16 de mayo de 2013
http://www.stratfor.com/weekly/understanding-pena-nietos-approach-cartels
Por Scott Stewart
Tales rumores eran ciertamente comprensibles, dada la disposición que había existido durante muchos años entre algunos miembros de alto rango del Partido Revolucionario Institucional de Peña Nieto y algunas importantes figuras de los carteles durante el largo reinado del Partido Revolucionario Institucional en México antes de la elección de Vicente Fox, del Partido Acción Nacional en 2000. Sin embargo, como hemos argumentado en 2011 y reiterado en marzo de 2013, mucho ha cambiado en México desde 2000, y la nueva realidad en México significa que sería imposible para el gobierno de Peña Nieto alcanzar cualquier tipo de acuerdo con los cárteles, incluso que lo intentara.
Sin embargo, los rumores de que el gobierno Peña Nieto llegaría a un acuerdo con algunas figuras de los carteles, como Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera, han persistido, así como las detenciones del gobierno mexicano a agentes clave en la red de Guzmán, como Inés Coronel Barreras, suegro de Guzmán, que fue detenido el 1º de mayo en Agua Prieta, México. En efecto, el 27 de abril, Dana Priest, del Washington Post, publicó un artículo detallado que describía cómo las autoridades estadounidenses temían que el gobierno mexicano estuviera reestructurando su relación de seguridad con el gobierno de Estados Unidos para llegar más fácilmente a una tregua no oficial con los líderes de los carteles. Sin embargo, cuatro días más tarde, Coronel - una figura significativa de los carteles- fue detenido en una operación conjunta entre mexicanos y estadounidenses.
Es evidente que hay una cierta confusión en el lado estadounidense sobre el enfoque que está tomando el gobierno de Peña Nieto, pero las conversaciones tanto con Estados Unidos como con las autoridades mexicanas revelan que estos cambios en el enfoque de México no parecen ser tan drásticos como algunos han temido. Tendrá que haber ajustes en ambos lados de la frontera mientras los cambios organizativos están en marcha en México, pero esto no quiere decir que la cooperación bilateral entre México y Estados Unidos se reduzca en el largo plazo.
Oportunidades y Desafíos
A pesar de la violencia que ha azotado México en la última década, la economía mexicana está en auge. Podría decirse que la economía estaría funcionando aún mejor si los posibles inversores no se mostraron preocupados por la violencia de los carteles y la delincuencia callejera - y si tal actividad criminal no tuviera un impacto significativo sobre las empresas que operan en México.
Debido a esto, el gobierno de Peña Nieto cree que es fundamental reducir el nivel general de la violencia en el país. Esencialmente quiere transformar el problema de los carteles en un problema de aplicación de la ley, algo que maneja el Ministerio del Interior y la Policía Nacional, en lugar de un problema de seguridad nacional a cargo de las fuerzas armadas mexicanas y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (agencia de inteligencia a nivel nacional de México). En muchos aspectos, la administración Peña Nieto quiere seguir el modelo del gobierno de Colombia, que nunca ha sido capaz de detener el tráfico en su territorio, pero fue capaz de derrotar a los poderosos carteles de Medellín y Cali y relegar a sus organizaciones sucesoras a un problema policial.
Los mexicanos también creen que si pueden atenuar la violencia de los cárteles, podrán liberar las fuerzas del orden para combatir la delincuencia común, en lugar de centrar casi todos sus recursos en la contención de la guerra de los carteles.
Aunque los carteles aún no han sido atacados hasta el punto de ser un problema de aplicación de la ley, el gobierno de Peña Nieto quiere señalar este cambio de enfoque al mover el foco de sus esfuerzos contra los carteles hacia el Ministerio del Interior. A diferencia del ex presidente de México, Felipe Calderón, quien fue visto llevando la carga contra los carteles durante su administración, Peña Nieto quiere mantener cierta distancia de la lucha contra los carteles (al menos públicamente). Peña Nieto busca retratar a los carteles como una cuestión secundaria que no exigiría su liderazgo y atención personal. En consecuencia podría centrar públicamente sus esfuerzos en las cuestiones que considere de importancia crítica para el futuro de México, como la reforma educativa, la reforma bancaria, la reforma energética y el fomento de la economía mexicana. Esta es la diferencia más significativa entre las administraciones de Calderón y Peña Nieto.
