JUSTICIA CORRUPTA NO ES JUSTICIA

El Poder Judicial en México, un recinto de privilegios y corrupción

Alejandro Campuzano Álvarez, Investigador Jurídico del CEEYPP

La diversidad cultural en México es un distintivo categórico del país. Desde Baja California Sur hasta Quintana Roo es notoria la riqueza cultural, la que se ve reflejada en las diferencias y similitudes que hacen de esta tierra un lugar único en el mundo.

Hoy en día la corrupción es un elemento homogéneo y cotidiano que no reconoce estatus social, edad, sexo, nacionalidad, pensamiento religioso o político; es un cáncer que ataca a todos los mexicanos por igual.

La corrupción fue descrita por el presidente Enrique Peña Nieto como un problema “cultural” intrínseco a los mexicanos, sustentando que ésta es parte de nuestra genética, justificando el total fracaso que han tenido las diversas instituciones del Estado, inclusive aquellas cuya principal función es combatir de fondo el problema de la corrupción como la Auditoria Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública, el Consejo de la Judicatura Federal o el Sistema Nacional Anticorrupción.

México enfrentará en los próximos meses un cambio en el poder, como resultado del hartazgo social en contra de los diversos partidos políticos (específicamente el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Acción Nacional), los que han gobernado al país por 76 y 12 años respectivamente. Si bien es cierto que la corrupción es un problema que ha estado presente desde la consolidación del Estado moderno mexicano, el actual sexenio del presidente Enrique Peña Nieto ostenta los más altos índices de desaprobación en virtud de diversos actos de corrupción en los cuales ha sido señalado directamente como responsable; sin embargo, es válido preguntarse si Peña Nieto ha sido el presidente más corrupto en la historia del país, o bien si las circunstancias propias del desarrollo social reflejadas en una mayor participación ciudadana en conjunto con la aparición de diversas tecnologías (redes sociales y teléfonos inteligentes) han hecho que la información se vuelva expansiva sin posibilidad de controlarla como en años anteriores cuando el monopolio en los medios de comunicación los convertía en aliados de los diversos entes gubernamentales.

Andrés Manuel López Obrador, presidente electo reconocido en México por su discurso de austeridad y anticorrupción, enfrentará un reto enorme a partir del primero de diciembre, ya que la corrupción no es un problema exclusivo del Poder Ejecutivo, es un problema que ataca a todos por igual. No obstante pareciera ser que la sociedad (en virtud del presidencialismo imperante en México) ha decidido centrar su atención en el actuar del Poder Ejecutivo y subsecuentemente en el Poder Legislativo, omitiendo el análisis y vigilancia del Poder Judicial, recinto en el cual los privilegios son una constante a tal grado que ministros y magistrados perciben mayores ingresos que los jueces federales en Estados Unidos.

En ese sentido, López Obrador ha mencionado en varias ocasiones que su gobierno tendrá como distintivo la austeridad, situación que ha generado eco en el poder legislativo (es importante recordar que el partido Movimiento de Regeneración Nacional posee la mayoría en ambas cámaras), por lo cual parece ser cuestión de tiempo para que las y los diputados, así como senadoras y senadores, disminuyan su ingreso salarial. No obstante el Poder Judicial, representado por sus máximos tribunales (Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación), en reiteradas ocasiones ha defendido y tratado de justificar los altos ingresos salariales que perciben. En la óptica de los ministros, magistrados y jueces así se inhiben los actos de corrupción en la impartición de justicia, situación que vislumbra la falta de ética y compromiso social.

El Poder Judicial de la Federación, cuyo rasgo distintivo es el nepotismo, ha generado la perpetuidad de diversas familias al mando de la institución, legitimando su actuar en parámetros “legales” mediante los cuales la propia normatividad jurídica permite que diversas autoridades jurisdiccionales contraten de forma discrecional el personal para laborar en juzgados o tribunales. Es así como ministros, magistrados o jueces promueven y fomentan la corrupción a través de la emisión de nombramientos que distan en demasía de un proceso democrático sustentado en parámetros equitativos. “La meritocracia no existe en México y mucho menos en el poder judicial”.

Sin embargo, el problema es todavía mayor. Si en algo es reconocido el Poder Judicial en México es por su ineficacia e ineficiencia en la resolución de diversos asuntos, los que abordan temas fundamentales para el desarrollo político del país, como es el caso de las problemáticas en materia electoral o los conflictos entre particulares cuyos casos demoran al menos 6 meses para ser resueltos, vulnerado así el precepto constitucional enmarcado en el artículo 17, que alude a un justicia pronta y expedita.

Aunado a lo anterior es menester mencionar que en México las sentencias distan de ser actos de justicia, más bien son actos de legalidad ya que el actuar de los jueces mexicanos se centra en la aplicación de diversas normas jurídicas a un caso concreto y en casos excepcionales la inaplicación de dichas normas por ser parámetros contrarios a la plena vigencia de los derechos humanos. Sin embargo la constante en el actuar judicial omite el estudio de las diversas causas políticas, económicas, sociales e inclusive culturales que orillan a una persona a llevar a cabo actos contrarios a la ley, haciendo de la justicia mexicana una “justicia” clasista y discriminatoria. Basta con revisar cuántas personas de escasos recursos se encuentran compurgando penas en prisión por delitos tales como robo de alimentos o interrupción del embarazo, mientras que los crímenes de los funcionarios políticos gozan de libertad e impunidad por sentencias absolutorias o poco severas en referencia a los delitos perpetuados en contra de la sociedad, emitidas por jueces corruptos al servicio de un sistema sustentado en la negociación económica, como ha sido el reciente caso de Javier Duarte.

Es tal la ineficacia y el hartazgo social en el sistema judicial mexicano que actualmente existen nuevos mecanismos y herramientas como los “medios alternos de solución de conflictos”, que señalan como premisa fundamental una solución pacifica del problema a través del dialogo entre las partes en conflicto, evitando llegar a juzgados o tribunales donde la demora, la corrupción y la negociación son los habituales mecanismos de resolución.

Es urgente una reforma en materia de justicia que impacte de fondo en el actuar del Poder Judicial, no solo por su ineficacia e ineficiencia sino aún más por los altos índices de corrupción que se presentan en dicho recinto. La corrupción es tan notoria que inclusive el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, ha hecho público su sentir en cuanto al tema, afirmado que es una constante en el Poder Judicial.

Lelo de Larrea señaló que la población mexicana expresó su descontento a través del voto a favor de López Obrador, cuyo origen se sustenta en los altos índices de corrupción. Exhortó a diversos servidores públicos del poder judicial a actuar con probidad y honradez evitando en todo momento actos de corrupción. Sin embargo habrá que analizar qué entiende el ministro por ético y transparente, ya que un ingreso mensual mayor a los 17,500 dólares en un país con más de 50 millones de pobres no está cercano a la congruencia y la honestidad.

LA DEBILIDAD INSTITUCIONAL, EL VERDADERO PROBLEMA DE SEGURIDAD EN AMERICA LATINA

Criminología, seguridad y políticas públicas en América Latina

Miguel Angel Barrios

https://www.geopolitica.ru/es/article/criminologia-seguridad-y-politicas-en-america-latina

El profesor doctor Miguel Ángel Barrios, vicepresidente académico del Centro de Estudios en Estrategia y Políticas Públicas, argentino, se encuentra dictando el Curso de "Criminología, Seguridad y Políticas Públicas en América del Sur" en la Universidad Federal de Uberlandia, Minas Gerais, en la República Federativa de Brasil.

La seguridad se halla al tope de la agenda en la tensa campaña presidencial que definirá el próximo presidente de Brasil el 7 de octubre. Con niveles de violencia con un registro de 64 mil asesinatos en 2017, el asunto se torna central en el debate electoral. 

