Políticas públicas
con transversalidad de género. Más allá del discurso
Yesenia Torres Curiel
Las políticas públicas de
transversalidad de género han logrado en México ciertos avances en la búsqueda
de la igualdad de derechos de las mujeres y la igualdad de género, principalmente
en tres áreas: el fortalecimiento del derecho interno, la institucionalidad de
género y el aumento de los recursos públicos destinados a políticas de igualdad
de género.
El presupuesto federal con destino a
la igualdad entre mujeres y hombres alcanzó 27,424 millones de pesos en 2017, creciendo
en el período 2008-2017 a una tasa promedio anual del 12.5%. En 2018 el
presupuesto se incrementó un 75%, sin que ello implique un mayor impacto
efectivo sobre las mujeres luego de medir la inflación, la asignación por
rubros (incremento del 300% para adultos mayores, sin perspectiva de género) y
el costo de la corrupción institucional. En proporción al Presupuesto de
Egresos de la Federación (PEF) este gasto representa entre un 0.5% (2008-2017) y
un 0.9% (2018), un porcentaje menor si se busca un avance concreto en términos
de resultados.
La reforma política de 2014 elevó a
rango constitucional la garantía de la paridad de género en las candidaturas al
Congreso federal y los estatales, avance que se consolidó al año siguiente al
establecerse la obligatoriedad de cumplir con la paridad en el registro de
candidaturas.
El presidente electo Andrés Manuel López
Obrador afirmó en el Foro Forbes Mujeres Poderosas de junio pasado que
"las mujeres son una fuerza decisiva para
el desarrollo económico y social, así como las protagonistas en el camino para
lograr la paz y la reconciliación. Sin embargo, por años se ha limitado su
empoderamiento".
El nuevo gobierno buscará un Estado “más
igualitario, inclusivo, diverso y garante de los derechos de toda la ciudadanía,
un gobierno que velará por una perspectiva de género transversal en todas las
políticas económicas, sociales y culturales”.
La tarea será difícil. ONU Mujeres
reconoce avances, pero el logro de la igualdad de género en México enfrenta
desafíos estructurales por la brecha persistente entre la igualdad formal y la
igualdad sustantiva en todas las áreas del desarrollo. Existe una gran
distancia entre lo estipulado en leyes, planes, programas y presupuestos sobre
derechos de las mujeres y el grado de cumplimiento efectivo de esos derechos en
la práctica cotidiana. Se avanzó en armonizar las leyes y políticas con los
compromisos internacionales asumidos, en particular con la CEDAW, pero es una
sincronización parcial, atraso más notable en el nivel estatal y municipal.
La rendición de cuentas para el logro de
la igualdad de género es deficiente cargando con un escaso financiamiento y
predictibilidad para la agenda de igualdad de género, tanto en términos de
recursos nacionales como internacionales.
Llama la atención un caso particular de
política pública para el empoderamiento de la mujer. Se trata del Programa
Nacional de Financiamiento al Microempresariado (Pronafim) que opera desde el
año 2001 en la órbita de la Secretaría de Economía. Tiene como objetivo
contribuir a la creación de unidades económicas y al incremento de la productividad
de las que ya existen, otorgando servicios de microfinanzas. La proporción de
mujeres apoyadas muestra resultados alentadores en el intervalo 2012-2017.
En dicho período se canalizaron $ 12,283.00
millones de pesos, alcanzando con microcréditos a 3,761,057 mujeres (92%) y capacitando
a más de 189,000 (89%). El apoyo promedio por microcrédito fue de $ 7,811 ($
10,240 en 2018).
El monto del microcrédito es muy bajo
respecto al nivel mínimo necesario para el empoderamiento económico de las
mujeres, pero el programa tiene cobertura en regiones de alta vulnerabilidad.
En consecuencia los microcréditos son convirtieron en un alivio para economías
de subsistencia más que políticas de igualdad de derechos o de género.
Además la inversión federal tiene una
constante decreciente en los intervalos interanuales de mediciones de largo
plazo. La Secretaría de Economía informa que el presupuesto original 2018 del Pronafim
se ha reducido en un 99.8% respecto a 2004 y aclara que en 2018 se operaría apenas
con los recursos patrimoniales de los dos fideicomisos con los que cuenta.
“Este último año podríamos decir que no tuvimos nada de presupuesto… se puede
decir que el presupuesto está en cero”, explicó la Coordinadora General de
Pronafim, Cynthia Villarreal Muraira.
En el diseño de las políticas públicas las
disposiciones presupuestarias deben ser congruentes con la transversalización
de género y debe existir una lógica de sustentabilidad en la intervención
gubernamental. Está en juego el alcance de las políticas que benefician a las
mujeres, su impacto, dimensión y perdurabilidad. Es el desafío del próximo
gobierno, más allá del discurso.
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