EL CARTEL DE SANTA ROSA DE LIMA LLEGA A SU FIN

La lenta agonía del Cartel de Santa Rosa de Lima en México
https://es.insightcrime.org/noticias/analisis/cartel-santa-rosa-lima-mexico/?fbclid=IwAR2m9inCamxx_uUQ8X4DWq_4FlTDtNILao_og6M09k3RZf_sUHwOUOFmEYs

Escrito por Ana Torres

A pesar de su capacidad de resistencia ante la presión de las autoridades estatales y la fuerza con que ha enfrentado al Cartel de Jalisco Nueva Generación, es probable que el Cartel de Santa Rosa de Lima no logre afianzar su poder más allá de sus nichos locales.

En los últimos meses, el Cartel de Santa Rosa de Lima (CSRL) ha soportado varios golpes. El más reciente ocurrió el 12 de abril, cuando cinco de sus miembros fueron capturados con un potente arsenal militar que incluía cinco armas de fuego largas, tres cortas, 12 cargadores y 398 cartuchos.

Un mes antes, en medio de un operativo conjunto entre las fuerzas estatales y la Marina en el municipio de Celaya, Guanajuato, fue capturado el padre de José Antonio Yépez Ortiz, alias “El Marro”, líder de esta organización criminal.

En medio de otra operación, también fueron capturados otros siete colaboradores del cartel, según confirmó Sophia Huett López, comisionada de la Unidad de Análisis y Estrategia de Seguridad Ciudadana del Estado. Estas capturas se suman a la lista de por lo menos otras 35 personas de esta organización que fueron detenidas en enero de este año.

En un esfuerzo por detener el avance de las autoridades en estos operativos, miembros del CSRL bloquearon las vías de acceso al municipio con vehículos y llantas incendiadas. Una situación similar se replicó en por lo menos otros siete municipios del estado de Guanajuato, donde esta organización opera.

Pero además de la persecución de las fuerzas de seguridad, la disputa que libra desde hace meses este grupo con el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) continúa cerrándole el cerco a El Marro.

En enero, el Grupo Élite del CJNG intentó asesinarlo en medio de la celebración del matrimonio de su hermana Karem Elizabeth Yépez Ortiz, quien falleció como resultado de los enfrentamientos.

La arremetida del Estado contra el CSRL comenzó en marzo de 2019, cuando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador anunció la operación Golpe de Timón, un operativo implacable para desarticular a esta organización criminal que ha incluido recientemente el uso de drones militares por parte de la Fuerza Aérea.

El plan surgió como resultado del aumento de la violencia generada por el enfrentamiento entre estos dos carteles en la región por el control de sus economías criminales. Solo en 2019, Guanajuato alcanzó una cifra de 4.494 homicidios, de acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y se convirtió así en el estado con más homicidios del país.

Análisis de InSight Crime

A pesar de la capacidad que ha mostrado el CSRL para reponerse a la presencia sostenida de las fuerzas de seguridad en la región, el golpe a sus finanzas producto de la extracción ilegal de hidrocarburos, así como el congelamiento de sus cuentas bancarias, han limitado su capacidad de pagar su nómina e incluso de corromper a autoridades de alto nivel para garantizar su supervivencia.

“La resiliencia del CSRL se debe principalmente a tres factores: su líder alias “El Marro”, la diversificación que ha logrado en sus fuentes de ingreso, y su arraigo en las comunidades donde opera”, aseguró Víctor Sánchez, consultor y experto en seguridad de la Universidad de Coahuila, en conversación con InSight Crime.

Según Sánchez, pese a que sus capacidades han disminuido, el CSRL ha logrado mantener sus plazas frente al Cartel de Jalisco Nueva Generación en Guanajuato e incluso hacerle frente al Estado, en principio porque su cabeza más visible no ha sido capturada aún, lo que le ha permitido mantener la verticalidad y cohesión dentro del grupo.

Además, el CSRL ha logrado mantener una base de sicarios dedicados a actividades de extorsión que le permite a sus miembros recoger personalmente rentas considerables, lo que se ha traducido en fidelidad hacia la organización a pesar de las dificultades que ha tenido recientemente para pagar a autoridades, pobladores y miembros del grupo.

El carácter nativo de las células huachicoleras (grupos dedicados al robo de petróleo) que operan en la región, con bastante arraigo en las comunidades, también supone para el grupo una ventaja respecto al CJNG, agregó Sánchez.

Sin embargo, más allá de sus fortalezas a nivel local, el CSRL dista mucho de expandirse por encima de sus nichos locales o de convertirse en un gigante del narcotráfico mexicano.

De acuerdo con Jaime López-Aranda, ex funcionario policial mexicano y actual consultor en temas de seguridad, aunque el cartel posiblemente cuente con cierta protección de autoridades a nivel local, esta no llega a niveles estatales o federales, lo que a largo plazo supone un problema para la supervivencia del grupo.

Otra razón por la cual su expansión se vería limitada es la calidad de las alianzas que ha formado con grupos como Los Viagras o el Cartel de Sinaloa para hacerle frente al CJNG.

Por otra parte, Víctor Sánchez señala que, si bien estas organizaciones han realizado préstamos materiales y de personal para apoyar al CSRL en su lucha, estas no han sido acciones coordinadas que le permitan al grupo afianzarse en el territorio.

Por estas razones, ambos expertos consultados por InSight Crime coinciden en que el CSRL no podrá soportar por mucho tiempo estar en el centro de las actividades de vigilancia del estado, mientras enfrenta a la par una amenaza como el CJNG.

Su incapacidad para corromper a las autoridades estatales hace probable que, como hasta ahora, el Estado siga deteniendo a miembros importantes y sofocando los ingresos de la organización, mientras el CJNG sigue avanzando con más posibilidades de sortear a las fuerzas del estatales.

EL NARCOTRAFICO AYUDA A LOS POBRES EN MEXICO

Haciendo planes: cómo los narcotraficantes en América Latina sobreviven en el COVID-19

Debido a la epidemia, los grupos criminales comenzaron a ayudar a los necesitados.

Maria Vasilieva 

IZVEZTIA INTERNACIONAL

https://iz.ru/998321/mariia-vasileva/stroiat-plany-kak-narkotorgovtcy-latinskoi-ameriki-perezhivaiut-covid-19

12 de abril de 2020. En medio de la epidemia de coronavirus en América Latina, el Cartel del Golfo comenzó a proporcionar asistencia humanitaria a los pobres en México. En Brasil, los grupos criminales fueron más allá y en lugar de las autoridades anunciaron un toque de queda en las favelas en relación con la propagación del virus. Entrevistados por Izvestia, los expertos señalaron que, a diferencia de la economía legal, el tráfico de drogas no sobrevive a una crisis aguda, sino que transfiere sus actividades a un campo digital. Y si bien el estado se enfoca en combatir COVID-19, la batalla por el control del mercado ilícito conduce a muchos asesinatos mientras el precio de los productos prohibidos se está disparando. Izveztia investigó cómo una región con una gran tasa de criminalidad está experimentando una pandemia.

Al borde del bien

Miembros del Cartel de Drogas del Golfo de México (Golfo) proporcionaron 120 cajas de alimentos a los residentes de Ciudad Victoria en Tamaulipas. Aunque el trabajo de la organización estatal de asistencia social DIF se intensificó durante la epidemia, fue el señor Vaquero 46 quien envió cajas de café, cereales y cereales para el desayuno del pueblo pobre. Como se señaló en la prensa local, este es el comportamiento típico de este grupo. Algo similar sucedió en 2013, cuando el cartel del Golfo distribuyó alimentos y medicinas a los residentes de Tamaulipas, muchos de los cuales quedaron sin hogar después del huracán Ingrid.

