MILITARES A LAS CALLES EN TODO MEXICO

Fuerzas Armadas en seguridad pública. No es bueno pero no es nuevo.

Dr. Norberto Emmerich

El 11 de mayo de 2020 el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó a través de un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación - DOF, la participación permanente de las Fuerzas Armadas de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria con la Guardia Nacional, en las funciones de seguridad pública del país. 

La letra del texto respeta ambiguamente la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Alvarado de noviembre de 2018 y es congruente con el decreto de creación de la Guardia Nacional. Pero ahí no está el principal problema. 

Aunque el decreto repite toda la letra de las disposiciones internacionales y nacionales, sí hay militarización porque su artículo quinto da a entender que el órgano de fiscalización y control será el órgano interno de control de las propias Fuerzas Armadas o de la Guardia Nacional, de la cual dependerá. “Las tareas que realice la Fuerza Armada permanente en cumplimiento del presente instrumento, estarán bajo la supervisión y control del órgano interno de control de la dependencia que corresponda”. No parece que haya o pudiera haber un órgano de control civil, externo, público, ciudadano, abierto, transparente y participativo.

Hace un año, el 26 de marzo de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto de creación de la Guardia Nacional.

En los transitorios de dicho Decreto su artículo quinto decía: "durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el Presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria".

Es evidente que la manera en que quedó redactado ese texto que aprobó la creación de la Guardia Nacional en 2019 dejó resquicios legales ambiguos que generan confusión, tal como afirma Raúl Zepeda Gil. 

La incorporación de las Fuerzas Armadas a tareas de seguridad pública ya estaba preanunciada en dicho decreto, aprobado por unanimidad en el Senado de la República. Aunque los tiempos políticos dan pie a razonables posturas escandalizadas de la oposición, la opción por la militarización estaba disponible para López Obrador en la palma de la mano desde un año atrás.

Por ello mientras algunos analistas de seguridad afirman que la medida decretada por López Obrador es un paso más a la militarización del país, otros lo vieron como un complemento de la estrategia de seguridad que comenzó con la creación de la Guardia Nacional. Todos tienen razón por supuesto, ya que el decreto actual, preanunciado o no, militariza al país. “Le da atribuciones para vigilar y detener personas, operativos a nivel municipal y detener migrantes”, afirmó la diputada Martha Tagle.

Apenas un año después de su creación, la Guardia Nacional (GN) ha sido un tema recurrente de analistas y expertos. Varios miembros quedaron envueltos en los escándalos habituales de las fuerzas policiales en México. Vinculados con el crimen organizado, extorsionando a presuntos delincuentes u organizando fiestas en cuarteles, la Guardia Nacional ha sido poco ejemplar y absolutamente ineficaz. No es responsabilidad primaria de sus miembros, reclutados por necesidad de trabajo y con escasa formación en valores republicanos, sino de un gobierno que manifiesta una política de seguridad basada en un apaciguamiento anticientífico y sin rumbo cierto.

“Desde que López Obrador llegó al poder han asesinado a 46,085 mexicanos, según cifras oficiales. La estrategia de seguridad con la Guardia Nacional ha fracasado. Por eso la orden a las Fuerzas Armadas de dedicarse a la seguridad pública. Atrás quedó eso del ejército a los cuarteles”, afirmó el conocido periodista de Univisión, Jorge Ramos.

Legisladores de la oposición sostienen que esto significa la militarización del país. Y que se incumple con el acuerdo de capacitar a la Guardia Nacional para que transitara a un carácter civil y además desperdicia los recursos aprobados para su operación.

Pilar Ortega, diputada del PAN y presidenta de la Comisión de Justicia en la Cámara de Diputados, dijo que el gobierno federal está “tirando la toalla” y aceptando el fracaso de la Guardia Nacional. Lo cual es plenamente cierto.

Dijo que "esto no se puede dar por un simple decreto, necesita tener una fuerza de ley. Y va más allá de lo que establece la Constitución, se están extralimitando". 

En el año 2018 una de las principales promesas de campaña de López Obrador era hacer que los militares regresaran a los cuarteles. Está ocurriendo exactamente lo contrario, su protagonismo es cada vez mayor.

De enero a marzo de 2020, se registraron en México 8.585 homicidios dolosos, una cifra ligeramente superior a los 8.535 asesinatos cometidos en el mismo periodo de 2019, considerado el año más violento en la historia reciente del país. En abril se cometieron 2.492 homicidios en todo el país, alcanzando a un total de 11.077 en los cuatro primeros meses del año. A este ritmo el año terminará en 33.231 homicidios, una cifra apenas inferior en 1,351 homicidios al total del año 2019. Pero el panorama aún es peor:

En 2019 la economía mexicana cayó un 0,1% y en el presente año 2020 se calcula que caerá un 6.6%. Muy convenientemente los indicadores del PIB ya no serán la unidad de medida del gobierno mexicano para diagnosticar el estado de la economía nacional, pero el aumento de la desocupación y la caída de los ingresos familiares presionarán hacia la participación ilegal en la renta nacional. Con 10 millones de nuevos pobres en el país el año 2020 cerrará presumiblemente con mayor corrupción pública y mayores disputas por el acceso a la renta nacional decreciente, todo en formato criminal. 

Así se entiende que el presidente haya argumentado que el crecimiento económico no da seguridad, contrariando todo su plan de gobierno basado en subsidios directos a las familias. Todo ello sólo para poder evadir la evidencia de que la caída económica aumentará la violencia y las ganancias ilegales.

EL CARTEL DE SANTA ROSA DE LIMA LLEGA A SU FIN

La lenta agonía del Cartel de Santa Rosa de Lima en México
https://es.insightcrime.org/noticias/analisis/cartel-santa-rosa-lima-mexico/?fbclid=IwAR2m9inCamxx_uUQ8X4DWq_4FlTDtNILao_og6M09k3RZf_sUHwOUOFmEYs

Escrito por Ana Torres

A pesar de su capacidad de resistencia ante la presión de las autoridades estatales y la fuerza con que ha enfrentado al Cartel de Jalisco Nueva Generación, es probable que el Cartel de Santa Rosa de Lima no logre afianzar su poder más allá de sus nichos locales.

En los últimos meses, el Cartel de Santa Rosa de Lima (CSRL) ha soportado varios golpes. El más reciente ocurrió el 12 de abril, cuando cinco de sus miembros fueron capturados con un potente arsenal militar que incluía cinco armas de fuego largas, tres cortas, 12 cargadores y 398 cartuchos.

Un mes antes, en medio de un operativo conjunto entre las fuerzas estatales y la Marina en el municipio de Celaya, Guanajuato, fue capturado el padre de José Antonio Yépez Ortiz, alias “El Marro”, líder de esta organización criminal.