Es una de las principales banderas, de Jair Bolsonaro (PSL) que propone revisar el Estatuto de Desarme y reducir la imputabilidad penal a partir de los 16 años. Desde un grupo de Diputados se afirma sobre la necesidad de aumentar la eficiencia y eficacia de la Inteligencia en las fuerzas de seguridad del país. El petista Fernando Haddad proyecta una actuación efectiva de la Policía Federal contra el crimen organizado. Ciro Gómez (PDT), defiende la implementación de una Escuela Nacional de Seguridad Pública. El tucano Gerardo Alckmin pretende que se cree una Guardia Nacional y Marina Silva (Rede) propone el aumento de efectivos militares en función de seguridad. (Folha de Sao Paulo. 25 de Setiembre de 2018. página 1). 

Para comprender este debate, nos parece necesario contextualizarlo desde una mirada latinoamericana. En América Latina vive el 8%de la población del mundo, pero concentra el 33 % de los homicidios del mundo. La tasa regional de asesinatos es de 21,5 % por cada 100 mil habitantes, más de tres veces el promedio global, que es del 7%. Por la combinación de su gran violencia y la cantidad de población, Brasil, Colombia, México y Venezuela concentran 1 de cada 4 homicidios globales, es decir la cuarta parte de todos los que suceden en el planeta. 

Estas cifras surgen del último informe del think tank sobre Latinoamérica Igarape Institute sobre la seguridad ciudadana https://igarape.org. Según datos de 2016 de Igarape Institute, 43 de las 50 ciudades con mayor tasa de homicidios en el mundo están situados en América Latina. Por países, los datos son igualmente negativos para la región, 17 de los 20 países con mayor tasa de asesinatos en todo el mundo son latinoamericanos. Otro dato preocupante: Entre 2000 y 2016, más de 2,5 millones de latinoamericanos han muerto de forma violenta, la mayoría de ellos por homicidios intencionales, según el citado reporte. 

El think thank llama además la atención sobre la edad de los asesinados: la mitad de ellos tienen entre 15 y 19 años. Y además las encuestas de victimización indican que la violencia contra las mujeres y los niños es generalizado. En este plano, es tan llamativo, que en las encuestas surge que los ciudadanos consideran más dañina a la violencia hacia la mujer y los niños que a las menciones a la violencia callejera, el crimen organizado y la violencia de las pandillas. 

En pocas palabras, hay que urgente generar políticas proactivas para fortalecer la seguridad ciudadana en toda la región y establecer prioridades, así como en invertir en medidas de prevención no policial, enfatizar en dar oportunidades laborales a grupos de riesgo, reforzar la cohesión social e invertir en tecnologías de seguridad pública pero que sean evaluadas-y no se conviertan en un negocio- para medir su rendimiento. 

En el rubro secuestro, México contabiliza más de 10.000 secuestros por día en menos de seis años: seis rapto por día. En este escenario, ya metiéndonos de lleno en Brasil, podemos afirmar que la tasa de homicidios cruzó por primera vez en su historia la barrera de 30 homicidios cada 100 mil habitantes y en la última década se calcula que han muerto 553.000 personas por violencia intencional. El número de asesinatos es un 26 % superior al registrado en la década anterior, lo que convierten a Brasil en uno de los países más peligrosos del mundo, según el Informe del Fórum Brasileiro de Seguranza Pública en su Atlas de la Violencia 2.018 Fórum Brasileiro de Segurança Pública 

Solo en 2016 hubo 62.517 muertes violentas, en su mayoría jóvenes negros de entre 15 y 29 años en situación de pobreza, grupo que experimentó una escalofriante tasa de homicidios de 281 cada 100 mil habitantes. La tasa nacional, un promedio de todo el país, casi 30 veces más que el promedio de Europa y muy por encima de sus vecinos, especialmente en Paraguay (9,29%), Argentina (6,53%) y Uruguay (8 %) según datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito https://www.unov.org/unov/es/unodc.html 

El Estado más peligroso de Brasil parece ser Servir, en el nordeste, donde se registró una tasa de 64,7% cada 100.000 habitantes, seguido por Alagoas con 54,2% y Río Grande do Norte con 14,2% y Minas Gerais, con 22%, ambos en el sureste. 

Por lo que podemos ver, la criminalidad y el narcotráfico se ha convertido en un riesgo en nuestra región y no podemos evadirnos o negar la situación. Abordarla urgente, desde nuestros diagnósticos y capacidades constituyen la mejor respuesta ante el intento de la República Imperial de imponer su agenda bajo la híbrida categoría de "nuevas amenazas" en una reactualización militar de la doctrina Monroe de militarización de América del Sur y de policialización de las FFAA. Ello lo desarrollamos estratégicamente en nuestro libro "Geopolítica de la Seguridad en América Latina". (Barrios, Miguel Ángel-Coordinador-, Emmerich, Norberto; Torres, Yesenia. Geopolítica de la Seguridad en América Latina. Ed. Biblos. Bs. As. 2017). 

Nunca como ahora tuvimos la posibilidad de que nazcan Estados criminales en América Latina. Regiones de América Central y Méjico son casos a observar. Hemos sostenido en "Geopolítica de la Seguridad de América Latina" que el narcotráfico y el crimen organizado poseen los mismos atributos que un Estado: territorialidad, regulación de "leyes”, la fuerza y sustentabilidad. Y por lo tanto no es un actor económico sustentado en redes criminale, sino un sujeto político económico cuyo potencial consiste en fragmentar el territorio. El Estado criminal es imposible sin connivencia en sectores de la política, de la justicia, de la policía y del "empresariado”. Por lo tanto, no es consecuencia de una amenaza externa sino de debilidades institucionales y de la ausencia de políticas claras integrales y de una corrupción sin patria.

Consideramos fundamental en una política de seguridad ciudadana, un abordaje institucional integral desde la capacitación de las fuerzas policiales en policiamiento preventivo acompañado multiagencialmente por el Estado, creación de unidades de investigación de delitos complejos, prevención local comunitaria no policial, creación de un servicio civil de inteligencia financiera. Pero nada servirá sin una ley clara sobre el financiamiento de la política, otra sobre la regulación de la obra pública para evitar la cartelización, controlar casinos y juegos de azar y penalizar el cohecho activo-activo a la persona jurídica y a la persona empresarial. 

Por supuesto decirlo es fácil, pero en esta tarea se juega nuestro destino y el gran dilema de Perón: "Unidos o Dominados", hoy es "Estado Continental o Narcodemocracias". 

SOLIDARIDAD CON AYOTZINAPA. GIRA EUROPEA DEL AÑO 2015

Gira europea de información y solidaridad con los estudiantes, familiares y luchadores sociales de Ayotzinapa. Guerrero, México. En París, 3 y 4 de mayo de 2015.

MÁS POLICÍAS, MÁS MILITARES, MENOS SEGURIDAD

Casos y fracasos de las políticas de seguridad

Norberto Emmerich

http://revoluciontrespuntocero.mx/casos-y-fracasos-de-las-politicas-de-seguridad/

En la Villa 31 de la Ciudad de Buenos Aires, un pequeño rincón con 30 mil habitantes en pobreza extrema ubicado en la zona más rica de la ciudad, se implementó en el año 2013 una iniciativa de seguridad mediante la creación de un cuerpo de Policía Comunitaria. Los miembros de la PC debían tener título universitario, no portaban armas, patrullaban los pasillos del barrio en trinomios y se enfocaban en apaciguar conflictos interpersonales. 

