CIBERATAQUES DOMESTICOS: PHISHING

Phishing: el ciberataque preferido en Latinoamérica

Mario Ramón Duarte

El termino inglés phishing es un método que los ciberdelincuentes utilizan para engañar y conseguir que el usuario revele información personal, como contraseñas o datos de tarjetas de crédito y de la seguridad social y números de cuentas bancarias. Lo hacen mediante el envío de correos electrónicos fraudulentos o dirigiéndole a un sitio web falso.

Phishing, conocido como suplantación de identidad, es un término informático que denomina un modelo de abuso informático y que se comete mediante el uso de un tipo de ingeniería social, caracterizado por intentar adquirir información confidencial de forma fraudulenta (como puede ser una contraseña, información detallada sobre tarjetas de crédito u otra información bancaria). El cibercriminal, conocido como phisher, se hace pasar por una persona o empresa de confianza en una aparente comunicación oficial electrónica, por lo común un correo electrónico, o algún sistema de mensajería instantánea o incluso utilizando también llamadas telefónicas.

Dado el creciente número de denuncias de incidentes relacionados con el phishing o pharming, se requieren métodos adicionales de protección. Se han realizado intentos con leyes que castigan la práctica y campañas para prevenir a los usuarios con la aplicación de medidas técnicas a los programas. Se considera pishing también, la lectura por parte de terceras personas, de las letras y números que se marcan en el teclado de un ordenador o computadora.

Los mensajes de phishing parecen provenir de organizaciones legítimas como PayPal, UPS, una agencia gubernamental o su banco. Sin embargo, en realidad se trata de imitaciones. Los correos electrónicos solicitan amablemente que actualice, valide o confirme la información de una cuenta, sugiriendo a menudo que hay un problema. Entonces se le redirige a una página web falsa y se le embaucada para que facilite información sobre su cuenta, lo que puede provocar el robo de su identidad.

Es preciso tener en cuenta los diversos datos uno de ellos es como reconocer, eliminar, evitar y  protegerse del phishing: en el primer caso es preciso recibir mensajes pidiendo que revele información personal, normalmente mediante correo electrónico o en un sitio web, en cuanto a la eliminación, si bien no se los pueden eliminar si se los pueden detectar, además se necesita monitorizar su sitio web y esté al corriente de lo que debería y de lo que no debería estar allí, en lo posible cambiar los archivos principales de los sitios web periódicamente.

Al momento de evitar los phishing hay que tener en cuenta los siguientes consejos:

·       Mantenga buenos hábitos y no responda a enlaces en correos electrónicos no solicitados o en Facebook.

·         No abra adjuntos de correos electrónicos no solicitados.

·         Proteja sus contraseñas y no las revele a nadie.

·         No proporcione información confidencial a nadie por teléfono, en persona o a través del correo electrónico.

·         Compruebe la URL del sitio (dirección web). En muchos casos de phishing, la dirección web puede parecer legítima, pero la URL puede estar mal escrita o el dominio puede ser diferente (.com cuando debería ser .gov).

·         Mantenga actualizado su navegador y aplique los parches de seguridad.

En cuanto a la protección de éstos no hay una forma mejor de reconocer, eliminar y evitar el phishing que utilizar una herramienta de antivirus y antiphishing.

El smishing es otra variante de engaño que se basa en el envío de mensajes de textos para obtener información confidencial. El vishing sigue la misma lógica pero el medio empleado es un llamado telefónico.

En Latinoamérica este método es uno de los más usuales al momento de realizar ciberataques, el mecanismo preferido de los ciberdelincuentes es el Phishing (técnica que se utiliza para engañar a usuarios, persuadiéndoles a revelar información o a realizar acciones que ponen en riesgo la seguridad del dispositivo o divulgar información confidencial de la empresa). El correo electrónico es el medio en donde se manejan con facilidad, también se puede encontrar en los numerosos links a través de redes sociales e incluso llamadas telefónicas o mensajes por WhatsApp, incitándonos a ingresar a un sitio web, siempre prometiendo algún beneficio que lamentablemente sólo es un engaño.

Dentro de la lista de víctimas de Phishing en América Latina, el primer lugar lo ocupa Brasil con 23,3% de los ataques, lo sigue Venezuela con 17% y Argentina en tercer lugar con el 16,4%. Según Fabián Assolini, analista de seguridad en Kaspersky Lab, el período preferido por los ciberdelincuentes para realizar este tipo de ataques es el Black Friday ya que en la edición del año 2017 han bloqueado más de 380.000 intentos de ataque que es casi 4 veces mayor al de un día normal. También nos indica que “para tener una idea, solamente este año han bloqueado 40 millones de ataques en América Latina, siendo Brasil el país más afectado” Para tener muy en cuenta, solamente 3 de cada 10 personas conectadas a internet o a través de un dispositivo móvil o computadora, no son víctimas de ataques.-

El delito de Phishing se encuentra en constante evolución llegando a alcanzar en la actualidad una gran sofisticación respecto a sus inicios, tanto en el método de captación de los intermediarios o muleros, como en los ámbitos en los que operan, ya que, si bien las ofertas de empleo eran el método más utilizado por los estafadores para captar a sus víctimas, ahora se producen también en las compraventas a través de la Red.

EL PODER JUDICIAL MEXICANO MANTIENE SUS SUELDOS

El Poder Judicial de la Federación en deuda con la nación. La disputa entre el poder ejecutivo y el poder judicial

Alejandro Campuzano Álvarez

Con el cambio de gobierno en México se han presentado una serie de iniciativas que buscan revertir los excesos y abusos presupuestales de diversos órganos federales. El Gobierno de México, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, ha hecho pública su intención por disminuir los salarios excesivos, ofensivos y poco congruentes de los altos mandos con la realidad mexicana a través de la Ley Federal de Remuneraciones para Servidores Públicos.

El Poder Judicial de la Federación (PJF) es el principal destinatario de las políticas de austeridad que busca implementar el presidente López Obrador. Como era de esperarse, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, magistrados de circuito y jueces, se han opuesto a tal medida generando con ello indignación y repudio social.

Bajo el argumento de la intromisión e invasión de poderes, el poder judicial ha defendido ---como nunca antes--- la independencia y autonomía de la institución. Sin embargo es una realidad que la independencia y autonomía que argumentan es inexistente. 

