http://www.stratfor.com/weekly/colombias-new-counterinsurgency-plan
Por Colby Martin
Las operaciones se iniciaron como parte de una nueva y agresiva estrategia de contrainsurgencia colombiana llamada Operación Espada de Honor, creada en respuesta a la creciente actividad violenta por los grupos guerrilleros del país. El plan amplía la lista de objetivos de las fuerzas de seguridad y los lugares donde atacarán a las guerrillas, con el objetivo de paralizar a las FARC, tanto militar como económicamente.
Espada de Honor es el último de los varios planes por parte del gobierno colombiano para combatir la militancia del país. Para comprender plenamente el plan y sus implicaciones, es útil examinar la naturaleza de los grupos guerrilleros de Colombia, las anteriores estrategias de contrainsurgencia del gobierno y cómo las FARC han reaccionado ante ellas.
Limitaciones de seguridad en Colombia
El gobierno central de Colombia nunca ha sido capaz de controlar todo su territorio. El Valle del río Magdalena representa el corazón del país, donde vive -junto con las ciudades de Bogotá, Medellín y Cali- la mayoría de la población del país. Está aislado del resto del país por la cordillera de los Andes a ambos lados. Fuera de este hinterland el país es una combinación de selvas, montañas y llanuras, en gran parte deshabitadas con un limitado desarrollo de infraestructura.
Incluso con la ayuda militar de Estados Unidos, los desafíos logísticos que intervienen en la proyección de poder en tierras del interior de Colombia hace insostenibles los despliegues prolongados. Las operaciones militares fuera del centro no han sido capaces de establecer las condiciones de seguridad necesarias que permitan la aplicación efectiva de la ley a gran escala o por un significativo período de tiempo. El Estado colombiano está en gran medida ausente de las zonas de influencia y la desigualdad económica en estas regiones es grave, dando lugar a las organizaciones criminales y a los grupos insurgentes.
Esto no sería un punto de contención si no fuera por el hecho de que las regiones fuera de núcleo de Colombia son ricas en recursos extractivos, tales como petróleo, oro, piedras preciosas y elementos de tierras raras, así como marihuana, coca y amapola de opio. El Estado y los grupos insurgentes y criminales están en competencia por estos recursos, y el Estado está tratando de asegurar las regiones, independientemente de estas limitaciones. Debido a que el gobierno carece de los recursos necesarios para abordar adecuadamente los problemas subyacentes a la falta de desarrollo y la desigualdad, la eliminación de los grupos insurgentes es casi imposible. En lugar de ello, el gobierno debe concentrarse en inhibir su capacidad para operar y tratar de asegurar sus intereses, mientras busca formas de mejorar las condiciones en el campo.
Colombia ha estado en conflicto desde su creación como república en 1819. En los últimos 50 años el conflicto se ha centrado en las insurgencias marxistas y en el comercio de cocaína. Cada nuevo plan del Gobierno para enfrentar a estos grupos insurgentes ha evolucionado a partir de los planes anteriores, aunque desde finales de 1990 sus estrategias se han basado cada vez más en la doctrina anti-insurgente de Estados Unidos.
El Plan Colombia
A finales de 1990, el presidente Andrés Pastrana trató de resolver pacíficamente el conflicto con las FARC. Bajo el Plan Colombia, Pastrana pidió ayuda a Estados Unidos, Europa y otros, tanto para combatir a los grupos insurgentes como las FARC y otros y para hacer frente a la pobreza y la falta de desarrollo en Colombia, los temas que se consideran como las causas subyacentes de la insurgencia. Este plan estaba pensado para acoplarse con las negociaciones de paz en una zona de despeje en San Vicente del Caguán, departamento de Caquetá.
Sin embargo, el plan que se puso en práctica en 2000 se centró mucho más en la erradicación de las drogas y la contrainsurgencia que en el desarrollo.
Casi el 80% de los fondos de contrainsurgencia, todos los cuales provenían de Estados Unidos (que ha gastado casi $ 7 mil millones en Colombia desde 2000), se dirigió a los militares y policías colombianos, mientras que la ayuda al desarrollo proveniente de otros países, nunca se materializó por completo. Las conversaciones de paz fracasaron, los militares ingresaron a la zona desmilitarizada y el conflicto pegó una escalada. Las operaciones de seguridad se centraron en las zonas sur y este de Colombia, que se consideraban bastiones de las FARC y, no casualmente, dos de las principales regiones productoras de coca en Colombia.