Por supuesto que una cosa es decir que los carteles se han convertido en una cuestión secundaria, y otra muy distinta es hacer que eso suceda. El gobierno mexicano aún enfrenta algunos desafíos reales en la reducción de la amenaza de los carteles. Sin embargo, cada vez es más claro que el gobierno de Peña Nieto busca implementar un enfoque holístico en un intento de hacer frente a los problemas que operan en la raíz de la violencia, que en algunos aspectos es una reminiscencia de la política contrainsurgente. Los mexicanos ven estos problemas económicos, culturales y sociológicos subyacentes como asuntos que no se pueden resolver con la fuerza.
Las autoridades mexicanas del actual gobierno dicen que el enfoque que la administración de Calderón llevó en la lucha contra los carteles era equivocado, ya que trató de resolver el problema de la violencia de los carteles simplemente matando o arrestando a las figuras de los carteles. Ellos afirman que el enfoque de Calderón no hizo nada para tratar las causas subyacentes de la violencia y que los carteles fueron capaces de reclutar sicarios más rápido de lo que el gobierno podría matarlos o capturarlos. De alguna manera esto es paralelo al enfoque del gobierno de Estados Unidos en Yemen, donde el aumento de ataques con misiles desde aviones no tripulados han hecho aumentar, en lugar de reducir, el número de yihadistas. En México, cuando los carteles experimentaron problemas en reclutar suficientes hombres armados, fueron capaces de importar fácilmente los de América Central.
Sin embargo - y esto es muy importante- este enfoque holístico no significa que el gobierno de Peña Nieto quiera abandonar totalmente las operaciones cinéticas contra los carteles. Un pilar importante de cualquier campaña de contrainsurgencia es proporcionar seguridad a la población. Pero en lugar de provocar enfrentamientos aleatorios con pistoleros de los carteles mediante el envío de patrullas militares contra los puntos calientes de los carteles, el equipo de Peña Nieto quiere ser más específico e intencional en la aplicación de la fuerza. Se trata de exponer las redes que emplean y abastecen a los sicarios, no sólo a los sicarios en sí mismos, y esto requerirá de todos los instrumentos de su portfolio contra el narcotráfico -no sólo la fuerza, sino también cosas como la inteligencia, la acción financiera (para atacar las finanzas del cartel), la salud pública, el desarrollo institucional y la lucha contra la corrupción.
La teoría dice que al proporcionar seguridad, estabilidad y oportunidades económicas el gobierno puede socavar la capacidad de los carteles de reclutar a jóvenes que actualmente no ven otras opciones en la vida mas que unirse a los carteles.
Para realmente tener éxito, sobre todo en las zonas sin ley, el gobierno mexicano va a tener que empezar a construir las instituciones -y la confianza pública en las instituciones- desde el principio. Los funcionarios nos han hablado de poner a Ciudad Juárez como ejemplo que esperan seguir en otros lugares, ya que dicen que han aprendido muchas lecciones en Juárez que les permitirá optimizar sus esfuerzos en otros lugares. Obviamente, antes de que puedan empezar a construir, reconocen que tendrán que aprovechar, consolidar y defender el territorio, y este es el papel que prevén para la nueva gendarmería que está por crearse, o la policía paramilitar.
La gendarmería es importante en este esfuerzo de reconstrucción debido a que el Ejército es incapaz de servir en una función de policía de investigación. Se emplean para perseguir tiradores activos y miembros específicos de los carteles, pero gran parte de la delincuencia que afecta a los ciudadanos y empresas de México cae fuera del ámbito de las fuerzas armadas. Los militares también tiene una tendencia a ser de mano dura, y los informes de abusos contra los derechos humanos son muy comunes. La transformación que implica ir desde un enfoque de seguridad nacional a un enfoque de aplicación de la ley requiere la formación de una fuerza policial eficaz que sea capaz de llevar a cabo la vigilancia comunitaria, mientras se dedica a la búsqueda de los ladrones de autos, extorsionadores, secuestradores y pandillas callejeras, además de sicarios.
Ciertamente, el gobierno de Estados Unidos estaba muy involucrado en el enfoque cinético del gobierno de Calderón sobre los problemas de los carteles, como lo demuestra la gran colaboración entre ambos gobiernos. La colaboración fue tan pesada, de hecho, que algunos miembros de la entrante administración de Peña Nieto se sorprendieron por cuán integrados se habían vuelto los estadounidenses. Los funcionarios estadounidenses que le dijeron a Dana Priest que se sentían incómodos con el nuevo enfoque del gobierno mexicano sobre la violencia de los carteles estaban, sin duda, entre los que se habían involucrado profundamente en este proceso -quizá tan profundamente involucrados que no podían reconocer que en el panorama general, su enfoque había fracasado en reducir la violencia en México. En efecto, desde la perspectiva mexicana, los esfuerzos de Estados Unidos se han centrado en reducir el flujo de narcóticos a los Estados Unidos sin importar el impacto de esos esfuerzos en el entorno de seguridad de México.
