que hace referencia forma parte de la realidad política desde el nacimiento del sistema internacional de Estados, cuando en 1648 la Paz de Westfalia puso fin a la Guerra de los Treinta Años. En ese momento se configuró el Estado moderno con dos características fundamentales: por un lado su soberanía interna y por el otro una identidad externa como actor internacional a partir del reconocimiento otorgado por los otros Estados. Pero tal soberanía fue más proclamada que sostenida, “la soberanía nunca fue tan vibrante como sugieren varios analistas contemporáneos. Las normas convencionales de la soberanía siempre fueron desafiadas” [Krasner, 2001: 20] y durante un prolongado período histórico el Estado y la soberanía “eran más pretensiones doctrinales que realidades políticas” [Ramos, 1994: 41]. Habitualmente las potencias más importantes del momento intervinieron en los Estados cuya fragilidad los transformaba en amenazas a su seguridad y a sus intereses comerciales.
1. La primera etapa histórica del desarrollo del concepto podemos ubicarla a partir de 1960, cuando lo que hoy conocemos por “failed state” irá adoptando algunas de sus características actuales.
En ese año, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) calificó a la colonización de violación a los derechos humanos y contraria al espíritu de la Carta. El proceso de descolonización, principalmente en África, dio origen a numerosos Estados reconocidos por la comunidad internacional, sin que las bases políticas y económicas para desarrollarse exitosamente estuvieran inicialmente presentes. Esta situación dio origen al concepto de “quasi-Estados” [Jackson, 1998], antecedente conceptual del término actual.
2. Un segundo momento surge en la posguerra fría, cuando las dos superpotencias dejaron de tutelar al mundo en desarrollo y perdieron interés en brindar apoyo militar y político a los Estados débiles. El proceso de la globalización originó la desintegración de viejos Estados y la consecuente formación de otros nuevos. Los Estados moribundos provocaron conflictos regionales y el crecimiento de operaciones de establecimiento o mantenimiento de la paz, junto con numerosas intervenciones humanitarias.
Fue durante este periodo cuando surgió el concepto de “failed state”. Sin embargo, los problemas que dichos Estados planteaban eran contemplados dentro de marcos estancos, no interconectados unos con otros y eran sólo de interés regional o local para los Estados vecinos [Sánchez-Gijón, 2003]. El fenómeno aún no estaba generalizado y planteaba más bien la necesidad de respuestas ante las emergencias humanitarias que suscitaban.
3. En la tercera etapa, hacia fines de los ‘90s, el fenómeno fue abandonando su aspecto humanitario para pasar a ser debatido como una amenaza para la paz y la seguridad internacional. Los “failed states” pasaron a ser una variante de las nuevas amenazas, entre las cuales ocupa un lugar importante el narcotráfico.
4. En la última etapa de desarrollo del “failed state” el concepto sufrió un punto de inflexión tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, pasando a formar parte central de las preocupaciones básicas de los grandes decisores del sistema internacional.
En los Estados Unidos la inquietud por los “failed states” se vincula con la visión de la actual administración sobre la guerra al terrorismo [Ver Anexo 6]. Busca así minimizar los escenarios de ingobernabilidad, propicios para el asentamiento de las amenazas transnacionales [Elizondo, 2004].
Aproximaciones teóricas al concepto de “failed state”
La primera definición de “failed state” fue obra de los autores Gerald Herman y Steven Ratner que estaban preocupados por el nuevo fenómeno de un Estado que se estaba volviendo “incapaz de sostenerse a sí mismo como miembro de la comunidad internacional” y que “podría poner en peligro a sus propios ciudadanos y amenazar a sus vecinos a través de oleadas de refugiados e inestabilidad política” [Herman y Ratner, 1993].Posteriormente William Olson amplió esta definición a los Estados que enfrentaban serios “problemas internos que amenazan su continuidad” o que “presentan significativos desafíos internos para su orden político” [Olson, 1993].
En el análisis de Robert H. Jackson, los “failed states” no pueden garantizar un mínimo de condiciones civiles a sus ciudadanos, tales como el orden, la paz y la seguridad doméstica. No son de por sí económicamente subdesarrollados, pero sufren deficiencias políticas [Jackson, 1998].
Reflexionando sobre los países africanos, considera que estos tipos de Estado son resultado del fin del colonialismo. Sólo tienen existencia internacional porque su independencia fue aceptada por la sociedad internacional y se basan en la soberanía jurídica. Esta garantía postcolonial a la autodeterminación generó una importante cantidad de Estados marginales, que por falta de un mejor término para el autor, pueden ser llamados “quasi-Estados” de los cuales algunos han caído o colapsado y han dejado de ser “Estados” en el sentido moderno del término. En síntesis, desde su punto de vista los “failed states” tienen existencia legal pero poca existencia política.
Para Michael Nicholson, los “failed states” son aquellos Estados que fracasan en dos sentidos. No logran proveer los servicios esenciales que un Estado debe garantizar a sus ciudadanos para funcionar correctamente, principalmente seguridad y estabilidad. Y también fracasan al no poder operar en el sistema internacional como actores aunque sea como actores débiles [Nicholson, 1998].
El autor sugiere ver los “failed states” como puntos en un espero donde fallan de distintas formas o en distintos niveles, más que como una sola categoría.
Destaca el hecho que el mero reconocimiento externo de dicho Estado, más el control de aparato estatal por parte de elites corruptas impacta negativamente en el nivel doméstico. Por un lado permite a los que manejan el poder enriquecerse fácilmente, y por el otro la débil estructura estatal permite el libre desarrollo de los negocios multinacionales.