En medio de otra operación, también fueron capturados otros siete colaboradores del cartel, según confirmó Sophia Huett López, comisionada de la Unidad de Análisis y Estrategia de Seguridad Ciudadana del Estado. Estas capturas se suman a la lista de por lo menos otras 35 personas de esta organización que fueron detenidas en enero de este año.

En un esfuerzo por detener el avance de las autoridades en estos operativos, miembros del CSRL bloquearon las vías de acceso al municipio con vehículos y llantas incendiadas. Una situación similar se replicó en por lo menos otros siete municipios del estado de Guanajuato, donde esta organización opera.

Pero además de la persecución de las fuerzas de seguridad, la disputa que libra desde hace meses este grupo con el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) continúa cerrándole el cerco a El Marro.

En enero, el Grupo Élite del CJNG intentó asesinarlo en medio de la celebración del matrimonio de su hermana Karem Elizabeth Yépez Ortiz, quien falleció como resultado de los enfrentamientos.

La arremetida del Estado contra el CSRL comenzó en marzo de 2019, cuando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador anunció la operación Golpe de Timón, un operativo implacable para desarticular a esta organización criminal que ha incluido recientemente el uso de drones militares por parte de la Fuerza Aérea.

El plan surgió como resultado del aumento de la violencia generada por el enfrentamiento entre estos dos carteles en la región por el control de sus economías criminales. Solo en 2019, Guanajuato alcanzó una cifra de 4.494 homicidios, de acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y se convirtió así en el estado con más homicidios del país.

Análisis de InSight Crime

A pesar de la capacidad que ha mostrado el CSRL para reponerse a la presencia sostenida de las fuerzas de seguridad en la región, el golpe a sus finanzas producto de la extracción ilegal de hidrocarburos, así como el congelamiento de sus cuentas bancarias, han limitado su capacidad de pagar su nómina e incluso de corromper a autoridades de alto nivel para garantizar su supervivencia.

“La resiliencia del CSRL se debe principalmente a tres factores: su líder alias “El Marro”, la diversificación que ha logrado en sus fuentes de ingreso, y su arraigo en las comunidades donde opera”, aseguró Víctor Sánchez, consultor y experto en seguridad de la Universidad de Coahuila, en conversación con InSight Crime.

Según Sánchez, pese a que sus capacidades han disminuido, el CSRL ha logrado mantener sus plazas frente al Cartel de Jalisco Nueva Generación en Guanajuato e incluso hacerle frente al Estado, en principio porque su cabeza más visible no ha sido capturada aún, lo que le ha permitido mantener la verticalidad y cohesión dentro del grupo.

Además, el CSRL ha logrado mantener una base de sicarios dedicados a actividades de extorsión que le permite a sus miembros recoger personalmente rentas considerables, lo que se ha traducido en fidelidad hacia la organización a pesar de las dificultades que ha tenido recientemente para pagar a autoridades, pobladores y miembros del grupo.

El carácter nativo de las células huachicoleras (grupos dedicados al robo de petróleo) que operan en la región, con bastante arraigo en las comunidades, también supone para el grupo una ventaja respecto al CJNG, agregó Sánchez.

Sin embargo, más allá de sus fortalezas a nivel local, el CSRL dista mucho de expandirse por encima de sus nichos locales o de convertirse en un gigante del narcotráfico mexicano.

De acuerdo con Jaime López-Aranda, ex funcionario policial mexicano y actual consultor en temas de seguridad, aunque el cartel posiblemente cuente con cierta protección de autoridades a nivel local, esta no llega a niveles estatales o federales, lo que a largo plazo supone un problema para la supervivencia del grupo.

Otra razón por la cual su expansión se vería limitada es la calidad de las alianzas que ha formado con grupos como Los Viagras o el Cartel de Sinaloa para hacerle frente al CJNG.

Por otra parte, Víctor Sánchez señala que, si bien estas organizaciones han realizado préstamos materiales y de personal para apoyar al CSRL en su lucha, estas no han sido acciones coordinadas que le permitan al grupo afianzarse en el territorio.

Por estas razones, ambos expertos consultados por InSight Crime coinciden en que el CSRL no podrá soportar por mucho tiempo estar en el centro de las actividades de vigilancia del estado, mientras enfrenta a la par una amenaza como el CJNG.

Su incapacidad para corromper a las autoridades estatales hace probable que, como hasta ahora, el Estado siga deteniendo a miembros importantes y sofocando los ingresos de la organización, mientras el CJNG sigue avanzando con más posibilidades de sortear a las fuerzas del estatales.

EL NARCOTRAFICO AYUDA A LOS POBRES EN MEXICO

Haciendo planes: cómo los narcotraficantes en América Latina sobreviven en el COVID-19

Debido a la epidemia, los grupos criminales comenzaron a ayudar a los necesitados.

Maria Vasilieva 

IZVEZTIA INTERNACIONAL

https://iz.ru/998321/mariia-vasileva/stroiat-plany-kak-narkotorgovtcy-latinskoi-ameriki-perezhivaiut-covid-19

12 de abril de 2020. En medio de la epidemia de coronavirus en América Latina, el Cartel del Golfo comenzó a proporcionar asistencia humanitaria a los pobres en México. En Brasil, los grupos criminales fueron más allá y en lugar de las autoridades anunciaron un toque de queda en las favelas en relación con la propagación del virus. Entrevistados por Izvestia, los expertos señalaron que, a diferencia de la economía legal, el tráfico de drogas no sobrevive a una crisis aguda, sino que transfiere sus actividades a un campo digital. Y si bien el estado se enfoca en combatir COVID-19, la batalla por el control del mercado ilícito conduce a muchos asesinatos mientras el precio de los productos prohibidos se está disparando. Izveztia investigó cómo una región con una gran tasa de criminalidad está experimentando una pandemia.

Al borde del bien

Miembros del Cartel de Drogas del Golfo de México (Golfo) proporcionaron 120 cajas de alimentos a los residentes de Ciudad Victoria en Tamaulipas. Aunque el trabajo de la organización estatal de asistencia social DIF se intensificó durante la epidemia, fue el señor Vaquero 46 quien envió cajas de café, cereales y cereales para el desayuno del pueblo pobre. Como se señaló en la prensa local, este es el comportamiento típico de este grupo. Algo similar sucedió en 2013, cuando el cartel del Golfo distribuyó alimentos y medicinas a los residentes de Tamaulipas, muchos de los cuales quedaron sin hogar después del huracán Ingrid.

"Tales acciones son populares porque, por ejemplo, en las regiones de México no hay suficiente apoyo estatal", dijo a Izvestia Norberto Emmerich, presidente del Centro de Estudios en Estrategia y Políticas Públicas (Argentina).o

Señaló que el gobierno proporciona pagos directos, pero no apoya la actividad económica de la población mediante la reducción de los impuestos, los préstamos blandos y la extensión del vencimiento de varios pagos.

