Alejandro Campuzano Alvarez
Licenciado
en Derecho por la UAEM (México). Licenciado en Ciencias Políticas y
Administración Pública por la UNAM. Maestro en Estudios Jurídicos por la UAEM.
Tal parece que la importancia de la
ciencia jurídica ha sido reducida al estudio y aplicación de ordenamientos
legales, como constituciones, leyes y reglamentos, omitiendo por completo el
análisis del impacto político, económico, social y cultural que conlleva la
creación de un sistema jurídico. Todo ordenamiento jurídico en México debe ser
creado a través de un procedimiento legislativo, mismo que en la ciencia del
derecho se conforma de la siguiente manera: iniciativa, discusión, aprobación,
sanción, publicación e iniciación de la vigencia del ordenamiento.
Señalado lo anterior, resulta
visible que el conflicto del narcotráfico nace a partir de una equivocada y
limitada discusión en los recintos legislativos de México. En la Cámara de
Diputados y en el Senado de la República continúa vigente el sistema
presidencialista que impera en el país, siendo su actuar una legitimación de órdenes
provenientes desde Los Pinos, omitiendo
el análisis y discusión de las problemáticas sociales, situación que limita y
vulnera la división de poderes que en México continúa siendo solo un elemento
teórico muy lejano de la práctica.
Es así que el narcotráfico nace en
México y en el mundo como consecuencia de la prohibición a diversas drogas
desde los recintos legislativos, ya que es menester mencionar que el
narcotráfico no es más que la consecuencia de la prohibición del consumo de dichas
sustancias y las políticas de interdicción de cultivos y guerra contra el
narcotráfico.
He ahí la importancia del derecho,
ya que el mismo es estudiado y criticado únicamente desde el quehacer del Poder
Judicial. Sin embargo, dentro de la teoría de la división de poderes, es
fundamental el trabajo en conjunto del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial,
siendo este último quien aplica las normas jurídicas (creadas por el Poder
Legislativo y avaladas por el Ejecutivo), a un caso concreto a través de
sentencias.
Parece ser que la posible solución
al conflicto del narcotráfico y la paulatina disminución de la violencia en
México deberá partir desde el Poder Legislativo, modificando tanto la Ley
General de Salud como el Código Penal. No obstante, y a pesar de los diversos
cambios que se han presentado en el mundo respecto a la despenalización en el
consumo de diversas drogas (particularmente de la marihuana), México ha
mantenido firme su postura prohibicionista, de tal suerte que el mundo del
narcotráfico continúa fortaleciéndose alimentado por esa “ignorancia”
legislativa que lo empodera a través de dos rubros: el primero por el apoyo y
contubernio político obtenido a través de la corrupción en los diversos niveles
y órdenes de gobierno, y el segundo por las finanzas estables y ascendientes al
seguir siendo un mercado negro en donde el precio es regulado por los cárteles
de la droga ante la omisión y ceguera del Estado mexicano.
Lo anterior ha generado que México
se haya convertido en un país en donde la violencia y la notoria presencia de
los cárteles dentro de los gobiernos locales e inclusive en el gobierno federal
sea una constante. Es así que entidades federativas como Guerrero, Michoacán,
Veracruz y Tamaulipas, han sido consideradas por diversos especialistas en
materia de seguridad pública como narcogobiernos, teniendo esto tres causas
principales: a) intereses económicos en común entre el gobierno y los cárteles
de la droga; b) apoyo a candidatos y candidatas en campaña para mantener los
privilegios y acuerdos una vez que éstos lleguen al puesto de elección popular;
y c) la imposición en la toma de decisiones a través de la frase “plata o
plomo”.
Si en algo se caracterizó el
gobierno del presidente Enrique Peña Nieto fue por el rotundo fracaso que tuvo
en el combate al crimen organizado, elevando las cifras de muertes y violencia
en el territorio nacional a un nivel inaudito. Aunado a lo anterior, la
evidente corrupción en el actuar del mandatario tuvo como consecuencia la
derrota del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en las elecciones
presidenciales, resultado triunfador el actual presidente electo, Andrés Manuel
López Obrador (AMLO), por el partido Movimiento de Regeneración Nacional
(MORENA).
MORENA no sólo obtuvo la mayoría de
los votos en la elección presidencial, sino que también tendrá un control
absoluto en las Cámaras, teniendo AMLO (en el contexto del presidencialismo
mexicano), un poder absoluto en la toma de decisiones, al menos por los
siguientes tres años.
AMLO, en su figura de presidente
electo, ha señalado que un objetivo de su gobierno será recuperar la paz
social, situación por la cual las drogas y el narcotráfico formarán parte
esencial de la agenda de gobierno. Señalado lo anterior, y manteniendo la línea
de su discurso, ha hecho público que la próxima Secretaria de Gobernación, será
la ex ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Olga Sánchez
Cordero, misma que ha expresado en reiteradas ocasiones su descontento ante la
política prohibicionista y de combate frontal contra el narcotráfico, señalando
que la violencia no se combate con violencia y mucho menos criminalizando al
consumidor.
Parece ser que México se aproxima a
una posible regulación (legalización) no sólo de la marihuana sino de diversas
drogas, ya que el debate (jurídicamente hablando), no se centra en la sustancia
ni en el daño a la salud del consumidor, sino en el respeto al derecho humano
del libre desarrollo de la personalidad, generando con esto políticas públicas
preventivas y un combate legal al narcotráfico.
“La ley puede más que las armas, siempre y
cuando la ley no implique el uso de armas”.
No hay comentarios:
Publicar un comentario