La Corte Suprema de Estados Unidos puede traer problemas
a Ciudad Juárez
Dr. Norberto
Emmerich. IESAC – Ciudad Juárez
Tras un empate entre jueces conservadores y liberales la
Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos no pudo emitir un fallo ni a favor ni
en contra de las medidas de alivio migratorio impulsadas por el presidente
Barack Obama en diciembre de 2014, dando validez a la sentencia emitida en 2015
por la Corte de Apelaciones del 5° Circuito de Nueva Orleans (Louisiana).
Con un empate de 4 a 4, los magistrados de una
recortada Corte Suprema (la nominación del 9° juez Merrick Garland está trabada
en el Senado por la oposición republicana) no innovaron respecto a lo decidido
en el tribunal inferior de Nueva Orleans sobre la extensión del programa DACA
extendido (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia) que buscaba legalizar
a 300.000 jóvenes inmigrantes no autorizados que llegaron a Estados Unidos
siendo niños (700.000 ya estaban incorporados en la versión DACA de 2012, los
llamados dreamers) y la aplicación
del programa DAPA (Acción Diferida para Responsabilidad de los Padres) que
contemplaba la entrega de permisos de trabajo renovable para 4 millones de
indocumentados adultos. Con ambos programas la administración demócrata pretendía
cancelar la deportación de casi 4.5 millones de padres que tienen hijos
estadounidenses.
Los programas quedan suspendidos y el caso pasa a los
tribunales inferiores hasta que eventualmente la Corte Suprema levante el
bloqueo. La decisión ejecutiva presidencial (que hubiera sido válida sólo hasta
el final del mandato de Barack Obama) fue demandada por Texas y otros 25
Estados (23 de ellos gobernados por republicanos) aunque dicha demanda no
abarca el Plan DACA original de 2012, sino sólo la extensión de 2014. El
argumento de la demanda se basó en un exceso de las atribuciones
constitucionales del presidente Obama al firmar los decretos ejecutivos sin la
participación del Congreso. Sin embargo, los congresistas republicamos que
apoyan el rechazo a los alivios migratorios no han sometido a votación ni una
sola alternativa legislativa para aliviar la situación migratoria.
En un contexto polarizado,
donde Texas (Greg Abbott) festeja y California (Jerry Brown) protesta, la
decisión de la Corte dramatiza aún más la contienda electoral del 8 de noviembre
y otorga relevancia central a los votos hispanos. Si gana el candidato
republicano Donald Trump, la propuesta migratoria quedará desechada, en virtud
del reiterado anuncio de que deportará a casi 11 millones de inmigrantes que
residen ilegalmente en el país. En caso de que Hillary Clinton gane la
presidencia intentará reanudar el programa o llegar a un acuerdo con el nuevo
Congreso para establecer una reforma migratoria. Es probable que nuevamente
Texas u otros Estados interpongan un recurso, devolviendo el caso a la Corte
Suprema. Para entonces ya estará en funciones el noveno juez que sustituya al
fallecido Antonin Scalia, cuyo voto será decisivo para resolver la situación.
Distintos grupos de inmigrantes y trabajadores de
Florida y otros Estados ya señalaron que el fallo adverso del Tribunal Supremo es
una convocatoria a los latinos para votar por candidatos que sean partidarios
de una reforma migratoria. Con la renovación del Congreso y un nuevo presidente
hay mejores posibilidades de que se apruebe una reforma migratoria que
regularice la situación de 11 millones de indocumentados, la mayoría mexicanos.
La misma candidata Hillary Clinton dijo con claridad
que "necesito que todos los hispanos elegibles se registren y salgan a
votar. Esto hace que lo que está en juego en las elecciones sea aún mayor y lo
que cualquiera que se interese en el tema de inmigración debe hacer es
organizarse para elegir demócratas y votar por mí para que podamos trabajar
juntos para conseguir reformas migratorias significativas”. Francisco Moreno,
director ejecutivo del Consejo de Federaciones Mexicanas, dijo que seguirían
adelante con el Plan B de la Acción Ejecutiva: elegir a un presidente que
mantenga las intenciones de reforma migratoria del presidente Barack Obama. La
idea es llevar a las urnas a la mayor cantidad de votantes latinos “para que
sea nuestra comunidad la que decida quién será el sucesor del presidente
Obama”. Es que la cuestión migratoria vuelve a manos del nuevo Congreso y de
las medidas que tome el nuevo presidente y la cuestión de quién gobierne
Estados Unidos es decisiva para las comunidades hispanas. Solo California tiene
6.9 millones de votantes hispanos habilitados, de los cuales 3.1 millones
votaron en 2012. La intención es alcanzar en noviembre una participación
hispana de 4 millones, cifra suficiente para castigar a los políticos
antiinmigrantes.
