Crece la oposición a las bases militares
estadounidenses en Okinawa
Por Ben McGrath
En una protesta masiva realizada el
domingo 19 de junio en Okinawa, Japón, los manifestantes denunciaron la
presencia militar de Estados Unidos en la prefectura, así como también los planes
para reubicar una base de marines americanos en otro lugar de la isla. Los
organizadores dijeron que participaron unas 65.000 personas, transformándose en
la manifestación más grande en la isla desde las protestas de 1995 por la
violación a una niña de 12 años de edad por tres soldados estadounidenses.
Los manifestantes se reunieron en Naha, la
capital de Okinawa, llevando carteles que decían: "Nuestro enojo está más
allá del límite" y "Cansados de los marines de Estados Unidos"
para condenar la violación y el asesinato el mes pasado de Rina Shimabukuro,
una mujer de Okinawa 20 años de edad. Kenneth Franklin Gadson (que también se
conoce con el nombre de su esposa Shinzato), un contratista militar de Estados
Unidos, reconoció el crimen y fue detenido el 19 de mayo, el mismo día que fue
descubierto el cuerpo de la mujer. Shimabukuro estaba desaparecida desde el
mes de abril y su cuerpo fue hallado en una zona boscosa.
Los manifestantes exigieron la retirada
del cuerpo de marines de Estados Unidos de la Estación Aérea de Futenma y de otras
bases militares de Okinawa. El gobierno central planea trasladar la base
de Futenma a Henoko, a lo largo de la costa de la isla. Una reciente encuesta
del periódico Ryukyu Shimpo y de la televisión de Okinawa revelaron
que el 83,8 por ciento de las personas en la prefectura se oponen al plan de
reubicación.
La construcción de la base de Henoko está
detenida desde marzo, tras una decisión para resolver una demanda que el
gobierno central había interpuesto contra el gobierno de la prefectura de
Okinawa. El ministro de tierras, Keiichi Ishii, exigió al gobernador
Takeshi Onaga, quien derogó un permiso de recuperación de tierras para la construcción
de la base en el pasado mes de octubre, que revirtiera su decisión, con el fin
de permitir que el trabajo continúe. Onaga se dirigió al Consejo de la Administración
Central y al Consejo local de Controversias de Gobierno, por disposición de la Corte. El
17 de junio el Consejo decidió no emitir una decisión sobre el asunto y pidió
"discusiones sinceras" entre las partes.
La furia de las personas en la
prefectura va más allá de los crímenes cometidos por el personal militar de los
Estados Unidos. Más de la mitad de los 47.000 soldados estadounidenses radicados
en Japón se encuentran en Okinawa, ocupando numerosas bases que se asientan
sobre aproximadamente una quinta parte del espacio total de la
tierra. Muchas personas todavía albergan resentimiento hacia los EE.UU.,
que tomaron Okinawa al final de la Segunda Guerra Mundial, matando a 100.000
civiles y ocupando la isla hasta 1972.
La cuestión está estrechamente ligada a
la presión por la remilitarización de Japón llevada adelante por el primer
ministro, Shinzo Abe, y por el gobernante Partido Liberal Democrático
(PLD). Los trabajadores y los jóvenes en Okinawa y en todo Japón han
denunciado reiteradamente la legislación militar que fue dictada por el Congreso
en septiembre pasado para permitir el ejercicio por parte de Tokio de la
denominada "autodefensa colectiva", es decir, la capacidad para
intervenir en las guerras lideradas por Estados Unidos en el extranjero.
El gobierno de Abe ha integrado a los
militares japoneses en el "giro asiático" de Estados Unidos y en la acumulación
de fuerzas militares en la región contra China. Okinawa, una isla ubicada directamente
en forma adyacente al territorio continental chino, es un elemento crucial para
la estrategia de guerra del Pentágono, que consiste en un asalto aéreo masivo y
de misiles sobre los objetivos chinos de buques y bases militares cercanas.