Daniel Thürer entiende que el término “failed state” no se aplica sólo al gobierno central, sino que también se refiere a que las demás funciones del Estado han colapsado. Los “failed states” son producto del colapso total o parcial de las estructuras y/o instituciones de poder encargadas de mantener el orden y el imperio de la ley en un país, un proceso usualmente acompañado por una escalada de violencia [Thurer, 1999]. Esta definición acerca el concepto de “failed” al de “collapsed”. En realidad entre ambos términos hay una diferencia de grado, como dice Henry C. K. Liu: “un Estado colapsado es un Estado fallido en grado avanzado” [Liu, 2005].
Thürer concluye que el “failed state” es aquel Estado que a pesar de retener su capacidad legal ha perdido la habilidad de ejercerla. El Estado pierde el monopolio de la fuerza y se observa un desmoronamiento de las estructuras que garantizan estabilidad y seguridad. Las Fuerzas Armadas y policiales, el sistema judicial y otros órganos que mantienen la ley han dejado de existir, en los casos más extremos, o ya no pueden funcionar.
También hay un aspecto funcional que implica el derrumbe de las instituciones y la ausencia de los órganos que representen al Estado en el sistema internacional. En un “failed state” no existe ninguna institución con autoridad para negociar, representar y hacer cumplir la ley. Si existe no se puede confiar en ella ya que no hay certeza de cuánto tiempo va a perdurar en el poder o qué respaldo tienen los compromisos que asume en nombre del Estado.
Sociológicamente el fenómeno de “failed state” se caracteriza por dos situaciones. La primera de ellas es el colapso del núcleo del gobierno, lo que Max Weber ha definido como “el monopolio de la violencia física”. En dichos Estados, la policía, el Poder Judicial y otros órganos encargados de hacer cumplir la ley y mantener el orden, han dejado de existir o no tienen capacidad de funcionar. En muchos casos son usados con otros propósitos o se dedican a otros fines distintos de aquellos para los que fueron creados, por ejemplo se involucran en el tráfico de drogas y armas. Aquí el monopolio de la violencia como función básica del Estado está destruida y la sociedad retrocede al “estado de naturaleza hobbesiano”. La segunda situación tiene que ver con la espiral de violencia típica de los “failing states”.
Robert H. Dorff argumenta que en los “failed states” el Estado pierde la habilidad para desempeñar las funciones básicas de gobierno y también pierde su legitimidad [Dorff, 1999]. En tal situación es vital lograr la restauración de las funciones básicas del gobierno y la legitimación del aparato estatal a fin de salvar al Estado de la desintegración.
Define al “failed state” en función de algunas características fenomenológicas: guerras civiles, crisis humanitarias (refugiados, hambrunas), aumento de la violencia, desarrollo de la economía informal caracterizada por el mercado negro y expansión de la corrupción política y económica. Se trata de gobernar lo ingobernable, en áreas donde existe ausencia de gobierno.
Robert Rotberg sostiene que los Estados modernos se focalizan en atender las preocupaciones y satisfacer las demandas de sus ciudadanos. Así cumplen con su función de proveer bienes políticos que son básicamente seguridad, salud, educación, participación en el proceso político, un marco legal de orden, un sistema judicial que lo administre, oportunidades económicas, protección ambiental e infraestructura básica [Rotberg, 2003].
En este sentido una función principal función del Estado es proveer seguridad, para prevenir invasiones territoriales o cualquier pérdida de territorio, para eliminar amenazas domésticas o ataques contra el orden nacional y la estructura social, para prevenir el crimen y cualquier peligro relacionado con la seguridad de sus ciudadanos, y para permitir que dichos ciudadanos resuelvan sus diferencias con el Estado y con sus pares sin recurrir a las armas o otras formas de coerción física. La distribución de los otros bienes políticos sólo es posible cuando existen determinados niveles de seguridad.
Rotberg clasifica a los Estados como débiles, fuertes, fallidos y colapsados en función de su rendimiento con respecto a la distribución efectiva de los bienes políticos más importantes[1]. Aclara que es posible que en determinado momento un Estado deje de ser débil para convertirse en fallido y de fallido pase a ser considerado un Estado colapsado.
Un “failed state” es incapaz de proveer los bienes políticos más importantes. Esta incapacidad se manifiesta de distintas maneras:
1. No puede controlar todo su territorio, hay amplias zonas del país que están fuera del control del poder estatal, y por lo general la autoridad oficial se limita a la ciudad capital y algunas regiones en particular.
2. Hay un descontento generalizado en la población, violencia y ataques contra el gobierno.
3. Los enfrentamientos son recurrentes y se dan por rivalidades étnicas, regionales culturales, o por el control de determinados recursos naturales.
4. Hay un marcado crecimiento de la violencia criminal, con bandas y mafias dominando las calles. En este contexto, al debilitarse la autoridad estatal el mismo Estado se termina volviendo criminal en la agresión hacia sus ciudadanos.
5. Se deja de proveer el bienestar mínimo a la población, que empieza a recurrir a actores no estatales para la provisión de seguridad, justicia, educación y salud
6. Hay un severo deterioro en el estándar de vida de la gente y en la infraestructura del país.
7. Los índices económicos caen, aumenta la inflación y la moneda nacional se deprecia, también florece la economía informal y el contrabando.
8. Las instituciones son débiles, funcionando básicamente el Poder Ejecutivo el cual domina al Poder Legislativo y al Poder Judicial. La burocracia ha perdido todo sentido de profesionalismo y carece de responsabilidad.
9. La corrupción florece y se convierte en un elemento constitutivo de dichos Estados.
Como consecuencia de estos procesos se cuestiona tanto la legitimidad del Estado, como la del Gobierno. Cuando el Estado funciona eficazmente sólo para unos pocos, la gran mayoría comienza a rechazarlo y a deslegitimarlo. En esa situación la legitimación es transferida a otros actores no estatales.
