PELIGROS EN LA NUBE: LA SEGURIDAD EN LA CLOUD COMPUTING

Cloud computing: ventajas y retos en un mundo digital

Mario Ramón Duarte

Durante mucho tiempo cuando un usuario deseaba utilizar un servicio informático, debía descargar o copiar e instalar algún tipo de software en su ordenador. Esto suponía una especie de anclaje físico del servicio, que solo era accesible desde el equipo donde se había instalado. Con el cloud computing, en cambio, los servicios son accesibles a través de una red, que por lo general es internet, desde cualquier computadora. El usuario cuenta con una identificación y una clave que le permite hacer uso de la prestación este donde este.

La computación en la nube, informática de la nube o simplemente nube, es una tecnología que permite el acceso remoto a software, almacenamiento de archivos y procesamiento de datos por medio de internet, siendo de ésta manera, una alternativa a la ejecución en una computadora personal o servidor local.

La computación en la nube son servidores desde Internet encargados de atender las peticiones en cualquier momento. Se puede tener acceso a su información o servicio, mediante una conexión a internet desde cualquier dispositivo móvil o fijo ubicado en cualquier lugar. Sirven a sus usuarios desde varios proveedores de alojamiento repartidos frecuentemente por todo el mundo. Esta medida reduce los costos, garantiza un mejor tiempo de actividad y que los sitios web sean invulnerables a los delincuentes informáticos, a los gobiernos locales y a sus redadas policiales pertenecientes.

Cloud computing es un nuevo modelo de prestación de servicios de negocio y tecnología, que permite incluso al usuario acceder a un catálogo de servicios estandarizados y responder con ellos a las necesidades de su negocio, de forma flexible y adaptativa, en caso de demandas no previsibles o de picos de trabajo, pagando únicamente por el consumo efectuado, o incluso gratuitamente en caso de proveedores que se financian mediante publicidad o de organizaciones sin ánimo de lucro.

Entre los tipos de nube podemos mencionar las nubes privadas, las nubes hibridas y las nubes comunitarias.

El cambio que ofrece la computación desde la nube es que permite aumentar el número de servicios basados en la red. Esto genera beneficios tanto para los proveedores, que pueden ofrecer, de forma más rápida y eficiente, un mayor número de servicios, como para los usuarios que tienen la posibilidad de acceder a ellos, disfrutando de la transparencia e inmediatez del sistema y de un modelo de pago por consumo.

Si bien hemos tratado de reconocer las principales ventajas de ésta tecnología, se hace necesario también expresar sus cuestiones pendientes o barreras a vencer, que son el aspecto cultural, la seguridad misma y el propio marco legal regulatorio, que es una constante general en la era de ésta Cuarta Revolución Industrial, por parte de todos los gobiernos del planeta.

La cloud computing a pesar de los preceptos enunciados, representa una evolución en el uso de la computación que cambia por completo en que establecemos recursos y herramientas de primera mano. Una de ellas es el ahorro del coste en lugar de realizar grandes inversiones en infraestructura física, las empresas optan por montar centro de datos en la nube que, gracias a la IoT, pueden ofrecer servicios y funciones a los usuarios de forma ágil y funcional.

En lo atinente de esta tecnología en Latinoamérica las empresas han desarrollado una resiliencia antes los retos económicos durante su historia. Mucha de esta fortaleza se debe a la adopción de tecnologías que en su momento han estado disponibles, sino para todas las mayorías de las organizaciones.

Un estudio realizado por la Comisión Económica para Latinoamérica y el Caribe de la ONU, expresa que la nube publica es el modelo de cloud computing con mayor presencia en la región, por eso no es extraño suponer que han tenido un impacto benéfico en todas las organizaciones que han adoptado estas herramientas.

Entre los principales países de Latinoamérica que registran el mayor incremento porcentual pronosticado para los siguientes años, duplicando o incluso triplicando el consumo actual de servicios cloud, mencionamos a Brasil, México, Argentina, Colombia y Chile.

El crecimiento de este mercado es anticipado por varios proveedores de comunicaciones en la región, estableciendo la tendencia desde lo más conservador de un 10% hasta un 90% para el 2020. Los temas de Seguridad siguen presente como uno de los temas que deben ser abordados y cubiertos por los proveedores de servicio cloud, sin embargo al día de hoy las medidas de seguridad y procesos que certifican con normas internacionales a proveedores como Google dan el voto decisivo para la toma de decisiones.

La Industria 4.0 todavía tiene que resolver cómo alcanzar el equilibrio entre las tecnologías de producción y la organización del capital humano involucrado, para seguir generando mayor confiabilidad y transparencia en el mundo de hoy a los usuarios.

No cabe duda de que la tecnología informática ha favorecido en gran medida al mundo empresarial. Pocas son las empresas de hoy que no están digitalizadas de alguna manera. En mayor o menor grado, casi todas emplean algún tipo de software que les ayuda a administrar mejor el negocio.