"Tales acciones son populares porque, por ejemplo, en las regiones de México no hay suficiente apoyo estatal", dijo a Izvestia Norberto Emmerich, presidente del Centro de Estudios en Estrategia y Políticas Públicas (Argentina).o

Señaló que el gobierno proporciona pagos directos, pero no apoya la actividad económica de la población mediante la reducción de los impuestos, los préstamos blandos y la extensión del vencimiento de varios pagos.

Pero, a pesar de las acciones de solidaridad de las "virtudes" de los carteles criminales, no se puede negar la amenaza que la red de narcotráfico desarrollada en América Latina todavía representa. Además, los comerciantes clandestinos, que se ocupan de la población, se guían claramente no solo por consideraciones humanitarias. El coronavirus, que provocó el cierre de las fronteras, no se convirtió en un obstáculo para los delincuentes, sino que solo desató sus manos. Mientras el Estado está tratando de revivir urgentemente el sistema de salud, los carteles luchan por sus negocios.

"Las batallas por el control del territorio, acompañadas de asesinatos y violencia, solo aumentaron durante este tiempo", dijo Norberto Emmerich. La razón de esto son los cambios en el equilibrio de poder de los grupos criminales.

Recordó que recientemente en la ciudad de Madera, Chihuahua, hubo un enfrentamiento entre el gran cartel mexicano de Sinaloa y el cartel de Juárez "La Línea". El resultado del tiroteo: 19 muertos. Solo después de estos eventos, las fuerzas de la guardia nacional fueron enviadas a la provincia para proteger de alguna manera a la población civil.

"La agenda de seguridad ahora ha desaparecido del campo de visión del gobierno", señaló el experto.

En su opinión, hasta cierto punto, el propio gobierno provoca una "guerra" en tales áreas.

El problema de la manifestación de la "responsabilidad social" por parte de los carteles de la droga no es exclusivo de México. Como explicó Norberto Emmerich, representantes de negocios ilegales, por ejemplo, en Brasil, muestran solidaridad en un momento tan difícil. En la ciudad de Buenos Aires, Argentina, los carteles de la droga también pagan los gastos sociales y médicos e incluso realizan traslados de emergencia.

Narcotráfico en un sitio remoto

El Fiscal General de Colombia, mientras tanto, está en proceso de confiscar la propiedad de su embajador en Uruguay. Hace aproximadamente un año, los laboratorios de cocaína fueron desclasificados en su granja y se descubrieron 9 kg de la sustancia. Este estado latinoamericano es conocido por la gran cantidad de trasplantes de drogas en los que la gente común a menudo se ve obligada a trabajar debido a la pobreza. El gobierno ha estado tratando de luchar activamente contra el cultivo de cultivos prohibidos, pero el coronavirus violó los planes de las autoridades. Durante la epidemia, se hizo más difícil convertir los campos de coca en plantaciones para el cultivo de cacao, y los traficantes de drogas, por el contrario, intensificaron sus intentos de proteger su "negocio".

"La pandemia fue capaz de romper el tráfico callejero de drogas, pero los mercados digitales aún están activos", dijo a Izvestia, Izvestia, David Restrepo, jefe del Centro Colombiano CESED para el Estudio de la Seguridad y el Tráfico de Drogas.

No solo los lugareños, asustados por las noticias sobre el terrible virus, sino también los narcotraficantes dejaron de tomar las calles, porque en todas partes la policía controla el régimen de autoaislamiento. Además, como señalaron los expertos de CESED en un artículo colectivo, los delincuentes tienen miedo de infectarse y prefieren quedarse en casa. Debido al cierre de las fronteras, no pueden transportar la sustancia prohibida incluso en las semillas de un aguacate, el ingenio debe mostrarse en el espacio digital.

Como señaló David Restrepo, los participantes en el crimen organizado en América Latina aún pueden realizar transacciones en DarkNet, en la correspondencia que acuerdan sobre las transacciones. Además, la economía ilegal no está experimentando una crisis aguda, ya que estos mercados son financiados en mayor medida por sobornos, en cuya transmisión no funciona el virus.

"Según los datos actuales, los precios de las sustancias prohibidas a nivel local e internacional han aumentado, lo que indica que la demanda sigue siendo alta y la producción está subordinada a ella", enfatizó el experto en una conversación con Izvestia.

A pesar de una campaña internacional de varios años contra el narcotráfico, los grupos criminales en Colombia siguen activos. Durante 20 años se han vuelto más cautelosos y más cerrados. Pero no fue posible privarlos del campo para la actividad.

"También son personas"

En Brasil hasta el día de hoy, el control de los barrios marginales en las laderas de las montañas, las favelas, está en manos de grupos criminales. Incluso el toque de queda lo impone el Comando Vermelho (Comando Rojo), no el gobierno. Según la prensa local, sus representantes conducen por las calles en automóviles y anuncian un nuevo orden para los pobladores locales a través de un altavoz. En los barrios marginales, los "recorridos turísticos de la pobreza", tan populares en los últimos años, tuvieron que reducirse. Los narcotraficantes también comenzaron a repartir jabón y dejar carteles con recomendaciones de higiene.

El 9 de abril, el ministro de Salud de Brasil, Luis Enrique Mandetta, instó a los funcionarios a ser realistas y no olvidar con quién acordar medidas para frenar el coronavirus en estas regiones.

"A menudo no hay Estado en estos territorios, y los traficantes de drogas están a cargo ... las personas también están allí y necesitan ayuda", cita el jefe del Ministerio de Salud de la BBC.

Al mismo tiempo, el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, todavía niega la magnitud de la amenaza del coronavirus, a pesar de que no hace mucho tiempo el mundo entero estaba desconcertado por la noticia de su posible infección. Afortunadamente, su prueba resultó ser negativa. Y ahora continúa criticando los requisitos del jefe del Ministerio de Salud, incluida la observancia de la distancia social. Mientras tanto, el 10 de abril, el número de pacientes en el país alcanzó casi 18 mil y murieron 941 personas.

Según los medios locales, los traficantes de drogas a menudo son retratados como Robin Hoods que toman riqueza de los ricos y se la dan a los pobres. La población financieramente inestable de América Latina no siente el apoyo del Estado, por lo tanto, se ve obligada a aceptar cajas de alimentos de los delincuentes y trabajar en las plantaciones para sobrevivir de manera elemental. E incluso el coronavirus no pudo detener la actividad criminal, los traficantes de drogas se están volviendo más ingeniosos y la lucha de las autoridades con ellos es aún más difícil.

NARCOTRAFICO Y PANDEMIA EN MEXICO

Cómo ha cambiado la pandemia el negocio de los narcotraficantes en México

© AFP 2020 / Rashide Frias

Cómo ha cambiado la pandemia el negocio de los narcotraficantes en México
Por Laura Itzel Domart
https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202004011090968492-como-ha-cambiado-la-pandemia-el-negocio-de-los-narcotraficantes-en-mexico/?fbclid=IwAR3STmjvoP_f0s8zpYveBzzc7NDm6QFmvBETNOHIZjJF79NsGyM49MKu-Lw

La pandemia de COVID-19 está colapsando la vida cotidiana del mundo, pero sobre todo al sector de salud pública y a los sistemas financieros de las naciones. Mientras tanto, ¿qué está ocurriendo en las dinámicas del crimen organizado: si este se encuentra también en cuarentena o, si por el contrario, está reestructurando sus modos de acción?

