El
estallido docente en México
Dr. Norberto Emmerich. IESAC - Ciudad Juárez, México
El 10 de septiembre de 2013 el presidente mexicano
Enrique Peña Nieto promulgó tres leyes: la reforma a la Ley General de
Educación, la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y
la Ley General del Servicio Profesional Docente. Dado que estas leyes se
refieren más al orden laboral que al tema educativo, los maestros comenzaron
rápidamente la lucha contra la Reforma cuyo último capítulo comenzó el 15 de mayo
pasado, cuando la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) inició
un paro laboral indefinido, con campamento en el Distrito Federal, exigiendo una
mesa de diálogo con el gobierno federal para pedir la derogación de la reforma educativa.
El gobierno, a través del Secretario de Educación,
Aurelio Nuño Mayer, y del Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong,
se negó al diálogo hasta que los maestros no volvieran a clases mientras
aclaraban que la reforma educativa no es tema de debate.
Esta
reforma educativa fue diseñada por los organismos multilaterales (FMI, BM y
BID), la OCDE y la organización Mexicanos Primero: fue avalada por la Unesco, legitimada
a través del Pacto por México (PAN, PRI y PRD) y aprobada por el Congreso, todo
ello sin considerar un diagnóstico, seguimiento y evaluación de las políticas
educativas aplicadas en sexenios anteriores.
Se distingue más por ser una reforma administrativa y
laboral con grandes implicaciones en la organización educativa, tendiente a un
mayor control y vigilancia. Luego de más de tres años de su aprobación, todavía
no se presenta un nuevo modelo de enseñanza, se planteó una reforma
administrativa al sistema escolar y se cambió el régimen laboral de los
docentes. Se sigue trabajando con un plan y programa de estudios del año 2011,
con textos desfasados que no han sido corregidos. El ex secretario de Educación
Emilio Chuayffet reconoció que además de errores de redacción y ortográficos
contienen errores pedagógicos y científicos.
Una reforma administrativa reorganiza el formato con
que la autoridad controla el sistema, hasta ahora negociado con la dirección sindical
a cambio de beneficios políticos para la administración. El gobierno no ha
recuperado la dirección de la educación sino la primacía en la relación
corporativa con la burocracia sindical. En nombre de la reforma educativa se
está cubriendo la reestructuración del PRI corporativo y reorganizando la estructura
del magisterio.
El artículo 53 de la Ley General del Servicio
Profesional Docente establece el régimen punitivo de la evaluación, dirigido al
personal que no se presente al examen, no se incorpore a los programas de
regularización u obtenga resultado de insuficiente en su tercera evaluación. En
ese caso se darán por terminados los efectos del nombramiento correspondiente
sin responsabilidad para la autoridad educativa; no se le podrá contratar en
ninguna escuela pública ni privada, invalidando su cédula profesional para
ejercer la docencia y sancionando a la institución pública o privada que lo
contrate.
Los maestros cuestionan esta evaluación estandarizada,
que mide aspectos superficiales sobre el manejo de leyes, normas y
lineamientos, pero no valora la práctica docente ni el vínculo con sus alumnos
y la comunidad, todo lo que implica la cualidad docente. Se reduce a la
medición y cuantificación de resultados observables, clasificando a los
maestros en idóneos y no idóneos.
Con el eslogan de “involucrar a los padres de familia
en la administración de la Escuela” generaliza la “autonomía de gestión”, con
lo que legaliza el pago de cuotas para la realización de diversas actividades
escolares, permitiendo el ingreso de empresas privadas y el inicio de procesos
de privatización.
En los próximos tres años el gobierno priísta invertirá,
mediante la emisión de bonos de infraestructura educativa, los denominados Certificados
para la Infraestructura Nacional (CIEN) equivalentes a 50 mil millones de pesos
adicionales para mejorar 30 mil escuelas de más de 2 mil municipios. Los
inversionistas serán prestamistas beneficiados, porque sus préstamos se titularán
en bonos de deuda por más de 20 años.
El gobierno sostiene que los maestros se resisten
porque quieren seguir heredando sus plazas. Los maestros afirman que la
evaluación, alejada de la práctica diaria, no da cuenta de su desempeño
cotidiano y no toma en cuenta la diversidad étnica, cultural ni la realidad
social y económica del país.
