EL PODER JUDICIAL MEXICANO MANTIENE SUS SUELDOS

El Poder Judicial de la Federación en deuda con la nación. La disputa entre el poder ejecutivo y el poder judicial

Alejandro Campuzano Álvarez

Con el cambio de gobierno en México se han presentado una serie de iniciativas que buscan revertir los excesos y abusos presupuestales de diversos órganos federales. El Gobierno de México, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, ha hecho pública su intención por disminuir los salarios excesivos, ofensivos y poco congruentes de los altos mandos con la realidad mexicana a través de la Ley Federal de Remuneraciones para Servidores Públicos.

El Poder Judicial de la Federación (PJF) es el principal destinatario de las políticas de austeridad que busca implementar el presidente López Obrador. Como era de esperarse, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, magistrados de circuito y jueces, se han opuesto a tal medida generando con ello indignación y repudio social.

Bajo el argumento de la intromisión e invasión de poderes, el poder judicial ha defendido ---como nunca antes--- la independencia y autonomía de la institución. Sin embargo es una realidad que la independencia y autonomía que argumentan es inexistente. 

Los ministros, como máximos representantes del poder judicial, son nombrados directamente a propuesta del presidente de la república y ratificados por las y los senadores. No obstante, el sistema político mexicano, cuyo rasgo distintivo es la simulación, ha permitido que el presidencialismo sea una constante en los tres poderes y ordenes de gobierno. El ejemplo más claro lo fue el nombramiento del ministro Eduardo Medina Mora, quien fue impuesto por el ex presidente Enrique Peña Nieto, a pesar de no contar con trayectoria judicial ni de notoria probidad por los casos de espionaje político, represión social, manipulación de testigos protegidos con fines políticos y electorales, en los cuales estuvo inmerso.

Basta revisar cada uno de los perfiles de las y los ministros, así como el contexto en el cual fueron nombrados y por quién, para definir la inexistencia de la autonomía de la Corte.

El problema de los salarios de los altos mandos del PJF, va más allá de los conflictos políticos que argumentan una invasión de poderes. Si bien es cierto, en un sistema democrático los poderes son autónomos e independientes, es inaudito que existan servidores públicos con ingresos equivalentes a los 25 mil dólares americanos al mes (506 mil pesos mexicanos) ---como lo es el caso del ministro presidente Luis María Aguilar Morales---cuando el salario mínimo ronda entre los 85 y 88 pesos diarios, lo cual equivale a un ingreso mensual de 137 dólares americanos (2784 pesos mexicanos).

En un país con más de 53 millones de personas que viven en condiciones de pobreza, lo cual equivale al 48.3% de la población mexicana, según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), existen servidores públicos como ministros, magistrados y jueces, con sueldos mayores a los de los jueces de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de América.

Por lo anterior, es reprobable y poco digna la postura que ha asumido el PJF, porque no solo indignan los altos salarios que perciben los altos funcionarios, sino también las prebendas, privilegios y bonos multimillonarios que, al amparo de la autonomía administrativa, se han otorgado.

Por si no fuera poco lo anterior, existen casos y estudios que han corroborado los altos índices de corrupción en el PJF.  Según el reporte “El déficit meritocrático”, presentado por el investigador académico Julio Ríos, integrante de la asociación “Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad”, el 51% de las y los jueces y las y los magistrados federales tienen al menos un familiar laborando en el PJF.

Anteriormente el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, señaló la innegable corrupción que existe en el PJF, exhortando al Consejo de la Judicatura Federal a investigar los casos y tomar medidas al respecto, sin embargo, la corrupción e impunidad continúan presentes en el recinto judicial.

Investigaciones como la de la asociación Mexicanos Unidos Contra la Violencia, son solo la cúspide del iceberg. Hoy en día al ser un tema de interés nacional, la opinión y escrutinio publico están sobre las autoridades jurisdiccionales. Ejemplo de lo anterior, es el hallazgo de los lujos y excentricidades (vehículos Mercedes Benz, motos Harley Davidson, habanos cubanos, botellas de whisky y relojes Rolex) que exhiben funcionaros judiciales en sus redes sociales, como lo es el caso del magistrado Adolfo Eduardo Serrano Ruiz, alias “lord ministro”.

A su vez, un estudio realizado por el consejero de la Judicatura Federal, Felipe Borrego Estrada, reveló que el nepotismo que realizan jueces y magistrados se visualiza en lo siete mil 148 servidores públicos que se encuentran en la nómina de PJF y que son familiares de dichas autoridades judiciales.

De acuerdo con Felipe Borrego, casi la mitad de los jueces y magistrados federales tienen parientes en el Poder Judicial siendo que de mil 31 plazas revisadas en 31 circuitos, 501 tienen familiares, lo que representa el 48.6 por ciento del personal a nivel nacional.