En ese momento la Villa 31 tenía una altísima tasa de homicidios de 56.81 cada 100 mil habitantes. Apenas creada la PC, en los primeros cuatro meses del año 2013, no se cometió cometido ningún homicidio en el barrio. El Ministerio de Seguridad celebró con entusiasmo (y sin motivo real) el rápido éxito de la iniciativa implementada. 

Como investigador criminal de esa política pública me tocó advertir que el gobierno estaba viviendo un engaño autoinducido. Pocos días después, el 9 de mayo de 2013, una adolescente de 14 años fue asesinada por la bala de una ametralladora antiaérea instalada en un sector “tomado” de la Villa. El ataque se produjo sin motivo alguno ya que la joven circulaba por una zona poco frecuentada del barrio. En realidad el disparo se produjo porque inadvertidamente la joven había traspuesto la “frontera” narco y había ingresado en la zona de las “cocinas” de cocaína para exportación existente en la manzana 107 de la Villa 31. Los homicidios comenzaron a crecer nuevamente, pero la estadística no tomó en cuenta que el asesinato de esa joven era el hecho más importante e indicaba la dirección del conjunto del proceso. 

En Ciudad Juárez la baja de los indicadores de homicidios en la “ciudad más peligrosa del mundo” había provocado el entusiasmo de los decisores políticos y cierta parte de la población. 

En aquella ocasión manifesté que “si lo que ha sucedido en Ciudad Juárez es el triunfo de un cártel sobre otro, o sea un éxito político de la situación, la mejora es muy aparente, significa que se tiene una especie de la paz de los cementerios”. Tres años después la ciudad vive nuevamente una espiral de violencia que no está por detenerse. 

Las políticas de seguridad consideran que el objetivo de la seguridad es obvio, mejorar los indicadores, disminuir los homicidios, combatir la delincuencia y aumentar las penas. Si por el contrario se apelara a un vocabulario “correctamente político” el objetivo sería el real disfrute de los derechos ciudadanos y la ausencia de interferencias, bellas palabras sin una política coherente detrás. En ambos casos los medios siguen siendo los mismos: más policía, leyes más duras, más población penitenciaria, “discurso” más o menos correcto. 

La preocupación por los indicadores esconde una grave falencia. Si la estadística muestra los datos de la violencia en un lugar, no aporta de por sí explicaciones que permitancomprender esa información. Para responder esta pregunta se necesita saber el contexto en el cual cada homicidio fue cometido y sobre todo comprender qué significa todo. Allí se verá que sólo unos contados homicidios son verdaderamente reveladores de una construcción política subyacente, de un proceso de construcción de autoridad, el ambiente en el que el crimen organizado surge y se fortalece. 

Con los expertos Miguel Angel Barrios y Yesenia Torres pudimos estudiar el tema en profundidad. El libro “Geopolítica de la seguridad en América Latina” afirma que hay dos elementos que no son tomados en cuenta y que deberían constituir el objetivo de las políticas de seguridad: el territorio y la estatalidad. 

Lo verdaderamente preocupante de los delitos (simples y organizados) es su capacidad de dar significado al territorio sobre el cual se ejercen. En una lógica situacional los delitos tienden a ser cometidos de la misma forma, en el mismo lugar, por las mismas personas, hay una inclinación por la racionalidad y la permanencia, hacia un control del territorio que permita el establecimiento de un centro “soberano” de poder. En el caso del crimen organizado esta cualidad es perentoria e indispensable. 

Este aspecto territorial del delito quita relevancia a la ley como significante organizador de la comunidad y se lo otorga al “legislador” realmente existente en un territorio determinado. El delito adquiere así paulatinos rangos de estatalidad, mientras el Estado nacional los pierde. 

En la Villa 31 y en Ciudad Juárez el Estado asistió a resultados exitosos en su política de seguridad sin tomar en cuenta que la cesión del control territorial implicaba una paz mafiosa momentánea y sin derechos, una pausa dentro de un flujo continuo de violencia. 

Los fracasos recurrentes de las políticas de seguridad no tienen que ver con los indicadoresrecabados en un recorte de tiempo arbitrario y dependiente, sino con una concepción simple, equivocada e interesada que sigue considerando al delito como una anomalía amenazante que ataca a una sociedad inocente y democrática. Ninguna de las dos cosas es cierta. El delito no es anormal y nuestra sociedad no es democrática. 

GOBERNAR ES MUCHO MAS QUE ADMINISTRAR

Estadista, redentor o manager

Juan Pablo Calderón Patiño

Una cena oficial en Bruselas salió del protocolo y vino una sobremesa donde “diversas verdades emergieron”. Uno de los anfitriones europeos con plena vocación por el europeísmo en el intento más profundo de integración del orbe, la Unión Europea, dijo preocupado: “si la guerra había sido el argumento para la integración por la paz, la circunstancia histórica para la unidad la hicieron los estadistas europeos que supieron entender esa rendija que da la historia”.  Uno de los comensales sacudió la conversación y el silencio se hizo cuando sentenció: “la crisis de la política es tan grave que ha minado la capacidad de volver a tener estadistas, a lo mucho administradores y en el peor de los casos managers de la tecnocracia que buscan controlar variables de momento ahogando labrar el curso de otra historia”.

Rodrigo Borja, ha señalado que el estadista entiende muy bien que gobernar, administrar y agitar o ganar elecciones son cosas distintas. El día a día, le corresponde al administrador, la ruta histórica al estadista. El planteamiento es similar al que escribió Richard Nixon en su libro “Líderes” en el que criticaba la visión de que Estados Unidos necesita un gran hombre de negocios para conducirlo. Nixon, que por su osadía en el Watergate perdió el lugar de ser uno de los últimos estadistas de la Unión Americana en la postguerra,  establecía que el administrador representa un proceso, el líder, le toca trazar una dirección en la historia. La victoria de Donald Trump, la de un empresario consentido sin sentido mínimo de Estado,  rompió la era de los políticos profesionales y abrió un paradigma en el sistema político creador del presidencialismo con contrapesos. En México, el “gabinete de empresarios” que presumió Vicente Fox, formado en la Coca-Cola,  dio al traste al “bono democrático”. El empresario devenido en político pragmático, fue un fiasco. Intento ser un gerente.

El estadista no está solitario ni es el redentor  cercano más al pontificado que a la acción. Si la acción política por naturaleza es comunitaria  evitando personalismos quijotescos que antes de nacer ya están muertos, los partidos políticos son el cauce y el semillero de la formación de lo que debería ser sentido de Estado;  visión estratégica, prevención en seguridad nacional, garantía de autonomía de la vida institucional y que el gobierno como brazo político del Estado garantice el desahogo puntual de las demandas públicas en políticas públicas.  Los partidos políticos, aún vilipendiados, serán necesarios para que la democracia retome las bandas paralelas de elección, participación e inclusión. Una “aristocracia tecnológica” que capture los riesgos de ingobernabilidad en su control no ayudará a afianzar la democracia.  Confundir movimientos sociales con un partido unipersonal del que se considera el líder el único capaz de ser un estadista por designio histórico, será uno de los espejismos del desánimo de la ciudadanía, pero más de sus simpatizantes. Pretender “democratizar” a la mayoría en la identificación de que el nuevo ágora es la generalidad del pueblo y que a todo se le debe dar su último veredicto, incluso en temas técnicos, será caer en la sentencia de Norberto Bobbio, que advertía que “nada es más peligroso para la democracia que el exceso de democracia”.