Pero, a pesar de las acciones de solidaridad de las "virtudes" de los carteles criminales, no se puede negar la amenaza que la red de narcotráfico desarrollada en América Latina todavía representa. Además, los comerciantes clandestinos, que se ocupan de la población, se guían claramente no solo por consideraciones humanitarias. El coronavirus, que provocó el cierre de las fronteras, no se convirtió en un obstáculo para los delincuentes, sino que solo desató sus manos. Mientras el Estado está tratando de revivir urgentemente el sistema de salud, los carteles luchan por sus negocios.

"Las batallas por el control del territorio, acompañadas de asesinatos y violencia, solo aumentaron durante este tiempo", dijo Norberto Emmerich. La razón de esto son los cambios en el equilibrio de poder de los grupos criminales.

Recordó que recientemente en la ciudad de Madera, Chihuahua, hubo un enfrentamiento entre el gran cartel mexicano de Sinaloa y el cartel de Juárez "La Línea". El resultado del tiroteo: 19 muertos. Solo después de estos eventos, las fuerzas de la guardia nacional fueron enviadas a la provincia para proteger de alguna manera a la población civil.

"La agenda de seguridad ahora ha desaparecido del campo de visión del gobierno", señaló el experto.

En su opinión, hasta cierto punto, el propio gobierno provoca una "guerra" en tales áreas.

El problema de la manifestación de la "responsabilidad social" por parte de los carteles de la droga no es exclusivo de México. Como explicó Norberto Emmerich, representantes de negocios ilegales, por ejemplo, en Brasil, muestran solidaridad en un momento tan difícil. En la ciudad de Buenos Aires, Argentina, los carteles de la droga también pagan los gastos sociales y médicos e incluso realizan traslados de emergencia.

Narcotráfico en un sitio remoto

El Fiscal General de Colombia, mientras tanto, está en proceso de confiscar la propiedad de su embajador en Uruguay. Hace aproximadamente un año, los laboratorios de cocaína fueron desclasificados en su granja y se descubrieron 9 kg de la sustancia. Este estado latinoamericano es conocido por la gran cantidad de trasplantes de drogas en los que la gente común a menudo se ve obligada a trabajar debido a la pobreza. El gobierno ha estado tratando de luchar activamente contra el cultivo de cultivos prohibidos, pero el coronavirus violó los planes de las autoridades. Durante la epidemia, se hizo más difícil convertir los campos de coca en plantaciones para el cultivo de cacao, y los traficantes de drogas, por el contrario, intensificaron sus intentos de proteger su "negocio".

"La pandemia fue capaz de romper el tráfico callejero de drogas, pero los mercados digitales aún están activos", dijo a Izvestia, Izvestia, David Restrepo, jefe del Centro Colombiano CESED para el Estudio de la Seguridad y el Tráfico de Drogas.

No solo los lugareños, asustados por las noticias sobre el terrible virus, sino también los narcotraficantes dejaron de tomar las calles, porque en todas partes la policía controla el régimen de autoaislamiento. Además, como señalaron los expertos de CESED en un artículo colectivo, los delincuentes tienen miedo de infectarse y prefieren quedarse en casa. Debido al cierre de las fronteras, no pueden transportar la sustancia prohibida incluso en las semillas de un aguacate, el ingenio debe mostrarse en el espacio digital.

Como señaló David Restrepo, los participantes en el crimen organizado en América Latina aún pueden realizar transacciones en DarkNet, en la correspondencia que acuerdan sobre las transacciones. Además, la economía ilegal no está experimentando una crisis aguda, ya que estos mercados son financiados en mayor medida por sobornos, en cuya transmisión no funciona el virus.

"Según los datos actuales, los precios de las sustancias prohibidas a nivel local e internacional han aumentado, lo que indica que la demanda sigue siendo alta y la producción está subordinada a ella", enfatizó el experto en una conversación con Izvestia.

A pesar de una campaña internacional de varios años contra el narcotráfico, los grupos criminales en Colombia siguen activos. Durante 20 años se han vuelto más cautelosos y más cerrados. Pero no fue posible privarlos del campo para la actividad.

"También son personas"

En Brasil hasta el día de hoy, el control de los barrios marginales en las laderas de las montañas, las favelas, está en manos de grupos criminales. Incluso el toque de queda lo impone el Comando Vermelho (Comando Rojo), no el gobierno. Según la prensa local, sus representantes conducen por las calles en automóviles y anuncian un nuevo orden para los pobladores locales a través de un altavoz. En los barrios marginales, los "recorridos turísticos de la pobreza", tan populares en los últimos años, tuvieron que reducirse. Los narcotraficantes también comenzaron a repartir jabón y dejar carteles con recomendaciones de higiene.

El 9 de abril, el ministro de Salud de Brasil, Luis Enrique Mandetta, instó a los funcionarios a ser realistas y no olvidar con quién acordar medidas para frenar el coronavirus en estas regiones.

"A menudo no hay Estado en estos territorios, y los traficantes de drogas están a cargo ... las personas también están allí y necesitan ayuda", cita el jefe del Ministerio de Salud de la BBC.

Al mismo tiempo, el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, todavía niega la magnitud de la amenaza del coronavirus, a pesar de que no hace mucho tiempo el mundo entero estaba desconcertado por la noticia de su posible infección. Afortunadamente, su prueba resultó ser negativa. Y ahora continúa criticando los requisitos del jefe del Ministerio de Salud, incluida la observancia de la distancia social. Mientras tanto, el 10 de abril, el número de pacientes en el país alcanzó casi 18 mil y murieron 941 personas.

Según los medios locales, los traficantes de drogas a menudo son retratados como Robin Hoods que toman riqueza de los ricos y se la dan a los pobres. La población financieramente inestable de América Latina no siente el apoyo del Estado, por lo tanto, se ve obligada a aceptar cajas de alimentos de los delincuentes y trabajar en las plantaciones para sobrevivir de manera elemental. E incluso el coronavirus no pudo detener la actividad criminal, los traficantes de drogas se están volviendo más ingeniosos y la lucha de las autoridades con ellos es aún más difícil.

NARCOTRAFICO Y PANDEMIA EN MEXICO

Cómo ha cambiado la pandemia el negocio de los narcotraficantes en México

© AFP 2020 / Rashide Frias

Cómo ha cambiado la pandemia el negocio de los narcotraficantes en México
Por Laura Itzel Domart
https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202004011090968492-como-ha-cambiado-la-pandemia-el-negocio-de-los-narcotraficantes-en-mexico/?fbclid=IwAR3STmjvoP_f0s8zpYveBzzc7NDm6QFmvBETNOHIZjJF79NsGyM49MKu-Lw

La pandemia de COVID-19 está colapsando la vida cotidiana del mundo, pero sobre todo al sector de salud pública y a los sistemas financieros de las naciones. Mientras tanto, ¿qué está ocurriendo en las dinámicas del crimen organizado: si este se encuentra también en cuarentena o, si por el contrario, está reestructurando sus modos de acción?

