Norberto Emmerich
El general de división retirado Luis
Garfias Magaña propuso hace unos años una estrategia de combate al crimen
organizado basada en la doctrina Powell de "conmoción y pavor" (shock
and awe) mediante la cual Estados Unidos apeló al uso de una fuerza abrumadora
para ganar la primera guerra del Golfo.
Su idea planteaba cerrar un territorio
con la idea de "nadie entra, nadie sale" y aislar el área. Mediante
la suspensión de las garantías individuales (libertad de reunión, libertad de
expresión, libertad de tránsito) y la implantación del toque de queda la
iniciativa permite el ingreso de las Fuerzas Armadas con total libertad de
injerencia en la propiedad privada y con suspensión de los derechos humanos. La
operación se ejecuta por tiempo determinado, ante una amenaza evidente y con
aprobación de ambas Cámaras del Congreso de la Unión.
La propuesta parece descabellada, pero
antes de comenzar un debate generalizado es conveniente ponerla a prueba para
calibrar su consistencia. Y postular una alternativa superadora.
La amenaza concreta a que nos referimos
es el robo perpetrado por el crimen organizado en México, una categoría en la
que entran huachicoleros, ladrones de autos y una amplia gama de delitos y
delincuentes inmersos en una actividad a la que podríamos denominar
"saqueo territorial".
Sólo en combustibles se han robado en
México 25 mil millones de pesos en los primeros 9 meses del año 2018. 70 autos
Nissan con destino a exportación fueron robados a mediados de septiembre a 100
kilómetros de Veracruz, mientras eran transportados en 7 madrinas de 10
unidades cada una.
Se trata de bloqueos y descarrilamiento
de ferrocarriles realizados por los delincuentes que quitan espejos, baterías,
cables, cofres, llantas y demás partes a los vehículos nuevos que serán
exportados por el Puerto de Veracruz, lo cual genera que “en algunos de los
casos esos vehículos queden inservibles”. Las automotrices transportan por tren
el 70% de sus exportaciones de vehículos y el resto por madrinas. Así lo
informó Eduardo Solís, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria
Automotriz (AMIA).
Los hechos de vandalismo se han
presentado en mayor proporción en la zona del centro del país, el Bajío y en
los estados del norte. Si la planta está ubicada en Guanajuato, el tren que
transporta la producción industrial atraviesa Querétaro, México, Puebla hasta llegar
a Veracruz.
La vandalización de autopartes con
destino de exportación para atender a una planta en Estados Unidos afecta la
cadena de suministro en Estados Unidos. Problemas similares se detectan en las
vías de acceso a las terminales portuarias de Lázaro Cárdenas y Manzanillo.
Por otro lado México es el tercer país
del mundo en sufrir ciberataques detrás de Estados Unidos y Gran Bretaña. Durante
la primera mitad de 2018 los ataques y amenazas de malware se incrementaron 215
por ciento en México, el doble del incremento mundial. Un 87% de las empresas
mexicanas son atacadas, 13% más que en el resto del mundo.
El concepto de "robo" es ahora
mucho más amplio que antes y lo mismo sucede con la idea de
"territorio" al aplicar una lógica de geopolítica de la seguridad.
La idea del "shock and awe" es
territorial pero no es una lógica de seguridad sino de defensa. El territorio
estatalizado por el crimen organizado con fines de saqueo territorial tiene un
fuerte indicador de control, violencia y monopolio, aunque le falte
estabilidad. Si el Estado busca recuperar el control territorial de una zona
que es víctima de una estrategia de saqueo puede aplicar el "shock and
awe" como táctica de apertura, pero su permanencia más allá de un instante
inicial es contraproducente.
Una política de seguridad que incorpore
el "shock and awe" será semejante a la Unidad de Policía de
Pacificación - UPP del presidente Lula da Silva en Brasil. El objetivo es dotar
al territorio de estatalidad legal y democrática, no un simple control
territorial militar sin Estado y sin democracia.
En las favelas de Río de Janeiro, donde
imperaba el narcotráfico, la unidad policial BOPE era famosa por la corrupción,
la violación sistemática de los derechos humanos y la ineficiencia. El gobierno
del PT ensayó una combinación ingeniosa de lo viejo con lo nuevo. En el nuevo
programa las tropas del batallón de elite de la Policía Militar BOPE irrumpen
en las favelas con apoyo de helicópteros y carros blindados. Armados para una
guerra convencional las tropas "limpian" las favelas en las primeras
72 horas prolongando su presencia hasta 2 meses cuando todos los puntos de
venta fueran extinguidos.
Con el camino despejado entra luego en
acción la UPP, una fuerza que se concentra en la resolución pacífica de
conflictos interpersonales. Realizan un trabajo comunitario, se aproximan a los
vecinos y patrullan constantemente el territorio "liberado". La
pacificación va acompañada de inversiones en infraestructura, mejoras en salud,
educación y servicios de internet inalámbrica. El territorio se carga de
estatalidad estatal y el Estado planta instituciones para mejorar la calidad de
vida de los ciudadanos. El crimen organizado se traslada a otros territorios y
recomienza el ciclo, algo para lo cual el Estado ya tiene menos aliento en
Brasil (con 8 millones de kilómetros cuadrados) pero más realizable en México.
La iniciativa del general Garfias Magaña
se complementa con la del presidente Lula en Brasil para proponer una
intervención mesurada y sostenida, que no deje aisladas a las Fuerzas Armadas
ni indefensas a la población. Se trata de un modelo de intervención completa,
con políticas de asistencia que propongan alternativas sustentables para todos
los involucrados. Allí es donde se suman la amnistía, las becas a los jóvenes,
el aumento del salario mínimo, el fomento a la educación superior, las obras de
infraestructura, la intervención militar, la iniciativa empresaria y el
esfuerzo mexicano conjunto bajo la dirección del gobierno.
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