Los ministros, como máximos representantes del poder judicial, son nombrados directamente a propuesta del presidente de la república y ratificados por las y los senadores. No obstante, el sistema político mexicano, cuyo rasgo distintivo es la simulación, ha permitido que el presidencialismo sea una constante en los tres poderes y ordenes de gobierno. El ejemplo más claro lo fue el nombramiento del ministro Eduardo Medina Mora, quien fue impuesto por el ex presidente Enrique Peña Nieto, a pesar de no contar con trayectoria judicial ni de notoria probidad por los casos de espionaje político, represión social, manipulación de testigos protegidos con fines políticos y electorales, en los cuales estuvo inmerso.

Basta revisar cada uno de los perfiles de las y los ministros, así como el contexto en el cual fueron nombrados y por quién, para definir la inexistencia de la autonomía de la Corte.

El problema de los salarios de los altos mandos del PJF, va más allá de los conflictos políticos que argumentan una invasión de poderes. Si bien es cierto, en un sistema democrático los poderes son autónomos e independientes, es inaudito que existan servidores públicos con ingresos equivalentes a los 25 mil dólares americanos al mes (506 mil pesos mexicanos) ---como lo es el caso del ministro presidente Luis María Aguilar Morales---cuando el salario mínimo ronda entre los 85 y 88 pesos diarios, lo cual equivale a un ingreso mensual de 137 dólares americanos (2784 pesos mexicanos).

En un país con más de 53 millones de personas que viven en condiciones de pobreza, lo cual equivale al 48.3% de la población mexicana, según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), existen servidores públicos como ministros, magistrados y jueces, con sueldos mayores a los de los jueces de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de América.

Por lo anterior, es reprobable y poco digna la postura que ha asumido el PJF, porque no solo indignan los altos salarios que perciben los altos funcionarios, sino también las prebendas, privilegios y bonos multimillonarios que, al amparo de la autonomía administrativa, se han otorgado.

Por si no fuera poco lo anterior, existen casos y estudios que han corroborado los altos índices de corrupción en el PJF.  Según el reporte “El déficit meritocrático”, presentado por el investigador académico Julio Ríos, integrante de la asociación “Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad”, el 51% de las y los jueces y las y los magistrados federales tienen al menos un familiar laborando en el PJF.

Anteriormente el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, señaló la innegable corrupción que existe en el PJF, exhortando al Consejo de la Judicatura Federal a investigar los casos y tomar medidas al respecto, sin embargo, la corrupción e impunidad continúan presentes en el recinto judicial.

Investigaciones como la de la asociación Mexicanos Unidos Contra la Violencia, son solo la cúspide del iceberg. Hoy en día al ser un tema de interés nacional, la opinión y escrutinio publico están sobre las autoridades jurisdiccionales. Ejemplo de lo anterior, es el hallazgo de los lujos y excentricidades (vehículos Mercedes Benz, motos Harley Davidson, habanos cubanos, botellas de whisky y relojes Rolex) que exhiben funcionaros judiciales en sus redes sociales, como lo es el caso del magistrado Adolfo Eduardo Serrano Ruiz, alias “lord ministro”.

A su vez, un estudio realizado por el consejero de la Judicatura Federal, Felipe Borrego Estrada, reveló que el nepotismo que realizan jueces y magistrados se visualiza en lo siete mil 148 servidores públicos que se encuentran en la nómina de PJF y que son familiares de dichas autoridades judiciales.

De acuerdo con Felipe Borrego, casi la mitad de los jueces y magistrados federales tienen parientes en el Poder Judicial siendo que de mil 31 plazas revisadas en 31 circuitos, 501 tienen familiares, lo que representa el 48.6 por ciento del personal a nivel nacional.

Según el reporte, al menos 112 jueces y magistrados habrían utilizado sus facultades para conseguir empleo a su esposa o pareja, 180 a sus hijos, 136 a sus hermanos y 27 a sus padres.

En contraste, integrantes del PJF argumentan y defienden los salarios, en virtud de que éstos inhiben la corrupción en juzgados y tribunales; premisa completamente falsa con base en lo anteriormente citado, así como ejemplificativa de la poca ética de las y los juzgadores. Es decir, ¿qué pasará cuando ministros, magistrados y jueces visualicen que el salario que perciben es escaso e insuficiente a sus intereses y por ello requieran de uno mayor para no emitir actos de corrupción? ¿Se les otorgará con base en lo anteriormente expresado?

Como segundo argumento en defensa del salario, se encuentran posturas alusivas a las extenuantes cargas de trabajo y horarios indefinidos. Ejemplo de lo anterior, son operaciones aritméticas que dictaminan lo siguiente:

Acorde al Informe Anual de Labores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el año 2017 la Corte emitió un promedio de 900 sentencias al mes según datos disponibles en su portal de transparencia. Si se dividen los salarios mensuales de los ministros (17,500 dólares americanos, equivalentes a 350,750 pesos mexicanos) entre el número de sentencias al mes, el resultado que se obtiene es de 19.4 dólares lo cual equivale a 390 pesos por sentencia.

Con base en lo anterior, el gremio del PJF cuestiona si el trabajo de un ministro tiene un valor de 390 pesos por sentencia dada la trascendencia e impacto de la actividad judicial. Sin embargo, bajo el mismo principio aritmético y en caso de querer jerarquizar las profesiones por el impacto social, antes que el derecho, se encuentran la salud y la educación por la importancia que éstas tienen en el desarrollo social.

Según datos de la Secretaria de Educación Pública, un profesor de primaria obtiene ingresos mensuales por la cantidad de 400 dólares americanos aproximadamente (8 mil pesos mexicanos) teniendo un promedio de 70 alumnos. En el entendido de que las y los profesores laboran 20 días al mes, el salario diario real es el equivalente a 400 pesos. Si se dividen esos 400 pesos entre los 70 alumnos, el salario que percibe un profesor de primaria por alumno al día es de 5.71 pesos (0.2 centavos de dólar americano), sin mencionar que las y los profesores en México, no gozan ni de los lujos ni de los beneficios que si gozan las y los ministros, magistrados y jueces.

Con base en lo anterior, la sociedad y particularmente el gremio magisterial se cuestionan, si cuidar y ser responsable ---en toda la extensión de la palabra--- de un niño o una niña por 8 horas aproximadamente al día, tiene un valor de 2.71 pesos mexicanos.