México es el epicentro del crimen organizado en América Latina, pues es la vía de tránsito para llevar droga hacia Estados Unidos. En este país se encuentran dos de los carteles de la droga más importantes para la exportación de sustancias ilegales hacia el norte y el sur de América: el Cartel de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Factor chino

En el informe El coronavirus exprime las finanzas de los carteles en México, elaborado por el portal InSight Crime, se detalla que La Unión de Tepito, la organización que controla los falsificados en Ciudad de México, registra rezagos en las entregas de productos debido a la disminución del flujo comercial con China por causa de la pandemia. Mientras tanto, el CJNG "tiene problemas para abastecerse de químicos precursores de China para la fabricación de fentanilo, el opioide que ha causado miles de muertes en Estados Unidos y México".Como consecuencia, aumentan los precios de las drogas, comentó a Sputnik Norberto Emmerich, autor de libros Geopolítica del narcotráfico en América Latina y Geopolítica de la seguridad en México.

"El precio al mayoreo de un kilo de metanfetaminas en México subió más del doble desde el inicio del año", señaló.

A su vez, otro experto en temas de seguridad, el periodista Ricardo Ravelo subraya que los precursores químicos para fabricar el fentanilo también pueden obtenerse en Alemania o Indonesia, lo cual es factible debido a que el Estado mexicano no ha cortado la movilidad de ningún tipo. Por lo que, "mientras no haya toque de queda en México, la distribución va a continuar y el consumo va a continuar".

Cierre parcial de la frontera entre EEUU y México

Otro tema es la reducción del flujo comercial y de personas entre Estados Unidos y México acompañada del endurecimiento de los controles fronterizos, lo que vuelve más difícil el contrabando, enfatizó Norberto Emmerich, también profesor de la Universidad de Belgrano, Buenos Aires. Es por eso que se hace probable una caída de la demanda estadounidense de drogas. 

Jesús Gallegos Olvera, doctor en Ciencia Política de la UNAM, coincide que el cierre intermitente de la frontera norte de México está afectando el flujo de trasiego de drogas y mercancías ilícitas. Lo cual, eventualmente, puede "tener efectos económicos en algunas regiones que dependen en gran medida de la continuidad de esos mercados ilícitos".Con estos lugares de conflicto se refiere, esencialmente, a aquellos en los que el mercado de las drogas se da con regularidad —fronteras y puertos marítimos—, en los cuales se podrían generar las condiciones para crear un mercado nacional de drogas. Esta situación también ocasionaría "mayor violencia y mayor acción de los sujetos que participen en el mercado nacional", subrayó Olvera.

En esta dirección, el experto alerta sobre otro problema que podría suscitarse: el aumento de consumo interno de drogas. Según cifras de la última Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017 —ENCODAT 2016-2017—, el nivel de consumidores de sustancias ilegales va al alza, pues pasó del 7,8% en 2011 al 10,3% en 2016.

Transformación del narcotráfico y diversificación de crímenes

"Se puede esperar una transformación en el concepto de narcotráfico, que ahora será local, cercano y casi doméstico", concuerda Norberto Emmerich y añade que este sector del crimen organizado ya ha probado incorporar tecnológicas que acerquen de mejor manera las drogas al consumidor para evitar controles y dinamizar el movimiento (drones), pero no han dado resultados efectivos.Como consecuencia de estas condiciones previas y los múltiples puntos de crisis que está ocasionando la pandemia de COVID-19, Gallegos Olvera apunta hacia la posibilidad de una reconfiguración del ejercicio delincuencial en el país. Las primeras expresiones de estos giros de la criminalidad pueden ser: robo, asaltos, robo a casa, secuestros, extorsión, entre otros.

A su vez, Norberto Emmerich subraya las siguientes posibles actividades alternativas que pueden llevar a cabo los carteles con ciertas limitaciones:

- el tráfico de personas, dificultado por el cierre de fronteras.

- el huachicoleo, dificultado por la caída del precio de la gasolina y el control militar del Gobierno.

- el secuestro y extorsión, dificultado por el cierre de comercios y la ausencia de personas en tránsito.

"La actividad apta para el narcotráfico en períodos de cuarentena nacional y pandemia es el ingreso a una lucha más abierta por la resolución de los conflictos territoriales en curso, en muchos casos con auspicio político. Con la opinión pública y la Guardia Nacional próximamente involucrada en el control sanitario, las disputas territoriales pasarán inadvertidas", subrayó el experto en temas de seguridad.

Entre tales arreglos en el mundo narcotraficante Emmerich especificó la limpieza de plazas —como en Puebla — y disputas de mercados —como en Ciudad Juárez.

Desde la perspectiva de Gallegos Olvera, "el mercado delincuencial en México tendrá un efecto boomerang, es decir, en este momento se está alejando la visión de peligrosidad pero regresará con mayor impacto".

El periodista Ricardo Ravelo, al contrario, asegura que la emergencia sanitaria ocasionada por COVID-19 parece no estar teniendo ningún efecto —negativo o positivo— en la situación criminal de México dado que "la criminalidad continúa, sigue habiendo muertos, sigue habiendo narcotráfico".

Como consecuencia, Ravelo considera que la delincuencia organizada seguirá sobre la misma línea de fortalecimiento. Fenómeno que se expresa, esencialmente, en el número de delitos que ocurren diariamente. Así que, precisa, "la mafia no descansa ni ante la pandemia".

PRIMERO LA POLÍTICA MIGRATORIA, ¿AHORA LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ PARA USA?

Primer semestre del 2019, ampliación de brecha entre exportaciones y mercado interno automotriz.

Juan Pablo Calderón Patiño

Conjuntando los tres turnos de trabajo, las armadoras automotrices mexicanas (23 complejos en 12 estados de la República) consolidaron 11,241.7 unidades producidas diarias en el mes de junio. Con una producción de 337,253 vehículos, junio sufrió un retroceso frente al mismo mes en el 2018 con una caída de 4.4%, no obstante, en el acumulado del primer semestre, México produjo más de 1.9 millones de vehículos ligeros, un 0.7% más que los primeros seis meses del año pasado.

De la producción automotriz mexicana, el 88% de los vehículos son exportados teniendo a la aún zona del TLCAN, con casi el 85% del total de los montos de exportaciones automotrices mexicanas. El mercado estadounidense recibió en junio del año en curso, 248,592 unidades, un 9.2% más que hace un año en el mismo mes. Pese a la crisis de aranceles que abandera intermitentemente el presidente Trump, México logró exportar a su principal comprador 1,370,759 vehículos, es decir, un 13.1% más (en valores absolutos, un aumento de 158,772 automotores frente al primer semestre del 2018). Es de resaltar que el mercado interno automotriz estadounidense presenta una caída semestral de 1.9% logrando colocar 8,412,916 vehículos. De ese total, 1,370,759 (16.4% del total de vehículos vendidos en el Vecino del Norte) son vehículos de origen mexicano, logrando un aumento de más del 12% frente al mismo periodo del 2018. Es de resaltar que la caída de exportaciones automotrices alemanas, japonesas y surcoreanas a la Unión Americana, ha sido de -18.9%, -5.6% y -6.2%, respectivamente.