Sin embargo es cierto que la Reforma hace recaer sobre
los maestros la responsabilidad por el bajo nivel educativo y no obliga al
Estado a dotar a las escuelas y sus trabajos de un presupuesto suficiente para
el fortalecimiento de la educación.
La Reforma incorpora, entre otras, las siguientes
medidas:
- Los docentes deberán
someterse a un examen de admisión. En caso de aprobarlo tendrán que someterse a
3 periodos de prueba para conseguir la plaza definitiva.
- Quienes ya tengan una
plaza definitiva también serán sometidos a evaluación y en caso de reprobarla podrán
ser removidos a otras áreas.
- Si algún docente acepta
un cargo o comisión no educativa, será separado del Servicio Profesional
Docente sin goce de sueldo.
- Los docentes no pueden
ausentarse de clase por 3 días consecutivos o escalonados en el periodo de 1
mes. De hacerlo perderán su plaza.
- Se prohíbe que las cuotas
escolares sean obligatorias. En caso de que exista alguna cuota se deberá pedir
autorización y transparentar el motivo y el monto.
- El Sindicato no tendrá
injerencia en la contratación de maestros, para ningún nivel de enseñanza. Esta
quedará a cargo de la Secretaría de Educación Pública a través del Servicio
Profesional Docente.
- Las escuelas y sus directivos
podrán solicitar la remoción de un profesor en caso de que no cumpla con el
perfil o los resultados de su enseñanza no sean los adecuados.
- Las personas que sean
beneficiadas con un bono, ingresos extra o promoción de otro cargo, deberán
comprobar ante las instancias correspondientes que son los titulares del
beneficio y la autoridad deberá corroborar la información.
- Se despedirá a los
supervisores que intervengan en la resolución de trámites, evaluaciones o
cualquier asunto del área al que corresponden y tengan interés personal,
familiar o de negocios en la que puedan beneficiarse él o su cónyuge,
concubina, parientes consanguíneos por afinidad hasta el cuarto grado o
parientes civiles.
- En caso de que algún
docente tome cursos o cumpla con asesorías técnicas pedagógicas que lo obliguen
a ausentarse de su labor frente a un grupo, deberá recuperar las horas de clase
y comenzar desde cero la evaluación para ocupar su plaza.
- El pasado 22 de marzo,
Aurelio Nuño anunció el fin del sistema nacional de las escuelas de formación
del profesorado, es decir, ya no sería necesario graduarse de una “escuela
normal” para impartir clases. En su lugar, cualquier persona con un título
universitario podría ser contratada para enseñar.
El secretario Nuño Mayer decidió que el éxito de la
reforma se midiera en función de la continuidad del calendario escolar y del
sometimiento de los profesores a los procesos de evaluación. En ese contexto,
Nuño consideró prioritario despedir a los profesores que no se evaluaran o que
faltaran tres días seguidos o con tres ausencias en el lapso de un mes. Y
finalmente enarboló el número de maestros despedidos como símbolo de triunfo.
Intentó manipular políticamente la aplicación de la ley
al perseguir judicialmente a los dirigentes de la CNTE cuando los delitos que
presuntamente cometieron son los mismos que caracterizaron históricamente a los
dirigentes del SNTE, sin que a ellos les sucediera nada, más allá de la
detención de Elba Esther Gordillo.
Finalmente, el gobierno decidió que el mejor momento
para cumplir las órdenes de detención contra los dirigentes de la CNTE (acusados
de malversación de fondos y robo de libros) fue con el anuncio el 21 de marzo de
una alianza política con Morena, el partido de Andrés Manuel López Obrador,
principal contendiente en la elección presidencial de 2018.
La
cerrazón de Nuño a cualquier diálogo con los maestros disidentes que no fuera su
sumisión lo privó de balancear, rendir cuentas sobre la reforma y deliberar su
razón de ser y sus mecanismos. Por el contrario, inició una persecución contra
la CNTE y dejó que ella se encargara de la comunicación con los docentes,
monopolizando el discurso hacia las bases descontentas. El gobierno se
desentendió y verticalizó la implementación de la reforma.