Las medidas impulsadas por el presidente Obama sólo
eran un alivio; para un cambio efectivo de la situación es necesita una reforma
migratoria permanente. Incluso en el caso de que la Suprema Corte hubiera
aprobado las dos acciones diferidas, no hubiera sido una solución permanente
porque otro presidente puede eliminar las acciones ejecutivas.
De todos modos, las medidas migratorias del presidente
Obama dejaban sin resolver importantes temas de derechos. Para Human Rights
Watch el plan no abordaba la deportación sumaria ni las disposiciones de
detención obligatoria que penalizan a los inmigrantes condenados por delitos
menores. Tampoco ofrecía protección contra la deportación ni aportaba ningún
otro tipo de alivio a los padres de hijos que habían nacido en Estados Unidos o
tenían la residencia permanente si eran aprehendidos en la frontera cuando
trataban de reunirse con sus familias. Tampoco incluía modificaciones a las
políticas del gobierno que permitían la deportación sumaria de solicitantes de
asilo que llegaban a la frontera sin una evaluación adecuada de si eran
devueltos a un lugar donde su vida correría peligro o que promovían la
detención de familias recién llegadas.
La permanencia de la amenaza constante de deportación
hace que los inmigrantes indocumentados sean excepcionalmente vulnerables a los
abusos en el lugar de trabajo, el acoso sexual, la falta de protección policial
y la separación de sus familias. La acción ejecutiva habría aliviado
significativamente estos riesgos para millones de personas.
Aunque no se prevé un cambio drástico de la situación
migratoria actual, se abre la posibilidad de un incremento de las deportaciones
en virtud del limbo jurídico en el que cae la cuestión migratoria. Los Estados
y gobiernos locales favorables a la expulsión de mano de obra migrante no
documentada están ahora en mejores condiciones para implementar políticas de
deportaciones sumarias masivas. En la frontera juarense, el gobernador Greg
Abbott elogió abiertamente el fallo de la Corte de Apelaciones del 5° Circuito
de Nueva Orleans.
Según el diario La Jornada, la cantidad de mexicanos
deportados desciende año a año: 800.000 en 2002; 528.000 en 2007; 243.000 en
2014 y 200.000 en 2015. Sin embargo la cantidad total de mexicanos deportados
en el primer mandato demócrata ascendió a 2.3 millones. La decisión de la
Suprema Corte fue un duro golpe a la política migratoria de Obama. Durante años
el presidente implementó medidas de control de migración, con mayor
participación de la patrulla fronteriza, vigilancia aérea y tecnológica y
expulsiones de inmigrantes como parte de una estrategia que buscaba negociar
una reforma con los republicanos. Ante el fracaso de la estrategia el
presidente se ganó el apodo de “deportador en jefe”.
Sin embargo, la investigadora Liliana Meza González,
de la Universidad Iberoamericana, afirma que un análisis más detallado sugiere
que la política migratoria demócrata se ha concentrado en evitar la entrada de
inmigrantes indocumentados y en deportar personas con antecedentes criminales
más que en deportar inmigrantes honorables, productivos y bien adaptados a su
comunidad, algo que quizás esté por cambiar abruptamente.
Enrique Serrano Escobar, entonces presidente municipal
de Ciudad Juárez, afirmó que 10.000 mexicanos fueron deportados desde Estados
Unidos hacia Ciudad Juárez en el año 2014 frente a los 20.000 migrantes provenientes
de otros estados del país, presionando sobre las finanzas locales por la
provisión de servicios públicos, empleo y salud. Aunque Ciudad Juárez no es el
punto por donde entra la mayoría de los deportados de Estados Unidos, el hecho
de que el 61% de ellos tenga antecedentes criminales, en una situación que no
es debidamente informada por las autoridades americanas, genera situaciones de
violencia y delito en la ciudad.
El día 22 de junio una banda de narcos fue
desmantelada en la ciudad de Socorro, Texas. Sus miembros forman parte de
Barrio Azteca y seguramente serán deportados hacia Ciudad Juárez. Sea que
suceda una todavía improbable avalancha migratoria o una política expandida de
deportaciones selectivas, la problemática migratoria comienza a preocupar en la
próspera Ciudad Juárez.
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