Una
sesión fallida en Nueva York. Naciones Unidas y Trump mantienen el
prohibicionismo
Alejandro Campuzano Álvarez,
Investigador Jurídico del CEEYPP
El pasado 24 de septiembre en
Nueva York, Estados Unidos, se llevó a cabo la celebración de la sesión de la Asamblea
General de la Organización de las Naciones Unidas, la que fue presidida por el
actual mandatario estadounidense, Donald Trump.
Uno de los puntos a tratar fue el
referente a la problemática local e internacional que representa el mundo de
las drogas; sin embargo más allá de dialogar y debatir el tema, la postura del
presidente norteamericano se centró en impulsar la política de combate frontal
en contra de los cárteles de la droga, situación que permite apreciar la
incongruencia de Trump ante una realidad internacional y nacional en donde la regulación está ganando
espacio frente al prohibicionismo.
Al hacer uso de la palabra,
Trump, a través de diversos señalamientos (al igual que Nixon en épocas
anteriores) hizo hincapié en que los esfuerzos efectuados por los diferentes
países donde se producen drogas han sido un rotundo fracaso, enfatizando en la
necesidad de mejorar las estrategias para “desmantelar la producción de drogas
en el mundo”.
Señalado lo anterior resulta
importante contrastar el dicho de Trump contra los postulados que sustenta en
su obra “Drogas. Su legalización” el doctor Eduardo Betancourt, donde se visualiza
el problema desde una perspectiva completamente diferente. Para Betancourt el
problema de fondo no son las drogas en sí mismas, el problema es el tráfico
ilícito, la violencia, los daños que se generan no como consecuencia de las
sustancias, sino del contexto ilícito en que una decisión política obtusa los
colocó. Es decir el poder legislativo a través de normas jurídicas que
penalizan pero no inhiben el consumo de diversas sustancias consideradas
nocivas para la salud.
A su vez destaca
que el lema “guerra contra las drogas” y su objetivo último de acabar por
completo con ellas es una completa aberración. Basta recordar que en México durante
el sexenio del expresidente Felipe Calderón Hinojosa la política antidrogas se inició
bajo el distintivo “guerra contra las drogas”. Sin embargo se modificó a
“guerra contra el narcotráfico” y concluyó en “combate al crimen organizado”. A
pesar de la errónea visión de Calderón, éste a diferencia de Trump era
consciente de que el lema aislado de “guerra contra las drogas” era un absurdo y
con el apoyo de diversos medios de comunicación a través de campañas
publicitarias masivas se modificó a “guerra contra el narcotráfico”, situación
criticable pero algo más coherente.
Como es
apreciable, Betancourt se diferencia de Trump y opta por una regulación de las
drogas evitando con ello empoderar al narcotráfico. Señalado esto, parece ser
que el presidente Trump desconoce no sólo la historia sino el contexto
internacional en donde la regulación es la mejor arma que el gobierno tiene
para disminuir de forma efectiva los índices de consumo de dichas sustancias. No
obstante es importante recordar que detrás de ese discurso de protección y
“preocupación” por la salud de los estadounidenses se encuentran diversos
intereses políticos y económicos que han permitido a Estados Unidos inmiscuirse
en distintos países de Latinoamérica bajo el pretexto de combatir la producción
de drogas a través de la Drug Enforcement Administration (DEA) y diversos
planes como el Plan Colombia o la Iniciativa Mérida, los que le permiten
mantener un control político a cambio de apoyo económico, que para el caso de
México ha sido alrededor de los 1600 millones de dólares en especie y 2300
millones de dólares en capacitación y tecnología durante poco más de 10 años,
dejando como resultado mayores índices de violencia y criminalidad sin
mencionar el aumento en el consumo de drogas en el país.
Durante su
intervención en la Asamblea, Donald Trump señaló que Estados Unidos plantea una
nueva estrategia la cual se enfoca en tres ejes fundamentales: a) orientar
esfuerzos para disminuir el consumo, b) cortar los expendios clandestinos, y c)
enfocarse en el tratamiento a los adictos. Como es visible la estrategia no
aporta nada que no hayamos visto anteriormente ya que se mantienen las premisas
de clandestinidad e ilegalidad en el mundo de las drogas pero es curioso que la
política de la Casa Blanca sí distingue que las drogas son un problema del
sector salud, mientras que el narcotráfico es un problema de seguridad pública.
Es decir contrastando lo anteriormente señalado con las premisas a y c,
Estados Unidos envía el mensaje de que su problema se fundamenta en los
daños y excesos en el consumo de drogas ilegales, las que al no ser reguladas
por el Estado se desconoce su procedencia y por consecuencia se pierde el
control y conocimiento sobre el tipo de sustancias que consumen los
estadounidenses. Por su parte, en la premisa b, al hablar de expendios clandestinos parece ser que Trump se refiere
a México y a la ineficacia que ha tenido el gobierno para controlar la frontera
norte, situación que en tiempos electorales generó un conflicto diplomático
entre México y Estados Unidos por la posible construcción de un muro fronterizo
que, desde la óptica de Trump, detendría el enorme flujo de drogas que día tras
día ingresan a la nación norteamericana.
Si bien es cierto
que Estados Unidos distingue drogas de narcotráfico, la política implementada
por diversas administraciones norteamericanas se ha centrado en el combate a la
producción, transporte, compra y venta (narcotrafico) y no en el consumo de
drogas, es decir que busca “erradicar” el consumo a través de una política de
combate frontal al narcotráfico en los países productores y de acceso a la
frontera estadounidense, como es México.
Por supuesto
esto ha generado que la violencia se traslade a diversos estados como Chihuahua,
Nuevo León o Tamaulipas, ya que la disputa por el control territorial para
mantener las plazas e incrementar el dominio en sus territorios son una constante
de los cárteles de la droga en México.
Por otra parte,
Trump señaló textualmente lo siguiente: “las drogas ilícitas están vinculadas
al crimen organizado, la corrupción y el terrorismo”, afirmación que convalida
la necesidad de legislar y despenalizar las diversas actividades (producción,
distribución, compra, venta y consumo) de las hoy llamadas drogas ilegales. Es
decir, la propia frase distingue la existencia de drogas legales y drogas
ilegales, pero al ser ilegales (más allá del impacto que éstas puedan tener sobre
la salud de quien las consuma), la problemática radica en que al ser ilícitas o
ilegales se crea un vínculo con el crimen organizado, generando corrupción en
diversos países y en casos extremos actos terroristas como lo era en Colombia.
La sesión
concluyó con un consenso general en donde 130 países firmaron su compromiso
para mantener una continua lucha contra las drogas. Habrá que analizar qué
entienden los mandatarios por drogas, si las drogas per se o bien drogas como un sinónimo (erróneo) de narcotrafico.
¿Será acaso que los resultados de esta “nueva” estrategia de los años setenta
por fin llegarán? La historia argumenta que no.
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