Un mundo demasiado chico y con un entramado comercial de reglas y normas, el poder supranacional de un ramillete de organismos, una ciudadanía global activa y que en tiempo real condena y propone soluciones, no han creado la “saturación de la política”. La internacionalización de la vida interior y la interdependencia, que menciona Gino Germani, han hecho naufragar diversos experimentos no de estadistas que podría ser mucho pedir, sino de clases dirigentes que rebasen ser  élites formadas para defender a ultranza determinada ortodoxia o interés supranacional. En esa rendija, la victoria ha sido de la democracia por procedimientos, pero sin esencia, porque en ella se drena la capacidad de que los estadistas regresen sólo con reforzados engranes entre la movilidad social y las instituciones de un Estado en transformación, no de redentores en el desierto del ayer o managers que pretenden conquistar la vida pública con el manual de la empresa privada.

POLITICAS PUBLICAS URGENTES PARA LA MANO DE OBRA CALIFICADA

Políticas públicas para la mano de obra calificada

Yesenia Torres Curiel

http://revoluciontrespuntocero.mx/politicas-publicas-para-la-mano-de-obra-calificada/

En México tener una formación calificada no garantiza encontrar empleo, ya que por el bajo crecimiento de la economía la mayoría de los puestos de trabajo no requieren de una alta calificación. La importancia que el gobierno mexicano otorga a la capacitación de la mano de obra del país tuvo origen a finales de los años 80 tras la firma del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio - GATT en 1986 y la necesidad de ser competitivos en la apertura comercial. Dicha importancia se ha mantenido hasta el presente y forma parte de las preocupaciones del próximo gobierno.

Las políticas implementadas desde entonces se han centrado en el ámbito educativo, particularmente en el diseño de programas, la modernización, el planteamiento de reformas educativas y la creación de infraestructura mediante nuevas universidades o planteles. También se crearon organismos certificadores tales como el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencia Laboral (CONOCER), nacido en el año 2009 y se buscó consolidar la vinculación entre la Academia y las empresas demandantes de mano de obra. 

En el sexenio de Vicente Fox uno de los objetivos anunciados en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 fue elevar y extender la competitividad, tomando como una de sus estrategias la formación de recursos humanos calificados y la generación de una nueva cultura empresarial basada en la capacitación. Dentro del PND se pensó en la formación de conocimientos, destrezas, competencias, valores y habilidades. El siguiente gobierno del presidente Felipe Calderón impulsó la creación de centros de capacitación vinculados con instituciones de nivel superior(universidades) mientras que Enrique Peña Nieto fortaleció la formación de mano de obra de calidad en una perspectiva más acorde con mejores estándares internacionales y propusoel nuevo Modelo Educativo para la Educación Obligatoria. 

A pesar de los esfuerzos persistentes y sostenidos de los distintos gobiernos, México cayó cuatro lugares en el ranking del Índice Global de Capital Humano- GHCR 2017, en parte por la velocidad de los cambios y por la falta de alineación entre la oferta y la demanda de habilidades. El Índice es elaborado por el World Economic Forum y se compone de cuatro subcategorías: capacidad (nivel de logros adquiridos en la educación formal), desarrollo(de la educación formal para la actual generación y las futuras), despliegue (acumulación de habilidades a través del trabajo) y el know-how (amplitud y profundidad de las habilidades especializadas en el trabajo). De acuerdo con el análisis, México se ubicó en la posición 69 entre 130 países, con una puntuación de 61.25, en la mitad inferior de la tabla. 

El Informe indicó que “México (y Brasil) albergan entornos de trabajos diversificados y complejos. Sin embargo, su desempeño es insuficiente en lo que respecta a la conversión de éstas en oportunidades de empleo intensivo en competencias para su población y en el desarrollo del potencial de capital humano de su próxima generación en términos de calidad educativa, diversidad de habilidades y capacitación del personal”. 

El número de certificados de competencia emitidos por CONOCER ha pasado de 10,000 en el año 2007 a 752,000 en 2016. A pesar del crecimiento en la cantidad de certificaciones, un porcentaje muy bajo de los trabajadores registrados fue validado por CONOCER, o sea se certificó que se cuenta con habilidades y aptitudes necesarias para desarrollar determinado trabajo. 

Los actores estratégicos del mercado laboral (gobierno, instituciones educativas, empresas, individuos) adjudican valor y significado a la Mano de Obra Calificada - MOC según la posición que ocupan en el mercado siguiendo diferentes lógicas, sin participar de una estrategia unificada de creación y puesta en valor de un contingente determinado de la MOC. 

En la lógica del gobierno es importante crear y fortalecer la mano de obra a través de la adopción de modelos educativos de calidad. Establece apoyos para programas de posgrado, becas y certificaciones; prioriza la pertinencia educativa y fomenta el desarrollo de sectores económicos estratégicos. Sus decisiones se establecen en un entorno donde la formación de MOC es parte de un modelo educativo amplio y estable, con poca rotabilidad y lentitud en los procesos de aprobación de la renovación curricular. 

Las instituciones educativas persiguen la excelencia y la calidad, la pertinencia de sus programas para el mercado laboral y la inserción de sus graduados. Se mueven en una dialéctica incierta entre las necesidades educativas del mercado y la demanda real de alumnos, con pocas oportunidades de invertir en estrategias proactivas generales de formación de MOC. 

Las empresas satisfacen requerimientos concretos en procesos industriales o de servicios enfocados en el mejor de los casos en el valor del cliente. El decisor empresario considera los costos de formar MOC siempre que ésta sea de valor para su organización y no disminuyan la jornada laboral, sobre todo en las Pymes mexicanas dominadas por la baja productividad y competitividad. 

En el entorno del individuo es importante el impacto social de su formación, el reconocimiento familiar a los esfuerzos realizados, los incentivos económicos recibidos en un contexto de precariedad y la probable percepción de beneficios intangibles en un circuito meritocrático. Ellos también esperan el reconocimiento de los miembros de la organización donde trabajan. 

No hay vinculación estratégica de las instituciones educativas con las fuentes de trabajo, más allá de las rutinas burocráticas de bolsas de trabajo o pasantías precarias. Son escasos los programas que insertan con claridad a los egresados en un mercado laboral concreto, donde el perfil académico y los requisitos laborales se retroalimenten. La poca gobernabilidad del mercado de trabajo, entendida como un retraimiento del rol al mismo tiempo liberalizador y coordinador del gobierno, favorece la desconexión de las 4 lógicas mencionadas, obligando a que cada actor decida por cuenta propia sin posibilidad de integrarse a una estrategia de provisión de MOC a un mercado global en el cual el vector de demanda está cambiando y la mano de obra barata ya no es un factor diferencial. 

Mientras un ingeniero se forma en 5 años de carrera, entre los 18 y 23 años, el mercado global de trabajo se mueve hacia la automatización y la Industria 4.0. Las currículas de estudio se estancan en revisiones gubernamentales no consensuadas con las necesidades empresarias y los formatos de la MOC profundizan la brecha entre oferta y demanda.

SEGURIDAD CIUDADANA, POR MIGUEL ANGEL BARRIOS

Seguridad Ciudadana, por un verdadero especialista
El Dr. Miguel Angel Barrios es Vicepresidente Académico del CEEYPP.

AMNISTIA ES BUENA MEDIDA, PERO NO AFECTA A LA SEGURIDAD

“Si hay perdón sin justicia, hay impunidad”, dice Sicilia; Jan Jarab discrepa: “hay que tener empatía con las nuevas autoridades y no hay que confundir, la amnistía para pequeños delitos podría ser una buena política”

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Por: Gabriel Reyes

(18 de septiembre, 2018. Revolución TRESPUNTOCERO)

“Quien no recuerda su pasado está condenado a repetirlo, con más violencia y con más horror” dijo el fundador del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, Javier Sicilia Zardain. Mientras invitaba a todo un auditorio a no olvidar la matanza de Tlatelolco en 1968 ni la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014.

