El diario El Tiempo, propiedad de la familia del presidente Santos, afirma que las autoridades colombianas informaron que Pérez Becerra “figura como uno de los actuales voceros de las FARC en Europa y responsable del manejo de la página web del grupo guerrillero junto con Lucas Gualdrón”.
Gracias a que el presidente Santos ha sido tan sincero, queda claro que Pérez Becerra es perseguido, detenido y encarcelado por su trabajo de periodista.
El 25 de abril Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, dijo al diario El Tiempo de su país que “el sábado llamé al presidente Chávez y le dije que un tipo muy importante para nosotros de las Farc llegaba en un vuelo de Lufthansa esa tarde a Caracas y que si lo podía detener. No titubeó. Lo mandó capturar y nos lo va a entregar”.
Al parecer no existiría tal “orden roja” contra Pérez Becerra, porque en ese caso hubiera sido detenido en Suecia donde residía o en Alemania donde se embarcó. Las consultas que la embajada sueca en Venezuela realizó al gobierno venezolano no recibieron ninguna respuesta al respecto. Telesur informó que existía la hipótesis de que la circular roja de Interpol se hubiera activado en Interpol Bogotá durante el vuelo de Lufthansa de Frankfurt a Caracas. Pero tampoco hay confirmación de esa alarma. Según la legislación internacional, si un estado miembro de la Organización Internacional de Policía Criminal no realiza la captura que le es solicitada, recibe una grave sanción.
Durante su detención en Venezuela no se le permitió la visita de un abogado ni la visita del cónsul sueco en Caracas, violando tratados internacionales y la propia Constitución Bolivariana de Venezuela. Por otro lado Pérez Becerra desconocía que el gobierno colombiano le había iniciado proceso judicial hace más de un año con expedición de captura el 10 de abril. La situación se agrava porque el detenido tiene pasaporte y nacionalidad sueca desde hace más de 10 años e ingresó con pasaporte sueco en el aeropuerto de Maiquetía.
No es la primera vez que el gobierno de Venezuela realiza extradiciones o deportaciones de guerrilleros colombianos. Ya lo ha hecho anteriormente con presuntos miembros de las FARC y el ELN, incluso con miembros de la ETA española. Debe señalarse que ningún gobierno europeo ha respondido afirmativamente hasta ahora a los pedidos de extradición del gobierno colombiano contra sus opositores políticos. El congreso venezolano ha declarado en el año 2008 a las FARC como combatientes revolucionarios, dándoles así estatus político y no siéndoles aplicables las legislaciones antiterroristas.
Las pruebas de la fiscalía colombiana contra Pérez Becerra se basan en datos supuestamente extraídos de la computadora de Raúl Reyes, asesinado en Sucumbíos, Ecuador, en el año 2008. Se sabe fehacientemente que los agentes de la inteligencia colombiana manipularon el disco rígido de la computadora de Raúl Reyes removiendo, cambiando, borrando y agregando archivos en un total de casi 48 mil movimientos, según declaró la Interpol.
No queda claro todavía de qué se acusa a Pérez Becerra y su proceso judicial puede ser largo. El 27 de abril se realizó una audiencia ante el juez de garantías en Bogotá y la defensa pidió la libertad del detenido por considerar que se violaron preceptos legales y constitucionales. El juez negó su excarcelación.
Joaquín Pérez Becerra tiene 55 años, nació en Colombia pero se exilió en Suecia en 1994 y adoptó la nacionalidad sueca en el año 2000, renunciando a la nacionalidad colombiana. En los primeros años de la década de los 90 fue concejal en el municipio de Corinto, departamento del valle del Cauca, en representación de la Unión Patriótica, un partido político creado en 1984 en el marco de los acuerdos de paz lanzados por el presidente Rómulo Betancourt e integrado por varios grupos políticos, centralmente las FARC y el Partido Comunista. Ante el surgimiento de la Unión Patriótica los grupos de extrema derecha impulsaron la persecución, desaparición forzada y asesinato de sus miembros.
Un total de 2 candidatos presidenciales, 8 congresistas, 3 diputados, 70 concejales, 11 alcaldes y unos 4.000 militantes de la Unión Patriótica fueron asesinados por bandas paramilitares y organismos de seguridad del Estado colombiano.
Una reunión interesante
El 1° de abril el presidente Chávez tenía prevista una reunión con el presidente Santos en Bogotá para la firma de 16 acuerdos bilaterales y para negociar la extradición del narcotraficante Walid Makled. Era el punto final de la gira sudamericana que Chavez había realizado por Argentina, Uruguay y Bolivia. Por un desperfecto del avión presidencial estacionado en Cochabamba, Bolivia, el viaje se suspendió y se realizó una semana después, el 9 de abril. Pocas horas antes de la llegada de Chávez a Colombia, el presidente Santos anunció que el presidente hondureño Porfirio Lobos estaría presente en la reunión, un detalle importante si tomamos en cuenta que tanto Venezuela como los países del ALBA no avalan al actual gobierno hondureño. En concreto el encuentro difería totalmente del que se había propuesto inicialmente para el 1° de abril.A la salida de la reunión el presidente Chávez declaró que “nos da mucho gusto ser útiles en este proceso de armonización”. El encuentro no fue una sorpresa para Chávez, que había sido formalmente informado con anterioridad sobre la presencia de Porfirio Lobo. Incluso el ex presidente Zelaya le entregó al canciller venezolano Nicolás Maduro un documento con propuestas para ser entregadas a Lobo y el mismo Zelaya mantuvo una conversación telefónica con Lobo en el trascurso de la reunión entre los 3 mandatarios.