Estos softwares de aplicación ya se venían usando en las grandes empresas desde hace varios años, cuando las ventajas de la era digital abrían todo un abanico de posibilidades. Poco a poco, más y más negocios se iban informatizando a medida que se abarataban los costes de aplicaciones y servicios técnicos. Aunque siguen siendo las PYMES quienes lo tienen más difícil por su alto coste adquisitivo y de mano de obra.

Y en este aspecto, el Cloud Computing facilita la labor a las pequeñas y medianas empresas que necesiten este servicio informático a un precio barato y sencillo de utilizar, como así también es aquella nube administrada por terceras personas que no son parte de la organización. Los datos de cualquier cliente se mezclan entre los servidores de la nube. Las aplicaciones, archivos almacenados y más recursos pueden ser usados por los clientes a través del proveedor de servicios, dueño de toda la infraestructura almacenada en los distintos dispositivos. Su acceso por parte del cliente es casi siempre a través de la misma red: Internet. El futuro sin dudas es hoy más que nunca parte de nuestro entorno y no da tregua, es por ello, que no debemos quedarnos estancados y dar la batalla en todos los aspectos de los múltiples nuevos términos que nos rodean, principalmente buscando una regulación que alumbre el lado ético desde lo computacional.

SIN BRASIL Y MÉXICO INTEGRADOS, NO HAY AMÉRICA LATINA

Brasil y México, una encrucijada

Juan Pablo Calderón Patiño

http://revistafal.com/brasil-y-mexico-una-encrucijada/

Por más que haya intervalos de diversas ópticas, nadie puede negar que si Latinoamérica de verdad quiere tener un papel más allá de la retórica del anhelo vitalicio de la integración, debe transitar por el diálogo entre Brasil y México. En los dos Estados se concentran más de la mitad del PIB de la región, de las corrientes de inversión extranjera directa, de la población y del territorio, ni más ni menos. En la última década pareciera que la región se dividió entre la “Latinoamérica del Norte” con México, el espacio centroamericano y el caribeño, y el Cono Sur, que conjuntó una serie de organismos propios. Salvo la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños fundada en 2010 ―una especie de Organización de los Estados Americanos sin Canadá ni Estados Unidos―, la integración de la región tuvo una inminente bifurcación.

Brasil y México comparten una ruta peculiar, en tramos parecida, como fue el proceso de industrialización que a ambos les permitió crecer por arriba del 6% anual entre la década de 1930 y la década de la pesadilla de la deuda externa de 1980. Si el camino por el nacimiento de sus respectivos Estados fue tan singular, como el brasileño que no lanzó ninguna bala, el de México fue el de un río sangriento que continuó su cauce fatal en la Revolución de 1910. El recorrer del siglo XX, con modelos políticos tan dispares, conjuntaron, en especial, desde 1985, en Brasil con el retorno a la democracia y en México con la apertura del pluralismo político, una “democracia mitigada” que en los dos países mantuvo procesos de altibajos.

Hoy, con apenas un mes de diferencia en las tomas de posesión de México y Brasil, han vuelto a redefinir un nuevo punto de partida en sus democracias. Un primer gobierno de un partido de izquierda (aun cuando en el propio Partido Revolucionario Institucional la izquierda cardenista o la peculiar de Adolfo López Mateos, son antesala histórica) ha llegado al poder haciendo sucumbir en las urnas a las opciones clásicas de la política. En Brasil, con un sistema de partidos atomizado y con una crisis sin igual en el Partido de los Trabajadores por el desgaste de gobernar 13 años, arriba un político ultraderechista y de estirpe militarista.

Si bien las relaciones entre Estados democráticos se dice que no tienden a escalar en conflictos, en este caso la personalidad de ambos líderes jefes de Estado tan dispares ideológicos, pondría a prueba dicha máxima. Bolsonaro que pasó más de 2 décadas como legislador federal y transitó por ocho institutos políticos, ha dicho que el pueblo lo eligió porque quiere menos Estado y más mercado. En México, la crítica lopezobradorista al neoliberalismo pareciera que busca lo contrario confirmando, al menos en su narrativa, un regreso a las políticas que antecedieron a 1982 cuando la ola tecnocrática invadió los espacios públicos de México. El otrora capitán del ejército brasileño apunta a las “recetas de siempre” que desde la ortodoxia de la Universidad de Chicago tuvo en el Chile de la dictadura su primer laboratorio en Latinoamérica, el camino neoliberal.

Entre China y Estados Unidos

Los dos países, primero miembros del G-5 junto con China, la India y Sudáfrica, y que después fueron invitados a integrarse al G-20 por el peso de sus economías nacionales, están inmersos en una correlación de fuerzas geopolíticas y de intereses de Estado que buscan una nueva época entre dos actores fundamentales, China y Estados Unidos. La arrogancia de Donald Trump, secundada por algunos mandatarios latinoamericanos, ha renacido en la lacerante Doctrina Monroe, de “América para los americanos”. El aparente olvido de Estados Unidos en el hemisferio ha sido cuestión de diversos gobiernos en la Casa Blanca y esos espacios han sido llenados por China que no es casual que ya es el primer socio comercial de países como Brasil y Chile, país con el que Bolsonaro plantea una alianza estratégica. México, por razones naturales en su dependencia comercial y económica con Estados Unidos, enmarcada por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y su destino, aún a la deriva ante la nueva conformación del Congreso en la capital estadounidense, no mantiene una relación estrecha en lo comercial con China, y las acciones de López Obrador en sus primeras semanas de gestión han sido un perfil bajo, por ahora en la relación bilateral más importante para los mexicanos.