Este auditorio fue donde hoy se llevó a cabo el Tercer Coloquio sobre Violencia, Narcotráfico y Salud Mental. A las 10 de la mañana, en la Facultad de Psicología de la UNAM, Sicilia junto con Jan Jarab, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas; presentaron la conferencia ¿Como (re)construir(se) desde el dolor? en donde compartieron el presídium con Cristina Bautista, madre de uno de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Jan Jarab externó su preocupación ante la normalización de la violencia en nuestro país. “La violencia y los crímenes no se van a resolver con el arresto de los perpetradores. Hay que llevar a cabo políticas de prevención” dijo el diplomático. Aseguró que es clave cuestionar el actuar del Estado mexicano durante la última década, principalmente el actuar de las fuerzas armadas. 

Por su parte, Javier Sicilia aseguró que el gobierno entrante no la tiene fácil, puesto que la violencia se ha convertido en un gran lodo. “Los secuestros, homicidios, extorsiones y desapariciones, son como tierra y agua y están tan mezclados que será imposible separarlos. Nos estamos hundiendo” dijo el activista. Afirmó que el país entero se encuentra en un estado de decepción desde que Felipe Calderón sacó al ejército a las calles. “¿Cómo vamos a recobrar la seguridad? De dos maneras: La primera, empleando la fórmula de: Justicia, reparación y no repetición. Este es el engranaje para crear una buena política de estado. La segunda: llamando a cuentas a los que desataron esta ola de violencia, a Calderón, a García Luna, a Guillermo Galván”.

Cuando Sicilia terminó esta oración, Jarab asintió con la cabeza. Hasta este punto estaban de acuerdo.

Fue hasta que se habló de amnistía que discreparon sus opiniones. “Si hay perdón sin justicia, hay impunidad” dijo Sicilia. A lo que Jan Jarab respondió: “Hay que tener empatía con las nuevas autoridades y no hay que confundir. Necesitamos claridad en el tema del perdón y la amnistía para evitar una mezcla de conceptos. La amnistía para pequeños delitos podría ser una buena política”

No es la primera vez que Sicilia se pronuncia en contra de la amnistía. En enero publicó en el semanario Proceso una carta abierta al hoy presidente electo Andrés Manuel López Obrador donde escribió: “¿Puedes en conciencia pedirnos olvido a las víctimas, sobre todo a las víctimas de los desaparecidos que aún no encuentran a sus seres queridos? ¿Puedes pedir olvido a un país que tiene centenas de fosas clandestinas? ¿Puedes pedir olvido a un país donde los criminales continúan asesinando, desapareciendo, extorsionando, porque la corrupción del Estado les ha dado una carta para la impunidad –ella, te recuerdo Andrés Manuel, alienta al crimen–? ¿Puedes pedir olvido para Calderón y Peña Nieto, cuya estrategia de guerra nos ha llevado a este desastre?

Lo que Sicilia no consideró fue que la amnistía no aplica para todos. Según Loretta Ortiz, asesora en materia de derechos humanos, la amnistía está pensada, sobre todo, para menores de edad que por diversas razones son cooptados por el crimen organizado. También estarían considerados campesinos que hayan sido productores de drogas o aquellas mujeres que “delinquen por amor”, es decir, que cometan delitos como portación de armas o drogas para “apoyar a su pareja” que son integrantes del crimen organizado. La amnistía “no va a proceder” para quienes hayan cometido actos de violencia extrema y crímenes de lesa humanidad como desaparición forzada, tortura o ejecuciones extrajudiciales.

Con relación a la amnistía y al problema de seguridad que enfrenta México, Norberto Emmerich, Doctor en Ciencias Políticas y especialista en temas de seguridad; explicó a Revolución TRESPUNTOCERO: “Es claro que Morena y López Obrador no tienen mucha idea de qué hacer con el problema de seguridad en México. No ha sido muy claro respecto a que hará con las fuerzas armadas en relación a la guerra contra el Narcotráfico. Lo último que ha dicho, es que las fuerzas armadas serán re convertidas en fuerzas adaptadas o contingentes, adaptadas a la seguridad interior, como una nueva policía.”

Emmerich asegura que la seguridad es un tema que afecta la calidad de las inversiones extranjeras en México. Debido a la inseguridad que hay actualmente en el país, no puede darse un desarrollo ni un crecimiento de la economía: “La inseguridad afecta las inversiones, la logística, la conectividad territorial en estados como: Jalisco, Guerrero, Michoacán, Chihuahua, Sonora, Tamaulipas, Tijuana, Baja California, Veracruz, etc. Donde el crimen organizado presiona las libertades individuales, los derechos humanos y los activos empresariales”.

Respecto a la Ley de Amnistía, la considera sensata ya que reduciría la presión penitenciaria y elimina los antecedentes penales de personas en personas que nunca antes los habían tenido, etc. “El alcance que tendría la ley sería el de una justicia  transicional. Sería un gran avance pero prácticamente no tiene casi ninguna relación con la problemática de seguridad interior. Puede que esta ley solo trate de distraer de las problemáticas reales de México”.

El especialista argentino asegura que la amnistía no incorpora un significativo fundamental al proceso de seguridad en México. “La amnistía es un elemento que depende de otros elementos para cobrar sentido. En sí misma es una medida sana, sin discusión. Su dimensión, significado o impacto dentro del contexto de seguridad en México dependen de la adopción general de una política de seguridad que ataque muchos otros frentes y actores”.

La amnistía debe formar parte de un cuerpo de políticas públicas que abonen y profundicen mejor seguridad en México. Que fomenten una cultura de paz.

CORRUPCION, ALGO MÁS COMPLICADO DE LO QUE PARECE

El significado político de la corrupción

Norberto Emmerich

http://revoluciontrespuntocero.mx/el-significado-politico-de-la-corrupcion-en-mexico/

El próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador se ha enfocado en la corrupción, el elemento que es la mayor causa de desigualdad, impunidad y exclusión en el régimen político mexicano, un país donde el cumplimiento de la ley es negociable. La clase dirigente mexicana es una élite formada por alianzas, lealtades e intercambios entre grupos que buscan y conservan espacios de poder. Una vez que se reparten los puestos adquiridos en virtud del veredicto de las urnas, aflora el “sistema de botín”, la negociación más o menos abierta por el reparto de los puestos de designación correspondientes a cada cargo ganado.

La Auditoría Superior de la Federación, el Sistema de Evaluación de Desempeño y las evaluaciones independientes del gasto público mexicano (GESOC, por ejemplo) coinciden en señalar que sólo una tercera parte de los programas presupuestarios de México cumplen cabalmente con sus objetivos; el resto tiene observaciones o desviaciones o es tan oscuro que no se puede evaluar. El presupuesto es, ante todo, un instrumento de poder.

Se sabe que la discrecionalidad es enemiga de la honestidad y también se sabe que la multiplicación y la fragmentación de las reglas administrativas incrementan las oportunidades de discrecionalidad. A pesar de ello, las instituciones destinadas a combatir la corrupción en México están fragmentadas y cada una tiende a multiplicar las reglas que han de seguir los funcionarios públicos. La creación del Sistema Nacional Anticorrupción prometió disminuir la incidencia de esta fragmentación, pero no sucedió.