La fuerza de México en la industria automotriz de América del Norte, tiene un reflejo de su importancia cuando ni juntando las exportaciones automotrices alemanas y japonesas a Estados Unidos, se alcanzan los volúmenes de las exportaciones mexicanas en el sector. El mismo caso, pero en solitario, son las exportaciones automotrices surcoreanas al consumidor estadounidense, que representan casi una tercera parte que las mexicanas.

La mirada dramática en la industria automotriz mexicana, que acaba de superar en valor a la industria alimentaria, es el mercado interno automotriz que sigue cayendo por tres años consecutivos. Irán y Rusia, ya habían rebasado a México en mercado doméstico automotriz, cuya asimetría es cada vez entre ser el 6o. productor mundial de vehículos (se tiene pronosticado que rebase a India en el 2020 para ser el 5o, productor global), el 4o. exportador global, pero hoy tocando la posición 15 del orbe en referencia a mercado nacional. Al primer semestre el mercado mexicano vendió 638,597 vehículos, es decir, representa una caída de 6.4% comparado el primer semestre del 2018.

Es fundamental subrayar que de octubre de 2005 a mayo de 2019, se han vendido 15,726,000 automóviles ligeros mientras que han entrado al país por la vía legal, casi 8 millones de vehículos usados importados, la mayoría de desecho o en pésimas condiciones para la seguridad vial, la eficiencia energética y el respeto medio ambiental. 

Fortalecer la red de financiamiento automotriz, el desarrollo del transporte público y un contundente mensaje del mandatario López Obrador, para evitar una regularización que legalizaría lo ilegal, tal es el caso del contrabando de vehículos, son pasos que se deben de dar con decisión a corto plazo. No se le puede obsequiar al presidente Trump que México sea el basurero legal de la chatarra de su país, recrudeciendo la agenda de riesgos no sólo en la Frontera Norte de México. 

El propio Gobierno de la República por medio del Presidente de México ha dicho que el desarrollo del mercado interno es un deber. La industria automotriz en México, con más de 1.9 millones de empleos directos, más que lista para trabajar en conjunto en políticas públicas que amalgamando al sector privado y público puedan ofertar al país un mejor parque vehicular y frente a las turbulencias del exterior, sea un mecanismo para garantizar más y mejores empleos.

¿GUERRA CONTRA EL NARCOTRAFICO O NARCOGUERRA?

AMLO Presidente: Narcotráfico, Guerra, Seguridad y Guardia Nacional (III)

Arsinoé Orihuela Ochoa

http://www.jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=190614_101658_707

¿México está en guerra? Llama la atención que muchos connacionales, cuando son interpelados con esta pregunta, acostumbren responder que “no”. Esto significa admitir que el baño de sangre en nuestro país, las desapariciones forzadas (cerca de 40 mil) y las fosas clandestinas (alrededor de mil 300 documentadas) son apenas un conjunto de indicadores inconexos que configuran un mero problema de inseguridad. Y acaso allí radica la singularidad de México: se trata de una sociedad que aspira a resolver sus conflictos internos sin reconocer la raíz de sus conflictos internos. Lo que es peor aún, no pocos analistas arguyen que en México no hay guerra, bajo el insulso argumento de que no existen dos bandos reconocibles o identificables en disputa, y que ni siquiera está claro qué pudieran disputar. Bien. El problema en nuestro país es tan grave que la impotencia para explicar la realidad es el eje en torno al cual hilvanamos el diagnóstico de nuestra realidad. Tras haber expuesto los rasgos distintivos del narcotráfico, y a fin de anclar hondamente en el análisis que atañe al Plan Nacional de Paz y Seguridad y la Guardia Nacional del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en esta tercera entrega perfilo una aproximación sin ambages al tema de la guerra en México y expongo algunas pautas para abordar esta inexorable realidad nacional. Para efectos ilustrativos, dispuse desagregar en tres partes el análisis: uno, la caracterización de la guerra –qué tipo de escenario bélico transita el país–; dos, los efectos de la guerra –cómo impactó la declaratoria de guerra en las estructuras del narcotráfico, que es el presunto enemigo–; y tres, los actores o señores de la guerra –qué bandos guerrean entre sí–. (Glosa marginal: no puedo dejar de destacar la invaluable aportación del Dr. Norberto Emmerich a las consideraciones aquí vertidas). 

La narcoguerra. En diciembre de 2006, apenas unos días después de la toma de protesta oficial, el presidente Felipe Calderón Hinojosa decretó una guerra contra el narcotráfico. Los aspectos electorales, jurídicos e institucionales de este episodio han sido exhaustivamente examinados por académicos, comentócratas y periodistas. Y ciertamente, tales variables de análisis siguen siendo más o menos intrascendentes para la comprensión del acontecimiento. Lo políticamente relevante de la declaratoria de guerra contra el narcotráfico es la guerra en sí. Es importante aclarar que la administración de Calderón inauguró una época en la política nacional: a saber, la oligocracia bélica; es decir, oligarquías competitivas que disputan los recursos de poder por medio de la guerra, bajo un disfraz de normalidad democrática. El narcotráfico no es tan sólo una excusa para justificar un teatro de guerra: es la unidad política alrededor de la cual se organizan las oligarquías competitivas para disputar tales recursos de poder: instituciones, poblaciones, territorios, dineros etc. Por oposición a lo que aduce unívocamente la bibliografía sobre el tema, el narcotráfico no coopta, captura o corrompe al Estado, sino que es al revés: el Estado coopta al narcotráfico para corromperse. Corrompe con ello el llamado “pacto social”, neutraliza la contestación y altera las reglas de la política apoyado en el estribillo del “enemigo-común-narcotráfico”.

La guerra contra el narcotráfico no es una guerra contra el narcotráfico: es una disputa bélica entre las élites nacionales, en vinculación con los cárteles del narcotráfico, por el control de los recursos de poder y en contra del derecho a la vida y el patrimonio de la población. Por tal motivo, es más exacto llamarla narcoguerra.

Desde el punto de vista de las víctimas, la narcoguerra es una violencia de Estado: es decir, la incidencia sistemática de crímenes tales como la desaparición forzada, las ejecuciones sumarias extrajudiciales, la tortura a gran escala, el silenciamiento de opositores políticos, el exterminio de periodistas etc.

El anuncio del fin de la “guerra contra el narcotráfico” del Presidente AMLO, es un anuncio acerca del fin de la guerra como mecanismo de disputa del poder. Esta declaración oficial es significativa, no sólo por la intención que encierra de desactivar la violencia en el país, sino también porque le arranca al narcotráfico uno de sus principios nutricios: la guerra. “No obligues a tu enemigo a que luche por su vida”, sugirió Sun Tzu.