El Plan Patriota
A finales de 2003, el presidente Álvaro Uribe comenzó a implementar una estrategia de contrainsurgencia llamado Plan Patriota, la segunda fase del Plan Colombia. Uribe consideró que para derrotar verdaderamente a las FARC, los militares tenían que entrar en combate con las guerrillas. Bajo este plan, los militares se enfocarían en los líderes de alto valor de las FARC, guiar a las guerrillas fuera de sus bastiones en el sur y el este de Colombia y entregar en mano el control del territorio al liderazgo civil. Junto con esto, los colombianos iniciaron un cambio de su ejército de arriba a abajo con el apoyo de Estados Unidos.
Las tácticas utilizadas durante el Plan Patriota fueron consistentes. En primer lugar, se reunió inteligencia sobre la ubicación de los campamentos de las FARC y sus dirigentes. Después de que se adquirieron los objetivos, las aeronaves de ala fija y los helicópteros de ataque bombardearían los objetivos para ablandar las defensas, desorientar a los defensores y matar a los guerrilleros como sea posible antes de que las fuerzas de operaciones especiales se extendieran por la zona de destino con el fin de capturar o matar a los combatientes que quedaban y recoger cualquier inteligencia. Los ordenadores, las memorias USB, los teléfonos celulares y otros documentos se recogieron en estas operaciones. Esta inteligencia llevó a operaciones más exitosas contra las FARC y sus partidarios.
El plan logró reducir la capacidad y la membresía de las Farc. Hubo cerca de 16.000 asesinatos en 2008, frente a los casi 30.000 en 2002, y los miembros de las FARC se redujeron de cerca de 17.000 a 9.000. Las FARC también fueron conducidas fuera de los campamentos de base tradicionales más cerca de los sitios de producción de coca y cocaína y obligados a buscar nuevas rutas y campamentos base. Los éxitos del Plan Patriota sentaron las bases de las tácticas utilizadas en la Operación Espada de Honor.
Plan Renacer
El éxito del Plan Patriota no destruyó a las FARC, pero sí forzaron al grupo a cambiar la forma en que operaba. A finales de 2008, después de darse cuenta que no podían tener éxito en los enfrentamientos directos con las fuerzas de seguridad colombianas, la cúpula de las FARC ideó el Plan Renacer. Bajo el plan, el grupo se retiró a sus bastiones tradicionales, descentralizó su liderazgo y se organizó en unidades más pequeñas. El grupo también cambió de táctica, confiando más en emboscadas “golpe y fuga” (hit-and-run), artefactos explosivos improvisados y equipos pequeños, con francotiradores móviles lo que permitió a los guerrilleros atacar las fuerzas del gobierno sin entrar directamente en combates convencionales.
El objetivo de la Farc también cambió para centrarse más en infraestructuras lineales con valor estratégico e inferior seguridad, como el transporte y las redes de oleoductos. El razonamiento del grupo es doble: en primer lugar, se podría utilizar la amenaza de estos ataques para extorsionar por "impuestos revolucionarios" a empresas que operan en la zona. En segundo lugar, dado que el gobierno se basa en la energía y la extracción de recursos para el crecimiento económico, estos ataques podrían dar influencia a las FARC en cualquier negociación futura. La táctica parece tener cierto éxito, ya que Emerald Energy ha cerrado operaciones en la región de San Vicente del Caguán, en el último año, y otros, incluyendo a laOccidental Petroleum Corp., están amenazando con hacer lo mismo a menos que la seguridad mejore. Sin embargo, la inversión extranjera directa sigue aumentando, lo que da al gobierno colombiano más objetivos para proteger y tener más razones para tratar de controlar a las FARC.
Operación Espada de Honor
La Operación Espada de Honor es entonces un intento del gobierno colombiano para contrarrestar la agresividad de las organizaciones hostiles como las FARC y otras en las zonas donde estos grupos y los intereses económicos de Colombia se superponen. El objetivo final es reducir la "capacidad" del grupo en un 50% durante los próximos dos años y limitar su capacidad de atacar al Estado o a sus intereses.
