Por Bill Van Auken
4 Julio 2011
Las autoridades de inmigración de EE.UU. han anunciado un número récord de arrestos como resultado de una redada policial el mes pasado. De acuerdo a la agencia Inmigraciones y Aduanas (ICE, siglas en inglés) 2.400 inmigrantes indocumentados fueron acorralados en una semana de operativos llevados a cabo en todos los 50 Estados. ICE describió la campaña como la más grande de su tipo.El director de ICE John Morton afirmó que las redadas, denominadas "Operation Cross Check" ("Operación Cheque Cruzado") tenían como objetivo capturar a "criminales convictos extranjeros que se aprovecha de nuestras comunidades" e "inmigrantes "fugitivos que evaden nuestro sistema de inmigración". Atribuyó el número récord de detenciones a un "excelente trabajo de equipo entre las agencias de derecho legal que comparten el compromiso de proteger nuestra seguridad pública".
Los arrestos en masa toman lugar en medio de críticas y tensiones que rodean la cruda política migratoria de la administración Obama y los esfuerzos crecientes de autoridades federales de intimidar a la policía local y estatal para que se vuelvan parte de las agencias inmigratorias.
Aunque Obama ofreció en su campaña presidencial la promesa de reforma inmigratoria, desde que ha llegado al poder ha presidido de un incremento significativo en el ritmo de deportaciones con casi 400.000 inmigrantes siendo expulsados del país cada año.
A comienzos de mes, Nueva York se volvió el tercer estado en rechazar participación en el programa de "Comunidades Seguras" ("Secure Communities") de la ICE, o "S-Comm", como se conoce en círculos policiales.
El programa utiliza a la policía de las comunidades en la aplicación de leyes inmigratorias, algo que los obligaría a tomar huellas dactilares a todos aquellos detenidos por autoridades federales para que sean comparadas con la base de datos de inmigración. Mientras que el ICE ha promocionado la disposición como un medio de retirar a "criminales peligrosos" de las calles, las estadísticas de la propia administración indican que tres de cada cinco de aquellos que son atrapados de esta manera y luego sometidos a los procedimientos de deportación son trabajadores indocumentados cuya única ofensa consiste en entrar al país sin ninguna visa apropiada o de delitos menores como ofensas de tráfico.
La policía local y estatal en varios lugares se ha opuesto al programa aduciendo que éste intimida a comunidades de inmigrantes de reportar crímenes como víctimas o testigos debido a que temen que cualquier contacto con los policías pueda terminar en detención de inmigración y en la deportación.
Los defensores de los derechos de los inmigrantes han acusado al programa como un incentivo para la discriminación racial y los arrestos injustificados por parte de la policía durante la búsqueda del status de inmigración de los individuos que aparentan ser "foráneos" pero que no habría podido ser detenido de otra forma.
La administración Obama está insistiendo ahora que el programa es mandatorio y que todos los estados deben cumplir con este pora el 2013 y los que no lo hagan confrontarán demandas federales.
En una aparente respuesta a las amplias críticas del programa, el Departamento de Seguridad Nacional anunció la semana pasada ciertas modificaciones a "Comunidades Seguras". Declaró que ha emitido directivas a los agentes del ICE y a los fiscales de inmigración para que usen "discreción" donde vean apropiado cuando decidan buscar la deportación de inmigrantes que no han cometido ofensas serias.
El director del ICE Morton también declaró que la agencia ha creado un panel consultivo para sugerir mejoras en el programa. También se ha propuesto un monitoreo estadístico del programa y el entrenamiento de la policía local.
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, siglas en inglés), que se ha opuesto a las Comunidades Seguras, ha descrito las propuestas como "nada más que una fachada" que "fracasa en remediar los muchos problemas de derechos civil que están asociados con el S-Comm, incluyendo la discriminación racial y los arrestos en los que se usa como pretexto una violación menor para investigar más a fondo al individuo".