Con lo expuesto anteriormente, es visible que el PJF se encuentra cegado totalmente por los excesos que por años han sido parte de su “quehacer” institucional.  Por ello, más allá de un tema de injerencia del poder ejecutivo en el judicial, el fondo del asunto destaca la avaricia, la insensibilidad, la indiferencia, el nepotismo, los altos sueldos ---pagados por los ciudadanos a través de impuestos--- y la poca congruencia con la realidad social.

La disminución de los salarios de los altos mandos del PJF tiene que ver con una situación de contexto social. No pueden existir servidores públicos ---entendido como todo aquel que recibe un salario del Estado--- con sueldos millonarios en un país con 53 millones de personas en situación de pobreza extrema y un salario mínimo diario que ronda entre los 85 y 88 pesos.

Se debe respetar la independencia y la autonomía de los poderes, pero no se puede ni se debe defender lo indefendible a través de los preceptos anteriormente enunciados. Si no se quiere injerencia del ejecutivo ni del legislativo, corresponde al judicial ser sensible, empático y congruente con la realidad social y con el pueblo mexicano y disminuir sus salarios y renunciar a sus privilegios.

Es menester mencionar que la disminución de los salarios es únicamente aplicable para los altos mandos, es decir, consejeros, ministros, magistrados y jueces. Asimismo, se busca disminuir el nepotismo existente en el poder judicial, otorgando a las y los trabajadores mayor confianza sobre su situación laboral, así como ascensos con base en estudios y méritos., dignificando con ello la profesión y el servicio profesional de carrera en el PJF.

Sin embargo, se ha llegado a un acuerdo político con el coordinador de los diputados de Morena ---el diputado federal Mario Delgado---, en el cual se ha establecido que los salarios de las y los altos funcionarios del PJF (consejeros, ministros, magistrados y jueces) se mantendrán. La disminución de los salarios se aplicarán únicamente a las y los funcionarios entrantes. Por lo tanto, es apreciable que más allá de la defensa de la institucionalidad, autonomía e independencia del PJF, lo que importaba a las y los ministros era mantener sus privilegios ¡Enhorabuena por ustedes, que han olvidado que el ámbito público es para servir, no para enriquecerse!

CIBERSEGURIDAD Y PRIVACIDAD INFORMATICA

Criptografía: rol destacado en la privacidad informática: perspectiva latinoamericana

Mario Ramón Duarte

Palabra que etimológicamente proviene del griego kryptós=oculto y graphe=grafo o escritura, tradicionalmente se lo definió como el ámbito de la criptología que se ocupa de las técnicas de cifrado o codificados, o también entendida como el arte y técnica de escribir con claves o procedimientos secretas o de un modo enigmático, de tal forma que lo escrito sea inteligible para quien sepa descrifrarlo.

La aparición de la informática y el uso masivo de las comunicaciones digitales, han producido un número creciente de problemas de seguridad. Las transacciones que se realizan a través de la red pueden ser interceptadas, y por tanto, la seguridad de esta información debe garantizarse. Este desafío ha generalizado los objetivos de la criptografía para ser la parte de la criptología que se encarga del estudio de los algoritmos, protocolos (se les llama protocolos criptográficos), y sistemas que se utilizan para proteger la información y dotar de seguridad a las comunicaciones y a las entidades que se comunican.

Para ello los criptógrafos investigan, desarrollan y aprovechan técnicas matemáticas que les sirven como herramientas para conseguir sus objetivos. Los grandes avances producidos en el mundo de la criptografía, han sido posibles gracias a la evolución que se han producido en el campo de la matemática y la informática.

La criptografía se usa no solo para proteger la confidencialidad de los datos, sino también para garantizar su integridad y autenticidad. Por ello la criptografía consiste en tomar información en formato de texto plano y cifrarla-codificarla de manera que sea inteligible. Para ello se emplea un algoritmo y una clave o información secreta; puesto que piratas informáticos pueden obtener el texto cifrado e incluso conocer el método de codificación, pero sin la clave les será imposible acceder a los documentos.

En la práctica, el coste del desarrollo de equipos y 'software' es el mayor obstáculo en el diseño de sistemas eficaces de descifrado. Por ejemplo, el descodificador que se necesita para el descifrado de la televisión de pago tiene que ser fácil y económico de producir. Sin embargo, esto puede afectar a la calidad de la descodificación matemática y hacer que estos sistemas sean más fáciles de piratear por personas que no estén abonadas.

Además, cuanto más amplio sea un sistema, más probabilidades tiene de convertirse en el blanco de los piratas informáticos.

La criptografía es más importante que nunca y las reglas del juego cambian constantemente. En la actualidad, el estándar supremo en materia de cifrado es el RSA. Su nombre procede de las iniciales de sus tres creadores -Ron Rivest, Adi Shamir y Leonard Adleman-, todos ellos profesores del Instituto Técnico de Massachusets (MIT).

El algoritmo RSA se basa en la utilización de dos números primos grandes que, multiplicados entre sí, permiten obtener un número todavía más grande. Si tienes la clave es fácil factorizar el resultado sino, resulta prácticamente imposible. En la actualidad no conseguimos factorizar números compuestos de más de 600 cifras. Aunque tuviéramos ordenadores ultrapotentes, se necesitarían décadas para hacerlo.

En lo que respecta a las claves criptográficas pueden ser básicamente de dos tipos: las simétricas quienes utilizan determinados algoritmos para descifrar y encriptar documentos. Son grupos de algoritmos distintos que se relacionan unos con otros para mantener la conexión confidencial de la información; y las otras son las asimétricas que son una fórmula matemática que utiliza dos llaves, una pública y la otra privada. La llave publica es aquella a la que cualquier persona puede tener acceso, mientras que la llave privada es aquella que sólo la persona que la recibe es capaz de descifrar.

En un contexto global en el que la vigilancia masiva gubernamental es ya conocida, especialmente gracias a casos como el de Ewdard Snowden, sabemos que la privacidad es un derecho fundamental que debemos proteger. ¿Cuál es la situación de los países de América Latina ante la vigilancia tecnológica? Alan Lazalde repasa algunos ejemplos que muestran que, además de ser rastreados por el gobierno de Estados Unidos, algunos gobiernos latinoamericanos también encargan su propia vigilancia. Al mismo tiempo, han empezado a surgir movimientos de activistas, herramientas y tecnologías que tratan de facilitar el derecho a la privacidad y el anonimato.