México es el epicentro del crimen organizado en América Latina, pues es la vía de tránsito para llevar droga hacia Estados Unidos. En este país se encuentran dos de los carteles de la droga más importantes para la exportación de sustancias ilegales hacia el norte y el sur de América: el Cartel de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Factor chino

En el informe El coronavirus exprime las finanzas de los carteles en México, elaborado por el portal InSight Crime, se detalla que La Unión de Tepito, la organización que controla los falsificados en Ciudad de México, registra rezagos en las entregas de productos debido a la disminución del flujo comercial con China por causa de la pandemia. Mientras tanto, el CJNG "tiene problemas para abastecerse de químicos precursores de China para la fabricación de fentanilo, el opioide que ha causado miles de muertes en Estados Unidos y México".Como consecuencia, aumentan los precios de las drogas, comentó a Sputnik Norberto Emmerich, autor de libros Geopolítica del narcotráfico en América Latina y Geopolítica de la seguridad en México.

"El precio al mayoreo de un kilo de metanfetaminas en México subió más del doble desde el inicio del año", señaló.

A su vez, otro experto en temas de seguridad, el periodista Ricardo Ravelo subraya que los precursores químicos para fabricar el fentanilo también pueden obtenerse en Alemania o Indonesia, lo cual es factible debido a que el Estado mexicano no ha cortado la movilidad de ningún tipo. Por lo que, "mientras no haya toque de queda en México, la distribución va a continuar y el consumo va a continuar".

Cierre parcial de la frontera entre EEUU y México

Otro tema es la reducción del flujo comercial y de personas entre Estados Unidos y México acompañada del endurecimiento de los controles fronterizos, lo que vuelve más difícil el contrabando, enfatizó Norberto Emmerich, también profesor de la Universidad de Belgrano, Buenos Aires. Es por eso que se hace probable una caída de la demanda estadounidense de drogas. 

Jesús Gallegos Olvera, doctor en Ciencia Política de la UNAM, coincide que el cierre intermitente de la frontera norte de México está afectando el flujo de trasiego de drogas y mercancías ilícitas. Lo cual, eventualmente, puede "tener efectos económicos en algunas regiones que dependen en gran medida de la continuidad de esos mercados ilícitos".Con estos lugares de conflicto se refiere, esencialmente, a aquellos en los que el mercado de las drogas se da con regularidad —fronteras y puertos marítimos—, en los cuales se podrían generar las condiciones para crear un mercado nacional de drogas. Esta situación también ocasionaría "mayor violencia y mayor acción de los sujetos que participen en el mercado nacional", subrayó Olvera.

En esta dirección, el experto alerta sobre otro problema que podría suscitarse: el aumento de consumo interno de drogas. Según cifras de la última Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017 —ENCODAT 2016-2017—, el nivel de consumidores de sustancias ilegales va al alza, pues pasó del 7,8% en 2011 al 10,3% en 2016.

Transformación del narcotráfico y diversificación de crímenes

"Se puede esperar una transformación en el concepto de narcotráfico, que ahora será local, cercano y casi doméstico", concuerda Norberto Emmerich y añade que este sector del crimen organizado ya ha probado incorporar tecnológicas que acerquen de mejor manera las drogas al consumidor para evitar controles y dinamizar el movimiento (drones), pero no han dado resultados efectivos.Como consecuencia de estas condiciones previas y los múltiples puntos de crisis que está ocasionando la pandemia de COVID-19, Gallegos Olvera apunta hacia la posibilidad de una reconfiguración del ejercicio delincuencial en el país. Las primeras expresiones de estos giros de la criminalidad pueden ser: robo, asaltos, robo a casa, secuestros, extorsión, entre otros.

A su vez, Norberto Emmerich subraya las siguientes posibles actividades alternativas que pueden llevar a cabo los carteles con ciertas limitaciones:

- el tráfico de personas, dificultado por el cierre de fronteras.

- el huachicoleo, dificultado por la caída del precio de la gasolina y el control militar del Gobierno.

- el secuestro y extorsión, dificultado por el cierre de comercios y la ausencia de personas en tránsito.

"La actividad apta para el narcotráfico en períodos de cuarentena nacional y pandemia es el ingreso a una lucha más abierta por la resolución de los conflictos territoriales en curso, en muchos casos con auspicio político. Con la opinión pública y la Guardia Nacional próximamente involucrada en el control sanitario, las disputas territoriales pasarán inadvertidas", subrayó el experto en temas de seguridad.

Entre tales arreglos en el mundo narcotraficante Emmerich especificó la limpieza de plazas —como en Puebla — y disputas de mercados —como en Ciudad Juárez.

Desde la perspectiva de Gallegos Olvera, "el mercado delincuencial en México tendrá un efecto boomerang, es decir, en este momento se está alejando la visión de peligrosidad pero regresará con mayor impacto".

El periodista Ricardo Ravelo, al contrario, asegura que la emergencia sanitaria ocasionada por COVID-19 parece no estar teniendo ningún efecto —negativo o positivo— en la situación criminal de México dado que "la criminalidad continúa, sigue habiendo muertos, sigue habiendo narcotráfico".

Como consecuencia, Ravelo considera que la delincuencia organizada seguirá sobre la misma línea de fortalecimiento. Fenómeno que se expresa, esencialmente, en el número de delitos que ocurren diariamente. Así que, precisa, "la mafia no descansa ni ante la pandemia".

¿GUERRA CONTRA EL NARCOTRAFICO O NARCOGUERRA?

AMLO Presidente: Narcotráfico, Guerra, Seguridad y Guardia Nacional (III)

Arsinoé Orihuela Ochoa

http://www.jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=190614_101658_707

¿México está en guerra? Llama la atención que muchos connacionales, cuando son interpelados con esta pregunta, acostumbren responder que “no”. Esto significa admitir que el baño de sangre en nuestro país, las desapariciones forzadas (cerca de 40 mil) y las fosas clandestinas (alrededor de mil 300 documentadas) son apenas un conjunto de indicadores inconexos que configuran un mero problema de inseguridad. Y acaso allí radica la singularidad de México: se trata de una sociedad que aspira a resolver sus conflictos internos sin reconocer la raíz de sus conflictos internos. Lo que es peor aún, no pocos analistas arguyen que en México no hay guerra, bajo el insulso argumento de que no existen dos bandos reconocibles o identificables en disputa, y que ni siquiera está claro qué pudieran disputar. Bien. El problema en nuestro país es tan grave que la impotencia para explicar la realidad es el eje en torno al cual hilvanamos el diagnóstico de nuestra realidad. Tras haber expuesto los rasgos distintivos del narcotráfico, y a fin de anclar hondamente en el análisis que atañe al Plan Nacional de Paz y Seguridad y la Guardia Nacional del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en esta tercera entrega perfilo una aproximación sin ambages al tema de la guerra en México y expongo algunas pautas para abordar esta inexorable realidad nacional. Para efectos ilustrativos, dispuse desagregar en tres partes el análisis: uno, la caracterización de la guerra –qué tipo de escenario bélico transita el país–; dos, los efectos de la guerra –cómo impactó la declaratoria de guerra en las estructuras del narcotráfico, que es el presunto enemigo–; y tres, los actores o señores de la guerra –qué bandos guerrean entre sí–. (Glosa marginal: no puedo dejar de destacar la invaluable aportación del Dr. Norberto Emmerich a las consideraciones aquí vertidas). 

