Un testigo aportó en Tucumán una lista policial con datos de 300 detenidos, la mayoría asesinados.
Los documentos aportados por un testigo en el juicio que se realiza en Tucumán por los crímenes cometidos en la Jefatura de Policía de esa provincia en los años ’70 son la más importante prueba descubierta en tres décadas de investigaciones, denuncias y juicios. Como bien destacó la abogada tucumana Julia Vitar, “no solamente cometían los crímenes, sino que los ponían en papeles”.
Los documentos fueron entregados a los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán. Se trata del primer juicio que se realiza por un centro clandestino de detención en esa provincia. Los archivos contienen datos sobre casi 300 detenidos, la mayoría de ellos asesinados, e información sobre interrogatorios, seguimientos, preparación de secuestros, identificación de cadáveres y nombres de los integrantes de las patotas.
La documentación permaneció escondida por un ex detenido desaparecido durante más de 30 años. No los dio a conocer antes por temor y porque una buena parte de los represores de entonces continuaron en actividad pese al restablecimiento de la democracia a fines de 1983. El protagonista de esta historia es Juan Carlos Clemente, apodado Perro, un ex militante de la Juventud Peronista detenido a mediados de 1976, cuya esposa está desaparecida.
Clemente estuvo prisionero en los centros clandestinos del ex ingenio Nueva Baviera, ex Arsenal Miguel de Azcuénaga y Jefatura de Policía. Un día, el coordinador militar Arturo Félix González Naya, uno de los más feroces represores que actuaron en esos años en Tucumán, le entregó una credencial policial y le comunicó que a partir de entonces pertenecía a la repartición. Según Clemente, desempeñó tareas en la sección archivo del Servicio de Información Confidencial que regenteaba el campo de concentración que funcionaba en el ala sur del edificio de la Jefatura, en pleno barrio norte de la capital tucumana, sobre la avenida Sarmiento, frente a la sede del arzobispado. A fines de 1977, otro militar, Luis Ocaranza, que había sucedido a González Naya, implementó el desmantelamiento del SIC y ordenó quemar algunos documentos y guardar otros. En esas circunstancias Clemente fue robando de a poco los papeles que hoy están en poder de la Justicia y que él guardó enterrados bajo los mosaicos de una habitación de su casa durante 33 años.
Entre los documentos difundidos lo que más impactó fue el listado de 293 detenidos, con nombres, apellidos, apodos y la suerte que corrió cada uno de ellos. Allí están los datos de 195 personas asesinadas (al lado de cada nombre están las letras DF, que quiere decir disposición final, es decir, asesinados). En 88 casos los represores consignaron que fueron dejados en libertad y otros 10 puestos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional.
Los amarillentos papeles también contienen la identificación de 133 cadáveres, todos asesinados en enfrentamientos fraguados, 28 operativos a ser ejecutados para secuestrar otras tantas personas, datos de 36 pedidos de captura y apuntes de declaraciones arrancadas con torturas a los prisioneros. En uno de esos últimos papeles hay una síntesis de la declaración tomada bajo tormentos a un prisionero que está desaparecido, que menciona, entre otras personas, a la doctora Mirta Graciela López, secuestrada y desaparecida en Buenos Aires poco tiempo después.
En la lista de 195 asesinados figura una hermana de esa abogada, Elsa López de Jait, que acababa de dar a luz un bebé y los militares secuestraron para presionar la entrega de Mirta. Elsa no tenía militancia ni conocía las actividades políticas de su hermana.
No sólo nombres en una lista. Para cualquier lector desprevenido, las listas que revelan estos documentos contienen sólo nombres de víctimas de la represión. Pero es necesario puntualizar que esos nombres sirven para mostrar lo que fue el terrorismo de Estado y lo que significó el aniquilamiento de un sector social de Tucumán.
El número 130 de la lista corresponde a Raúl Mauricio Lechessi. Dirigente obrero ferroviario y militante de la resistencia peronista, fue diputado provincial a partir de 1973. Como tal, presidió una comisión que investigó a la policía de la provincia. Desactivada por la presión del entonces comandante de la Quinta Brigada de Infantería, Luciano Benjamín Menéndez, a la que gustoso accedió el gobierno provincial de Amado Juri, la comisión llegó a elaborar un informe lapidario sobre los delitos cometidos por los policías provinciales.
El 64 de la lista es Damián Márquez, ex secretario general de la CGT Regional, peronista ortodoxo, alejado de toda posición combativa o de izquierda. Lo mismo que el 278, Felipe Urueña, destacado dirigente ferroviario, secuestrado a media mañana frente a la Casa de Gobierno, a la vista de centenares de transeúntes que vieron como lo llevaron caminando más de dos cuadras hasta subirlo a un auto policial estacionada frente a la sede del Correo, todo en pleno centro tucumano.
El 276 corresponde a Manuel Asencio Taján. Tenía poco más de 20 años e integraba el Consejo Directivo de la Fotia, la Federación Obrera Tucumana de la Industria Azucarera. Fue secuestrado en su casa en Luisiana, en las cercanías del ingenio Concepción. Era pelador de caña y su vivienda era un ranchito construido con sus manos con despuntes de cañas y malhoja, que es la cobertura de la caña de azúcar.
Familias completas.
Juan Manuel Salinas tiene el número 243 en la lista. Le decían Chorva. Obrero del ingenio Los Ralos, cerrado por la dictadura de Onganía en 1966, encabezó las luchas de los trabajadores de Textil Escalada, una empresa beneficiaria del Operativo Tucumán que posibilitó, con el pretexto de reactividad la economía tucumana, defraudaciones y estafas al fisco y a los operarios.
Eduardo Nicanor Giménez, operario de Confecciones de Tucumán, empresa perteneciente a Grafa, del grupo Bunge y Born, fue secuestrado junto a su esposa. Ambos eran delegados gremiales y habían tenido destacada participación en una prolongada y exitosa huelga en 1974. Los dos están en la lista, donde también figuran familias completas (Rondoleto y Alarcón), los dirigentes de la Federación Universitaria del Norte y el Humanismo, Ángel Garmendia y Lucho Sosa, que poco antes habían posibilitado una política unitaria entre dos sectores estudiantiles en pugna y la delegada de la Dirección Nacional de Educación del Adulto, María Cristina Bejas, que había diseñado y ejecutado una campaña alfabetizadora memorable entre los sectores más humildes de Tucumán.
En la lista está también Ana Cristina Corral. Tenía 16 años, le decían Pupé, estudiaba en el Liceo de Señoritas y fue asesinada en el Arsenal Miguel de Azcuénaga. La hicieron arrodillar junto a un pozo y Bussi le pegó el primer tiro, en la nuca.
No hay comentarios:
Publicar un comentario