La nueva estrategia no sólo sigue atacando a los líderes del grupo, sino que también amplía su enfoque para eliminar 15 de los 67 frentes de las Farc, los que representan sus fuerzas económicas y militares más poderosas. De acuerdo al diario colombiano El Espectador, los 52 frentes que quedan ya no están en contacto directo con la cúpula de las FARC, operan como bandas de delincuentes y hacen acuerdos con todos, incluyendo a los antiguos enemigos. El comandante general de las fuerzas armadas colombianas, general Alejandro Navas, estimó recientemente que los actuales miembros de las FARC son entre 8.000 y 9.000, aunque la cifra real es difícil de discernir.
La operación continuará centrándose en los tradicionales bastiones de las FARC del sur y este, así como la región del Catatumbo y los departamentos de Arauca, Cauca, Valle, Nariño, Tolima, Putumayo y Vichada. Los militares también mejorarán sus capacidades de inteligencia a través de la creación de un centro de articulación entre todas las ramas de las fuerzas armadas y la policía nacional y aumentar el tamaño del ejército con 5.000 soldados y la Policía Nacional con 20.000.
Cabe destacar que, a pesar de que las Farc son actualmente el objetivo principal, la operación también cambia la forma en que el Estado combate las llamadas bandas Criminales o "bacrim" -grupos delictivos con raíces en la organización paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Tradicionalmente, los militares se han ocupado de las insurgencias guerrilleras de grupos como las FARC y el Ejército de Liberación Nacional, mientras que la Policía Nacional se ha ocupado de las bacrim con el apoyo de la Armada. En el anuncio de la Espada de Honor, se mencionó que los militares ahora lucharán también contra las organizaciones criminales.
Implicancias
La Operación Espada de Honor se trata tanto de un cambio estratégico importante en la guerra contra la insurgencia y la delincuencia que se trata de una admisión por parte del gobierno de Santos de que el fin de la violencia en Colombia no está a la vuelta de la esquina. El gobierno ha dejado de lado por completo el objetivo de derrotar a las FARC y a otros grupos, centrándose en la defensa estratégica de sus intereses mediante el freno al enemigo a través de tácticas ofensivas.
Así como Estados Unidos aprendió en Vietnam y Afganistán, la insurgencia es muy difícil de erradicar por completo. Sin duda, una victoria armada sobre las FARC o incluso a una solución negociada, no será el final de los grupos de delincuentes armados en Colombia. Las limitaciones geográficas, la desigualdad severa y el comercio de cocaína, crean las condiciones por las que Colombia seguirá luchando para controlar su territorio. La nueva importancia de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la insurgencia deja en claro que el gobierno nunca fue capaz de establecer un control efectivo sobre las áreas externas del país. Sin este control, en las regiones donde el conflicto continúa no se pueden comenzar a resolver los problemas subyacentes de desigualdad y falta de desarrollo.
En el corto plazo, la expansión de los objetivos y lugares aumentará la probabilidad de violencia. Las operaciones también podrían reducir la cantidad de cocaína que sale de Colombia mientras el gobierno intentará cortar la financiación de las Farc y las organizaciones tratarán de esconderse y sobrevivir. Con el tiempo, la operación podría conducir a una mayor descentralización de las FARC a medida que haya más líderes capturados o muertos, incluyendo a los líderes de nivel medio. Los miembros comunes y corrientes de sus filas podrían decidir desertar con el fin de sobrevivir al ataque. Esta dinámica podría crear aún más violencia, si los miembros de las FARC luchan contra los grupos del crimen organizado y los traficantes de drogas por el control de un territorio altamente lucrativo. Se trata de que el monopolio del control por parte de uno u otro grupo, incluido el gobierno, es lo que reduce la amenaza.
Sin embargo, es importante recordar que esta escalada del conflicto no significa que estas pandillas rivales representen la misma amenaza existencial para el Estado que una gran insurgencia marxista con 20.000 combatientes. Pero mientras haya un mercado para la cocaína y los recursos extractivos que se encuentran en Colombia, la insurgencia y los grupos criminales tienen los medios y la motivación para continuar el conflicto.
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