Más
medidas de austeridad debido al aumento en la deuda pública española
Por
Alejandro Lopez
La
situación financiera de España se está deteriorando rápidamente, con la deuda
durante el último trimestre de 2011a un máximo histórico de 68,5 por ciento del
PIB. El país ibérico ha entrado ahora en su segunda recesión en los últimos
tres años...
"España
parece ser el principal riesgo para Europa en el futuro próximo", dijo el
jefe de UBS AG el economista Stéphane Deo.
Madrid
está comprometido a cumplir los objetivos acordados hace dos años con la Comisión
Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional para
reducir el déficit del 9,2 por ciento del PIB en 2010, al 4,4 por ciento este
año y 3,0 por ciento en 2013. El mes pasado, el primer ministro Mariano Rajoy
declaró que el país no sería capaz de cumplir con la meta del 4,4 por ciento y
que había "unilateralmente" decidido cambiar la meta a 5,8 por
ciento. La Comisión Europea aceptó que una revisión era necesaria, pero
insistió en que el objetivo tenía que ser de 5,3 por ciento.
Esto
significa que España tendrá que encontrar la manera de ahorrar más de €35 mil
millones para cumplir con el nuevo objetivo, cantidad por encima de los €15 mil
millones de aumentos en impuestos y recortes al gasto público anunciados en
diciembre. El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha sugerido que el IVA
podría aumentar el próximo año y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha
estimado que para satisfacer la nueva meta de 5,3 por ciento el gobierno
central tendría que reducir el gasto de 5,1 por ciento a 3,5 por ciento del
presupuesto.
Además de
esto, según las predicciones la economía española se reducirá en 1,7 por ciento
este año. Las exportaciones disminuyeron en 1,6 por ciento en relación a los
tres meses anteriores, y el gasto del consumidor se redujo a una tasa anual de
1,1 por ciento.
El sector
inmobiliario sigue deprimido, del cual el crecimiento de España dependió en
gran medida en la última década. En el cuarto trimestre de 2011, el precio
promedio de un nuevo hogar cayó 8,5 por ciento en comparación con el año
anterior, mientras que el precio de las propiedades ya existentes se redujo
13,7 por ciento.
El pasado
viernes el gobierno español, dirigido por el Partido Popular (PP), anunció la
eliminación de 27 empresas de propiedad estatal y la desinversión pública en 43
otras compañías. Entre las propiedades estatales eliminadas están las empresas
de la Corporación para las Rentas Públicas, la Corporación de Ingeniería y
Servicios Aeroespaciales y la Corporación de Remolque Marítimo. En total, el
gobierno tiene la intención de eliminar el 19 por ciento de las empresas
estatales y reducir su participación en otras entidades. En un acto desesperado,
también le ha pedido a la Comisión Europea € 7,5 mil millones en ayuda para
combatir la sequía que está afectando actualmente al país.
El
gobierno también ha retrasado el anuncio del presupuesto estatal de 2012 hasta
el 30 de marzo, posterior a las elecciones regionales el 25 de marzo en
Andalucía y Asturias, con la esperanza de vencer a los actuales gobiernos
regiones en manos del Partido Socialista (PSOE), y así asumir el control de
casi todas las 17 regiones de España, que son una fuente importante de la
deuda. Ninguno de estas regiones alcanzó la meta del 1,3 por ciento el año
pasado y este año su deuda se ha incrementado 17,2 por ciento (alrededor de
€140 mil millones). En diciembre, la comunidad de Valencia incumplió en el pago
de un préstamo de €1,8 mil millones y tuvo que ser rescatada por el gobierno
central. Los gobiernos regionales ya han recortado el gasto hasta en €15 mil
millones este año y se esperan más recortes en servicios públicos, que incluyen
la salud y educación.
Cataluña,
gobernada por la extrema derecha nacionalista Convergencia i Unió (CiU), es
actualmente la región más endeudada de España—20,7 por ciento de su PIB. Según
El País, se ha convertido en "el laboratorio para probar una agenda de
recortes sociales... [que] también parece estar aplicándose de una u otra
manera en el resto de España".
La semana
pasada la región se convirtió en la primera en implementar un sistema de
"copago" por la atención médica, mediante el cobro de un euro por
cada receta. Un día después, el presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijó dijo
que haría campaña a favor de la misma medida en las regiones controladas por el
PP.
El
Gobierno catalán también fue el primero en anunciar que estaba poniendo en
práctica las recientes crueles "reformas" de las leyes laborales en
el Congreso Nacional. 230 mil funcionarios regionales públicos serán afectados
en sus horas y condiciones de trabajo. Además, 6.800 trabajadores a tiempo
parcial verán una reducción del 15 por ciento en horas de trabajo y salarios.
En
contraste, se han gastado miles de millones en rescatar a los bancos, obligando
que algunos de estos se fusionen. Apenas la semana pasada, a cambio de su
fusión, se le entregó €850 millones del erario público a las cajas de ahorro
Unicaja y Caja España Duero (que ya había recibido €525 millones).
Mientras
que las familias son desalojadas de sus casas por no pagar el alquiler, se ha
dejado que la deuda de los equipos de fútbol españoles, que tienen fuertes
vínculos con los bancos, alcance € 752 millones.
El
gobierno también ha amnistiado a un ex miembro de alto rango de la
administración regional de Cataluña, y un hombre de negocios que enfrenta pena
de cárcel por corrupción y malversación de fondos públicos. Ambos son miembros
de Unió Democrática, los socios de la coalición en el bloque gobernante
nacionalista catalán CiU. Esto se produce días después de que el PP aprobara la
reforma laboral en el Parlamento con la ayuda de CiU.
La semana
pasada, el Ministerio del Interior dijo que no tomará ninguna acción
disciplinaria contra policías que participaron de la brutal represión el 20 de
febrero de la marcha de adolescentes contra los cortes de educación en
Valencia. Ministro Jorge Fernández Díaz defendió la "profesionalidad"
de la policía, que habían violado el derecho a "la libertad de
reunión" protegido por la Constitución.
En las
condiciones en la economía de España se está hundiendo en la misma espiral
viciosa que Grecia ha experimentado, y donde los recortes de gastos y aumentos
de impuestos reducen los ingresos y dan lugar a pedidos de más recortes de
gastos y aumentos de impuestos, los estándares de vida de los trabajadores
españoles han empeorado dramáticamente. Con la complicidad del PSOE y la
miserable respuesta de los sindicatos, el PP está utilizando la crisis
económica para que los trabajadores regresen a los días del siglo XIX.
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