La lucha por la autodeterminación de América Latina es importante para muchas más personas de las que viven en América Latina, ya que muestra al resto del mundo que se puede hacer. Pero la independencia de América Latina se encuentra todavía en su infancia. Los intentos de subversión de la democracia en América Latina todavía están sucediendo, incluyendo más recientemente a Honduras, Haití, Ecuador y Venezuela.

Por ello, el mensaje de los cyberpunks es de especial importancia para el público de América Latina. La vigilancia de masas no es sólo un problema para la democracia y la gobernanza, es una cuestión geopolítica. La vigilancia de toda una población por una potencia extranjera pone en peligro naturalmente la soberanía de esa población. Intervención tras intervención estadounidense en los asuntos de la democracia latinoamericana nos han enseñado a ser realistas respecto a esto. Sabemos que las antiguas potencias seguirán explotando cualquier ventaja para retrasar o suprimir el brote de la independencia latinoamericana.

No es ningún secreto que, en Internet y en el teléfono, todos los caminos hacia y desde América Latina llegan a través de los Estados Unidos. La infraestructura de Internet dirige el 99% del tráfico hacia y desde América del Sur a través de líneas de fibra óptica que atraviesan físicamente las fronteras estadounidenses. El gobierno de Estados Unidos no ha mostrado ningún escrúpulo en romper su propia ley de aprovechar estas líneas y espiar a sus propios ciudadanos.

No existen leyes contra el espionaje a los ciudadanos extranjeros. Todos los días, cientos de millones de mensajes de todo el continente latinoamericano son devorados por las agencias de espionaje de Estados Unidos y se guarda para siempre en los almacenes del tamaño de pequeñas ciudades. Los hechos geográficos sobre la infraestructura de la Internet por lo tanto tienen consecuencias para la independencia y la soberanía de América Latina.

¿LOPEZ OBRADOR ES UN LIBERAL REPUBLICANO?

AMLO Presidente: 10 tesis políticas y un colofón desesperado 

Arsinoé Orihuela Ochoa 

http://jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=181207_105703_617

Nadie, ni en México ni el extranjero, imaginó nunca una toma de posesión de tales dimensiones apoteósicas. Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente constitucional de México rindió protesta a dos tiempos, el republicano y el cósmico ancestral: en el palacio legislativo de San Lázaro y en la explanada de la Plaza de la Constitución o Zócalo capitalino. Concluyó la jornada envuelto en la banda presidencial rediseñada, y alzando el bastón de mando indígena. Las fuerzas de oposición, a la derecha y a la izquierda, agrupadas alrededor del “ciudadanismo” conservador, por un lado, y el indigenismo autonomista, por el otro, apuntalaron sus posiciones discordantes con el gobierno entrante y, con ello, contribuyeron a caracterizar al mandatario investido: AMLO es un liberal republicano. 

Desde Benito Juárez hasta López Obrador, el liberalismo mexicano irrumpió en la escena política nacional con altos contenidos de transgresión y fuertes rasgos de reaccionarismo. Allí radica la clave de sus éxitos efímeros, y acaso la causa de sus endémicos descalabros. No pretendo con tal caracterización instalar ninguno de los dos estados de ánimo prevalecientes: ni el derrotismo en sus variantes conservadora o autonomista, ni el triunfalismo liberal. Tan sólo abrazo una aspiración más modesta: alertar acerca de las contradicciones inherentes al gobierno constituido, y exhortar a una reflexión que advierta tempranamente el peligro de una restauración (ultra) conservadora. 

Resumo en 10 tesis políticas las introspecciones personales en torno a la presidencia de AMLO. 

1. Respecto al anunciado triunfo de AMLO, desde 2016 acá se dijo que había sólo tres escenarios posibles en la elección presidencial: (1) un triunfo apretado de AMLO; (2) un triunfo aplastante de AMLO; (3) un mega fraude electoral. Al final, AMLO ganó avasalladoramente. Con sólo cuatro años de vida, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) –un partido creado ex profeso para la elección de 2018– se convirtió en la primera fuerza política de México. La coalición “Juntos Haremos Historia”, encabezada por Morena, conquistó la mayoría parlamentaria en las dos cámaras. De las nueve gubernaturas en disputa, Morena ganó cinco: CDMX, Chiapas, Tabasco, Veracruz y Morelos. Adicionalmente, tras el recambio en algunos congresos locales, Morena dispondrá de un dominio aplanador en 19 de las 32 legislaturas estatales. En CDMX, 11 de 16 delegaciones se pintaron de guinda morenista. Y, para rematar, en los resultados presidenciales por estado, AMLO venció en 31 de las 32 entidades federativas. Tales resultados, por sí solos, son históricos e inéditos para una fuerza de oposición. 

2. Es la primera ocasión en México, desde Francisco I. Madero (1911), y el paréntesis de Lázaro Cárdenas (1934), que existe una correspondencia entre eso que la teoría política llama la “voluntad general” y los resultados oficiales de unos comicios. Luego de tres intentos por llegar a la presidencia de México, AMLO lo consiguió en 2018, y con el mayor respaldo popular que haya tenido un presidente desde el general Cárdenas. 

3. AMLO ganó la elección presidencial de 2018 con 30 millones de votos y el 53% del total de los sufragios. En las elecciones federales de 2006 obtuvo alrededor de 15 millones de votos. Y en 2012 cosechó exactamente la misma cifra. La sumatoria de las tres elecciones da como resultado 60 millones de sufragios. En un país mal habituado al abstencionismo, y cuyas elecciones se dirimen sistemáticamente por la vía del fraude, tal dígito desmonta la idea de que el triunfo arrasador de AMLO es consecuencia de un voto de castigo: es un voto convencido. 

4. Que no prevaleciera el fraude, que es el mecanismo dominante en México para la rotación de élites políticas, se explica básicamente por tres factores: (1) el ascenso al poder de Donald Trump, que dejó en la orfandad a las élites gobernantes –conservadoras-globalistas– en México; (2) la fractura-pulverización del PRIANARCO (Partido Revolucionario Institucional; Partido Acción Nacional; Narcotráfico), que en los últimos 30 años movilizaron conjuntamente el voto conservador, y que en esta ocasión no consiguieron impulsar una candidatura unificada; y (3) la insurrección electoral de la sociedad civil desorganizada, que desactivó el tristemente célebre algoritmo de 3% de margen de manipulación del Instituto Nacional Electoral (INE). 