Ningún indicador aislado manifiesta con claridad que un Estado fuerte se está debilitando o que un Estado débil está a punto de convertirse en “failed”. Es una sumatoria de diversos indicadores la que perfila un panorama donde el Estado corre peligro de transformarse negativamente.
La conversión del Estado nacional en “failed state” no es un suceso accidental, sino un resultado de la acción humana. Los liderazgos defectuosos, las fragilidades institucionales y los defectos estructurales contribuyen al “failure” y en última instancia son responsabilidad de los ciudadanos.
Hung-En Sung argumenta que un Estado se convierte en “failed state” cuando el gobierno central deja de proveer libertades políticas, derechos civiles, justicia (civil y penal) y seguridad (personal y colectiva) en forma justa y efectiva. La efectiva (y transparente) provisión de estos bienes políticos legitima al sistema político y lo contrario incide en una pérdida de legitimidad [Hung-En Sung, 2004]. El concepto de “failed state” puede ser visto como un continuum que abarca desde una elevada performance estatal hasta un colapso total, de acuerdo al grado de éxito en la provisión de los bienes políticos y puede ser operacionalizado a través de diversas variables: la estabilidad institucional, la independencia jurídica y los derechos políticos.
Entre las características básicas de este tipo de Estados se destaca la presencia de altos grados de violencia y crimen, corrupción creciente, incapacidad de los dirigentes para ejercer la soberanía sin recurrir al uso de la fuerza, ausencia de consenso entre los gobernados, opinión pública atrofiada y una atmósfera de incertidumbre e inestabilidad.
William Zartman prefiere utilizar el término “Estado colapsado”, refiriéndose a una situación donde “las funciones básicas del Estado ya no son desempeñadas”. Y agrega que “se trata de un fenómeno mucho más profundo que una mera rebelión o golpe de Estado. Se refiere a una situación donde la estructura, autoridad, ley y orden político se han venido abajo y deben ser reconstituidos de alguna manera.” El Estado como institución ya no puede tomar decisiones e implementarlas [citado por Spanger, 2000].
Jackson Preece define a los “failed states” como Estados que son internacionalmente reconocidos como territorios soberanos, pero que sin embargo son incapaces de proveerse a sí mismos condiciones internas de paz, orden y gobernabilidad [Jackson Preece, 1999].
Según el African Studies Center el surgimiento reciente de una serie de “failed states” y Estados colapsados representa el punto más serio de tensión en el sistema internacional actual [ASC, 2003]. Algunos Estados occidentales han evolucionado hacia “Estados postmodernos”, mientras que otros Estados, generalmente ubicados en el mundo en desarrollo, amenazan con involucionar y convertirse en “Estados premodernos”. Aquí se ubicarían los “failed states” y los Estados colapsados. Coincide en que los “failed states” se caracterizan por un aparato estatal incapaz de mantener un efectivo monopolio de la violencia en todo el territorio, presenta fallas en la capacidad de hacer cumplir la ley, es incapaz o no está dispuesto a cumplir con las obligaciones internacionales (respetar los tratados internacionales) y no puede prevenir algunas formas de crimen organizado transnacional.
Uno de los signos de la debilidad o desintegración de un Estado es cuando ya no es capaz de satisfacer las necesidades básicas de su población y cuando se niegan los derechos ciudadanos. Si un Estado se desintegra, y sus ciudadanos pierden confianza en él, experimentan inestabilidad política, económica, social, e inseguridad que los lleva a buscar protección en otros lugares, incluso fuera del país.
Para Ming Nguyen la definición de “failed state” está estrechamente relacionada con la concepción del Estado en general [Nguyen, 2005]. De esta forma describe al fenómeno como el momento en que “el gobierno central pierde el monopolio de los medios de violencia”. La habilidad para monopolizar el uso de la fuerza es el elemento constitutivo y decisivo del funcionamiento estatal y la incapacidad de ejercer esta habilidad transformará al Estado en un “failed state”. Las posibilidades de cumplir otras funciones estatales como el respeto a los derechos humanos y el reparto de los servicios sociales dependerá del éxito en monopolizar la violencia.
Más allá de ciertos factores históricos, como el colonialismo europeo, la globalización y el neoliberalismo, el proceso de “failed state” también está determinado por factores domésticos, como la mala administración económica, la corrupción y la ingobernabilidad.
El concepto de “failed state” acarrea implicancias políticas y de seguridad para el Estado definido como tal, que se vuelve candidato a ser intervenido por otro Estado, por un organismo internacional o ser destinatario de un ataque preventivo.
Henry C. K. Liu argumenta que el “failed state” tiene un origen ideológico ya que el neoliberalismo genera un síndrome de “failed state” en el sistema internacional. Argumenta que “los ‘failed states’ y los Estados colapsados son una característica estructural del sistema internacional contemporáneo, no una disfunción temporal del orden mundial westfaliano de Estados soberanos” [Liu, 2005] porque el fuerte define el “failure” y el “success”.
En síntesis: el concepto de “failed state”/“failing state” se refiere a aquellos Estados que tienen dificultades para gobernarse a si mismos. Son naciones debilitadas por guerras, enfrentamientos étnicos o religiosos, corrupción política, desaciertos económicos o por una combinación de ellas. Todas atraviesan una grave crisis política, con gobiernos tan débiles que no pueden mantener la autoridad ni garantizar el orden.
Un “failed state” es incapaz de retener el monopolio legitimo de la violencia física, asegurar el cumplimiento de la ley en todo su territorio y proveer a la población de los bienes políticos mínimos (salud, educación y servicios públicos). El gobierno está deslegitimado, pero igualmente mantiene el poder estatal sobre la capital y las ciudades más importantes del país. También continúa manteniendo el reconocimiento internacional como entidad soberana.