De acuerdo al ACLU, ha habido numerosos casos en los que mujeres inmigrantes que confrontan violencia doméstica han acabado siendo arrestadas y deportadas después de haber llamado a la policía por ayuda.
La intensificación de la actividad policial ha aumentado el número de centros de detención inhumanos del Servicio de Naturalización e Inmigración (siglas en ingles, INS), prisiones de gestión privada y cárceles del condado en los que se detiene a cientos de miles de individuos cada año, muchos de los cuales son mantenidos por meses y en algunos casos años esperando audiencias de asilo, deportaciones y fallos legales.
Un proyecto de ley que se encuentra actualmente en el Congreso y que fue esbosado por el representante republicano de Texas, Lamar Smith, llamado Acta para "Mantener nuestras comunidades seguras" propone legalizar la detención indefinida de inmigrantes que el gobierno no pueda deportar.
Haciendo un paralelo a las duras medidas tomadas contra los inmigrantes a nivel federal, un número creciente de Estados ha pasado su propia legislación que tiene como objetivo perseguir a esta sección de la clase trabajadora. Muchas de ellas han sido inspiradas por la controversial S.B. 1070 de Arizona, la cual se convirtió en ley en Abril del año pasado pero fue bloqueada por un mandato de la corte después de que el Departamento de Justicia presentase una demanda que acusara al Estado de usurpar el poder del gobierno federal para implementar ley inmigratoria.
El 9 de Junio, el Gobernador de Alabama Robert Bentley convirtió en ley una de las más draconianas de estas nuevas medidas legislativas. Establecida para que entre en vigor el 1ro. de Setiembre, la ley requiere que todos los inmigrantes lleven documentos en todo momento para que prueben su estatuto legal. Hace un crimen el que los ciudadanos lleven en carro a sabiendas a un inmigrante sin documentos o que los provean con albergue.
La ley también ordena que las escuelas públicas de Alabama determinen el estado inmigratorio de todos sus estudiantes y sus padres. No prohíbe a niños sin documentos de que atiendan la escuela, lo cual violaría la ley federal, y los promotores del proyecto de ley afirman que las medidas tan sólo son para determinar cuanto el estado invierte en estos jóvenes. Sin embargo, se anticipa que esta clase de Inquisición intimidará a los padres de que sigan manteniendo a sus hijos fuera de la escuela por miedo de que su estado inmigratorio sea expuesto.
El mes pasado, el gobernador Nathan Deal de Georgia pasó como ley a la controversial HB87 la cual permite a los policías de que revisen el estado inmigratorio de todos aquellos que son detenidos y penaliza a cualquiera que ofrezca alojamiento o transportación a inmigrantes indocumentados.
La legislatura de Carolina del Sur aprobó una medida similar, creó una "Unidad de Enforzamiento contra la Inmigración Ilegal". Se requiere que todos los policías y oficiales de cárceles investiguen el estado inmigratorio de los sujetos que tienen "sospecha razonable" de ser indocumentados. También requiere que los empleadores chequeen el estado inmigratorio de sus empleados en una base de datos federal bajo un programa conocido como "E-Verifiy". La ley crea un nuevo grupo de inspectores estatales cuyo objetivo consiste en visitar negocios para ver si estos han obedecido con la ley.
Leyes similares también han sido aprobadas en Carolina del Norte y Tennessee.
Mientras tanto, parece probable que Texas pase una legislación promocionada por el Gobernador Rick Perry la cual excluiría a cualquier ciudad del Estado que rehúse que su policía local colabore con las autoridades de inmigración. Estas denominadas "ciudades asilo" serían penalizadas con la anulación de ayuda estatal.
Todas estas medidas incurrirían en nuevos gastos multimillonarios en enforzamiento y administración para Estados que ya confrontan abrumadores crisis de déficits y están buscando implementar duros recortes a servicios sociales y trabajos de empleados públicos. El objetivo de tales medidas es desviar el creciente enojo social por estos ataques contra la sección más oprimida de la clase trabajadora, los inmigrantes indocumentados.
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