Hoy contamos con información valiosa sobre los procedimientos que generan el mayor número de anomalías y sabemos que las capturas más frecuentes se encuentran en cinco ámbitos de la gestión:

• en el reparto de los puestos de designación y el usufructo de sus beneficios, así como en las trampas destinadas a obtener sentencias millonarias por despidos injustificados; 
• en la asignación de contratos de obras públicas o de compras gubernamentales, que simulan seguir procedimientos de licitación formalmente impecables; 
• en los actos de autoridad que se manifiestan a través del otorgamiento de concesiones, licencias o permisos de toda índole, desde fraccionamientos hasta la apertura o la operación de negocios informales; 
• en la transferencia de recursos públicos a través de subsidios o programas de asistencia, cuya multiplicación es equivalente al monto de los beneficios políticos y monetarios que los funcionarios públicos obtienen; y 
• en la administración pública de “ventanilla”, donde los ciudadanos entran en contacto personal y directo con funcionarios para allegarse de un servicio, incluyendo de manera destacada los que dicen ofrecer seguridad o procurar y administrar justicia.

Pero aun sabiéndolo y teniendo cada vez más información sobre la corrupción verificada en esos ámbitos, la respuesta sigue siendo procedimental y fragmentaria. En lugar de modificar las causas de la corrupción, se persiste en la persecución individual de funcionarios, una vez que éstos han sido detectados como anomalías del sistema. En cierta medida esto sucede porque tenemos una idea imprecisa sobre qué es la corrupción.

Para Nicolás Maquiavelo la corrupción es un proceso que se desarrolla de dos posibles maneras: 

Un cuerpo ciudadano puede perder su interés por el bien común, al perder su interés por la política. La corrupción es una de las variables causales de esta desafección, pues erosiona la confianza en el Gobierno y en la legitimidad de las instituciones políticas.

Pero más peligroso es cuando los ciudadanos permanecen activos en asuntos políticos, pero comienzan a promover sus ambiciones personales o lealtades partidarias a expensas del interés público.

Un proyecto político es corrupto cuando es promovido por hombres interesados en lo que pueden obtener de la República más que lo que pueden darle.

Para Maquiavelo una constitución es corrupta cuando solo los poderosos pueden proponer medidas y lo hacen en beneficio de su propio poder. Y una ciudad es corrupta cuando los cargos públicos no son cubiertos por los que tienen mayor virtú, sino por quienes tengan mayor poder y mayores expectativas de servir a sus propios fines egoístas.

No es razonable esperar que un problema tan complejo y tan arraigado como la corrupción sea resuelto sólo por el Ejecutivo, el Parlamento o la Justicia. Nadie tiene dicha capacidad ni sería realista entregarle el monopolio de la lucha contra la corrupción a un único actor o institución. Aún en aquellos casos en que un mandatario fuerte y con amplio apoyo popular se lo propusiera, no podría encarar solo el reto, aunque es esencial que realmente quiera encararlo.

En la concepción subyacente sobre la corrupción se la entiende como referida a dineros públicos y el abordaje de la problemática es jurídico. Al igual que una estrecha garganta oprime a un ancho río, el significado de la corrupción queda reducido a un intercambio delictuoso simple, un toma y daca, un soborno a cambio de un voto, una decisión favorable o el acceso privilegiado a los recursos públicos.

La corrupción es una problemática más compleja, que implica la puesta en juego de energías políticas ambiciosas si se tiene la pretensión de lidiar exitosamente con ella. Es importante entonces reflexionar sobre ¿de qué hablamos cuando hablamos de corrupción?

En las explicaciones sobre la corrupción, donde todos parten de un consenso asumido de que la corrupción significa el uso del poder público para la obtención de beneficios privados, no queda claro si se trata de un problema moral, legal, económico o esencialmente político. ¿La corrupción se refiere al dinero o al poder? Creemos que lo que más importa en la corrupción no es la consecuencia (la ganancia obtenida) sino la causa (el poder corrupto). 

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) hacen hincapié en una definición de corrupción basada en la utilización del poder público para beneficio privado (propio o de terceros). Pero el Banco Mundial (BM) desglosa el concepto y hace hincapié en la distinción de la corrupción como captura del Estado y la corrupción administrativa, escapando de la definición de corrupción simplemente ligada a los dineros públicos.

La corrupción como captura del Estado se refiere a las acciones de individuos, grupos o firmas, tanto en el sector público como en el privado, para influir sobre la formación de leyes, reglamentaciones, decretos y otras políticas gubernamentales para beneficio propio. Este tipo de corrupción está referido a la manipulación de las políticas públicas y de normatividad, para configurar “reglas del juego” en beneficio privado. 

Si la política pública se construye como resultado de un juego donde intervienen diferentes partes interesadas (stakeholders) reguladoras cuyos intereses en competencia conducen a diferentes resultados reglamentarios, la capacidad del gobierno para hacer cumplir la política pública es indirecta y altera el orden público, maniobrando mediante la interacción entre los diferentes actores interesados del sector. El gobierno se convierte en uno más dentro del juego, exacerbando la captura de rentas. Esta corrupción es legal y política, porque está atada a la capacidad de ejercicio del poder.

“Corromper” (del latín corrumpere) significa “alterar y trastocar la forma de algo, echar a perder, depravar, dañar, pudrir, sobornar a alguien con dádivas o de otra manera, pervertir o seducir a alguien, estragar, viciar, incomodar, fastidiar, irritar, oler mal”. En síntesis, tal como la palabra lo indica, corromper es “romper o destruir algo junto con otro”, co-romper, porque la corrupción siempre es asociativa.

Esta explicación con base etimológica del significado de la corrupción implica tener en cuenta la diferencia entre oferta y demanda en los actos de corrupción. Si bien en algunas ocasiones un actor puede actuar solo –como por ejemplo cuando un funcionario desvía fondos del erario público de manera fraudulenta–, en general, la corrupción requiere de varios actores.

Y para ser más efectivos en la lucha contra la corrupción es indispensable entenderla y ser conscientes de que también para derrotarla se necesita de un conjunto de actores y de estrategias a diferentes niveles, una estrategia asociativa. No hay una solución única ni un actor que la vaya a eliminar por sí mismo.

¿Qué es lo que se echa a perder en la corrupción? En primer lugar la persona. Es clave partir de la base de que las estructuras y organizaciones corruptas no se pueden independizar del hombre y de la mujer que, con su actuación y apoyo colaboran con esas estructuras y organizaciones. La corrupción tiene una incidencia social negativa, pero siempre encontramos al ser humano singular, a la persona, encontramos al que se ha corrompido y al que corrompe.

En su nivel administrativo, la corrupción necesita de tres condiciones fundamentales para su aparición y mantenimiento. 

En primer lugar, al funcionario competente le ha sido asignado un alto grado de discrecionalidad en la administración de las funciones públicas. Una sola persona con la autoridad para autorizar las licencias de conducir, por ejemplo, está bien situada para aprovechar ese poder para extraer sobornos. 

En segundo lugar, al funcionario público se le otorgó la capacidad de extraer algún beneficio, monetario o de otra manera, a partir de la actividad que desarrolla. 

En tercer lugar, las instituciones políticas, legales y administrativas (y el componente sancionatorio que las compone) se han comportado con forma débil o perversa, proporcionando incentivos para los funcionarios que explotan su poder discrecional en su propio beneficio. Normas de procuración débiles y poco empoderadas más una politización de la inversión pública, pueden generar una cultura profundamente arraigada de sobornos en los contratos.

Por lo tanto la corrupción debe ser entendida como un problema en el que las instituciones no proporcionan incentivos suficientes que frenen la motivación de los funcionarios por participar en un comportamiento de auto-interés opuesto al bienestar público.

Cuando un país experimenta altos niveles de corrupción es porque estas actividades ilegales ya están institucionalizadas y se han convertido en una parte funcional de la estructura de la sociedad. 

El Banco Mundial afirma que en algunos países, los sobornos pueden llegar a representar el 12% de su PIB e identifica a la corrupción como uno de los mayores obstáculos para el crecimiento económico, el desarrollo social y la reducción de la pobreza. Debido a la amplia gama de actividades y su naturaleza secreta, controlar la corrupción a través de la vigilancia y aplicación de las leyes pertinentes es una cuestión de orden público escurridizo y difícil. 