Mas allá de los factores históricos como el legado colonial, el fin de la guerra fría y la globalización, los “failed states” tienen debilidades endógenas ya que han fracasado en la creación de un consenso social y político lo suficientemente fuerte como para eliminar la necesidad de recurrir al uso de la fuerza en la vida política cotidiana[2].
En la actualidad, el concepto “failed state” amplió su ámbito de aplicación ampliado y se refiere a todos los Estados que pueden poner en peligro la seguridad de los países más avanzados. Después del 11 de septiembre, los “failed states” fueron considerados como un germen para el desarrollo del crimen organizado transnacional.
Los “failed states” como amenazas a los subsistemas regionales
Queda claro que el problema de los “failed states” es de carácter interno. Estos Estados están afectados por el caos, la violencia, el colapso de las instituciones estatales y varias carencias de desarrollo.Si afirmamos que los “failed states” son una fuente potencial de conflictos para la continuidad y estabilidad de los subsistemas regionales, la “teoría del linkage” de Rosenau, al afirmar que las esferas políticas interna e internacional son dos sistemas en permanente interacción [Del Arenal, 1984: 222-223], ayuda a entender mejor el problema. Aunque el caso de los “failed states” aluda a fenómenos de carácter interno, el proceso de descomposición de las relaciones de mando y obediencia en los mecanismos domésticos de fuerza provoca un corrimiento del Estado de naturaleza hacia la frontera y hacia los países vecinos.
Al tener regularidades de comportamiento distinguibles, los “failed states” son capaces de desatar un proceso de tipo reactivo en los subsistemas regionales donde se encuentran ubicados. Estos subsistemas están compuestos por unidades estatales que reaccionan ante las acciones de los “failed states”. Las regularidades de comportamiento de un Estado, en este caso un “failed state”, provocan un efecto reactivo en el comportamiento de otro Estado o en el conjunto de Estados que conforman un subsistema regional dado.
Si un “failed state” emite comportamientos que comprometen la seguridad o los intereses del resto de los Estados miembros de un subsistema regional, tales como las oleadas masivas de inmigrantes ilegales, el foco de inestabilidad provocado por el propio “failed state” más la forma en que reaccionen las demás unidades estatales puede alterar la estabilidad y continuidad del subsistema regional.
Tres son las amenazas principales que los “failed states” generan a los subsistemas regionales: los desplazamientos masivos de población, la cuestión humanitaria y el desarrollo del crimen organizado internacional.
1. En primer lugar los “failed states” representan una amenaza directa para los Estados fronterizos, porque la población afectada del Estado en cuestión huye hacia otros Estados en búsqueda de mejores condiciones de vida. Como Herman y Ratner señalan: “El colapso económico y político, acompañado por conflictos internos y la caída de los sistemas sociales de salud y de asistencia, consecuentemente llevan a movimientos en masa de refugiados hacia los países vecinos” [Herman, 1993].
La afluencia masiva de refugiados repercute en la seguridad de los Estados receptores, que a menudo son obligados a cerrar sus fronteras y hacer uso de la fuerza. Pueden verse afectada su economía y corren el riesgo de que elementos armados infiltrados entre la población de refugiados civiles propaguen el conflicto en el país [Fuentes, 2004].
A esto hay que sumarle el hecho de que los Estados tienden a convertirse en “failed states” en regiones donde ya hay otros Estados frágiles. Es posible que se produzca un efecto dominó y que otros Estados comiencen el proceso de “failure” en la región. Lo que comienza siendo un problema local puede llegar a transformarse en un conflicto más amplio poniendo en jaque la estabilidad regional.
Para los Estados más fuertes (Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, Australia) las migraciones masivas constituyen una situación desafiante. Cualquier política destinada a controlar las migraciones y el problema de los refugiados debe considerar en qué medida la situación de “state failure” contribuye al surgimiento e incremento de este fenómeno.
2. En segundo lugar, los “failed states” derivan en emergencias humanitarias que involucran serias amenazas a los Derechos Humanos. Ante estas violaciones la comunidad internacional y la ONU consideran la protección y la promoción de los derechos humanos como intereses fundamentales para el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales.
Los Estados más poderosos se sienten obligados a hacerse cargo de la situación a través de ayuda económica, militar, humana, etc. Este contexto genera la paradoja que Dorff menciona en los siguientes términos: “la mayoría de los casos de ‘failed state’ ocurren en el mundo en desarrollo, que desde una óptica realista son zonas de intereses periféricos de las potencias. Es decir, hay una contradicción en el sentido que en aquellos lugares donde existen intereses vitales de las potencias hay pocas amenazas que los pongan en riesgo, y donde hay amenazas generadas por los ‘failed states’ hay pocos intereses vitales que proteger [Dorff, 1999].
Adicionalmente el fenómeno de los “failed states” atrae la atención de los países desarrollados no sólo por su capacidad conflictiva, sino también porque la ayuda económica de los donantes bilaterales o multilaterales pueden tornarse ineficaces, ser malversadas o destruidas [Mendelson Forman, 2001].
3. Después del 11 de septiembre hay un fuerte consenso acerca del potencial de los “failed states” como lugar de asentamiento para el desarrollo del crimen organizado internacional.
La inestabilidad creada por dichos Estados ha contribuido a elevar las preocupaciones sobre la peligrosidad de los llamados “rogue states” que pueden llegar a presionar y/o manipular a los “failed states” para lograr sus propios objetivos[3].