5. Esta insurrección electoral tiene una genealogía singular: es una combinación del voto convencido y el voto desesperado. Este último, sintomático de un malestar profundo que se aloja en la sociedad mexicana, tiene básicamente dos fuentes: la corrupción y la inseguridad. Coincidentemente, el combate a la corrupción de los políticos y la agenda de la seguridad son las banderas que enarbolan las derechas ultraconservadoras en Sudamérica. Jair Messias Bolsonaro en Brasil y Mauricio Macri en Argentina, ascendieron al poder agitando tales consignas. La franja del voto desesperado es altamente volátil y promiscua. Si AMLO yerra, ese voto emigra a la extrema derecha. 

6. La disyuntiva que prefigura AMLO no es nacionalismo o neoliberalismo, ni autoritarismo o democracia, ni pasado o futuro, ni ninguna de esas perogrulladas ideológicas que repiten hasta el hastío personajes como Enrique Krauze o Héctor Aguilar Camín o Jorge Castañeda Gutman o el resto de los intelectuales fracasados y maiceados. El dilema que perfila AMLO es liberalismo o ultraconservadurismo. 

7. El programa político de AMLO es perfectamente leal con el liberalismo mexicano: en lo político, desmontar el poder de la oligarquía para establecer los poderes de la república y en lo económico, respetar las reglas del libre comercio. En suma, separar el poder político del poder económico. Es exactamente lo mismo que proponía Lula da Silva en Brasil cuando advertía que “los ricos no necesitan del Estado; los pobres sí”. ¡Es liberalismo! 

8. Que el liberalismo irrumpa como fuerza transgresora en México, responde al hecho de que los Estados latinoamericanos son esencial y radicalmente conservadores: desde sus orígenes, la formación de tales unidades estatales respondió puramente al imperativo de proteger los privilegios de las clases tradicionales e intereses coloniales. En México, la libertad de expresión todavía se paga con muerte. Nuestro país es el campeón mundial en materia de violación a los derechos humanos. 

9. Los años 1938, 1968, 1988 y 2018 registraron irrupciones de los invisibles: los obreros, los estudiantes, la oposición política, y las víctimas de la guerra, respectivamente. La autoorganización de las víctimas es el anticuerpo que necesita México. Ni perdón ni olvido. Y sí un “nunca más” a las guerras de los conservadores. 

10. AMLO corona 50 años de resistencia política y social (del 68 al 2018). Entiendo que pocos comparten esta lectura, y desde ya puedo escuchar las objeciones, pero es mi opinión que el neozapatismo representa la posibilidad de radicalización de tal victoria liberal-republicana, y no exactamente una fuerza adversarial. Adviértase que un eventual antagonismo abierto entre estas dos fuerzas contribuiría a la restauración conservadora. 

Colofón desesperado. Un fantasma recorre América: el fantasma del neofascismo (o ultraconservadurismo). Trump y su variante tropical Bolsonaro prometen diseminar su primitivismo y odio al resto de la región. No podemos omitir las lecciones del norte y Del sur: a una esperanza frustrada (Obama-Lula) le sigue la autoinmolación fascista (Trump-Bolsonaro). Advertencia: en México, el Bronco acecha (dixit Rafael de la Garza). 

LAS AUTOMOTRICES ALEMANAS PREFIEREN ESTADOS UNIDOS

Las automotrices alemanas aterrizan en Estados Unidos

Juan Pablo Calderón Patiño

Los jefes de las principales armadoras alemanas estuvieron reunidos con Donald Trump hace unas pocas horas. Buscan lo que sabemos, que la inversión alemana automotriz aterrice en Estados Unidos, no en México ni en Canadá.

El propio T-MEC, establece que el 70% del aluminio y el acero deberá ser comprado a Estados Unidos, desconociendo que México tiene un TLC con la Europa Comunitaria en proceso de ratificación.

¿Fue el T-MEC lo mejor para México? Por lo pronto VW estudia armar vehículos en plantas de Ford en territorio estadounidense y promete establecer una armadora de vehículos eléctricos en Estados Unidos.

Esos planes eran impensables antes del T-MEC y en todo caso es un mensaje de alto impacto de que a mediano y largo plazo no habrá mayores inversiones en la planta VW en Puebla. Mensaje contundente y muestra del debilitamiento de América del Norte como zona integradora automotriz.

¿Durará esto mientras siga Trump en el poder? Es uno de los mensajes de que México debe reforzar nuevas estrategias en la industria automotriz que en su acelerado paso post industrial países como Alemania están decidiendo que China y estados de la Unión Americana son más propicios para vehículos eléctricos.

¿Nos quedaremos sólo con la combustión tradicional que tiene fecha de caducidad? ¿Estaba en el mirador de la "Cuarta transformación" un escenario así? Los propios alemanes saben que el encarecimiento de los vehículos en Estados Unidos es una estrategia para ganar tiempo en la era Trump ¿o es un cambio de dirección que impactará a México?

LA CUMBRE CONSERVADORA DE LAS AMERICAS

La nueva doctrina Monroe se pone en acción para el dominio total de nuestra América

Miguel Ángel Barrios

https://www.alainet.org/es/articulo/196968 

Hemos venido sosteniendo que América Latina y en especial América del Sur posee potencialidad geoestratégica en el sistema mundo del siglo XXI: poder alimentario, poder acuífero, poder energético, poder en la biodiversidad.

La integración sirve para un solo objetivo: aumentar la capacidad de soberanía, es decir la "densidad nacional" para lograr mayor autonomía en un mundo interdependiente y asimétrico.

Mientras el gobierno argentino "festeja" el "éxito diplomático" del G20, la verdad pasa por otros carriles más peligrosos que nunca.

El sábado 8 en las cataratas del Iguazú -lado brasilero- o sea en Foz de Iguazú, se llevará a cabo "La Cumbre Conservadora de las Américas" con la participación de Álvaro Uribe, académicos y políticos de Chile, Paraguay y Venezuela, cubanos exiliados en Estados Unidos y el astrólogo Olavo de Carvalho, el gurú intelectual del presidente electo Bolsonaro.

En un twitter escrito el 5 de diciembre, el diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente electo Jair Bolsonaro dice: "llegó la hora de que ordenemos nuestras ideas, las banderas y directrices para un mundo mejor en el cual el individuo será el protagonista y ya no más un colectivo o el Estado" (Télam 05/11/18).

