Guerra territorial en Rosario y un
ministro de seguridad que dice que “no es una pelea narco”
Miguel
Angel Barrios y Norberto Emmerich
Desde
los megaoperativos de Sergio Berni en 2014 hasta las disputas territoriales de la
actualidad, poco ha cambiado en Rosario, donde se han cometido 148 homicidios en
lo que va del año 2018. En medio de esta escalada "la Iglesia sale a
disputarle territorio a la violencia", dice el título del diario La
Capital del 2 de octubre de 2018, una afirmación que sólo obedece a la
creatividad entusiasta del periodista. La parroquia Reina María del barrio
Larrea, donde funcionaba un Centro de Vida, fue atacada a balazos el 23 de
septiembre. El amenazado cura Juan Pablo Núñez recibió el apoyo del barrio en
una misa oficiada por el arzobispo de Rosario, Eduardo Martín, mientras dos
patrulleros de Gendarmería custodiaban la entrada junto con un móvil de la
policía provincial.
Si
bien ese centro de vida no se reabrió y no está por hacerlo, la Iglesia abrirá
otros cuatro a los siete que la Comunidad Padre Misericordioso tiene en la
ciudad.
Fabián
Belay, referente de la Pastoral de Drogadependencia de la arquidiócesis de
Rosario, sostuvo que la Iglesia trabaja en conjunto con distintas agrupaciones
buscando que los niños y niñas no caigan en adicciones. Lógicamente la Iglesia
entiende que institucionalmente no tiene capacidad ni incumbencia en disputas
territoriales con las bandas narcos y su énfasis está puesto en alejar a los
jóvenes del consumo de drogas, no en "disputar territorio". Entre
esas agrupaciones están el Movimiento Evita, la Corriente Clasista y Combativa
(CCC) y el Movimiento Dignidad, agrupaciones políticas con intencionalidad
social en una doble aproximación apreciable pero débil. Uno de estos espacios
funcionaba en la órbita de la parroquia María Reina y cerró por la presión de
las bandas narco del barrio.
Por
el lado del gobierno se instaló en el barrio Municipal un Centro Territorial de
Denuncias. En su inauguración estuvieron presentes la intendenta Mónica Fein y
el ministro provincial de Seguridad, Maximiliano Pullaro. "Ocupamos un
territorio donde la violencia impedía que el Estado estuviera presente. Es una
manifestación de las bandas que no quieren que el Estado esté ahí", dijo la
intendenta Mónica Fein. A los dos días el Centro fue baleado, explicando en
palabras de plomo que el Estado ya se retiró hace tres décadas sin que nadie lo
expulsara.
Sobre
la muy compleja situación que vive la ciudad de Rosario el ministro Pullaro
manifestó que "lo que está sucediendo en Rosario no es una pelea narco... Lo que sucede en esta ciudad dista de ser una pelea
entre bandas de narcotraficantes. Acá hay dos grupos no muy numerosos que
arrastran problemas interpersonales de vieja data y que los dirimen con una
violencia letal". El gobierno y los funcionarios no quieren hacerse cargo
de la cuestión territorial, ni siquiera la asumen.
Las bandas en disputa están integradas por miembros de dos
familias, Funes y Caminos, que arrastran viejas rencillas. "Estamos hablando
de dos grupos criminales que se financian, entre otras actividades, con lo que
recaudan por el narcomenudeo. Pero se trata de grupos de marginales con escasa
organización y cuyos líderes se legitiman con violencia, que sin dudas es muy
letal", comparándolos con la banda de Los Monos "que sí tenía una
organización". Ni territorio, ni narcos, ni bandas organizadas; para el
gobierno el problema literalmente no existe.