La politización-militarización del narcotráfico. Dentro de las unidades que disputan militarmente los recursos de poder, el eslabón más débil es el capo. Esto explica que la estrategia de seguridad de los gobiernos conservadores contemplara resueltamente la persecución de los capi di tutti capi. Los jefes de los cárteles han sido empujados a desempeñar el rol de CEO’s (gerentes ejecutivos) removibles o desechables. Las insubordinaciones o desafíos al Estado que algunos capos han protagonizado responden fundamentalmente a esta “vulnerabilidad” a la que fueron condenados en el organigrama de las estructuras de poder, y no a la presunta disposición “higiénica” del Estado de barrer con ellos. De hecho, la guerra fue un aliciente o revulsivo para los narcos: los involucró decididamente en la política nacional y propició la militarización de sus estructuras y rutinas. Tanto un efecto como el otro contribuyeron a multiplicar el poder y la presencia del narcotráfico en la vida pública de México. La guerra convirtió a los cárteles en controladores de territorios y poblaciones.

La cartelización de la política. Difiero con los analistas que sostienen que los cárteles no existen, o bien que éstos representan apenas un eslabón más en la cadena de poder estatal y/o delincuencial. Asistimos al fenómeno exactamente opuesto: la cartelización de la política y del crimen.

Respecto al crimen, cabe hacer notar que el narcotráfico es una modalidad de delincuencia de tipo comando: es decir, consigue reunir en su órbita a las Pymes del crimen común y a todos los otros ilegalismos diseminados. En cualquier centro urbano del país, los comerciantes de piratería, los deshuesaderos irregulares, las bandas de robo de vehículos, los asaltantes etc., pagan una cuota por concepto de “operatividad” al jefe narco de la plaza. El narcotráfico regula la totalidad de las actividades delictivas de una entidad.

En la política, el narcotráfico es un actor estratégico que controla recursos políticos tales como las instituciones de seguridad e impartición de justicia, algunas fracciones delejército nacional, el presupuesto público, ciertos factores de producción económica,el aprovisionamiento de armamento proveniente del extranjero (e.g. la operación “Rápido y Furioso”), la información asociada a los medios de comunicación, los cargos públicos asociados al gobierno, etc. En suma, el conjunto de recursos que dispone cualquier Estado para reforzar la capacidad de gobernabilidad. El cártel es un administrador de los intereses heterogéneos que se alojan en esta ensalada.

Tras el desmoronamiento del partido único-hegemónico y de sus ritos y fórmulas (e.g. el “dedazo” fallido de Luis Donaldo Colosio), la política autoritaria mutó hacia nuevas-viejas formas de organización. Acaso la criatura más conspicua de esa innoble metamorfosis es el cártel-camarilla.   

La guerra aceleró el tránsito concluyente de la camarilla –la otrora unidad básica de las redes políticas nacionales– al cártel. A ello se debe que la política de nuestro país se rija por las dinámicas del narcotráfico y que los cárteles del narcotráfico emulen el comportamiento del Estado nacional.

La guerra en México es una guerra entre los dueños de México.

Sin duda que un primer paso para la desactivación de la guerra,consistía en desterrar de las estructuras gubernativas a los señores de la guerra (i.e. los conservadores) y a sus barones aliados.

Si conquistamos tal primer objetivo aún está por verse.

LA (FALTA DE) ESTRATEGIA DE SEGURIDAD EN MEXICO: LA GUARDIA NACIONAL

AMLO Presidente: Narcotráfico, Guerra, Seguridad y Guardia Nacional (I)

Arsinoé Oriehuela Ochoa
http://www.jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=190524_112214_137

En un artículo publicado en marzo de 2018, especulé sobre las acciones o estrategias que impulsaría AMLO en materia de lucha contra el narcotráfico y seguridad en el caso de que resultara electo. Ya preveía el triunfo del tabasqueño en la elección presidencial de julio. Y por ello me anticipé a formular la pregunta "¿Qué va a hacer AMLO con el narco?" (https://bit.ly/2Et9Q8K) acaso siguiendo el tenor de las interrogaciones que sobre diversos temas la gente en México ya comenzaba a plantear. Y es claro que esta cuestión es la más delicada y compleja. Porque la violencia e inseguridad en México, especialmente la asociada al narcotráfico, no es un problema tangencial: es la principal preocupación del grueso de la población. A muchos les produce vergüenza; a otros –acaso más legítima que la vergüenza– indignación. Pero no es posible objetar u omitir que se trata de un país en el que la tortura, el homicidio, la masacre, el secuestro y la mutilación, las fosas clandestinas y los cuerpos desmembrados son el pan de cada día, el entorno cotidiano en el que discurren nuestras vidas. A tal escenario de horror nos condenaron los conservadores. ¡Prohibido olvidar!

(A modo de paréntesis, aplaudo la iniciativa de agrupar a los gobiernos neoliberales bajo la categoría de "conservadores". Es mucho más exacta e ilustrativa que "neoliberal", que a menudo conduce a pensar que se trata de algo nuevo y liberal, cuando es más mohoso y añejo que el cano bigote de Porfirio Díaz. El prefijo "neo" básicamente designa una "novedosa" forma de concebir a la persona: a saber, la "persona moral"; léase, una empresa privada o corporación. Y "liberal", que todos aquellos derechos que el liberalismo clásico situaba en el individuo frente a la otrora institución dominante, el Estado, ahora reposarían en la nueva definición de persona: sí, la empresa privada. Sin reparar, por cierto, en el hecho de que la empresa privada llegó a aventajar en poder a las estructuras gubernativas justamente reclamando para sí tales derechos. En suma, el periodo neoliberal significó la restauración de relaciones políticas basadas puramente en la esencia privilegiada de la propiedad privada. Tal fenómeno político no es nuevo ni es liberal. En clave desideologizada: ¡es conservadurismo!).

Los escenarios trazados en aquella publicación de 2018 respondían apenas a un primer acercamiento teórico en relación con las posibles perspectivas que, en materia de seguridad, abrazaría la 4T, considerando, por supuesto, los alcances y limitaciones de un gobierno liberal encabezado por la figura de Andrés Manuel López Obrador, y atendiendo las trayectorias necrológicas, no menos decisivas, que transita nuestro país. A 6 meses del cambio de gobierno, y tras la publicación del Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, es posible actualizar la reflexión e introducir elementos de análisis más sólidos y especializados.