La reunión será abierta por el presidente electo Jair Bolsonaro. Y participará también el autodenominado príncipe brasileño, Luis Philippe de Orleans e Braganza, que se dice heredero del trono de la familia imperial que gobernó Brasil hasta 1889, cuando el país se convirtió en República.

Todo lo hemos dicho, el objetivo es controlar América del Sur, ir por el sistema acuífero guaraní. Fragmentarnos y condenarnos a mil años de soledad.

El argumento falso es el terrorismo y crimen organizado, que no funciona sin la complicidad del sistema financiero manejado desde los centros de poder.

Si no volvemos en serio a San Martín, Bolívar, Getulio Vargas y Perón, América del Sur será una republiqueta de esclavos y un oasis de pobreza.

Es ahora o nunca, en un continente donde la dirigencia en muchos aspectos han optado por la cobardía y no pelear, "si es necesario en pelotas", como nos pidió San Martín.

NARCOTRAFICO PRESIDENCIAL. EL CHAPO GUZMAN ES MAS PELIGROSO PRESO QUE LIBRE

El narcotráfico desde Los Pinos. Joaquín “El Chapo” Guzmán señala a Felipe Calderón y a Enrique Peña Nieto en la Corte de Nueva York

Alejandro Campuzano Álvarez, Investigador Jurídico del CEEYPP.

El juicio contra Joaquín “El Chapo” Guzmán, que tiene lugar en Brooklyn, Nueva York, ha generado un impacto inmediato en la opinión pública. Si bien es cierto que de por sí es un tema de interés mundial, adquirió aún mayor relevancia cuando fueron mencionados los nombres de los ex presidentes mexicanos Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.

Los señalamientos realizados por Jeffrey Lichtman, el abogado de Guzmán Loera, en contra de los ex presidentes, coinciden con diversas investigaciones efectuadas desde el ámbito periodístico a partir del año 2010.

La periodista Anabel Hernández señaló en reiteradas ocasiones que el gobierno del ex presidente Calderón Hinojosa, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, encabezada por Genaro García Luna, era el cártel más poderoso y peligroso de México. Los operativos de la Marina, el Ejército y la Policía Federal, parecían tener como destinatarios únicamente a los rivales del Cártel de Sinaloa.

Acto seguido, los expresidentes a través de diversos comunicados negaron las acusaciones en su contra. No obstante los señalamientos fueron ratificados a los pocos días por Jesús “El Rey” Zambada (hermano de Ismael “El Mayo” Zambada, actual líder del cártel de Sinaloa). “El Rey” sostuvo haber otorgado personalmente 56 millones de dólares a Genaro García Luna, a cambio de protección y de no intromisión en las actividades del cártel de Sinaloa. Asimismo señaló que García Luna tenía nexos con el cártel de los Beltrán Leyva.

Por su parte, Miguel Ángel Martínez (ex piloto de “El Chapo” Guzmán) y testigo protegido del gobierno de los Estados Unidos narró el ascenso, evolución y descenso de “El Chapo” en el mundo del narcotráfico.

Durante su intervención como testigo en el juicio de Guzmán Loera señaló al ex director de la extinta Dirección Federal de Seguridad, Guillermo González Calderoni, de recibir en la década de los noventa y en tres ocasiones 10 millones de dólares por órdenes de “El Chapo”.

En México son perceptibles los vínculos de corrupción entre el gobierno y el crimen organizado. Ex gobernadores como Mario Villanueva (Quintana Roo), Tomás Yarrington (Tamaulipas) y Humberto Moreira (Coahuila) han sido enjuiciados por tener nexos con el crimen organizado. No obstante es importante mencionar que las investigaciones y los juicios en los cuales fueron declarados culpables se llevaron a cabo en Estados Unidos y en España, demostrando con ello la desconfianza institucional y también la ineficacia e ineficiencia del sistema de procuración e impartición de justicia en México.

Los señalamientos de Jeffrey Lichtman han generado un menoscabo en la imagen y en los objetivos del ex presidente Felipe Calderón, quien actualmente mantiene aspiraciones políticas junto con su esposa Margarita Zavala. Si anteriormente la imagen del expresidente ya era negativa ante la opinión pública por los pobres y sangrientos resultados de la guerra contra las drogas, traducidos en la muerte de más de 120 mil personas y 80 mil desaparecidos, según datos de la Secretaría de Gobernación, con las declaraciones de la defensa de “El Chapo” Guzmán, el escenario político se ha tornado aún más complicado para el ex mandatario.

A su vez las declaraciones de Lichtman han tenido también un impacto negativo en la imagen pública del ex presidente Enrique Peña Nieto, quien ha sido catalogado como el presidente con el mayor índice de desaprobación social, producto de los diversos actos de corrupción efectuados durante su mandato.

Por todo ello las consecuencias legales que implicarían las acusaciones de la defensa de “El Chapo” Guzmán, podrían reflejarse en que el fiscal Adam Fels solicite formalmente a la Corte norteamericana la apertura de una investigación contra los ex presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, así como en contra de Genaro García Luna, ex secretario de seguridad pública.

Si en algo se distingue el sistema judicial estadounidense del mexicano (además de la eficacia y eficiencia) es que el primero privilegia la justicia, mientras que el segundo la legalidad. Es decir que Estados Unidos, al contar con un jurado conformado por diversos sectores de la sociedad civil, con base en un sentir social, dictaminan la culpabilidad o inocencia del sujeto en proceso. Por lo tanto la decisión evoca mayores parámetros de justicia, entendida ésta como un consenso social. En contraste, en el sistema judicial mexicano, la culpabilidad o inocencia del sujeto en proceso la dictamina de forma unilateral un juez, bajo parámetros de “legalidad”, misma que en reiteradas ocasiones ha sido criticada por los absurdos procesales cuyo resultado más visible es la impunidad (véase el caso de Florence Cassez).

Si bien es cierto que parece poco probable que se abra una investigación contra de los ex presidentes mexicanos por las consecuencias diplomáticas y políticas que conllevaría tal decisión, las sospechas de contubernio entre el gobierno mexicano y los carteles de la droga se incrementan día con día. Sin embargo todo indica que la impunidad en la clase política (como distintivo mexicano) prevalecerá a pesar de las acusaciones emitidas por la defensa de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

En todo caso las indulgencias otorgadas por el nuevo gobierno en su política de paz y reconciliación pueden no ser tan fáciles de ser otorgadas y menos aceptadas por el entusiasta electorado que apoya a Andrés Manuel López Obrador.