Al parecer la nada improvisada reunión tripartita buscó moderar la situación política interna de Honduras, permitiendo la apertura democrática y la participación del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) de Honduras, un objetivo deseado por el Frente, por Chavez y por Zelaya. En contrapartida, para Lobo era importante reanudar las relaciones económicas con el ALBA, reingresar a Petrocaribe y obtener la legitimidad derivada del reconocimiento de Venezuela.
Aunque algunos analistas reaccionaron frente a esta reunión en términos de condena, por comenzar la negociación de los primeros pasos hacia el reconocimiento del régimen post-golpista de Porfirio Lobo, otros rescataron el derecho del presidente Chávez de guiarse por mecanismos de realismo político y ser vocero de un plan de negociación previamente pactado con Zelaya y el FNRP. Ambos tienen razón porque la reunión inició la normalización democrática del régimen hondureño en base a planteos y criterios elaborados por Zelaya y la dirigencia del FNRP. Es muy discutible, sin embargo, que pueda calificarse a tal comportamiento como revolucionario o socialista.
Pero la entrega a las autoridades colombianas de Joaquín Pérez Becerra se trata de algo cualitativamente superior. Ya mencionamos que no es una novedad la extradición de combatientes guerrilleros, sean de las FARC, del ELN o de la ETA. Pero Joaquín Pérez Becerra no es miembro de ninguna de esas organizaciones, no es ciudadano del país que solicita su captura, tiene estatus de refugiado político en Suecia, permaneció incomunicado en la sede de la Dirección Nacional de Investigaciones del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), no se le permitió ninguna asistencia legal ni consular durante su detención en Venezuela, no se le permitió comunicarse con su familia, no se informó de su detención al consulado sueco, se violó el principio de “no devolución” prescripto en el artículo 7 de la ley venezolana sobre refugiados y no está claro que Interpol hubiera emitido una “orden roja” en su contra.
En Colombia ya comenzaron las maniobras ilegales para prolongar su detención. La primera de ellas es el establecimiento de la fecha de su detención que las autoridades colombianas fijaron en el lunes 25 de abril, cuando fue detenido el sábado 23. De esta manera, aunque venció el plazo de 36 horas que la justicia colombiana estipula como límite para la legalización de la detención, el ardid del cambio de fecha permite evadir tal vencimiento.
El gobierno venezolano parece haber cometido un grave error en su detención porque el comunicado oficial del gobierno dice literalmente que “el ciudadano de nacionalidad colombiana Joaquín Pérez Becerra, con cédula de ciudadanía número 16.610.245 fue detenido cuando intentaba ingresar al país en un vuelo comercial procedente de la ciudad de Frankfurt, Alemania”. El título del comunicado dice: “gobierno bolivariano ratifica compromiso contra el terrorismo y el crimen organizado”.
El número de cédula colombiana es viejo, Pérez Becerra ingresó a Venezuela con pasaporte sueco ya que no posee ni cédula ni pasaporte colombiano, porque renunció a esa nacionalidad en el año 2000. Estas falsas informaciones forman parte del bagaje rutinario del comportamiento de los servicios de inteligencia colombianos que, fieles al camino recorrido en la huella de los “falsos positivos”, han enviado estos datos al gobierno venezolano.
¿Por qué hace esto Chávez?
Ante todo aclaremos que este episodio no es un error, una encerrona o un engaño. Venezuela no es un Estado fallido ni un paraíso del caos burocrático. El gobierno bolivariano sabe lo que hace, conoce las consecuencias de lo que hace y está dispuesto a pagar el costo político que esto pueda acarrearle. Fuera como fuera Pérez Becerra debía ir preso, por el simple hecho de que lo solicitaba el gobierno colombiano.El motivo de la detención de Pérez Becerra no tiene que ver con él sino con la situación interna de ambos países y su ubicación en el ámbito hemisférico.