El capítulo del Plan que más polémica e intranquilidad suscitó es el concerniente a la Guardia Nacional. Aunque comparto la reserva, considero, no obstante, que la única manera de evaluar seriamente tal figura, sin las habituales distorsiones ideológicas, es retrocediendo por lo menos tres capítulos atrás en la historia reciente de nuestro país. Por tal motivo, resolví dedicar cuatro entregas al objeto de discusión en cuestión. Cada una de estas entregas –la primera será facilitada la próxima semana– aborda una problemática específica, aunque conexa con la problemática general y cuyo colofón es la Guardia Nacional, aun cuando no se trate –esta última– de la variable de mayor relevancia en la ecuación. El orden de las entregas responde al orden jerárquico de las causas que a nuestro juicio dispararon la tragedia nacional, y a las fórmulas que desde el Estado los diferentes gobiernos conservadores prohijaron para atenuar –fallidamente– tal tragedia. A partir del aislamiento e interconexión de los objetos de análisis –Narcotráfico, Guerra, Seguridad– será posible valorar la pertinencia, autenticidad y legitimidad de la Guardia Nacional. No sin reconocer que la materia que nos ocupa está atravesada por inercias, acuerdos e intereses creados que escapan al marco de análisis que propongo.

¿REFORMA EDUCATIVA O REFORMA ADMINISTRATIVA DE LA EDUCACION?

La educación al servicio del poder: Diputados aprueban la “reforma educativa” de Andrés Manuel López Obrador

Alejandro Campuzano Álvarez

La educación ha sido un eje fundamental en el desarrollo de los países en el siglo XXI. Por ello se requiere de nuevas directrices gubernamentales encaminadas a homologar el régimen educativo con la realidad social.

En México el tema cobró relevancia con la celebración del “Pacto por México”[1], en el cual uno de los puntos principales era el referente al ámbito educativo, mismo que fue modificado sustancialmente a través de reformas constitucionales a los artículos 3, 31, y 73, entre las cuales destacan como puntos fundamentales la creación de un Instituto (Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación) como órgano autónomo que evaluaría el desempeño de las y los profesores.

Y es que hay recordar que en México, la educación —y particularmente los sindicatos de profesores— han fungido como un brazo político con trascendencia en el ámbito electoral. Es así que por años el sistema educativo fue controlado por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) a través de su ex líder, Elba Esther Gordillo Morales. La corrupción en el control de las plazas respecto al ingreso, permanencia y promoción, eran una constante en el sistema educativo.

En un escenario complejo en el año 2012 motivado por la contienda presidencial, la coyuntura política propició la ruptura de un pacto entre el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Elba Esther Gordillo. Consecuencia de lo anterior, se configuró por una parte, una reforma estructural en materia educativa promovida por el ex presidente y símbolo del PRI, Enrique Peña Nieto, que quitaría el poder político y financiero al Sindicato respecto al control de las plazas. Y por la otra se ejerció una acción penal en contra de la ex lideresa por diversos delitos de corrupción, misma que concluyó con la privación de libertad de la maestra Elba Esther.

Una vez aprobada por los recintos legislativos, la reforma educativa fue severamente criticada por diversos sectores de la sociedad civil ya que la misma no modificaba sustancialmente el sistema educativo. La reforma claramente apuntaba a que el Estado recuperara la rectoría no solo de la educación, sino del magisterio. Por ello la reforma no fue educativa, sino laboral-administrativa en el ámbito educativo.

Si bien es cierto que resulta importante evaluar a las y a los profesores para su ingreso, promoción y permanencia en el servicio profesional docente, se requiere también de un cambio a diversos elementos que conforman el sistema educativo. El Doctor Manuel Antón Gil, señala que al legislar sobre temas educativos, es erróneo simplificar el análisis a una evaluación docente. El proceso es por demás complejo, ya que la educación y los bajos niveles en cuanto a su calidad, no son consecuencia de un solo actor (las y los profesores), sino de diversos elementos entre los cuales se destacan: infraestructuras deficientes, pobreza extrema en las y los estudiantes, carencia alimentaria, planes de estudio que no coinciden con la realidad social, entre otros.

A pesar de lo anterior, la evaluación docente se mantuvo vigente a lo largo del sexenio de Peña Nieto. Sin embargo el actual Presidente Andrés Manuel López Obrador como promesa de campaña presidencial se comprometió a abrogar —eliminar— la reforma educativa, ya que desde su perspectiva era una reforma punitiva para las y los docentes, sin trascendencia en el sistema educativo. Esta postura le generó miles de adeptos, lo cual se tradujo en votos para la elección presidencial del año 2018, la que ganó con un 53%.

Una vez asumido el poder, López Obrador envió una iniciativa en materia educativa que eliminaba las evaluaciones docentes con carácter “punitivo”. Sin embargo para ingresar y ascender en el servicio profesional docente se mantuvo el régimen de evaluación coordinado por el propio Estado a través de la Secretaria de Educación y de un Centro desconcentrado de la propia Secretaría (Centro Nacional para la Revaloración del Magisterio y la Mejora Continua de la Educación) cuyas funciones son semejantes a las del INEE.

Acto seguido los integrantes de la CNTE, ante el descontento por el contenido de la iniciativa de reforma, hicieron valer su fuerza política bloqueando todos los accesos de la Cámara de Diputados, así como vías federales fundamentales en la vida económica del país. Ello generó por una parte, que no se pudiera discutir el dictamen que daría vida a una nueva reforma educativa, y por la otra pérdidas millonarias producto de los bloqueos.

Si bien es cierto que el Presidente se ha distinguido por un discurso de no represión, en esta ocasión se pudo apreciar que puede más la fuerza y la violencia de un grupo disidente que el marco constitucional. Es criticable que el Presidente actúe y distorsione la agenda política con base en intereses personales en aras de mantener sus elevados índices de popularidad, a tal grado que por medio de un memorándum violentó el estado de derecho. Y es que en dicho memorándum el ejecutivo federal estipuló la abrogación de la evaluación docente. Sin embargo, esa facultad es exclusiva del poder legislativo con base en el artículo 73 constitucional.  Por su parte el artículo133, destaca la supremacía constitucional, por lo tanto es de saber que ningún memorándum estará por encima de la Constitución.

Lo anterior dio a conocer la incapacidad del ejecutivo federal para otorgar garantías mínimas de seguridad que permitieran a las y a los legisladores efectuar reformas constitucionales a pesar de existir elementos o actores en contra. Es claro que las y los disidentes de la CNTE buscan mantener sus privilegios — control de las plazas— situación que conllevaría a un sistema de corrupción que por años ha sido un cáncer en el sistema educativo mexicano.

La madrugada del jueves 25 de abril, la iniciativa de reforma los artículos 3, 31 y 73 fue votada y aprobada por las y los diputados con 381 votos a favor, 79 en contra y dos abstenciones. No obstante, habrá que prestar especial atención a los artículos transitorios, ya que el artículo décimosexto del dictamen establece que se garantiza la vigencia de los derechos laborales de los trabajadores al servicio de la educación tutelados por el Apartado B del artículo 123 constitucional, en lo concerniente a lo dispuesto por las fracciones VII y VIII de dicho Apartado, en los cuales se señala lo siguiente:

-VII. La designación del personal se hará mediante sistemas que permitan apreciar los conocimientos y aptitudes de los aspirantes. El Estado organizará escuelas de Administración Pública;

-VIII. Los trabajadores gozarán de derechos de escalafón a fin de que los ascensos se otorguen en función de los conocimientos, aptitudes y antigüedad. En igualdad de condiciones, tendrá prioridad quien represente la única fuente de ingreso en su familia;

En la fracción VIII se estipula que tendrán prioridad quienes representen la única fuente de ingreso en su familia. Por lo tanto es justamente en esta fracción donde existe una laguna jurídica y se da apertura a un sistema subjetivo en el actuar del servicio profesional docente.