Esta preocupación, íntimamente relacionada con la “Estrategia de Seguridad Nacional” de los Estados Unidos (NSS por sus siglas en inglés)[4] de septiembre de 2002, representa un giro en la política exterior norteamericana. Mientras los demócratas habían marcado un acento humanitario en la problemática de los “failed states”, la actual administración republicana enfatiza la amenaza que dichos Estados representan para la seguridad nacional.
La NSS define a los “failed states” como países en los cuales el gobierno central no ejerce suficientes controles y no es capaz de distribuir los servicios vitales para importantes partes del territorio.
¿Por qué los “failed states” constituyen una amenaza significativa para la seguridad nacional norteamericana? En primer lugar estos Estados proveen bases operacionales convenientes y refugios seguros para los terroristas internacionales. Las organizaciones del crimen transnacional aprovechan las ventajas de los “failed states” dadas sus fronteras porosas, su débil o inexistente aplicación de la ley y sus ineficientes instituciones judiciales. De este modo pueden trasladar hombres, armas y dinero alrededor del mundo. En segundo lugar los “failed states” engendran conflictos regionales que pueden debilitar sustancialmente la seguridad y retrasar el desarrollo de determinadas subregiones [Rice, 2003]. Para los Estados Unidos los costos de estos conflictos son importantes: oleadas de inmigrantes masivos en las costas norteamericanas, proliferación de armas que exacerban la estabilidad regional, grandes gastos en ayuda humanitaria, asistencia para el mantenimiento de la paz, caída de oportunidades para el comercio e inversiones y la explotación y exportación de determinados bienes para fines criminales.
La prevención frente a los “failed states”
Los Estados fallidos son conflictivos porque los “rogue states” y los “failed states” comparten formas similares de anomia. Mientras los “failed states” son Estados sin ley los “rogue states” son Estados que se comportan al margen de la ley internacional. Ambos poseen una gran capacidad de producir y propagar inestabilidad a nivel internacional [Sánchez-Gijón, 2003].El mundo académico advirtió sobre este problema en numerosos estudios y publicaciones. Robert Rotberg afirma que “desde el 11-S, la amenaza del terrorismo ha otorgado al problema de los ‘failed states’ una inmediatez e importancia que trasciende la anterior dimensión humanitaria” [...] “prevenir a los Estados del fracaso, y resucitar a aquellos que se transforman en ‘failed states’ son entonces imperativos morales y estratégicos” [Rotberg, 2002a].
Evitar que los Estados se conviertan en “failed states” es una política prudente y contribuye al orden internacional, una opción más económica que reconstruir los “failed states” que han colapsado [Rotberg, 2002b].
Pero hay otros autores que cuestionan la relación directa entre el desarrollo del terrorismo internacional con el fenómeno de los “failed states”. Las redes terroristas muchas veces tienen necesidades que no siempre encuentran en los “failed states”, tecnología en comunicaciones o recursos humanos y financieros para reclutar, entrenar y planear atentados. Los ataques del 11 de septiembre se concibieron y planearon en el Estado fallido afgano pero se desarrollaron en países como Estados Unidos [Nguyen, 2005].
Una visión no imperialista que rechaza el concepto de Estado fallido
En realidad el concepto de Estado fallido reafirma la tesis de que “el Estado está de regreso” [Spanger, 2001]. Aquellos que utilizan el concepto de “failed state” rescatan definiciones valorativas del Estado moderno ya que definir al Estado fallido como una amenaza al sistema internacional implica valorar al Estado soberano tradicional. Sorensen dice que hablar sobre el Estado fallido presupone la existencia de un Estado, el que a su vez implica (formal y jurídicamente) soberanía, condición básica y necesaria del Estado fallido. La soberanía crea una unidad sociopolítica con cierta dosis de autonomía, de aislamiento del exterior. Sin ese aislamiento no sería posible realizar una clara distinción entre el “interior” y el “exterior”. El Estado fallido es un fenómeno interno, condicionado por la existencia de una zona con autoridad política autónoma, no sujeta formalmente al control externo. Externamente se pueden influenciar los procesos del Estado fallido en distintas formas, pero “sin una unidad sociopolítica con autoridad autónoma política y legal, es decir soberana, no habrá posibilidades de Estado fallido” [Sorensen, 2001].Christopher Clapham afirma que “la mitología de la estatalidad fue fuertemente erosionada” en el sentido de que los Estados débiles han sufrido una “pérdida real de soberanía”. Esta pérdida, en combinación con la sustancial debilidad de esos Estados, significa que (por ejemplo) Africa “no está dividida entre entidades que sí cuentan y otras que no cuentan como Estados, sino que implica una estructura de poder que, más allá de la designación formal, disfrutan de mayores o menores grados de estatalidad” (citado por Sorensen, 2001].
Esta nueva visión de Clapham nos retorna al Estado tradicional y las dificultades que experimenta desde su formación inicial hace 5 siglos. La soberanía estatal siempre ha sido más declamada que ejercida, y los príncipes siempre han estado en pugna por transformar sus guerras en “victorias duraderas”, según el precepto de Maquiavelo. La delimitación entre interior y exterior, que consagra la verosimilitud del Estado, es siempre una capacidad conquistada inestablemente, pendiendo de una multitud de equilibrios políticamente determinados.
Los autores que hablan de Estado fallido apoyan una visión del Estado donde, contra toda suposición, la soberanía aún persiste, por más débil y jaqueada que se encuentre. Para Sorensen, apoyándose en Clapham, el “failure” debería definirse por indicadores de mayor o menor “estatalidad”, no por la adjudicación externa de indicadores pre-existentes. Un Estado fallido, en el caso de que aceptemos el término, no es un Estado que deja de existir sino un Estado con menor índice de estatalidad, en una situación donde ningún Estado es ‘completamente” autónomo y estable ni tampoco completamente débil e inexistente.