REGULACION DE LA MARIHUANA EN MEXICO

Fallo histórico en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.  Corte Suprema se pronuncia a favor de la regulación de la marihuana.

Alejandro Campuzano Álvarez

El pasado miércoles 31 de octubre, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) votó a favor de los amparos en revisión 547/2018 y 548/2018 bajo las ponencias de la ministra Norma Lucía Piña Hernández, y el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, el mismo que en el año 2015 sostuvo la inconstitucionalidad en la prohibición del consumo del cannabis en el amparo en revisión 237/2014, reiterando la postura en los amparos 1115/2017 y 623/2017, argumentando la flagrante violación a diversos derechos humanos, particularmente al libre desarrollo de la personalidad.

En consecuencia la SCJN, al resolver el amparo 548/2018, generó jurisprudencia. Se entiende por jurisprudencia a la interpretación de normas jurídicas que realizan los órganos judiciales federales competentes, resultando obligatoria su aplicación dentro del sistema judicial. Sin embargo hay particularidades que es menester analizar.

Si bien es cierto que el fallo emitido por la Corte es un paso importante en lo referente a la forma de visualizar y analizar el conflicto de las drogas en México, el mismo solo es el comienzo de un proceso con diversas reformas que deberán ser planteadas en el Congreso.

Ante la decisión de la Corte y el impacto mediático que provocó se generó confusión en la ciudadanía debido a la particularidad y los tecnicismos propios del lenguaje jurídico. Por una parte asociaciones civiles tales como “México unido contra la delincuencia”, celebró la decisión que rompe el esquema prohibicionista y da paso a la regulación, situación que se vislumbra benéfica no solo para los consumidores sino para la población en general, ya que se apuesta a que la principal consecuencia de la regulación sea la disminución paulatina de los altos índices de violencia que azotan al país.

Por otra parte asociaciones tales como el “Frente Nacional por la Familia”, han hecho sentir su descontento con la decisión de la Corte, argumentando que la misma da apertura a que los niños y los jóvenes consuman marihuana, generando un aumento en su demanda y con ello de la violencia.

Más allá de las posturas ideológicas el problema sigue presente, ya que el sistema jurídico mexicano, particularmente el juicio de amparo, funciona bajo la denominada “formula Otero”, la que encuentra sustento legal en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 107, fracción II, que textualmente dice lo siguiente: “Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los quejosos que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda”. Es decir que se hace alusión al principio de relatividad en las sentencias, el cual destaca que la aplicación o inaplicación de una norma jurídica únicamente tendrá efectos para el quejoso, o sea para el caso particular.

Este principio resulta cuestionable y criticable ya que carece de lógica y coherencia. Si el máximo tribunal colegiado del país ha reiterado la inconstitucionalidad de determinados artículos de la Ley General de Salud, en este caso los que prohíben el consumo de la marihuana ¿qué sentido tiene que las sentencias tengan impacto únicamente en los quejosos y no en la ciudadanía en general? México envía un mensaje donde se aplican leyes que ya han sido decretadas inconstitucionales.

Como es apreciable, la burocracia también es parte importante del quehacer judicial, situación que limita la cultura jurídica de la ciudadanía. Si bien es cierto se ha decretado jurisprudencia el consumo de la marihuana no se ha vuelto legal. Si un ciudadano consume dicha sustancia y no posee un amparo emitido por un tribunal, comete un delito a pesar de la declaración de inconstitucionalidad de diversos artículos de la Ley General de Salud.

Ante el desconocimiento de todo esto se generó un ambiente donde la mayoría de las personas asumen que el consumo recreativo de la marihuana ya es legal en México, una situación que dista de la realidad.

Si un ciudadano quiere producir, transportar y consumir marihuana, deberá accionar el aparato judicial para que se le otorgue un permiso o bien el amparo correspondiente para hacerlo, situación que conlleva tiempo y dinero a raíz de la “astucia” del sistema jurídico mexicano.

Es importante mencionar que el surgimiento de una nueva visión sobre la problemática de las drogas en México no se debe al actuar del Poder Ejecutivo ni del Legislativo ni del Judicial. El inicio de esta batalla legal se emprendió en el año 2015 con el juicio de amparo que promovió la asociación “Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante (SMART) y se fue materializando posteriormente con la jurisprudencia originada por 4 amparos promovidos por diversos quejosos.

Si bien es cierto que la SCJN cumplió en su actuar al amparar a los quejosos, corresponde ahora al Poder Legislativo discutir las iniciativas que regulen y legitimen la decisión de la Corte. El partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) presentó una iniciativa que regula el comercio y consumo de la marihuana y será una cuestión de tiempo para que dicha iniciativa se convierta en ley debido a la fuerza política de MORENA en el Congreso.

Nacen dos interrogantes a raíz de la decisión de la Corte. La primera de ellas se enfoca en el artículo 14 constitucional el que alude a la irretroactividad de la ley en perjuicio de una persona. Es decir que una vez que se legalice el comercio y el consumo de la marihuana habrá que preguntarse qué pasará con todas aquellas personas que se encuentran cumpliendo sentencias condenatorias en virtud de haber cometido lo que hasta entonces se consideraba un delito. Con base en este artículo cabe preguntarse si se les otorgará la libertad. La lógica jurídica diría que sí, aunque es un tema que debe analizarse con mayor profundidad.

El segundo interrogante es qué pasará con las demás drogas ilegales. Si la Corte ya se ha pronunciado afirmando que su prohibición atenta contra los derechos humanos, en concreto contra el libre desarrollo de la personalidad, es lógico suponer que la misma Corte deberá amparar a los quejosos que tramiten juicio para que se legalice el consumo de diversas sustancias presuntamente nocivas para la salud que son consideradas ilegales (cocaína, metanfetaminas, etc.) en virtud del argumento sostenido en 5 sentencias y que ya es jurisprudencia.