Los políticos locales como el gobernador
Onaga, un ex miembro del PLD, están tratando de desviar la ira popular a lo
largo de líneas estrechas y parroquiales. "Los crímenes viciosos no
pueden ser tolerados", dijo Onaga durante un discurso en la protesta del
domingo. El gobernador ha hecho campaña como un oponente de las bases
estadounidenses en su prefectura, buscando apoyo para ganar las elecciones. Sin
embargo, él y los suyos explotan las frustraciones de la gente común; no se oponen
al militarismo, sino que buscan impulsar su propia posición política.
El gobernador es un firme partidario de
la alianza Estados Unidos, afirmando en julio pasado que "he servido como
un político hace más de 30 años y he apoyado el acuerdo de seguridad entre EEUU
y Japón". Onaga habla en nombre de una franja de líderes de negocios
locales que ven las bases de Estados Unidos como el "mayor obstáculo"
para el desarrollo económico, del que no disfrutan los trabajadores de Okinawa,
que están entre los más pobres en Japón.
Los partidos de la oposición también
están explotando el generalizado sentimiento anti-guerra con fines
electorales. Mientras que el Partido Democrático (DP) afirma estar en
contra de la revisión de la constitución post-Segunda Guerra Mundial para
permitir el despliegue de los militares japoneses, el partido y su líder,
Katsuya Okada, han expresado en el pasado su apoyo a dichas medidas, cuando
estuvieron en el gobierno entre los años 2009 y 2012. Otros partidos políticos,
como el Partido Comunista japonés y el Partido Socialdemócrata, presentan al DP
como una alternativa al actual gobierno con el fin de mantener a los trabajadores
y a los jóvenes vinculados al marco parlamentario.
Estados Unidos también está tratando de
contrarrestar la oposición a su presencia. Durante la cumbre del G7 que
tuvo lugar en Japón el mes de mayo, el presidente Barack Obama se vio obligado
a abordar el asesinato de Okinawa diciendo que "Estados Unidos seguirá
cooperando plenamente con la investigación y garantizando que la búsqueda de justicia
se realice bajo el sistema legal japonés". Obama estaba claramente
preocupado por el creciente reclamo para revisar el Acuerdo de Estatus de
Fuerzas (SOFA), que fue firmado originalmente en 1960 y sanciona sobre cómo
deben ser legalmente tratado el personal de Estados Unidos. Muchas
personas en Japón sienten que el SOFA proporciona una protección indebida a los
soldados estadounidenses que cometen delitos.
Además del asesinato de Rina
Shimabukuro, ha habido una serie de otros delitos en los últimos meses. El
ejército ha impuesto un toque de queda en Okinawa que prohibe al personal
estadounidense beber en público y los obliga a estar en casa o en la base antes
de caer la noche. A principios de junio, la Armada de Estados Unidos
impuso una prohibición especial de beber a los 18.600 marines estacionados en
Japón tras la detención de un marine americano sospechado de conducir en estado
de intoxicación después de estar involucrado en un accidente automovilístico
que hirió a dos personas en Okinawa. Esta prohibición fue moderada
recientemente, pero todavía está prohibido beber fuera de la base o en el
exterior de las viviendas.
A principios de este año, dos militares
estadounidenses fueron detenidos por agredir sexualmente a las mujeres
japonesas en casos separados. Justin Castellanos, de 24 años de edad, un marine
alistado, se declaró culpable en mayo de violar a una turista japonés en
Okinawa el 13 de marzo Unos días más tarde, el 18 de mayo, un teniente de la
marina de guerra de 33 años de edad, fue detenido en el aeropuerto
internacional de Narita. Según los informes, había manoseado a una joven
universitaria de 19 años de edad, golpeándola luego repetidamente en la cabeza
durante un vuelo de San Diego.
Todos estos incidentes están impulsando una
profunda hostilidad contra la presencia militar de Estados Unidos en
Japón. Sin embargo, Washington no va a consentir las demandas para remover
cualquiera de las bases que son centrales en sus preparativos en la futura guerra
contra China.
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