La narcoguerra. En diciembre de 2006, apenas unos días después de la toma de protesta oficial, el presidente Felipe Calderón Hinojosa decretó una guerra contra el narcotráfico. Los aspectos electorales, jurídicos e institucionales de este episodio han sido exhaustivamente examinados por académicos, comentócratas y periodistas. Y ciertamente, tales variables de análisis siguen siendo más o menos intrascendentes para la comprensión del acontecimiento. Lo políticamente relevante de la declaratoria de guerra contra el narcotráfico es la guerra en sí. Es importante aclarar que la administración de Calderón inauguró una época en la política nacional: a saber, la oligocracia bélica; es decir, oligarquías competitivas que disputan los recursos de poder por medio de la guerra, bajo un disfraz de normalidad democrática. El narcotráfico no es tan sólo una excusa para justificar un teatro de guerra: es la unidad política alrededor de la cual se organizan las oligarquías competitivas para disputar tales recursos de poder: instituciones, poblaciones, territorios, dineros etc. Por oposición a lo que aduce unívocamente la bibliografía sobre el tema, el narcotráfico no coopta, captura o corrompe al Estado, sino que es al revés: el Estado coopta al narcotráfico para corromperse. Corrompe con ello el llamado “pacto social”, neutraliza la contestación y altera las reglas de la política apoyado en el estribillo del “enemigo-común-narcotráfico”.

La guerra contra el narcotráfico no es una guerra contra el narcotráfico: es una disputa bélica entre las élites nacionales, en vinculación con los cárteles del narcotráfico, por el control de los recursos de poder y en contra del derecho a la vida y el patrimonio de la población. Por tal motivo, es más exacto llamarla narcoguerra.

Desde el punto de vista de las víctimas, la narcoguerra es una violencia de Estado: es decir, la incidencia sistemática de crímenes tales como la desaparición forzada, las ejecuciones sumarias extrajudiciales, la tortura a gran escala, el silenciamiento de opositores políticos, el exterminio de periodistas etc.

El anuncio del fin de la “guerra contra el narcotráfico” del Presidente AMLO, es un anuncio acerca del fin de la guerra como mecanismo de disputa del poder. Esta declaración oficial es significativa, no sólo por la intención que encierra de desactivar la violencia en el país, sino también porque le arranca al narcotráfico uno de sus principios nutricios: la guerra. “No obligues a tu enemigo a que luche por su vida”, sugirió Sun Tzu.

La politización-militarización del narcotráfico. Dentro de las unidades que disputan militarmente los recursos de poder, el eslabón más débil es el capo. Esto explica que la estrategia de seguridad de los gobiernos conservadores contemplara resueltamente la persecución de los capi di tutti capi. Los jefes de los cárteles han sido empujados a desempeñar el rol de CEO’s (gerentes ejecutivos) removibles o desechables. Las insubordinaciones o desafíos al Estado que algunos capos han protagonizado responden fundamentalmente a esta “vulnerabilidad” a la que fueron condenados en el organigrama de las estructuras de poder, y no a la presunta disposición “higiénica” del Estado de barrer con ellos. De hecho, la guerra fue un aliciente o revulsivo para los narcos: los involucró decididamente en la política nacional y propició la militarización de sus estructuras y rutinas. Tanto un efecto como el otro contribuyeron a multiplicar el poder y la presencia del narcotráfico en la vida pública de México. La guerra convirtió a los cárteles en controladores de territorios y poblaciones.

La cartelización de la política. Difiero con los analistas que sostienen que los cárteles no existen, o bien que éstos representan apenas un eslabón más en la cadena de poder estatal y/o delincuencial. Asistimos al fenómeno exactamente opuesto: la cartelización de la política y del crimen.

Respecto al crimen, cabe hacer notar que el narcotráfico es una modalidad de delincuencia de tipo comando: es decir, consigue reunir en su órbita a las Pymes del crimen común y a todos los otros ilegalismos diseminados. En cualquier centro urbano del país, los comerciantes de piratería, los deshuesaderos irregulares, las bandas de robo de vehículos, los asaltantes etc., pagan una cuota por concepto de “operatividad” al jefe narco de la plaza. El narcotráfico regula la totalidad de las actividades delictivas de una entidad.

En la política, el narcotráfico es un actor estratégico que controla recursos políticos tales como las instituciones de seguridad e impartición de justicia, algunas fracciones delejército nacional, el presupuesto público, ciertos factores de producción económica,el aprovisionamiento de armamento proveniente del extranjero (e.g. la operación “Rápido y Furioso”), la información asociada a los medios de comunicación, los cargos públicos asociados al gobierno, etc. En suma, el conjunto de recursos que dispone cualquier Estado para reforzar la capacidad de gobernabilidad. El cártel es un administrador de los intereses heterogéneos que se alojan en esta ensalada.

Tras el desmoronamiento del partido único-hegemónico y de sus ritos y fórmulas (e.g. el “dedazo” fallido de Luis Donaldo Colosio), la política autoritaria mutó hacia nuevas-viejas formas de organización. Acaso la criatura más conspicua de esa innoble metamorfosis es el cártel-camarilla.   

La guerra aceleró el tránsito concluyente de la camarilla –la otrora unidad básica de las redes políticas nacionales– al cártel. A ello se debe que la política de nuestro país se rija por las dinámicas del narcotráfico y que los cárteles del narcotráfico emulen el comportamiento del Estado nacional.

La guerra en México es una guerra entre los dueños de México.

Sin duda que un primer paso para la desactivación de la guerra,consistía en desterrar de las estructuras gubernativas a los señores de la guerra (i.e. los conservadores) y a sus barones aliados.

Si conquistamos tal primer objetivo aún está por verse.

NARCOTRAFICO ES POLITICA Y ESTADO, NO DROGAS

AMLO Presidente: Narcotráfico, Guerra, Seguridad y Guardia Nacional (II)

http://www.jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=190604_111253_850

Arsinoé Orihuela Ochoa

¿Qué es narcotráfico? El vox populi a menudo responde a botepronto: tráfico de drogas. Algunos científicos sociales acostumbran decir que tal definición es empíricamente cierta pero científicamente falsa. Yo argüiría que es redondamente falsa. Ni siquiera un observador amateur podría ignorar que el narcotráfico en México tiene tantas aristas, dimensiones y esferas de influencia que incluso es difícil distinguirlo de un gobierno, un ejército o una empresa. En este sentido, tal tentativa de definición es apenas la descripción de una de las múltiples funciones que engloba "narcotráfico".

El narcotráfico cobra impuestos o derecho de piso, efectúa tareas de contrainsurgencia o represión, ensaya estrategias de comunicación con el público, entrena o recluta comandos militares de élite, conquista territorios por la fuerza, delimita fronteras militarmente, genera fuentes de empleo, invierte en obras públicas tales como carreteras, escuelas e iglesias, desarrolla proyectos turísticos e infraestructurales, diversifica el mercado legal e ilegal, agrupa en su órbita a las Pymes del crimen común, regula relaciones sociales en las comunidades, coopta poblaciones jóvenes, pobres y desocupadas, desempeña funciones de arbitraje en la resolución de conflictos en los barrios, define contenidos editoriales de la prensa, blanquea o lava sumas ingentes de dinero, teje alianzas con la clase gobernante, financia campañas políticas etc. Y, por último, trafica droga.

La opinión comúnmente compartida es que "los políticos corruptos imitan a la mafia". Pero ¿acaso el ejemplo mexicano no sugiere que el orden de los factores es a la inversa, y que los narcotraficantes emulan el comportamiento político del Estado y sus representantes?

Efectivamente, el inventario de rutinas arriba citadas, y de las cuales hemos sido testigos todos los mexicanos, particularmente en los últimos 12 años, perfilan o constituyen comportamientos típicamente políticos. Esto significa que el narcotráfico no es únicamente drogas y economía ilegal, sino también, y acaso señaladamente, política y Estado.