En los sistemas judiciales de los países en desarrollo, la corrupción erosiona y pone en peligro el Estado de derecho y otorga una sensación de impunidad a los grupos especiales, dando lugar a todavía más corrupción. 

Todos los gobiernos ven acosada su búsqueda de objetivos legítimos por la presencia de la corrupción, la que marca las reglas del juego. La corrupción recompensa el comportamiento improductivo mediante la canalización de los contratos inmerecidos y ciertos derechos para las empresas a cambio de sobornos, penalizando a las empresas eficientes e innovadoras. De hecho, la corrupción es tan perjudicial para el crecimiento y el desarrollo económico como una mala política monetaria o la insolvencia fiscal.

POLITICAS PUBLICAS DE GENERO, MÁS ALLÁ DEL DISCURSO

Políticas públicas con transversalidad de género. Más allá del discurso

Yesenia Torres Curiel

Las políticas públicas de transversalidad de género han logrado en México ciertos avances en la búsqueda de la igualdad de derechos de las mujeres y la igualdad de género, principalmente en tres áreas: el fortalecimiento del derecho interno, la institucionalidad de género y el aumento de los recursos públicos destinados a políticas de igualdad de género.

El presupuesto federal con destino a la igualdad entre mujeres y hombres alcanzó 27,424 millones de pesos en 2017, creciendo en el período 2008-2017 a una tasa promedio anual del 12.5%. En 2018 el presupuesto se incrementó un 75%, sin que ello implique un mayor impacto efectivo sobre las mujeres luego de medir la inflación, la asignación por rubros (incremento del 300% para adultos mayores, sin perspectiva de género) y el costo de la corrupción institucional. En proporción al Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) este gasto representa entre un 0.5% (2008-2017) y un 0.9% (2018), un porcentaje menor si se busca un avance concreto en términos de resultados.

La reforma política de 2014 elevó a rango constitucional la garantía de la paridad de género en las candidaturas al Congreso federal y los estatales, avance que se consolidó al año siguiente al establecerse la obligatoriedad de cumplir con la paridad en el registro de candidaturas.

El presidente electo Andrés Manuel López Obrador afirmó en el Foro Forbes Mujeres Poderosas de junio pasado que "las mujeres son una fuerza decisiva para el desarrollo económico y social, así como las protagonistas en el camino para lograr la paz y la reconciliación. Sin embargo, por años se ha limitado su empoderamiento".

El nuevo gobierno buscará un Estado “más igualitario, inclusivo, diverso y garante de los derechos de toda la ciudadanía, un gobierno que velará por una perspectiva de género transversal en todas las políticas económicas, sociales y culturales”.

La tarea será difícil. ONU Mujeres reconoce avances, pero el logro de la igualdad de género en México enfrenta desafíos estructurales por la brecha persistente entre la igualdad formal y la igualdad sustantiva en todas las áreas del desarrollo. Existe una gran distancia entre lo estipulado en leyes, planes, programas y presupuestos sobre derechos de las mujeres y el grado de cumplimiento efectivo de esos derechos en la práctica cotidiana. Se avanzó en armonizar las leyes y políticas con los compromisos internacionales asumidos, en particular con la CEDAW, pero es una sincronización parcial, atraso más notable en el nivel estatal y municipal.

La rendición de cuentas para el logro de la igualdad de género es deficiente cargando con un escaso financiamiento y predictibilidad para la agenda de igualdad de género, tanto en términos de recursos nacionales como internacionales.

Llama la atención un caso particular de política pública para el empoderamiento de la mujer. Se trata del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresariado (Pronafim) que opera desde el año 2001 en la órbita de la Secretaría de Economía. Tiene como objetivo contribuir a la creación de unidades económicas y al incremento de la productividad de las que ya existen, otorgando servicios de microfinanzas. La proporción de mujeres apoyadas muestra resultados alentadores en el intervalo 2012-2017.

En dicho período se canalizaron $ 12,283.00 millones de pesos, alcanzando con microcréditos a 3,761,057 mujeres (92%) y capacitando a más de 189,000 (89%). El apoyo promedio por microcrédito fue de $ 7,811 ($ 10,240 en 2018).

El monto del microcrédito es muy bajo respecto al nivel mínimo necesario para el empoderamiento económico de las mujeres, pero el programa tiene cobertura en regiones de alta vulnerabilidad. En consecuencia los microcréditos son convirtieron en un alivio para economías de subsistencia más que políticas de igualdad de derechos o de género.

Además la inversión federal tiene una constante decreciente en los intervalos interanuales de mediciones de largo plazo. La Secretaría de Economía informa que el presupuesto original 2018 del Pronafim se ha reducido en un 99.8% respecto a 2004 y aclara que en 2018 se operaría apenas con los recursos patrimoniales de los dos fideicomisos con los que cuenta. “Este último año podríamos decir que no tuvimos nada de presupuesto… se puede decir que el presupuesto está en cero”, explicó la Coordinadora General de Pronafim, Cynthia Villarreal Muraira.

En el diseño de las políticas públicas las disposiciones presupuestarias deben ser congruentes con la transversalización de género y debe existir una lógica de sustentabilidad en la intervención gubernamental. Está en juego el alcance de las políticas que benefician a las mujeres, su impacto, dimensión y perdurabilidad. Es el desafío del próximo gobierno, más allá del discurso.

MÁS PROHIBICIONISMO, MÁS NARCOTRÁFICO

El prohibicionismo de la legislación mexicana como incentivador del narcotráfico

Alejandro Campuzano Alvarez

Licenciado en Derecho por la UAEM (México). Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM. Maestro en Estudios Jurídicos por la UAEM.

Tal parece que la importancia de la ciencia jurídica ha sido reducida al estudio y aplicación de ordenamientos legales, como constituciones, leyes y reglamentos, omitiendo por completo el análisis del impacto político, económico, social y cultural que conlleva la creación de un sistema jurídico. Todo ordenamiento jurídico en México debe ser creado a través de un procedimiento legislativo, mismo que en la ciencia del derecho se conforma de la siguiente manera: iniciativa, discusión, aprobación, sanción, publicación e iniciación de la vigencia del ordenamiento.

Señalado lo anterior, resulta visible que el conflicto del narcotráfico nace a partir de una equivocada y limitada discusión en los recintos legislativos de México. En la Cámara de Diputados y en el Senado de la República continúa vigente el sistema presidencialista que impera en el país, siendo su actuar una legitimación de órdenes provenientes desde Los Pinos, omitiendo el análisis y discusión de las problemáticas sociales, situación que limita y vulnera la división de poderes que en México continúa siendo solo un elemento teórico muy lejano de la práctica.

Es así que el narcotráfico nace en México y en el mundo como consecuencia de la prohibición a diversas drogas desde los recintos legislativos, ya que es menester mencionar que el narcotráfico no es más que la consecuencia de la prohibición del consumo de dichas sustancias y las políticas de interdicción de cultivos y guerra contra el narcotráfico.

He ahí la importancia del derecho, ya que el mismo es estudiado y criticado únicamente desde el quehacer del Poder Judicial. Sin embargo, dentro de la teoría de la división de poderes, es fundamental el trabajo en conjunto del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, siendo este último quien aplica las normas jurídicas (creadas por el Poder Legislativo y avaladas por el Ejecutivo), a un caso concreto a través de sentencias.

