Norberto
Emmerich
http://revoluciontrespuntocero.mx/empresas-mexicanas-acosadas-por-la-inseguridad/
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La mexicana
Femsa es la embotelladora de Coca Cola más grande del mundo y la tercera
empresa del país por facturación. En el mes de marzo cerró su centro de
distribución en Ciudad Altamirano, Guerrero, por el acoso de algunos grupos
delictivos sobre sus trabajadores, lo que también hizo PepsiCo en la misma
ciudad tres meses después. En el mes de mayo la empresa láctea Lala, que controla
casi el 50%
del mercado y se ha extendido hacia Estados Unidos y
Centroamérica,
cerró temporalmente su centro de distribución en Ciudad Mante, Tamaulipas.
También en mayo la minera canadiense Pan American Silver cesó actividades en la mina
Dolores, de Chihuahua.
Según lo
informa el Sondeo de Seguridad Empresarial 2018 del American Chamber México
(Amcham) en la primera mitad de 2018 el 6.1% (25 sobre 420) de las empresas en
México suspendieron totalmente sus operaciones, un porcentaje que se eleva al
14.2% en el lapso de los últimos dos años, mayormente en Tamaulipas, Guerrero y
Michoacán. Un 4% redujo sus operaciones contratando a otras empresas para distribuir
su producción. Por el aumento de la inseguridad
y la violencia, algo más del 10% de las empresas de origen extranjero han
inhibido o frenado sus inversiones.
Los ataques
contra la cadena de suministros son el principal delito denunciado, alcanzando el
25.4% de los casos, seguido de la extorsión virtual.
También en
mayo el gobierno de Veracruz anunció un refuerzo de seguridad en el transporte
ferroviario tras varias jornadas sucesivas de robos a trenes con mercancías, lo
cual incluyó el descarrilamiento por sabotaje de un tren con la pérdida de 7
millones de dólares parte de un raid de 6 ataques y una tentativa de robo en 20
días.
El caso de
los trenes es un foco particular de delincuencia organizada. En 2016 se
registraron 1752 robos a trenes en todo el país. Según el Indice de Paz (del
Institute for Economics and Peace) el impacto económico de la violencia
ascendió al 21% del PIB (250 mil millones de dólares), uno de los más altos del
mundo. En las empresas el costo total de la inseguridad representó un 0.86% del
PIB.
Las cámaras
empresarias (Coparmex y el Consejo Coordinador Empresarial - CEE) elevaron sus
reclamos al gobierno de Enrique Peña Nieto para que adoptara medidas para
resolver la crisis de seguridad del país. Coparmex afirmó que "el tiempo
se le acaba a este gobierno y la paciencia a los ciudadanos. No podemos seguir
esperando. Es
la última llamada".
La Encuesta Nacional de
Victimización de Empresas (ENVE) del INEGI informa que un 38.4% de las empresas
comerciales fueron víctimas de delitos, porcentaje que alcanzó al 30.6% en la
industria y al 29.3% en servicios.
Los delitos cometidos al interior
de las empresas completan el panorama de inseguridad empresaria. Con una tasa
de 1,278 por cada 10,000 empresas, el delito más habitual es el robo hormiga,
mientras el robo o asalto de mercancía, dinero, insumos o bienes alcanza una
tasa de 1069 y la extorsión llega a 544 cada 10,000.
En 2017 apenas el 13.4% del total
de los delitos cometidos fueron reportados por las empresas mientras que el
86.6% no hizo denuncia y no se investigó. La cifra negra (delitos no
denunciados) de 2016 alcanzó a un elevado porcentaje del 90.3%. La desidia de
las instituciones de seguridad explicar que el 62.9% de las víctimas que
denunciaron delitos señalen que “no sucedió nada o no se resolvió” o que la
denuncia continúa en trámite.
Las víctimas señala que no
denuncian delitos ante las autoridades porque es una pérdida de tiempo (35.6%) o
porque carecen de pruebas (15%).
El 63% de las
empresas consideran a la inseguridad y a la delincuencia como el problema más
importante que las afecta.
Sin embargo en comparación con el tamaño y diversidad
de la economía mexicana, son muy pocas las empresas que planean suspender
inversiones u operaciones basadas en criterios de seguridad. El universo
empresario ha llegado a la conclusión de que la seguridad no es un servicio del
Estado sino un bien público y por lo tanto se hacen cargo directamente del
problema. Uno de los resultados contundentes en la mejora de la situación de
seguridad resulta de la inversión de las propias empresas en sistemas de
seguridad. Así se refleja en Yucatán, Querétaro y Aguascalientes, ubicados como
los más seguros en la percepción empresarial. La disparidad entre las
afirmaciones de las Cámaras empresarias y la cantidad real de empresas con
aversión al riesgo debe medirse cualitativamente al interior de la totalidad
del universo empresarial mexicano, poblado por una multitud de emprendimientos pequeños
con poca capacidad de resistencia a la inseguridad. En el otro extremo, con 59 unidades económicas de origen
extranjero que suspendieron sus operaciones en los últimos dos años, aparece un
sector vital de la economía mexicana con síntomas determinantes de aversión.
Las
empresas invierten más del 5% de su presupuesto de operaciones en seguridad.
Hace apenas 2 años sólo el 16% de las empresas consideraba la seguridad como un
ítem presupuestario y en 2018 el porcentaje se elevó al 38%. Sin embargo el 61.9% de las empresas destinan menos del
4% de su presupuesto anual a la seguridad.
La
principal pata de la tambaleante mesa de seguridad empresaria está en el
Estado. El 58.9% de los miembros del American Chamber (Amcham) considera que
las autoridades municipales tienen una deficiente actuación en respuesta a los
incidentes reportados por las empresas.
Los
empresarios del CCE pidieron una "aplicación efectiva de la ley contra
quien atente en contra del patrimonio, la profesionalización de policías, se
multiplique la fuerza del Estado donde sea necesario y mayor coordinación con
las fuerzas armadas en Estados rebasados por la delincuencia".
Recomendaciones
más puntuales enfatizaron el fortalecimiento, capacitación y profesionalización
de los cuerpos policiacos de los tres niveles de gobierno, la implementación completa
del Sistema Nacional Anticorrupción y el nuevo Sistema Penal Acusatorio, la
transformación y fortalecimiento del sistema penitenciario y el desarrollo de
programas específicos de reinserción social, la total implementación de la
Estrategia Nacional de Ciberseguridad y el blindaje del sistema financiero con recursos, talento
y el uso de tecnología contra el lavado de dinero.
Los
reclamos van desde la limpieza impiadosa del territorio hasta retoques
continuistas en instancias institucionales y legales. A pocos días del cambio
de gobierno, el aumento de la violencia es una respuesta acorde a la brecha de
ausencia del Estado.
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