Diversas organizaciones civiles en México coinciden en señalar que es realmente difícil establecer los contornos de la delincuencia y el Estado; o, en su defecto, que tal separación demanda rigor quirúrgico. Y aciertan. La razón es que el narcotráfico es una problemática que implica, desde sus orígenes, fuertes conexiones con el aparato estatal y sus instituciones. Tal conexión alcanzó en México un grado de desarrollo y evolución posiblemente inédito en el mundo. Cómo llegamos a esta encrucijada, es quizá la pregunta que deberíamos formular y responder los mexicanos. Pero ese objetivo rebasa las dimensiones y aspiraciones de este breve ejercicio de reflexión.

Ahora bien, lo políticamente sustantivo de este análisis es identificar cómo la naturaleza política del narcotráfico se desdobla e impacta en las estructuras del Estado, porque sólo así estaremos facultados para valorar las acciones de gobierno y enarbolar propuestas sobre la materia. La caracterización del narcotráfico que pretendo hacer en este análisis aspira a exhibir el carácter político de ese actor –a menudo ignorado por las corrientes de opinión dominantes–, y cómo tal carácter, en los hechos, reviste fines estatalistas. Para tal efecto, es necesario puntualizar quéentendemos por "comportamiento político" e "indicador de estatalidad". Y acudo a una ilustración básica, no sin ignorar el riesgo que involucra aislar objetos en el caso de un análisis que versa sobre fenómenos sociales: la lógica de costo-beneficio o maximización de ganancia es una consideración económica, y por consiguiente un indicador de mercado; la conquista militar de un territorio y el control de esa territorialidad mediante la delimitación de fronteras es un comportamiento político, y por consiguiente un indicador de Estado. Si bien es cierto que el narcotráfico engloba las dos dimensiones antes referidas, el propósito de esta reflexión es distinguir y caracterizar la segunda de ellas: la política y estatalista.

Está casi universalmente aceptado que un Estado nacional tiene por lo menos cuatro atributos: a saber, territorio, coerción, monopolio y legitimidad. La hipótesis que planteo es que el narcotráfico aglutina en su órbita tales ámbitos funcionales del aparato estatal en vinculación con las instituciones formales del Estado. Esto significa que, para arrancar al narcotráfico de las estructuras gubernativas, es necesario arrancar un "pedazo" de Estado, y más específicamente, un pedazo del Estado conservador. Alguien, en algún lugar escribió, que el error de AMLO, en relación con el presupuesto, había sido que, allí donde tenía que cortar con bisturí, el gobierno de la 4T pasó el machete. Considero que esta accidentada metodología de recortar presupuestos podría extrapolarse –acá sí legítimamente– al ámbito de la delincuencia organizada: decomisar resueltamente al actor narco los ámbitos funcionales del aparato estatal que, en coadyuvancia con el régimen conservador, regenteó durante tantos años.

Por ahora, interésanos identificar esos ámbitos funcionales en los que el narcotráfico emula comportamientos políticos, acaso como parte del Estado organizado.

Monopolio. El narcotráfico es monopólico. Existen casos en los que un territorio o plaza es "habitado" por dos cárteles; por ejemplo, Veracruz (Los Zetas; Cártel de Jalisco Nueva Generación). Pero esa cohabitación es hostil. Cuando el CJNG penetró en la entidad veracruzana, los reporteros de la región advirtieron: "vinieron por todas las canicas". Esto significa que el narcotráfico es inherentemente monopólico y que la coexistencia de dos o más cárteles es apenas un estadio inferior en el proceso de dominio hegemónico de uno sobre los otros. Los episodios de violencia desbordada que hemos observado en las diferentes geografías de México responden a las guerras predatorias que libran los cárteles del narcotráfico –prohijados por el blindaje institucional del poder político local– con el objetivo de conquistar exitosa, efectiva y monopólicamente un territorio, e instalar un centro de poder único sobre alguna demarcación territorial que, no casualmente, corresponde con las unidades administrativas del país (estados o municipios). La gente acostumbra llamar a este proceso "disputa por la plaza".

Territorialidad. El narcotráfico es territorial. Tras la conquista del territorio por la guerra, y el sometimiento del adversario, el cártel vencedor coopta o aniquila los remanentes del cártel rival. Posteriormente, establece un rígido control de la "plaza" a través de los agentes que más proximidad tienen con el territorio: policías, agentes de tránsito, elementos de las fuerzas armadas, taxistas. El cártel del narcotráfico engrosa este destacamento de ocupación con Halcones –jóvenes vigilantes que viajan en motonetas–, Estacas o sicarios –que por lo general son expolicías o exmilitares que ejecutan operativos de carácter militar– y escuadrones de muerte. En algunos estados como Veracruz, Guerrero o Tamaulipas es común encontrar retenes irregularescustodiados por personal del cártel fuertemente armados: delimitan el área de influencia –las fronteras– sobre las que ejerce soberanía la organización. Dentro de ese territorio, no se admiten adherencias o simpatías por otro grupo criminal. Cabe hacer notar que el objetivo central del narcotráfico es el control de territorios, ya que tal ejercicio de poder territorial es mucho más rentable que el tráfico de droga: permite dictar las leyes que rigen en un lugar.

Coerción: El narcotráfico es coercitivo. Es la violencia que dota de estabilidad a la victoria tras la guerra. Coerción es lealtad por la fuerza. Y esta violencia sostenida se expresa especialmente en modalidad de extorsión. Está documentado que en los 32 estados de la república el narcotráfico cobra una cuota o "impuesto" a los pequeños y medianos comercios, y el "derecho de piso" a los negocios clandestinos, informales o de giros negros. El incumplimiento del pago se traduce en cierre del emprendimiento o la muerte del dueño o algún empleado. Al igual que el juego extorsivo que caracterizó al Estado en sus orígenes, el narcotráfico ofrece protección o seguridad a cambio de una tributación. Lo mismo ocurre con los periodistas: el cártel que gobierna la plaza riega dineros entre la prensa local a cambio de lealtad. La deslealtad es castigada letalmente. En no pocos casos, ni siquiera compra las voluntades editoriales: tan sólo endosa la amenaza de muerte a aquellos periodistas que no se apeguen a su política de información. La extorsión también comparece en los dominios políticos. Cuando un aspirante a cargo de elección popular visita una comunidad, el narcotráfico acostumbra secuestrar las unidades vehiculares en las que se transporta el candidato y su círculo de trabajo, incluidos reporteros y personal de prensa. Se trata de un secuestro exprés que consiste en concertar ex profeso una entrevista entre el jefe narco de la "plaza" y el candidato en cuestión, con el propósito de acordar a priori la "agenda de cooperación" entre el futuro funcionario y la organización criminal. Esto ocurre rutinariamente en varios estados del país. Y los desencuentros se pagan con sangre. Tan sólo recuérdese el proceso electoral de 2018, que dejó un saldo de 523 políticos y funcionarios asesinados, de los cuales 48 eran candidatos a puestos de elección popular (https://bit.ly/2zoA0sY).

Legitimidad. El narcotráfico busca legitimidad. Como cualquier otro centro de poder y autoridad, el narco combina los recursos de la coacción y el consenso. Si bien los cárteles del narcotráfico en México han desarrollado sus propios medios de comunicación, lo cierto es que, en algunos estados como Veracruz, estas organizaciones han acudido a la prensa establecida para controlar la información que circula, y con ello conquistar simpatías entre el público a través de estrategias de comunicación que combinan la divulgación de éxitos programáticos (e.g. seguridad) y la censura de hechos o acciones socialmente inconfesables. También, innovan en materia de recursos comunicacionales; por ejemplo, las narcomantas. Reproduzco el pronunciamiento, a mi juicio emblemático, de aquella manta que dejó el CJNG al lado de los 35 cadáveres que, en 2011, arrojó en una avenida neurálgica de Boca del Río, y que da cuenta fielmente de ese interés de ganar legitimidad, y que es un atributo político que distingue a los cárteles: "No más extorsiones, no más muertes de ¡gente inocente! (sic) […] zetas del estado de Veracruz aún faltan más ministerios públicos […] Esto les pasará o como los que hemos matado a balazos (sic). Al pueblo veracruzano no se dejen extorsionar, no paguen más cuotas. Si lo hacen es porque quieren. Esta gente es lo único que saben hacer […] Esto les va pasar a todos los zetamierdas (sic) que sigan en Veracruz la plaza ya tiene nuevo dueño".