En conclusión, se puede señalar que al igual que la reforma de Peña Nieto, la de López Obrador es una reforma administrativa-laboral que beneficia al magisterio devolviéndoles los privilegios perdidos con la reforma de Peña Nieto en cuanto al régimen de permanencia. Sin embargo los planes de estudio, infraestructura y demás elementos operativos de la educación han pasado a segundo término, manteniendo así un régimen educativo con poca calidad y eficiencia para los derroteros del futuro.

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[1] El Pacto por México es un acuerdo político nacional firmado el 2 de diciembre de 2012 en el Castillo de Chapultepec en la Ciudad de México, por el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto; Gustavo Madero Muñoz, presidente del Partido Acción Nacional; Cristina Díaz Salazar, (en ese entonces interina) del Partido Revolucionario Institucional y Jesús Zambrano Grijalva, presidente del Partido de la Revolución Democrática, para legislar en un mismo sentido sobre diversos temas de trascendencia nacional.

PRISION PREVENTIVA, IMPORTANTES CAMBIOS EN MEXICO

La prisión preventiva y los delitos graves en el sistema de justicia penal mexicano

Alejandro Campuzano Álvarez

La Cámara de Diputados de la LXIV Legislatura, en el ejercicio de sus atribuciones, ha llevado a cabo diversas reformas constitucionales, entre las cuales destaca una iniciativa de ley que actualmente se encuentra en un debate álgido en virtud de la importancia y la trascendencia que la propia iniciativa plantea: la prisión preventiva.

La prisión preventiva oficiosa, plasmada en el artículo 19 constitucional, establece los supuestos y los delitos en los cuales se aplicará la misma como medida última y excepcional en un proceso penal, pero ¿qué es la prisión preventiva oficiosa?

Deberá entenderse por prisión preventiva a aquella medida última, excepcional y cautelar por medio de la cual se priva de la libertad a un imputado —persona sujeta a un proceso penal, pero cuya culpabilidad no ha sido decretada mediante sentencia— con objeto de garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la o las víctimas, de las o los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, siempre y cuando la causa diversa no sea acumulable o conexa en los términos del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Actualmente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contempla seis delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa —automática—, y son: homicidio doloso, delincuencia organizada, violación, secuestro, trata de personas, y aquellos que se cometan de forma violenta con armas de fuego.

Con base en diversas problemáticas sociales en materia de seguridad que han impactado de forma directa la vida de las y los mexicanos, el Senado de la Republica presentó una iniciativa de ley con objeto de reformar el artículo 19 constitucional para anexar a la lista de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa, nueve más, entre los cuales se encuentran: abuso o violencia sexual contra menores, feminicidio, robo a casa habitación, robo a transporte de carga, desaparición forzada, delitos en materia de armas de fuego y explosivos, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción por enriquecimiento ilícito y delitos en materia de robo de hidrocarburos.

La Cámara de Diputados, a través de la Comisión de Puntos Constitucionales, desechó seis delitos restando solo tres en el Dictamen de prisión preventiva oficiosa, mismos que son: uso de programas sociales con fines electorales, corrupción por enriquecimiento ilícito y delitos en materia de robo de hidrocarburos. Esto en virtud de que los dos primeros son cometidos por servidores públicos y el último por la extrema urgencia del combate al robo de hidrocarburos —“huachicoleo”—.

Acto seguido, el descontento social influenciado por la desinformación y una campaña negra en contra de la administración pública federal, se hizo presente en virtud de que la ciudadanía asumió que la decisión de las y los diputados era negar la gravedad de los nueve delitos anteriormente enunciados.

¿Cómo era posible que las y los diputados no visualizaran como delitos graves el feminicidio, el abuso sexual contra menores, la desaparición forzada, entre otros? Por supuesto que en un país como México indignan ese tipo de aseveraciones; sin embargo, la reforma al artículo 19 constitucional y su debate, en ningún momento se centraron en la gravedad de los delitos; la discusión fue en torno a la prisión preventiva oficiosa.

Ahora bien, existen dos tipos de prisión preventiva, a saber: la que es solicitada por el Ministerio Público, y la oficiosa, es decir, la que se decreta en forma automática por tratarse de los delitos enunciados en el artículo 19 constitucional. Por lo tanto, para cualquier delito se puede solicitar la prisión preventiva como medida excepcional y última, siendo la o el juez quien decrete si esta procede o se desecha.

Con base en lo anterior, no es que las y los diputados no visualicen como graves los delitos, sino que, en aras de proteger el principio de presunción de inocencia establecido en la reforma constitucional del año 2008, es que busca privilegiar uno de los principios fundamentales del derecho que a la letra señala que “toda persona es inocente, hasta que se le demuestre lo contrario”.

Al establecer la prisión preventiva oficiosa, en efecto, se vulneran los derechos humanos del imputado. Es por ello que las y los legisladores, han optado por establecer únicamente como delitos que merecen prisión preventiva oficiosa aquellos que son cometidos por altos funcionarios, quienes, al amparo del poder del cargo público, dañan a la nación económica y socialmente. Véanse como ejemplos a los exgobernadores Andrés Granier, de Tabasco; Guillermo Padrés, de Sonora; Rodrigo Medina, de Nuevo León; César Duarte, de Chihuahua; Roberto Borge, de Quintana Roo; Fidel Herrera, de Veracruz; Gabino Cué, de Oaxaca; Tomás Yarrington, de Tamaulipas; Jorge Torres, de Coahuila; Javier Duarte, de Veracruz, entre otros. Es precisamente a ellos a quienes apunta la reforma constitucional del artículo 19.

Se concluye entonces que la prisión preventiva, es una medida cautelar excepcional, que puede ser de oficio o a petición del ministerio público por la posible comisión de cualquier delito. La prisión preventiva es una herramienta que deja ver la falta de eficacia y eficiencia del Poder Judicial de la Federación, particularmente de los Juzgados y Tribunales Penales, en virtud de que priva de la libertad a un presunto responsable de la comisión de un delito sin sentencia de por medio.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el año 2016, 65 mil personas recluidas en centros penitenciarios no habían recibido sentencias, lo cual equivale a un 35% de la población reclusa; de ellas, 69% lleva más de un año y 43% más de dos años sin recibir sentencia. Por lo tanto se infiere que la prisión preventiva es una medida legitimada por el poder judicial —particularmente por las y los jueces— para privar de la libertad a una persona sin sentencia condenatoria olvidando con ello el debido proceso penal y el respeto a los derechos humanos.