En la visión tradicional el Consenso de Washington impulsa una reforma del Estado con preeminencia económica, que termina desembocando en algunos casos en Estados fallidos, provocando deficiencias de seguridad doméstica, denominadas de diversa manera por los especialistas (espacios vacíos, áreas sin ley, zonas rojas, etc.).
En la visión de Spanger y Sorensen, el Estado fallido sigue contiene aún porcentajes de estatalidad determinables que inducen a una reforma del Estado para recuperar porcentajes superiores. Es un camino inverso al tradicional, que intenta llevar a los Estados periféricos o débiles a una situación de Estados con una estatalidad superior. La reforma del Estado buscaría incrementar su presencia en la vida social.
Globalización, narcotráfico y Estado fallido
El final de la guerra fría estructuró una agenda política cargada de nuevos temas. Entre ellos comienza a ocupar un lugar preponderante el tráfico de drogas a través de fronteras más permeables que en el pasado. Los decisores políticos se encuentran con “dificultades analíticas y de clarificación cada vez más evidentes: la globalización del capital y las comunicaciones; tratar o no la permeabilidad a las drogas en las fronteras estatales...” [Falk, 2002: 15].Las fronteras ya no pueden funcionar tan eficientemente como “containers” de poder porque en la globalización “el dinero, las tecnologías, las mercancías, las informaciones y las intoxicaciones ‘traspasan’ las fronteras, como si éstas no existieran. Inclusive cosas, personas e ideas que los gobiernos mantendrían fuera del país (drogas, emigrantes ilegales, críticas a sus violaciones de los derechos humanos) consiguen introducirse” [Beck, 1999: 42].
1. Para la visión antiglobalizadora, que ve un Estado erosionado por la presión externa, el narcotráfico es una excusa que forma parte de una política de expansión imperialista. Richard Falk lo dice con claridad: “A menudo, claro está, este impulso (del Estado) de extender el control significa que el más fuerte proyecta su poder a expensas de la territorialidad del más débil, por ejemplo, desarrollando una ‘guerra contra las drogas’ en los países proveedores mientras se realizan vertidos tóxicos y se distribuyen productos farmacéuticos de baja calidad en esos mismos países. De forma inevitable, al irse integrando más plenamente las realidades globales, los más débiles devuelven golpe por golpe, y la desesperación genera fenómenos tales como ataques terroristas y hordas de refugiados económicos y políticos” [Falk, 2002: 34-35]. Si antes de la globalización los Estados periféricos disponían de un bajo poder de decisión, “la ola neoliberal llevó al colapso o a drásticas reducciones a numerosas administraciones públicas. El Estado se retiró de vastas zonas urbanas marginales, convertidas en tierra de nadie” [Beinstein, 1999:76]. Aquí es donde encaja la visión de varios autores para los cuales el crecimiento del delito en la Argentina es resultado de fallas, ausencias o debilidades del Estado nacional. Diego Gorgal, Marcelo Saín, Peter Waldmann, Halvor Mehlum y Vadim Volkov, entre otros, otorgan a los grupos delictivos un rol protagónico y un grado de fortaleza que les permite acorralar al Estado y suplantar su rol. Calificadas ahora de “fenómenos para-estatales” [Gorgal, 2003] las actividades delictivas, especialmente el narcotráfico, son una nueva presencia institucional. El Estado ya no es un Estado fallido sino que está amenazado de extinción, una visión diametralmente opuesta a la de Clapham, Sorensen y Spanger para quienes el Estado tiene un grado de estatalidad que habrá que determinar pero que siempre existe.
2. En la visión de la ortodoxia globalizadora, el narcotráfico es un resultado inevitable de la expansión del capitalismo global. Al mismo tiempo que se le exige al Estado la desregulación de gran parte de la actividad económica, se le pide que modere las consecuencias negativas que pueda tener tal conducta. Si “la idea misma de una economía nacional va perdiendo sentido” [Robert Reich, citado por Ohmae 1997: 27], si es necesario “renunciar a cierto grado de soberanía nacional” [Turow, 1996: 151], si el Estado ya no tiene que desempeñar el papel de creador de mercado [Ohmae, 1997: 19] y si el Estado no tiene suficientes posibilidades de amortiguar las secuelas no deseadas de los mercados trasnacionales [Habermas, 2000: 73], el conjunto de las actividades delictivas encuentra mejores posibilidades de circular con mayor libertad y adquirir un carácter transnacional. En esta postura, donde la globalización implica debilidad del Estado, el narcotráfico es un efecto indeseado de un proceso necesariamente positivo, un agente “extraño” que aprovecha una situación.
3. En la visión relacional del Estado el narcotráfico se posiciona en un Estado que tiene un determinado grado de soberanía, en un mundo donde ningún Estado es completamente autónomo ni completamente débil. La primera diferencia con el resto de los análisis es que no hay diferencia entre Estados exitosos y Estados fallidos. El narcotráfico, que existe en todos ellos, tiene incluso una presencia mejor estructurada en los Estados exitosos que en los fallidos.
La segunda diferencia es que la visión relacional rescata la estrecha vinculación entre las preferencias sociales y los comportamientos estatales. Si el Estado ha dejado de ser el clásico Estado de derecho y se trata de un Estado con reserva de soberanía para el sitio nacional como actor del proceso de globalización y partícipe del capital global, el derecho tiende a contradecirse con la norma social. La conducta del Estado respecto al narcotráfico dependerá de cómo se vayan modificando las expectativas sociales respecto al proceso de reforma del Estado. Cuando las demandas sobre el Estado de bienestar exigían su modernización, la actividad del narcotráfico no era percibida como problema. Cuando el Estado inició su proceso de reforma la euforia social percibió al narcotráfico como un problema marginal. Cuando las protestas contra las consecuencias negativas de la modernización exigieron la reasunción del Estado, el narcotráfico entra en una etapa de legitimación contradictoria, fuertemente insertado como actor económico pero cuestionado políticamente.