LA (FALTA DE) ESTRATEGIA DE SEGURIDAD EN MEXICO: LA GUARDIA NACIONAL

AMLO Presidente: Narcotráfico, Guerra, Seguridad y Guardia Nacional (I)

Arsinoé Oriehuela Ochoa
http://www.jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=190524_112214_137

En un artículo publicado en marzo de 2018, especulé sobre las acciones o estrategias que impulsaría AMLO en materia de lucha contra el narcotráfico y seguridad en el caso de que resultara electo. Ya preveía el triunfo del tabasqueño en la elección presidencial de julio. Y por ello me anticipé a formular la pregunta "¿Qué va a hacer AMLO con el narco?" (https://bit.ly/2Et9Q8K) acaso siguiendo el tenor de las interrogaciones que sobre diversos temas la gente en México ya comenzaba a plantear. Y es claro que esta cuestión es la más delicada y compleja. Porque la violencia e inseguridad en México, especialmente la asociada al narcotráfico, no es un problema tangencial: es la principal preocupación del grueso de la población. A muchos les produce vergüenza; a otros –acaso más legítima que la vergüenza– indignación. Pero no es posible objetar u omitir que se trata de un país en el que la tortura, el homicidio, la masacre, el secuestro y la mutilación, las fosas clandestinas y los cuerpos desmembrados son el pan de cada día, el entorno cotidiano en el que discurren nuestras vidas. A tal escenario de horror nos condenaron los conservadores. ¡Prohibido olvidar!

(A modo de paréntesis, aplaudo la iniciativa de agrupar a los gobiernos neoliberales bajo la categoría de "conservadores". Es mucho más exacta e ilustrativa que "neoliberal", que a menudo conduce a pensar que se trata de algo nuevo y liberal, cuando es más mohoso y añejo que el cano bigote de Porfirio Díaz. El prefijo "neo" básicamente designa una "novedosa" forma de concebir a la persona: a saber, la "persona moral"; léase, una empresa privada o corporación. Y "liberal", que todos aquellos derechos que el liberalismo clásico situaba en el individuo frente a la otrora institución dominante, el Estado, ahora reposarían en la nueva definición de persona: sí, la empresa privada. Sin reparar, por cierto, en el hecho de que la empresa privada llegó a aventajar en poder a las estructuras gubernativas justamente reclamando para sí tales derechos. En suma, el periodo neoliberal significó la restauración de relaciones políticas basadas puramente en la esencia privilegiada de la propiedad privada. Tal fenómeno político no es nuevo ni es liberal. En clave desideologizada: ¡es conservadurismo!).

Los escenarios trazados en aquella publicación de 2018 respondían apenas a un primer acercamiento teórico en relación con las posibles perspectivas que, en materia de seguridad, abrazaría la 4T, considerando, por supuesto, los alcances y limitaciones de un gobierno liberal encabezado por la figura de Andrés Manuel López Obrador, y atendiendo las trayectorias necrológicas, no menos decisivas, que transita nuestro país. A 6 meses del cambio de gobierno, y tras la publicación del Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, es posible actualizar la reflexión e introducir elementos de análisis más sólidos y especializados.

El capítulo del Plan que más polémica e intranquilidad suscitó es el concerniente a la Guardia Nacional. Aunque comparto la reserva, considero, no obstante, que la única manera de evaluar seriamente tal figura, sin las habituales distorsiones ideológicas, es retrocediendo por lo menos tres capítulos atrás en la historia reciente de nuestro país. Por tal motivo, resolví dedicar cuatro entregas al objeto de discusión en cuestión. Cada una de estas entregas –la primera será facilitada la próxima semana– aborda una problemática específica, aunque conexa con la problemática general y cuyo colofón es la Guardia Nacional, aun cuando no se trate –esta última– de la variable de mayor relevancia en la ecuación. El orden de las entregas responde al orden jerárquico de las causas que a nuestro juicio dispararon la tragedia nacional, y a las fórmulas que desde el Estado los diferentes gobiernos conservadores prohijaron para atenuar –fallidamente– tal tragedia. A partir del aislamiento e interconexión de los objetos de análisis –Narcotráfico, Guerra, Seguridad– será posible valorar la pertinencia, autenticidad y legitimidad de la Guardia Nacional. No sin reconocer que la materia que nos ocupa está atravesada por inercias, acuerdos e intereses creados que escapan al marco de análisis que propongo.

NARCOTRAFICO PRESIDENCIAL. EL CHAPO GUZMAN ES MAS PELIGROSO PRESO QUE LIBRE

El narcotráfico desde Los Pinos. Joaquín “El Chapo” Guzmán señala a Felipe Calderón y a Enrique Peña Nieto en la Corte de Nueva York

Alejandro Campuzano Álvarez, Investigador Jurídico del CEEYPP.

El juicio contra Joaquín “El Chapo” Guzmán, que tiene lugar en Brooklyn, Nueva York, ha generado un impacto inmediato en la opinión pública. Si bien es cierto que de por sí es un tema de interés mundial, adquirió aún mayor relevancia cuando fueron mencionados los nombres de los ex presidentes mexicanos Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.

Los señalamientos realizados por Jeffrey Lichtman, el abogado de Guzmán Loera, en contra de los ex presidentes, coinciden con diversas investigaciones efectuadas desde el ámbito periodístico a partir del año 2010.

La periodista Anabel Hernández señaló en reiteradas ocasiones que el gobierno del ex presidente Calderón Hinojosa, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, encabezada por Genaro García Luna, era el cártel más poderoso y peligroso de México. Los operativos de la Marina, el Ejército y la Policía Federal, parecían tener como destinatarios únicamente a los rivales del Cártel de Sinaloa.

Acto seguido, los expresidentes a través de diversos comunicados negaron las acusaciones en su contra. No obstante los señalamientos fueron ratificados a los pocos días por Jesús “El Rey” Zambada (hermano de Ismael “El Mayo” Zambada, actual líder del cártel de Sinaloa). “El Rey” sostuvo haber otorgado personalmente 56 millones de dólares a Genaro García Luna, a cambio de protección y de no intromisión en las actividades del cártel de Sinaloa. Asimismo señaló que García Luna tenía nexos con el cártel de los Beltrán Leyva.

Por su parte, Miguel Ángel Martínez (ex piloto de “El Chapo” Guzmán) y testigo protegido del gobierno de los Estados Unidos narró el ascenso, evolución y descenso de “El Chapo” en el mundo del narcotráfico.

Durante su intervención como testigo en el juicio de Guzmán Loera señaló al ex director de la extinta Dirección Federal de Seguridad, Guillermo González Calderoni, de recibir en la década de los noventa y en tres ocasiones 10 millones de dólares por órdenes de “El Chapo”.

En México son perceptibles los vínculos de corrupción entre el gobierno y el crimen organizado. Ex gobernadores como Mario Villanueva (Quintana Roo), Tomás Yarrington (Tamaulipas) y Humberto Moreira (Coahuila) han sido enjuiciados por tener nexos con el crimen organizado. No obstante es importante mencionar que las investigaciones y los juicios en los cuales fueron declarados culpables se llevaron a cabo en Estados Unidos y en España, demostrando con ello la desconfianza institucional y también la ineficacia e ineficiencia del sistema de procuración e impartición de justicia en México.