Parece ser que la posible solución al conflicto del narcotráfico y la paulatina disminución de la violencia en México deberá partir desde el Poder Legislativo, modificando tanto la Ley General de Salud como el Código Penal. No obstante, y a pesar de los diversos cambios que se han presentado en el mundo respecto a la despenalización en el consumo de diversas drogas (particularmente de la marihuana), México ha mantenido firme su postura prohibicionista, de tal suerte que el mundo del narcotráfico continúa fortaleciéndose alimentado por esa “ignorancia” legislativa que lo empodera a través de dos rubros: el primero por el apoyo y contubernio político obtenido a través de la corrupción en los diversos niveles y órdenes de gobierno, y el segundo por las finanzas estables y ascendientes al seguir siendo un mercado negro en donde el precio es regulado por los cárteles de la droga ante la omisión y ceguera del Estado mexicano.

Lo anterior ha generado que México se haya convertido en un país en donde la violencia y la notoria presencia de los cárteles dentro de los gobiernos locales e inclusive en el gobierno federal sea una constante. Es así que entidades federativas como Guerrero, Michoacán, Veracruz y Tamaulipas, han sido consideradas por diversos especialistas en materia de seguridad pública como narcogobiernos, teniendo esto tres causas principales: a) intereses económicos en común entre el gobierno y los cárteles de la droga; b) apoyo a candidatos y candidatas en campaña para mantener los privilegios y acuerdos una vez que éstos lleguen al puesto de elección popular; y c) la imposición en la toma de decisiones a través de la frase “plata o plomo”.

Si en algo se caracterizó el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto fue por el rotundo fracaso que tuvo en el combate al crimen organizado, elevando las cifras de muertes y violencia en el territorio nacional a un nivel inaudito. Aunado a lo anterior, la evidente corrupción en el actuar del mandatario tuvo como consecuencia la derrota del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en las elecciones presidenciales, resultado triunfador el actual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA).

MORENA no sólo obtuvo la mayoría de los votos en la elección presidencial, sino que también tendrá un control absoluto en las Cámaras, teniendo AMLO (en el contexto del presidencialismo mexicano), un poder absoluto en la toma de decisiones, al menos por los siguientes tres años.

AMLO, en su figura de presidente electo, ha señalado que un objetivo de su gobierno será recuperar la paz social, situación por la cual las drogas y el narcotráfico formarán parte esencial de la agenda de gobierno. Señalado lo anterior, y manteniendo la línea de su discurso, ha hecho público que la próxima Secretaria de Gobernación, será la ex ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Olga Sánchez Cordero, misma que ha expresado en reiteradas ocasiones su descontento ante la política prohibicionista y de combate frontal contra el narcotráfico, señalando que la violencia no se combate con violencia y mucho menos criminalizando al consumidor.

Parece ser que México se aproxima a una posible regulación (legalización) no sólo de la marihuana sino de diversas drogas, ya que el debate (jurídicamente hablando), no se centra en la sustancia ni en el daño a la salud del consumidor, sino en el respeto al derecho humano del libre desarrollo de la personalidad, generando con esto políticas públicas preventivas y un combate legal al narcotráfico.

 “La ley puede más que las armas, siempre y cuando la ley no implique el uso de armas”.

FOSAS CLANDESTINAS Y PROMESAS DE DESARROLLO EN EL SUR DE MEXICO

El sur de México, entre fosas clandestinas, playas de arena blanca y promesas de desarrollo
Norberto Emmerich

http://revoluciontrespuntocero.mx/el-sur-de-mexico-entre-fosas-clandestinas-playas-de-arena-blanca-y-promesas-de-desarrollo/

En los 8 Estados mexicanos que conforman el sur del país (Tabasco, Campeche, Quintana Roó, Yucatán, Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Veracruz) se cometieron en julio de 2018 el 22% de los homicidios de todo México. Mientras en las 32 entidades fueron asesinadas 2599 personas, en el sur fueron 572 las personas víctimas de homicidio.

Pobreza e inseguridad no presentan de por sí vinculaciones automáticas. Aunque suena tan tentador como engañoso hablar de un norte rico pero peligroso y un sur pobre pero pacífico, una lectura atenta de la realidad no encuentra tales metáforas. Guerrero suma 188 homicidios en julio, tan pobre como inseguro. Jalisco, en el poderoso centro del país y ascendente cuarta economía nacional, acumula 153 homicidios.

Incluso Quintana Roo y su poderosa industria turística acumula 95 homicidios, en una situación a la que cualquier análisis minucioso y local califica como propia de una entidad crecientemente peligrosa. La inseguridad gira en entornos variados y crece en virtud de indicadores contextuales no unidimensionales. Una colonia próspera puede ser tan criminal como segura si allí viven los war lords del crimen organizado, o puede ser pobre y tranquila como las comunidades indígenas chiapanecas de Lacandona (donde la única violencia es la del Estado) o la comunidad autogestionada de Cherán, en el convulsionado Guerrero.

Veracruz, ciudad portuaria geopolíticamente clave en la historia mexicana por ser la ruta de las invasiones, acumuló 85 homicidios en julio (la menor cantidad del último año) pero 1.587 homicidios desde el pasado julio de 2017. Con sus 37 fosas clandestinas la entidad encabeza cómodamente un lúgubre récord nacional.

Chiapas, Oaxaca y Guerrero experimentaron un gran retroceso del PIB per cápita entre 2016 y 2017, mientras Campeche y Tabasco cayeron aún más fuerte, entre el 9.5 y el 9.3% anual. En 2003 el PIB per cápita anual de Campeche fue de 964,304 pesos pero en 2017 ya había caído un 58.1%, hasta los 402,340 pesos. Campeche sigue teniendo el PIB per cápita más alto del país en virtud del pasado boom petrolero, pero sigue cayendo sin cesar por la crisis internacional del sector. El turismo es la única actividad productiva del sur mexicano que escapa a la caída de los indicadores y muestra números positivos.

Allí encontramos entidades que experimentan una crónica crisis de conectividad, infraestructura y calidad educativa, todos factores que impactan para la conformación de un Estado de derecho maleable y excluyente.

El porcentaje de pobreza en Chiapas alcanza al 76.2%, en Oaxaca el 66.8%, en Guerrero el 65.2%, en Veracruz el 58%, en Tabasco el 51%, en Campeche el 44%, en Yucatán el 42%, en Quintana Roo el 29%. En el conjunto de los 8 estados del sur de México, donde vive un total de 28 millones de personas, el 61% (17 millones) son pobres.

Los anuncios del presidente electo relativos a una política que detone el desarrollo del sur mexicano a través de las Zonas Económicas Especiales – ZEE, el Tren Maya, la construcción de refinerías, el NAICM y otros proyectos tienen escasa vinculación e impacto sobre los indicadores de seguridad. Incluso se puede producir un aumento de la delincuencia compleja y organizada con disputas territoriales por el reparto ilegal de la nueva renta.

Muy por el contrario la mejora y sustentabilidad de la seguridad tiene estrecha relación con el Estado de derecho y las instituciones. El desarrollo del sur mexicano promete venir de la mano directa de la iniciativa estatal como organizadora de la iniciativa privada en mega proyectos de desarrollo y conectividad. El grado de discrecionalidad de los altos funcionarios responsables de adjudicaciones, intermediación, facilitadores y demás roles propios de los grandes flujos de capital, pondrá a prueba la capacidad de gestión política transparente y eficaz en momentos en que los decisores tendrán mucho poder y escasos controles.

En este contexto el convenio continuista de los senadores de MoReNa con Manuel Velasco Coello en Chiapas cobra una dimensión nacional peligrosa. Los nuevos dineros públicos serán gestionados por la aceitada cadena de la vieja dirigencia política. Allí es donde el crimen organizado puede encontrar cómodamente su lugar y garantizar el control territorial en disputa, sea éste representado por colectivos indígenas, activistas sociales o contratistas díscolos.