El Estado, el Estado "fallido" y el crimen en las grandes ciudades
Garay Vera dice que en América Latina hay cercanía con el concepto de Estados fallidos [Garay Vera, 2003]. Aunque Noam Chomsky dice que el concepto de rogue states es el más relevante en la planificación política y militar de USA en el mundo, no parece serlo para América Latina. En América Latina el incremento de la actividad criminal, específicamente el narcotráfico, es una de las formas que adopta el Estado fallido. Phillipe Delmas dice que “el narcotráfico nunca será vencido mientras encarne una forma simple, inmediata, de justicia social, de equidad económica y de mínima prosperidad para todos. La lucha armada contra los traficantes no tendrá éxito mientras sean más legítimos que el Estado ante los campesinos” [Delmas, 1996: 22]. Raúl Reyes, vocero de las FARC, lo expresa así: “El neoliberalismo expulsó a los campesinos de la producción de alimentos y no les quedó otra alternativa que internarse en la selva para cultivar coca y amapola” [Uribe Marín, 2001: 31].
El fenómeno del “failed state” nos muestra un Estado cuya principal característica es la debilidad. La debilidad del Estado es la causa principal y común de las inestabilidades. “Cuando barrios enteros de las ciudades y regiones completas del campo escapan totalmente al orden público, excepto si éste adopta a su vez una forma criminal (escuadrones de la muerte, secuestros) cuando ninguno de los servicios más elementales está asegurado –como por ejemplo el abastecimiento de agua potable-, el Estado deja sencillamente de existir y pierde, por supuesto, toda legitimidad. Al difuminarse, abre la puerta a múltiples contra-poderes que mezclan la acción criminal y la reivindicación política” [Delmas, 1996: 25].
En materia de seguridad el orden internacional reposa sobre el principio de Estados soberanos, capaces de asegurar su propia cohesión. En la década del `90 América Latina realizó profundas reformas estructurales, en un proceso en el que junto al crecimiento económico se dispararon una serie de procesos políticos, institucionales y sociales.
Diego Gorgal afirma que, junto a esos cambios, también hubo una significativa transformación de la seguridad [Gorgal, 2003]. Tradicionalmente la seguridad era entendida como seguridad de los Estados y protección de los intereses nacionales (defensa nacional) con una agenda que estaba sesgada por las relaciones cívico-militares y las hipótesis de guerra. Esta situación cambió en la década de los ‘90s. Las relaciones cívico-militares se consolidaron dentro de un esquema democrático, la probabilidad de guerras a nivel regional se redujo al mínimo y América Latina se convirtió en una región de relativa paz. Los especialistas calificaron a la región como una “zona azul”, con pocas posibilidades para los conflictos militares clásicos.
Pero mientras las condiciones de consolidación del régimen democrático, la apertura económica y la globalización sentaban las bases materiales del crecimiento, “en América Latina se experimentaba un deterioro de los estándares de seguridad de la población, no solo del Estado o de la Nación” [Gorgal, 2003]. La posibilidad de guerra entre Estados se reducía, pero aumentaba la violencia entre particulares.
El tema de la seguridad incorporó la dimensión interior, sumándose a la cuestión de la seguridad de los Estados y las naciones (defensa nacional).
Los delitos, siempre existentes en las sociedades, empiezan a ser percibidos como un problema público que requiere la intervención del Estado. De este modo, la cuestión criminal se suma a la cuestión educativa, laboral, etc.
El Estado, desbordado por la explosión cuantitativa del delito y la violencia y por la heterogeneidad y complejidad de sus manifestaciones, no es capaz de cumplir con la principal razón de ser del Estado moderno: la protección de los ciudadanos que caen bajo su jurisdicción. El aumento del crimen lleva directamente a la cuestión de la crisis del Estado moderno en la región.
La falta de capacidad estatal y la baja calidad institucional hacen que la efectividad de la ley se distribuya de forma irregular en las sociedades latinoamericanas, dando lugar a espacios con baja presencia del Estado –y de la ley- y “donde fenómenos para-estatales de distinta intensidad y escala funcionan como autoridad y ley“ [Gorgal, 2003].
La problemática de la seguridad ha extendido la mirada a estas áreas marginales de las grandes ciudades, donde el Estado no tiene presencia. Ya no es necesario identificar la ausencia estatal y la existencia de poderes para-estatales en zonas remotas de la geografía nacional, como en el pasado reciente. El “failure” ya no proviene de amenazas políticamente organizadas sino del interior de una sociedad fragmentada.
Las futuras generaciones se socializan en un espacio que desconoce el poder público y el orden jurídico y social que éste garantiza. La tradicional marginación social se convierte ahora en marginación institucional.
En los guettos urbanos de pobreza surgen sistemas de valores y creencias distintos al resto de la sociedad, y su principal característica es la ausencia de la ley. Estos espacios sin Estado tienen un solo contacto estatal: la policía, percibida más como una amenaza que como una defensa.
Sobre esta estructura el narcotráfico produce un nuevo cambio estructural, que impone una nueva presencia institucional para-estatal con las graves consecuencias políticas que esto supone [Gorgal, 2003].
Entre esas condiciones despunta, por cierto, la crisis del Estado y su incapacidad “para prevenir y conjurar exitosamente las actividades delictivas en sus diferentes manifestaciones, cuya cara más visible ha estado centrada en el colapso del sistema judicial-penal, penitenciario y, particularmente, el sistema policial” [Sain, 2004: 5].