Según el reporte, al menos 112 jueces y magistrados habrían utilizado sus facultades para conseguir empleo a su esposa o pareja, 180 a sus hijos, 136 a sus hermanos y 27 a sus padres.

En contraste, integrantes del PJF argumentan y defienden los salarios, en virtud de que éstos inhiben la corrupción en juzgados y tribunales; premisa completamente falsa con base en lo anteriormente citado, así como ejemplificativa de la poca ética de las y los juzgadores. Es decir, ¿qué pasará cuando ministros, magistrados y jueces visualicen que el salario que perciben es escaso e insuficiente a sus intereses y por ello requieran de uno mayor para no emitir actos de corrupción? ¿Se les otorgará con base en lo anteriormente expresado?

Como segundo argumento en defensa del salario, se encuentran posturas alusivas a las extenuantes cargas de trabajo y horarios indefinidos. Ejemplo de lo anterior, son operaciones aritméticas que dictaminan lo siguiente:

Acorde al Informe Anual de Labores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el año 2017 la Corte emitió un promedio de 900 sentencias al mes según datos disponibles en su portal de transparencia. Si se dividen los salarios mensuales de los ministros (17,500 dólares americanos, equivalentes a 350,750 pesos mexicanos) entre el número de sentencias al mes, el resultado que se obtiene es de 19.4 dólares lo cual equivale a 390 pesos por sentencia.

Con base en lo anterior, el gremio del PJF cuestiona si el trabajo de un ministro tiene un valor de 390 pesos por sentencia dada la trascendencia e impacto de la actividad judicial. Sin embargo, bajo el mismo principio aritmético y en caso de querer jerarquizar las profesiones por el impacto social, antes que el derecho, se encuentran la salud y la educación por la importancia que éstas tienen en el desarrollo social.

Según datos de la Secretaria de Educación Pública, un profesor de primaria obtiene ingresos mensuales por la cantidad de 400 dólares americanos aproximadamente (8 mil pesos mexicanos) teniendo un promedio de 70 alumnos. En el entendido de que las y los profesores laboran 20 días al mes, el salario diario real es el equivalente a 400 pesos. Si se dividen esos 400 pesos entre los 70 alumnos, el salario que percibe un profesor de primaria por alumno al día es de 5.71 pesos (0.2 centavos de dólar americano), sin mencionar que las y los profesores en México, no gozan ni de los lujos ni de los beneficios que si gozan las y los ministros, magistrados y jueces.

Con base en lo anterior, la sociedad y particularmente el gremio magisterial se cuestionan, si cuidar y ser responsable ---en toda la extensión de la palabra--- de un niño o una niña por 8 horas aproximadamente al día, tiene un valor de 2.71 pesos mexicanos.

Con lo expuesto anteriormente, es visible que el PJF se encuentra cegado totalmente por los excesos que por años han sido parte de su “quehacer” institucional.  Por ello, más allá de un tema de injerencia del poder ejecutivo en el judicial, el fondo del asunto destaca la avaricia, la insensibilidad, la indiferencia, el nepotismo, los altos sueldos ---pagados por los ciudadanos a través de impuestos--- y la poca congruencia con la realidad social.

La disminución de los salarios de los altos mandos del PJF tiene que ver con una situación de contexto social. No pueden existir servidores públicos ---entendido como todo aquel que recibe un salario del Estado--- con sueldos millonarios en un país con 53 millones de personas en situación de pobreza extrema y un salario mínimo diario que ronda entre los 85 y 88 pesos.

Se debe respetar la independencia y la autonomía de los poderes, pero no se puede ni se debe defender lo indefendible a través de los preceptos anteriormente enunciados. Si no se quiere injerencia del ejecutivo ni del legislativo, corresponde al judicial ser sensible, empático y congruente con la realidad social y con el pueblo mexicano y disminuir sus salarios y renunciar a sus privilegios.

Es menester mencionar que la disminución de los salarios es únicamente aplicable para los altos mandos, es decir, consejeros, ministros, magistrados y jueces. Asimismo, se busca disminuir el nepotismo existente en el poder judicial, otorgando a las y los trabajadores mayor confianza sobre su situación laboral, así como ascensos con base en estudios y méritos., dignificando con ello la profesión y el servicio profesional de carrera en el PJF.

Sin embargo, se ha llegado a un acuerdo político con el coordinador de los diputados de Morena ---el diputado federal Mario Delgado---, en el cual se ha establecido que los salarios de las y los altos funcionarios del PJF (consejeros, ministros, magistrados y jueces) se mantendrán. La disminución de los salarios se aplicarán únicamente a las y los funcionarios entrantes. Por lo tanto, es apreciable que más allá de la defensa de la institucionalidad, autonomía e independencia del PJF, lo que importaba a las y los ministros era mantener sus privilegios ¡Enhorabuena por ustedes, que han olvidado que el ámbito público es para servir, no para enriquecerse!