Los señalamientos de Jeffrey Lichtman han generado un menoscabo en la imagen y en los objetivos del ex presidente Felipe Calderón, quien actualmente mantiene aspiraciones políticas junto con su esposa Margarita Zavala. Si anteriormente la imagen del expresidente ya era negativa ante la opinión pública por los pobres y sangrientos resultados de la guerra contra las drogas, traducidos en la muerte de más de 120 mil personas y 80 mil desaparecidos, según datos de la Secretaría de Gobernación, con las declaraciones de la defensa de “El Chapo” Guzmán, el escenario político se ha tornado aún más complicado para el ex mandatario.

A su vez las declaraciones de Lichtman han tenido también un impacto negativo en la imagen pública del ex presidente Enrique Peña Nieto, quien ha sido catalogado como el presidente con el mayor índice de desaprobación social, producto de los diversos actos de corrupción efectuados durante su mandato.

Por todo ello las consecuencias legales que implicarían las acusaciones de la defensa de “El Chapo” Guzmán, podrían reflejarse en que el fiscal Adam Fels solicite formalmente a la Corte norteamericana la apertura de una investigación contra los ex presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, así como en contra de Genaro García Luna, ex secretario de seguridad pública.

Si en algo se distingue el sistema judicial estadounidense del mexicano (además de la eficacia y eficiencia) es que el primero privilegia la justicia, mientras que el segundo la legalidad. Es decir que Estados Unidos, al contar con un jurado conformado por diversos sectores de la sociedad civil, con base en un sentir social, dictaminan la culpabilidad o inocencia del sujeto en proceso. Por lo tanto la decisión evoca mayores parámetros de justicia, entendida ésta como un consenso social. En contraste, en el sistema judicial mexicano, la culpabilidad o inocencia del sujeto en proceso la dictamina de forma unilateral un juez, bajo parámetros de “legalidad”, misma que en reiteradas ocasiones ha sido criticada por los absurdos procesales cuyo resultado más visible es la impunidad (véase el caso de Florence Cassez).

Si bien es cierto que parece poco probable que se abra una investigación contra de los ex presidentes mexicanos por las consecuencias diplomáticas y políticas que conllevaría tal decisión, las sospechas de contubernio entre el gobierno mexicano y los carteles de la droga se incrementan día con día. Sin embargo todo indica que la impunidad en la clase política (como distintivo mexicano) prevalecerá a pesar de las acusaciones emitidas por la defensa de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

En todo caso las indulgencias otorgadas por el nuevo gobierno en su política de paz y reconciliación pueden no ser tan fáciles de ser otorgadas y menos aceptadas por el entusiasta electorado que apoya a Andrés Manuel López Obrador.

REGULACION DE LA MARIHUANA EN MEXICO

Fallo histórico en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.  Corte Suprema se pronuncia a favor de la regulación de la marihuana.

Alejandro Campuzano Álvarez

El pasado miércoles 31 de octubre, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) votó a favor de los amparos en revisión 547/2018 y 548/2018 bajo las ponencias de la ministra Norma Lucía Piña Hernández, y el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, el mismo que en el año 2015 sostuvo la inconstitucionalidad en la prohibición del consumo del cannabis en el amparo en revisión 237/2014, reiterando la postura en los amparos 1115/2017 y 623/2017, argumentando la flagrante violación a diversos derechos humanos, particularmente al libre desarrollo de la personalidad.

En consecuencia la SCJN, al resolver el amparo 548/2018, generó jurisprudencia. Se entiende por jurisprudencia a la interpretación de normas jurídicas que realizan los órganos judiciales federales competentes, resultando obligatoria su aplicación dentro del sistema judicial. Sin embargo hay particularidades que es menester analizar.

Si bien es cierto que el fallo emitido por la Corte es un paso importante en lo referente a la forma de visualizar y analizar el conflicto de las drogas en México, el mismo solo es el comienzo de un proceso con diversas reformas que deberán ser planteadas en el Congreso.

Ante la decisión de la Corte y el impacto mediático que provocó se generó confusión en la ciudadanía debido a la particularidad y los tecnicismos propios del lenguaje jurídico. Por una parte asociaciones civiles tales como “México unido contra la delincuencia”, celebró la decisión que rompe el esquema prohibicionista y da paso a la regulación, situación que se vislumbra benéfica no solo para los consumidores sino para la población en general, ya que se apuesta a que la principal consecuencia de la regulación sea la disminución paulatina de los altos índices de violencia que azotan al país.

Por otra parte asociaciones tales como el “Frente Nacional por la Familia”, han hecho sentir su descontento con la decisión de la Corte, argumentando que la misma da apertura a que los niños y los jóvenes consuman marihuana, generando un aumento en su demanda y con ello de la violencia.

Más allá de las posturas ideológicas el problema sigue presente, ya que el sistema jurídico mexicano, particularmente el juicio de amparo, funciona bajo la denominada “formula Otero”, la que encuentra sustento legal en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 107, fracción II, que textualmente dice lo siguiente: “Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los quejosos que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda”. Es decir que se hace alusión al principio de relatividad en las sentencias, el cual destaca que la aplicación o inaplicación de una norma jurídica únicamente tendrá efectos para el quejoso, o sea para el caso particular.

Este principio resulta cuestionable y criticable ya que carece de lógica y coherencia. Si el máximo tribunal colegiado del país ha reiterado la inconstitucionalidad de determinados artículos de la Ley General de Salud, en este caso los que prohíben el consumo de la marihuana ¿qué sentido tiene que las sentencias tengan impacto únicamente en los quejosos y no en la ciudadanía en general? México envía un mensaje donde se aplican leyes que ya han sido decretadas inconstitucionales.

Como es apreciable, la burocracia también es parte importante del quehacer judicial, situación que limita la cultura jurídica de la ciudadanía. Si bien es cierto se ha decretado jurisprudencia el consumo de la marihuana no se ha vuelto legal. Si un ciudadano consume dicha sustancia y no posee un amparo emitido por un tribunal, comete un delito a pesar de la declaración de inconstitucionalidad de diversos artículos de la Ley General de Salud.

Ante el desconocimiento de todo esto se generó un ambiente donde la mayoría de las personas asumen que el consumo recreativo de la marihuana ya es legal en México, una situación que dista de la realidad.

Si un ciudadano quiere producir, transportar y consumir marihuana, deberá accionar el aparato judicial para que se le otorgue un permiso o bien el amparo correspondiente para hacerlo, situación que conlleva tiempo y dinero a raíz de la “astucia” del sistema jurídico mexicano.

Es importante mencionar que el surgimiento de una nueva visión sobre la problemática de las drogas en México no se debe al actuar del Poder Ejecutivo ni del Legislativo ni del Judicial. El inicio de esta batalla legal se emprendió en el año 2015 con el juicio de amparo que promovió la asociación “Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante (SMART) y se fue materializando posteriormente con la jurisprudencia originada por 4 amparos promovidos por diversos quejosos.

Si bien es cierto que la SCJN cumplió en su actuar al amparar a los quejosos, corresponde ahora al Poder Legislativo discutir las iniciativas que regulen y legitimen la decisión de la Corte. El partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) presentó una iniciativa que regula el comercio y consumo de la marihuana y será una cuestión de tiempo para que dicha iniciativa se convierta en ley debido a la fuerza política de MORENA en el Congreso.