Sin embargo, como se ve por la detención de Coronel el 1º de mayo, a la que un funcionario mexicano describió como una clásica operación conjunta entre la Agencia Antidrogas de Estados Unidos y la Policía Federal de México, las autoridades mexicanas tienen la intención de seguir trabajando en estrecha colaboración con sus homólogos estadounidenses. Pero esa cooperación debe producirse dentro del nuevo marco establecido para los esfuerzos de lucha contra los carteles. Eso significa que los planes de cooperación deben ser presentados a través del Ministerio del Interior de México para que los esfuerzos se puedan coordinar de forma centralizada. Gran parte de la actual cooperación punto a punto puede continuar, pero dentro de esa estructura.
La consolidación y la coordinación
Al igual que en Estados Unidos, la policía y los organismos de inteligencia en México tienen terribles problemas de coordinación e intercambio de información. La actual administración está tratando de corregir esto centralizando los esfuerzos de la lucha contra los carteles en el ámbito federal y mediante la creación de centros de coordinación para supervisar las operaciones en las distintas regiones. Estos centros regionales recopilan la información a nivel estatal y regional, y la envían al centro nacional. Sin embargo, un gran factor que inhibe el intercambio de información en México -y entre los estadounidenses y los mexicanos- es el antiguo problema de la corrupción en el gobierno mexicano. En el pasado, los zares de la droga, los funcionarios superiores de la policía y los políticos de muy alto nivel han sido acusados de estar en la nómina de los carteles. Esto vuelve crítica la confianza, y la falta de confianza ha hecho que algunas agencias mexicanas y la mayoría de las estadounidenses restrinjan el intercambio de inteligencia para seleccionar sólo los contactos de confianza. La centralización de la coordinación va a interferir con este flujo selectivo de información en el corto plazo, y va a llevar tiempo para que este nuevo esfuerzo de coordinación se gane la confianza de los organismos mexicanos y americanos. Persiste el temor de que la consolidación también centralice la corrupción y haga más fácil que los carteles recaben información.
Otro intento de control de mando y de coordinación son los esfuerzos actuales del gobierno de Peña Nieto para implementar la consolidación de la policía a nivel estatal. Si bien la corrupción ha llegado a todos los niveles del gobierno mexicano, es sin duda más generalizada en el nivel municipal, y en las últimas operaciones del gobierno departamentos de policía municipales enteras han sido despedidos por corrupción. La idea es que si todos los policías fueran conducidos bajo un mando unificado del Estado, llamado "Mando Unico" en español, los policías sería mejor seleccionados, entrenados y pagados, por lo que la fuerza sería más profesional.
Este concepto de consolidación de la policía a nivel estatal no es una idea nueva. De hecho Calderón trató de hacerlo bajo su administración, pero parece que Peña Nieto podría tener el capital político para que esto suceda, junto con algunos otros cambios que Calderón quería aplicar, pero que no acababan de empezar. Hasta la fecha, Peña Nieto ha tenido un gran éxito en obtener apoyo político para sus propuestas, pero el establecimiento del Mando Unico en cada uno de los 31 estados de México tal vez puede ser la lucha política más dura a la que se haya enfrentado todavía. De concretarse, el Mando Unico será un paso importante -pero sólo un paso- en el largo proceso de desarrollo institucional de la policía a nivel estatal.
Aparte de las luchas políticas, el gobierno mexicano sigue enfrentando retos muy reales en las calles en su intento de sofocar la violencia, reafirmar el control sobre las zonas sin ley y ganarse la confianza del público. El plan integral presentado por el gobierno de Peña Nieto suena bien en el papel, pero todavía requiere una gran cantidad de liderazgo de Peña Nieto y su equipo para llevar a México a través de los desafíos que enfrenta. Oviamente deberá cooperar con los Estados Unidos para tener éxito, pero ha quedado claro que esta cooperación deberá darse bajo las condiciones de México y de conformidad con el nuevo enfoque integral de la administración.
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