"ATERRADORA" SALIDA DE EMPRESAS DE MEXICO POR INSEGURIDAD

Empresas mexicanas acosadas por la inseguridad

Norberto Emmerich
http://revoluciontrespuntocero.mx/empresas-mexicanas-acosadas-por-la-inseguridad/

La mexicana Femsa es la embotelladora de Coca Cola más grande del mundo y la tercera empresa del país por facturación. En el mes de marzo cerró su centro de distribución en Ciudad Altamirano, Guerrero, por el acoso de algunos grupos delictivos sobre sus trabajadores, lo que también hizo PepsiCo en la misma ciudad tres meses después. En el mes de mayo la empresa láctea Lala, que controla casi el 50% del mercado y se ha extendido hacia Estados Unidos y Centroamérica, cerró temporalmente su centro de distribución en Ciudad Mante, Tamaulipas. También en mayo la minera canadiense Pan American Silver cesó actividades en la mina Dolores, de Chihuahua.

Según lo informa el Sondeo de Seguridad Empresarial 2018 del American Chamber México (Amcham) en la primera mitad de 2018 el 6.1% (25 sobre 420) de las empresas en México suspendieron totalmente sus operaciones, un porcentaje que se eleva al 14.2% en el lapso de los últimos dos años, mayormente en Tamaulipas, Guerrero y Michoacán. Un 4% redujo sus operaciones contratando a otras empresas para distribuir su producción. Por el aumento de la inseguridad y la violencia, algo más del 10% de las empresas de origen extranjero han inhibido o frenado sus inversiones.

Los ataques contra la cadena de suministros son el principal delito denunciado, alcanzando el 25.4% de los casos, seguido de la extorsión virtual. 

También en mayo el gobierno de Veracruz anunció un refuerzo de seguridad en el transporte ferroviario tras varias jornadas sucesivas de robos a trenes con mercancías, lo cual incluyó el descarrilamiento por sabotaje de un tren con la pérdida de 7 millones de dólares parte de un raid de 6 ataques y una tentativa de robo en 20 días.

El caso de los trenes es un foco particular de delincuencia organizada. En 2016 se registraron 1752 robos a trenes en todo el país. Según el Indice de Paz (del Institute for Economics and Peace) el impacto económico de la violencia ascendió al 21% del PIB (250 mil millones de dólares), uno de los más altos del mundo. En las empresas el costo total de la inseguridad representó un 0.86% del PIB.

Las cámaras empresarias (Coparmex y el Consejo Coordinador Empresarial - CEE) elevaron sus reclamos al gobierno de Enrique Peña Nieto para que adoptara medidas para resolver la crisis de seguridad del país. Coparmex afirmó que "el tiempo se le acaba a este gobierno y la paciencia a los ciudadanos. No podemos seguir esperando. Es la última llamada".

La Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) del INEGI informa que un 38.4% de las empresas comerciales fueron víctimas de delitos, porcentaje que alcanzó al 30.6% en la industria y al 29.3% en servicios.

Los delitos cometidos al interior de las empresas completan el panorama de inseguridad empresaria. Con una tasa de 1,278 por cada 10,000 empresas, el delito más habitual es el robo hormiga, mientras el robo o asalto de mercancía, dinero, insumos o bienes alcanza una tasa de 1069 y la extorsión llega a 544 cada 10,000.

En 2017 apenas el 13.4% del total de los delitos cometidos fueron reportados por las empresas mientras que el 86.6% no hizo denuncia y no se investigó. La cifra negra (delitos no denunciados) de 2016 alcanzó a un elevado porcentaje del 90.3%. La desidia de las instituciones de seguridad explicar que el 62.9% de las víctimas que denunciaron delitos señalen que “no sucedió nada o no se resolvió” o que la denuncia continúa en trámite.

Las víctimas señala que no denuncian delitos ante las autoridades porque es una pérdida de tiempo (35.6%) o porque carecen de pruebas (15%).

El 63% de las empresas consideran a la inseguridad y a la delincuencia como el problema más importante que las afecta.

Sin embargo en comparación con el tamaño y diversidad de la economía mexicana, son muy pocas las empresas que planean suspender inversiones u operaciones basadas en criterios de seguridad. El universo empresario ha llegado a la conclusión de que la seguridad no es un servicio del Estado sino un bien público y por lo tanto se hacen cargo directamente del problema. Uno de los resultados contundentes en la mejora de la situación de seguridad resulta de la inversión de las propias empresas en sistemas de seguridad. Así se refleja en Yucatán, Querétaro y Aguascalientes, ubicados como los más seguros en la percepción empresarial. La disparidad entre las afirmaciones de las Cámaras empresarias y la cantidad real de empresas con aversión al riesgo debe medirse cualitativamente al interior de la totalidad del universo empresarial mexicano, poblado por una multitud de emprendimientos pequeños con poca capacidad de resistencia a la inseguridad. En el otro extremo, con 59 unidades económicas de origen extranjero que suspendieron sus operaciones en los últimos dos años, aparece un sector vital de la economía mexicana con síntomas determinantes de aversión.

Las empresas invierten más del 5% de su presupuesto de operaciones en seguridad. Hace apenas 2 años sólo el 16% de las empresas consideraba la seguridad como un ítem presupuestario y en 2018 el porcentaje se elevó al 38%. Sin embargo el 61.9% de las empresas destinan menos del 4% de su presupuesto anual a la seguridad.

La principal pata de la tambaleante mesa de seguridad empresaria está en el Estado. El 58.9% de los miembros del American Chamber (Amcham) considera que las autoridades municipales tienen una deficiente actuación en respuesta a los incidentes reportados por las empresas.

Los empresarios del CCE pidieron una "aplicación efectiva de la ley contra quien atente en contra del patrimonio, la profesionalización de policías, se multiplique la fuerza del Estado donde sea necesario y mayor coordinación con las fuerzas armadas en Estados rebasados por la delincuencia".

Recomendaciones más puntuales enfatizaron el fortalecimiento, capacitación y profesionalización de los cuerpos policiacos de los tres niveles de gobierno, la implementación completa del Sistema Nacional Anticorrupción y el nuevo Sistema Penal Acusatorio, la transformación y fortalecimiento del sistema penitenciario y el desarrollo de programas específicos de reinserción social, la total implementación de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad y el blindaje del sistema financiero con recursos, talento y el uso de tecnología contra el lavado de dinero.

Los reclamos van desde la limpieza impiadosa del territorio hasta retoques continuistas en instancias institucionales y legales. A pocos días del cambio de gobierno, el aumento de la violencia es una respuesta acorde a la brecha de ausencia del Estado.