En Colombia el gobierno del presidente Santos no es la simple continuidad de la mafia narcotraficante de Uribe Vélez. El nuevo gobierno ha desechado a Uribe Vélez como actor político y le aconsejan convertirse en un “buen profesor”. Lentamente están siendo encarcelados ex funcionarios de menor jerarquía del DAS y la AIS y lo harán con personajes de mayor importancia si la situación lo requiere. El “sacrificio” del ex presidente tiene que ver con las nuevas prioridades de Estados Unidos, en un escenario donde Bush y Uribe son personajes de una película de terror que ya terminó. La nueva política está dirigida a intentar la cooptación del neo-desarrollismo latinoamericano, reconocer parcialmente el fracaso del paquete neoliberal anterior, fortalecer las relaciones con las burguesías del Mercosur, neutralizar la influencia bolivariana de Venezuela y garantizar condiciones para la inversión intensiva de capital transnacional en energía, minería, biodiversidad e infraestructura turística. Los ribetes políticos de este ambicioso proyecto necesitan un Brasil más moderado y un presidente colombiano más protagónico. Colombia ya lidera el bloque México-Colombia-Perú-Chile y en el tiempo próximo profundizará la protección de los derechos humanos, la lucha contra la corrupción y la protección de los derechos laborales. Son fórmulas para legitimar el liderazgo de Santos a nivel nacional y regional. Uribe ya hizo el trabajo sucio, incorporó el territorio oriental a la inversión internacional y el narcotráfico fue cooptado al acuerdo inter-oligárquico. Ahora llegan los señores de la oligarquía colombiana a hacer el trabajo personalmente, sin delegados autoritarios que hablen por su boca.
Es hora de priorizar las inversiones, transparentar la función pública, reformar el sistema impositivo, desregular el flujo de capitales y fomentar la minería, los agrocombustibles y el ecoturismo globalizado. Algunos ingredientes sociales como la devolución de tierras a los campesinos desplazados, la inversión en vivienda y servicios públicos más la reparación de víctimas serán suficiente publicidad para legitimar la recolonización territorial de Colombia. Al mismo tiempo el terrorismo de Estado, las desapariciones, las masacres y los 7000 presos políticos seguirán formando parte del proyecto imperialista, pero no figurarán en la primera plana de los diarios. La detención de Pérez Becerra agrega un dato de fortaleza estatal, transparencia jurídica y legitimación mediática, ingredientes que hábilmente manipulados fortalecen la figura del presidente más popular de América Latina.
En este contexto, donde además Estados Unidos está por perder a su aliado peruano, cooptado por el marketing electoral brasileño, no hay lugar para el desarrollo de la tradicional estrategia bolivariana de Hugo Chávez, que parece haber quedado solo en el escenario sudamericano, tras su más que tímida no intervención en el golpe hondureño. Con América Central y México sin intenciones de resistir la presión norteamericana y el cono sur plegado a la estrategia autonomista no beligerante de Brasil, Chávez debe recostarse en su lado pragmático para que las relaciones con su vecino sean estratégicamente amistosas, aceptando a regañadientes un nuevo escenario en el que ya no están ni Bush ni Uribe. Los sencillos argumentos anti-imperialistas, que legitimaban el discurso contra el ALCA republicana, mostraron su flaqueza en la Cumbre de las Américas de Trinidad y Tobago cuando un Barack Obama en su máximo esplendor recibió de Hugo Chávez el libro de Eduardo Galeano “Las venas abiertas de América Latina”. Pocos meses después el golpe de Estado en Honduras demostraba la escualidez de esa retórica independentista latinoamericana. En nombre del antiimperialismo y por necesidades geopolíticas, Pérez Becerra va preso a Colombia.
Adicionalmente la economía venezolana experimentó una caída bianual del PBI, -3.3% en 2009 y -2.8% en 2010. Muchos países latinoamericanos experimentaron igual caída como consecuencia del desplome mundial de 2008 (Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, El Salvador, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay), pero todos ellos repuntaron en el 2010 (7.5% en Brasil y Argentina, 7.8% en Perú, 6.5% en Paraguay). Venezuela es el único país de América Latina cuya economía no ha rebotado de la caída del 2009. Si la caída del PBI fue un paréntesis en una década de sostenido crecimiento, Venezuela parece haber roto los vínculos con el ciclo precedente que lo había ubicado en el cuatrienio más espectacular de la economía mundial: 18.3% en 2004, 10.3% en 2005, 10.3% en 2006 y 8.4% en 2007. El ciclo venezolano de la economía de recursos, resultado de la sanción de la ley de hidrocarburos a fines de 2001, parece haber sido excesivamente corto y merece estudiarse si no está siendo condenado a la “deutch disease” posterior.
Chavez necesita ganar las elecciones de 2012 para que la conducción política del país no incline el ajuste de la economía hacia las variantes ortodoxas ancladas en los organismos multilaterales de crédito. Aunque cuenta con un 50% de popularidad y una intención de voto del 26%, la estrategia opositora de consagrar un candidato único en elecciones primarias a realizarse a fines de 2011 puede complicar sus aspiraciones a un tercer mandato de 6 años.
No es una novedad que las relaciones entre ambos países han mejorado mucho desde la intervención de la Unasur en agosto de 2010 que impidió la escalada. El presidente Chávez quiere eliminar todo vestigio de las acusaciones que le suelen hacer respecto a facilitar el terrorismo de las FARC y si Colombia necesita acercarse a Venezuela por necesidades económicas, Venezuela necesita acercarse a Colombia por necesidades políticas.
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