Nacen dos interrogantes a raíz de la decisión de la Corte. La primera de ellas se enfoca en el artículo 14 constitucional el que alude a la irretroactividad de la ley en perjuicio de una persona. Es decir que una vez que se legalice el comercio y el consumo de la marihuana habrá que preguntarse qué pasará con todas aquellas personas que se encuentran cumpliendo sentencias condenatorias en virtud de haber cometido lo que hasta entonces se consideraba un delito. Con base en este artículo cabe preguntarse si se les otorgará la libertad. La lógica jurídica diría que sí, aunque es un tema que debe analizarse con mayor profundidad.

El segundo interrogante es qué pasará con las demás drogas ilegales. Si la Corte ya se ha pronunciado afirmando que su prohibición atenta contra los derechos humanos, en concreto contra el libre desarrollo de la personalidad, es lógico suponer que la misma Corte deberá amparar a los quejosos que tramiten juicio para que se legalice el consumo de diversas sustancias presuntamente nocivas para la salud que son consideradas ilegales (cocaína, metanfetaminas, etc.) en virtud del argumento sostenido en 5 sentencias y que ya es jurisprudencia.

NACIONES UNIDAS Y TRUMP EN GUERRA CONTRA LAS DROGAS

Una sesión fallida en Nueva York. Naciones Unidas y Trump mantienen el prohibicionismo 

Alejandro Campuzano Álvarez, Investigador Jurídico del CEEYPP

El pasado 24 de septiembre en Nueva York, Estados Unidos, se llevó a cabo la celebración de la sesión de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, la que fue presidida por el actual mandatario estadounidense, Donald Trump.

Uno de los puntos a tratar fue el referente a la problemática local e internacional que representa el mundo de las drogas; sin embargo más allá de dialogar y debatir el tema, la postura del presidente norteamericano se centró en impulsar la política de combate frontal en contra de los cárteles de la droga, situación que permite apreciar la incongruencia de Trump ante una realidad internacional y  nacional en donde la regulación está ganando espacio frente al prohibicionismo.

Al hacer uso de la palabra, Trump, a través de diversos señalamientos (al igual que Nixon en épocas anteriores) hizo hincapié en que los esfuerzos efectuados por los diferentes países donde se producen drogas han sido un rotundo fracaso, enfatizando en la necesidad de mejorar las estrategias para “desmantelar la producción de drogas en el mundo”.

Señalado lo anterior resulta importante contrastar el dicho de Trump contra los postulados que sustenta en su obra “Drogas. Su legalización” el doctor Eduardo Betancourt, donde se visualiza el problema desde una perspectiva completamente diferente. Para Betancourt el problema de fondo no son las drogas en sí mismas, el problema es el tráfico ilícito, la violencia, los daños que se generan no como consecuencia de las sustancias, sino del contexto ilícito en que una decisión política obtusa los colocó. Es decir el poder legislativo a través de normas jurídicas que penalizan pero no inhiben el consumo de diversas sustancias consideradas nocivas para la salud.

A su vez destaca que el lema “guerra contra las drogas” y su objetivo último de acabar por completo con ellas es una completa aberración. Basta recordar que en México durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón Hinojosa la política antidrogas se inició bajo el distintivo “guerra contra las drogas”. Sin embargo se modificó a “guerra contra el narcotráfico” y concluyó en “combate al crimen organizado”. A pesar de la errónea visión de Calderón, éste a diferencia de Trump era consciente de que el lema aislado de “guerra contra las drogas” era un absurdo y con el apoyo de diversos medios de comunicación a través de campañas publicitarias masivas se modificó a “guerra contra el narcotráfico”, situación criticable pero algo más coherente.

Como es apreciable, Betancourt se diferencia de Trump y opta por una regulación de las drogas evitando con ello empoderar al narcotráfico. Señalado esto, parece ser que el presidente Trump desconoce no sólo la historia sino el contexto internacional en donde la regulación es la mejor arma que el gobierno tiene para disminuir de forma efectiva los índices de consumo de dichas sustancias. No obstante es importante recordar que detrás de ese discurso de protección y “preocupación” por la salud de los estadounidenses se encuentran diversos intereses políticos y económicos que han permitido a Estados Unidos inmiscuirse en distintos países de Latinoamérica bajo el pretexto de combatir la producción de drogas a través de la Drug Enforcement Administration (DEA) y diversos planes como el Plan Colombia o la Iniciativa Mérida, los que le permiten mantener un control político a cambio de apoyo económico, que para el caso de México ha sido alrededor de los 1600 millones de dólares en especie y 2300 millones de dólares en capacitación y tecnología durante poco más de 10 años, dejando como resultado mayores índices de violencia y criminalidad sin mencionar el aumento en el consumo de drogas en el país.

Durante su intervención en la Asamblea, Donald Trump señaló que Estados Unidos plantea una nueva estrategia la cual se enfoca en tres ejes fundamentales: a) orientar esfuerzos para disminuir el consumo, b) cortar los expendios clandestinos, y c) enfocarse en el tratamiento a los adictos. Como es visible la estrategia no aporta nada que no hayamos visto anteriormente ya que se mantienen las premisas de clandestinidad e ilegalidad en el mundo de las drogas pero es curioso que la política de la Casa Blanca sí distingue que las drogas son un problema del sector salud, mientras que el narcotráfico es un problema de seguridad pública. Es decir contrastando lo anteriormente señalado con las premisas a y c, Estados Unidos envía el mensaje de que su problema se fundamenta en los daños y excesos en el consumo de drogas ilegales, las que al no ser reguladas por el Estado se desconoce su procedencia y por consecuencia se pierde el control y conocimiento sobre el tipo de sustancias que consumen los estadounidenses. Por su parte, en la premisa b, al hablar de expendios clandestinos parece ser que Trump se refiere a México y a la ineficacia que ha tenido el gobierno para controlar la frontera norte, situación que en tiempos electorales generó un conflicto diplomático entre México y Estados Unidos por la posible construcción de un muro fronterizo que, desde la óptica de Trump, detendría el enorme flujo de drogas que día tras día ingresan a la nación norteamericana.

Si bien es cierto que Estados Unidos distingue drogas de narcotráfico, la política implementada por diversas administraciones norteamericanas se ha centrado en el combate a la producción, transporte, compra y venta (narcotrafico) y no en el consumo de drogas, es decir que busca “erradicar” el consumo a través de una política de combate frontal al narcotráfico en los países productores y de acceso a la frontera estadounidense, como es México.

Por supuesto esto ha generado que la violencia se traslade a diversos estados como Chihuahua, Nuevo León o Tamaulipas, ya que la disputa por el control territorial para mantener las plazas e incrementar el dominio en sus territorios son una constante  de los cárteles de la droga en México.

Por otra parte, Trump señaló textualmente lo siguiente: “las drogas ilícitas están vinculadas al crimen organizado, la corrupción y el terrorismo”, afirmación que convalida la necesidad de legislar y despenalizar las diversas actividades (producción, distribución, compra, venta y consumo) de las hoy llamadas drogas ilegales. Es decir, la propia frase distingue la existencia de drogas legales y drogas ilegales, pero al ser ilegales (más allá del impacto que éstas puedan tener sobre la salud de quien las consuma), la problemática radica en que al ser ilícitas o ilegales se crea un vínculo con el crimen organizado, generando corrupción en diversos países y en casos extremos actos terroristas como lo era en Colombia.

La sesión concluyó con un consenso general en donde 130 países firmaron su compromiso para mantener una continua lucha contra las drogas. Habrá que analizar qué entienden los mandatarios por drogas, si las drogas per se o bien drogas como un sinónimo (erróneo) de narcotrafico. ¿Será acaso que los resultados de esta “nueva” estrategia de los años setenta por fin llegarán? La historia argumenta que no.