El problema del narcotráfico en Rosario no es de carteles
sino de grupos familiares de narcomenudeo, muy violentos pero poco organizados,
lo cual vuelve aún más preocupante la desidia oficial prolongada cuando se
piensa en el mediano plazo. Además la institucionalización judicial coloca al
narcomenudeo en el ámbito de la justicia local, desfederalizando el mercado de
consumo, como si fueran pequeños actos individuales de escasa organicidad. Es
llamativo que un problema considerado tan "simple" no encuentre
solución año tras año.
Al
igual que muchos de los funcionarios con cargos en el área de seguridad, el ministro Pullaro subrayó que "siempre es
bienvenida la llegada de más gendarmes" y destacó que una mayor presencia
de fuerzas federales "permite trabajar sobre más puntos conflictivos y con
mayor efectividad". Sin precisar las características, desmereciendo las
dimensiones y desfederalizando el narcomenudeo, la solución siempre es la
misma: mayor presencia armada aunque se ignore para qué.
"Más mujeres presas, una robustecida facultad policial
para detener a pibes pobres y estadísticas montadas sobre el eslabón más débil
de la cadena del narcotráfico"
son los efectos de la desfederalización del
narcomenudeo según el especialista Mariano Fusero.
Algunos actores (la Iglesia y los grupos militantes) hacen lo
que pueden; otros actores (gobierno municipal, gobierno provincial) no hacen lo
que deben. En ningún caso se aborda la problemática territorial del
narcotráfico.
Sin
organizaciones de la sociedad civil que hagan de contrapeso, el narcotráfico
puede pactar acuerdos de reparto territorial (y de ganancias) con los
detentores legitimados del control territorial (la policía); por eso persigue
en primer lugar a las organizaciones de la sociedad civil que pueden dificultar
ese control y el poder simbólico que éste otorga. Las amenazas o persecución de
militantes sociales o políticos no es un error en términos de la geopolítica
del narcotráfico, sino una tarea de amesetamiento social.
El tráfico de drogas por la Hidrovía, los puertos privados,
la exportación de soja por las terminales rosarinas, el capital líquido
derivado, el apoyo en las barras bravas, la cooptación de sicarios, la
desfederalización del narcomenudeo y finalmente el gerenciamiento de la
seguridad son elementos que construyen una territorialidad criminal por más que
la “realidad” apenas muestre un enfrentamiento no organizado entre familias. En
los barrios pobres donde el Estado ha desaparecido hace mucho, las escasas y
débiles organizaciones de la sociedad civil se enfrentan solitariamente a un
conflicto al que van con razón pero sin armas. El narcotráfico advierte esa
soledad y festeja la transformación de una sociedad cuyas políticas públicas
obligan a luchar por recursos y no por derechos.
Cuando
las policías entran en la dinámica de control local de los grupos
delincuenciales, lo que habitualmente se llama “gerenciamiento de la
seguridad”, la impunidad y la corrupción se vuelven el principal insumo de
supervivencia de las organizaciones del crimen organizado. La generación de
economías de escala crea cadenas productivas que le dan valor agregado a las
drogas y la ilegalidad se vuelve el velo perfecto para la constante producción
y reproducción de la corrupción y la negligencia de las autoridades encargadas
de hacer valer el Estado de Derecho.
¿Cuál
es la conexión real entre la corrupción y la política en un contexto de
expansión del narcotráfico? En aquellas geografías donde el narcotráfico se
asienta con fuerza, trabaja como si fuera una institución y la sociedad, para
poder subsistir, se adapta a las condiciones impuestas por él.
El
origen del narcotráfico se encuentra en la debilidad del Estado de Derecho, no
al revés como afirma Mónica Fein. A partir de allí las características
perniciosas del tráfico de drogas echan raíces y comienzan a transformar las
instituciones en favor de sus objetivos organizacionales. Estos “vacíos” de
estatalidad o de territorialidad estatal son ocupados por el crimen organizado.
Siempre
la reacción de los gobiernos es ignorar al narcotráfico para que no se
evidencie la relación siamesa de corrupción entre las grandes esferas de la
política y las sucias esferas del crimen organizado.
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