El Poder Judicial en México, un recinto de privilegios y corrupción
Alejandro Campuzano Álvarez,
Investigador Jurídico del CEEYPP
La diversidad cultural en México es
un distintivo categórico del país. Desde Baja California Sur hasta Quintana Roo
es notoria la riqueza cultural, la que se ve reflejada en las diferencias y
similitudes que hacen de esta tierra un lugar único en el mundo.
Hoy en día la corrupción es un
elemento homogéneo y cotidiano que no reconoce estatus social, edad, sexo,
nacionalidad, pensamiento religioso o político; es un cáncer que ataca a todos los
mexicanos por igual.
La corrupción fue descrita por el
presidente Enrique Peña Nieto como un problema “cultural” intrínseco a los
mexicanos, sustentando que ésta es parte de nuestra genética, justificando el
total fracaso que han tenido las diversas instituciones del Estado, inclusive
aquellas cuya principal función es combatir de fondo el problema de la
corrupción como la Auditoria Superior de la Federación, la Secretaría de la
Función Pública, el Consejo de la Judicatura Federal o el Sistema Nacional
Anticorrupción.
México enfrentará en los próximos
meses un cambio en el poder, como resultado del hartazgo social en contra de
los diversos partidos políticos (específicamente el Partido Revolucionario Institucional
y el Partido Acción Nacional), los que han gobernado al país por 76 y 12 años
respectivamente. Si bien es cierto que la corrupción es un problema que ha
estado presente desde la consolidación del Estado moderno mexicano, el actual
sexenio del presidente Enrique Peña Nieto ostenta los más altos índices de
desaprobación en virtud de diversos actos de corrupción en los cuales ha sido
señalado directamente como responsable; sin embargo, es válido preguntarse si Peña
Nieto ha sido el presidente más corrupto en la historia del país, o bien si las
circunstancias propias del desarrollo social reflejadas en una mayor
participación ciudadana en conjunto con la aparición de diversas tecnologías
(redes sociales y teléfonos inteligentes) han hecho que la información se
vuelva expansiva sin posibilidad de controlarla como en años anteriores cuando el
monopolio en los medios de comunicación los convertía en aliados de los
diversos entes gubernamentales.
Andrés Manuel López Obrador, presidente
electo reconocido en México por su discurso de austeridad y anticorrupción,
enfrentará un reto enorme a partir del primero de diciembre, ya que la
corrupción no es un problema exclusivo del Poder Ejecutivo, es un problema que
ataca a todos por igual. No obstante pareciera ser que la sociedad (en virtud del
presidencialismo imperante en México) ha decidido centrar su atención en el
actuar del Poder Ejecutivo y subsecuentemente en el Poder Legislativo,
omitiendo el análisis y vigilancia del Poder Judicial, recinto en el cual los
privilegios son una constante a tal grado que ministros y magistrados perciben
mayores ingresos que los jueces federales en Estados Unidos.
En ese sentido, López Obrador ha
mencionado en varias ocasiones que su gobierno tendrá como distintivo la
austeridad, situación que ha generado eco en el poder legislativo (es importante
recordar que el partido Movimiento de Regeneración Nacional posee la mayoría en
ambas cámaras), por lo cual parece ser cuestión de tiempo para que las y los
diputados, así como senadoras y senadores, disminuyan su ingreso salarial. No
obstante el Poder Judicial, representado por sus máximos tribunales (Suprema
Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación), en reiteradas ocasiones ha defendido y tratado de justificar los
altos ingresos salariales que perciben. En la óptica de los ministros,
magistrados y jueces así se inhiben los actos de corrupción en la impartición
de justicia, situación que vislumbra la falta de ética y compromiso social.
El Poder Judicial de la Federación,
cuyo rasgo distintivo es el nepotismo, ha generado la perpetuidad de diversas
familias al mando de la institución, legitimando su actuar en parámetros
“legales” mediante los cuales la propia normatividad jurídica permite que
diversas autoridades jurisdiccionales contraten de forma discrecional el personal
para laborar en juzgados o tribunales. Es así como ministros, magistrados o
jueces promueven y fomentan la corrupción a través de la emisión de
nombramientos que distan en demasía de un proceso democrático sustentado en
parámetros equitativos. “La meritocracia no existe en México y mucho menos en el
poder judicial”.
Sin embargo, el problema es todavía
mayor. Si en algo es reconocido el Poder Judicial en México es por su
ineficacia e ineficiencia en la resolución de diversos asuntos, los que abordan
temas fundamentales para el desarrollo político del país, como es el caso de
las problemáticas en materia electoral o los conflictos entre particulares
cuyos casos demoran al menos 6 meses para ser resueltos, vulnerado así el
precepto constitucional enmarcado en el artículo 17, que alude a un justicia
pronta y expedita.
Aunado a lo anterior es menester mencionar
que en México las sentencias distan de ser actos de justicia, más bien son
actos de legalidad ya que el actuar de los jueces mexicanos se centra en la
aplicación de diversas normas jurídicas a un caso concreto y en casos excepcionales
la inaplicación de dichas normas por ser parámetros contrarios a la plena
vigencia de los derechos humanos. Sin embargo la constante en el actuar
judicial omite el estudio de las diversas causas políticas, económicas, sociales
e inclusive culturales que orillan a una persona a llevar a cabo actos
contrarios a la ley, haciendo de la justicia mexicana una “justicia” clasista y
discriminatoria. Basta con revisar cuántas personas de escasos recursos se
encuentran compurgando penas en prisión por delitos tales como robo de
alimentos o interrupción del embarazo, mientras que los crímenes de los
funcionarios políticos gozan de libertad e impunidad por sentencias
absolutorias o poco severas en referencia a los delitos perpetuados en contra
de la sociedad, emitidas por jueces corruptos al servicio de un sistema
sustentado en la negociación económica, como ha sido el reciente caso de Javier
Duarte.
Es tal la ineficacia y el hartazgo
social en el sistema judicial mexicano que actualmente existen nuevos mecanismos
y herramientas como los “medios alternos de solución de conflictos”, que
señalan como premisa fundamental una solución pacifica del problema a través
del dialogo entre las partes en conflicto, evitando llegar a juzgados o
tribunales donde la demora, la corrupción y la negociación son los habituales mecanismos
de resolución.
Es urgente una reforma en materia
de justicia que impacte de fondo en el actuar del Poder Judicial, no solo por
su ineficacia e ineficiencia sino aún más por los altos índices de corrupción
que se presentan en dicho recinto. La corrupción es tan notoria que inclusive
el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar Lelo
de Larrea, ha hecho público su sentir en cuanto al tema, afirmado que es una
constante en el Poder Judicial.
Lelo de Larrea señaló que la
población mexicana expresó su descontento a través del voto a favor de López
Obrador, cuyo origen se sustenta en los altos índices de corrupción. Exhortó a
diversos servidores públicos del poder judicial a actuar con probidad y
honradez evitando en todo momento actos de corrupción. Sin embargo habrá que
analizar qué entiende el ministro por ético y transparente, ya que un ingreso
mensual mayor a los 17,500 dólares en un país con más de 50 millones de pobres no
está cercano a la congruencia y la honestidad.
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