El conflicto se volvió particularmente agudo en Oaxaca
porque allí la nómina magisterial se convirtió en una fuente de movilidad social
y de ingresos con prestaciones sociales que otros empleos no tienen. Siendo uno
de los distritos más postergados de México, donde el 67% de la población se
encuentra en la pobreza y el 28% en la pobreza extrema, la débil economía, la pobreza
y la marginación hacen que pertenecer al magisterio sea una alternativa al no
existir otras fuentes de ingreso valederas.
Ante el intento de desalojo de un bloqueo carretero en
Nochixtlán, 9 personas fueron asesinadas por la Gendarmería y más de un
centenar resultaron heridas. Inmediatamente miles de maestras y maestros se
manifestaron en Zacatecas, Guerrero, Chiapas, Tabasco, Chihuahua, Baja
California y el estado de México, para respaldar al magisterio. Las
universidades jesuitas de México aseguraron que “la represión” al movimiento
magisterial “se ha excedido, extendiéndose hasta la ciudadanía en general” y
mostraron su incondicional apoyo. También la UAM y la UNAM se solidarizaron y
fueron al paro, al igual que el ITUAM y los telefonistas.
La
masacre y la expansión de sus consecuencias vencieron la resistencia del Ejecutivo
y mediante una orden directa del presidente se dio inicio a un diálogo de
horizonte incierto, donde el PRI, golpeado por los malos resultados electorales
y el temor a una escalada violenta, está buscando salvar la reforma educativa.
El
martes 21 el secretario Nuño Mayer dijo que no se hablaría de la reforma
educativa, el miércoles 22 hubo manifestaciones de solidaridad en 29 Estados
del país y en todos los continentes mientras los manifestantes asediaban la
Casa de Gobierno en Chihuahua en protesta por la falta de combustible y otros estrangulaban
el comercio con Estados Unidos en Ciudad Juárez por la prohibición de importar
autos. En medio de la oleada el presidente Peña Nieto asumió la crisis de
gobernabilidad y produjo un cambio de rumbo para el conjunto de la política
nacional, del enfrentamiento al diálogo. En consecuencia el secretario Osorio
Chong, en primer plano con la debacle de Nuño Mayer, reconoció que sí se iba a
dialogar sobre la reforma educativa y que “ningún tema está vetado”. En un
contexto nacional de protestas, algunos miembros del Partido Revolucionario
Institucional (PRI) mostraron preocupación por los costos de la línea dura de
Nuño Mayer en las pasadas elecciones estatales del 5 junio sabiendo que la
caída de Manlio Beltrones, a más de las intrigas de palacio, sólo fue el primer
temblor.
En consecuencia más de treinta dirigentes de la CNTE
se sentaron sin condiciones previas en el Palacio de Covián con el secretario
de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong y el subsecretario Luis Miranda, el
mismo que en junio de 2015 dijo que no habría negociaciones hasta que los
maestros regresaran a dar clases.
El gobierno tomó nota de que no tiene margen para
cancelar los exámenes de evaluación o despenalizar las ausencias escolares de
los maestros mientras los líderes de la CNTE tampoco pueden volver a sus comunidades
con las manos vacías. El diálogo puede ir a ningún lado a menos que una o ambas
partes cedan. Ya se sabe que diputados del Partido de la Revolución Democrática
(PRD), apoyados por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), ofrecieron un
esquema de negociación para quitar de la reforma educativa la parte referida a
la evaluación docente a cambio de iniciar un diálogo con los manifestantes.
El estallido de las protestas docentes se da en una
circunstancia peligrosa para el gobierno de Peña Nieto que es la administración
más impopular desde 1996, con el apoyo de tan sólo el 30 por ciento de los
mexicanos. Por su parte la CNTE, que agrupa a docentes disconformes con la
conducción nacional del SNTE y tiene fuerza en el cinturón de amortiguación
mexicano (Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán), forcejea con éxito la
pulseada política. Un conflicto en estos Estados impacta directamente en la
sede del poder en la Ciudad de México.
El lunes 27 de junio a las 18 horas seguirán las
conversaciones entre el gobierno y los maestros.