La vigencia del estado de derecho y el ejercicio exitoso del monopolio sobre los medios de violencia son condiciones institucionales indispensables de la democracia. Los sistemas de seguridad pública de los Estados encuentran en estas funciones sus respectivos horizontes legales y simbólicos [Sain, 2004: 5].
En el caso argentino la democratización política “enmarcó la conformación de un Estado fallido” [Sain, 2004: 5], un Estado incapaz de asegurar la efectividad de sus leyes, disposiciones y políticas a lo largo del territorio.
La envergadura y complejidad que ha adquirido la problemática criminal en la Argentina ha puesto en evidencia las deficiencias institucionales existentes en su sistema de seguridad y, muy particularmente, aquellas deficiencias derivadas del desempeño de los decisores gubernamentales y de las agencias policiales que los componen [Sain, 2004: 13].
Pero ese "fallido" es resultado de la acción estatal, ya que las autoridades gubernamentales han mantenido desinterés y desconocimiento por los asuntos de la seguridad pública, las cambiantes problemáticas delictivas y el intrincado funcionamiento policial. Abandonaron las funciones de gobierno y administración de tales cuestiones, delegándolas a las agencias policiales. Éstas las han ejercido siguiendo el conjunto de orientaciones, concepciones y prácticas autónomamente conformadas y reproducidas durante décadas en el interior de las propias instituciones policiales. En la mayoría de los casos, esa impronta delegativa se asentó en un pacto –implícito o explícito- en el que las autoridades gubernamentales se comprometían a no tener ningún tipo de ingerencia en la vida institucional de la policía a cambio de que ésta garantice ciertos niveles políticamente aceptables de seguridad pública [Sain, 2004: 13].
El resultado de este “acuerdo” conformó un sistema policial ineficiente para registrar, prevenir y conjurar las nuevas manifestaciones delictivas. También se estructuró “un circuito estable de autofinanciamiento policial generado en un conjunto de dádivas y fondos provenientes de diversas actividades delictivas permitidas, protegidas o llevadas a cabo por los propios agentes policiales y avaladas políticamente” [Sain, 2004: 14].
En este escenario de seguridad pública, la Argentina detenta un Estado fallido, con una estatalidad debilitada en el ejercicio del monopolio de la fuerza frente a los grupos y sujetos que disputan dicho monopolio y, en particular, frente al delito, “incapaz de hacer cumplir por todos las leyes y los decretos y no sólo promulgarlos” [Waldmann, 2003: 15].
Extraña combinación de argumentos donde un Estado fallido es resultado de la acción de un Estado que concientemente construye ese "fallido", al depositar la seguridad pública en manos de las agencias policíacas. En un país como la Argentina donde la policía actuó ilegalmente en todas las dictaduras, el "fallido" es una construcción destinada a disciplinar, regimentar y reprimir la desigualdad social.
Este Estado fallido ha combinado ciertos rasgos, recurrentes en las últimas décadas:
1. ausencia de voluntad gubernamental para abordar y agendar como cuestión central la problemática criminal y los asuntos de la seguridad pública;
2. permanente delegación de la seguridad pública en las agencias policiales, permitiendo niveles elevados de autonomía y de autorregulación policial;
3. falta de registro y elaboración de un cuadro de situación permanente de la problemática delictiva, de su envergadura, despliegue y evolución, y el consecuente monopolio policial de ese conocimiento;
4. sistemático desconocimiento gubernamental del verdadero estado institucional del sistema policial en el desempeño de sus tareas preventivas e investigativas e inexistencia de un funcionariado gubernamental especializado;
5. constante falta o desmerecimiento de estrategias de reforma y modernización del sistema de seguridad pública y, en particular, del sistema policial, y el consecuente mantenimiento del actual esquema institucional anacrónico y desactualizado.
6. connivencia gubernamental con los bolsones de corrupción policial y con las recurrentes prácticas policiales de regulación delictiva [Sain, 2004: 16-17].
Es que hay una “división de tareas entre los que ejercen violencia y aquellos que protegen contra violencia y cada emprendedor elige la actividad más redituable. Todos los emprendedores interactúan en un mercado de base extorsiva” [Mehlum, 2001] lo que explica el crecimiento paralelo del crimen y de las compañías privadas de seguridad, y que también expone una fuerte vinculación sistémica entre seguridad y delito, llegando a que “algunos grupos criminales establezcan sus propias empresas de seguridad” [Volkov, 2000: 494].
[2] Numerosos estudios establecen que los contextos político, económico e histórico de los “failed states” y Estados colapsados estuvieron determinados por la herencia colonial, que duró bastante tiempo como para destruir a las estructuras sociales tradicionales, pero no lo suficiente como para reemplazarlas con estructuras constitucionales al estilo occidental, el fin de la guerra fría, y el surgimiento de la ideología neoliberal, que con sus planes de ajustes estructurales en los países más pobres ha tendido a dificultar las funciones del Estado y su capacidad para proveer los bienes públicos básicos.
[3] Los “rogue states” (Estados villanos en español) son vistos con desconfianza y temor por la comunidad internacional y la opinión publica internacional por su propensión a crear conflictos con otros Estados. Tanto los “rogue states” como los “failed states” comparten formas similares de anomia: los “failed states” son internamente Estados sin ley y los “rogue states” son Estados que se comportan al margen de la ley internacional. Ambos tipos de Estados poseen el gran potencial para producir y propagar la inestabilidad a nivel internacional [Sánchez-Gijón, 2003].
[4] Más información acerca de las distintas Estrategias de Seguridad Nacional de los Estados Unidos se puede encontrar en el sitio de la National Security Council: www.whitehouse.gov/nsc
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