López Obrador ha dejado constancia de que la agenda internacional de México no es un tema que guarde prioridad aún. Fue quizá uno de los últimos mandatarios electos que en el largo período de transición de 5 meses no realizó ninguna visita al exterior. En otras ocasiones era la oportunidad para delinear prioridades y dar mensajes contundentes en determinadas causas y zonas geográficas. Brasil era una escala en las antiguas giras de presidentes electos mexicanos al Cono Sur. Sin ser declarado presidente electo por la autoridad electoral, el entonces presidente Enrique Peña Nieto invitó a López Obrador a la XIII Cumbre de la Alianza del Pacífico con el Mercosur, que tuvo lugar en Puerto Vallarta el 24 de julio de 2018. López Obrador aceptó la invitación, pero días después canceló al argumentar que no tenía la investidura cuando la verdad asomaba otros elementos más del índole transicional interno. Una de las reuniones bilaterales, la más importante para muchos analistas, era el encuentro con el Presidente de Brasil, Michel Temer. Su realización como primera aproximación hubiera sido importante por los intereses de ambos Estados, con independencia de sus gobiernos en turno por más que Brasil semanas después tendría su proceso electoral presidencial.

La relación comercial

Abundantes textos han hablado de la relación económica y comercial entre mexicanos y brasileños para sostener que aún están lejanos la proyección de 18 000 millones de dólares conjuntos. 10 000 millones de dólares más en los próximos años no se ven tarea fácil cuando la histórica animadversión de ciertos grupos empresariales y oficialistas de Brasil se ha traducido en el libre comercio.

La renovación del Acuerdo de Complementación Económica número 55, que en marzo de 2019 tiene fecha para llegar al libre comercio en la joya de la corona, el sector automotriz, tendrá su primera prueba de fuego entre los gobiernos de López Obrador y Bolsonaro. México y Brasil son los gigantes de una industria automotriz en transición a una nueva era global en la movilidad. México como sexto productor mundial de vehículos ligeros y el cuarto exportador, hace 4 años rebasó a Brasil como principal productor automotriz latinoamericano. La complementación entre estos dos mercados tiene complementariedad en sus mercados internos. Brasil tiene un gran mercado interno con poca exportación automotriz manteniendo tasas de diversificación y México, tiene un deprimido mercado interno combinado con un auge exportador, pero con un solo comprador que absorbe más del 80% de las exportaciones automotrices mexicanas.

A la relación comercial se debe poner un complemento que muchas veces el discurso presidencial lo toma de manera marginal y es la inversión mexicana en el exterior. La mayor parte de estudios serios ubican que capitales mexicanos en Brasil superan los 30,000 millones de dólares y van desde sectores como el hotelero hasta telecomunicaciones. La inversión brasileña en México es menor a la mexicana por una diferencia de poco más de 10 000 millones de dólares, nada despreciable, en especial en el sector energético. Las medidas que impulse el nuevo gobierno de Brasil con impacto en inversiones mexicanas deben estar en el mirador de la política exterior de México para garantizar que todo proceso sea llevado bajo el Estado de derecho. La experiencia venezolana en expropiaciones a plantas cementeras mexicanas es un antecedente para la diplomacia mexicana en Brasil y en otros países. El empresariado de los dos Estados es un actor de suma importancia además de las trasnacionales que tienen en ambos países plataformas de producción y exportación de gran dimensión. El caso Odebrecht, que en México no ha llevado a nadie a la cárcel, podría tener una nueva fase con los nuevos gobiernos con serias implicaciones, si de verdad México busca el espacio cabal de las leyes y dar una lección a la corrupción. El caso Odebrecht, con independencia de su derrotero, es ejemplo de que la corrupción no es exclusiva del sector gubernamental y esa marca deberá resguardar repetir lamentables casos que minaron la confianza ciudadana y empañaron a diversas personalidades de la política y la empresa.

La política exterior

La nueva edificación de las alianzas de Brasil con Trump e Israel estará transformando la geopolítica de la región con situaciones candentes como las crisis de Nicaragua y Venezuela, pero también en el escenario mundial en los organismos internacionales. A ello se le debe sumar el cuidado de más de 16 000 kilómetros de fronteras nacionales de Brasil, las mismas que afianzó el legendario diplomático, el Barón de Río Branco.

Itamaraty, la casa diplomática brasileña de tanto reconocimiento, ya empezó a tener los primeros choques, en especial con el Ministerio de Comercio que parece le quitaría “parcelas de funciones” a los diplomáticos de carrera. En un régimen presidencial y federal como el de Brasil y México, cuya responsabilidad en la política exterior es del Ejecutivo, Itamaraty tendrá más que ejecutar las decisiones de Bolsonaro a un costo extremadamente alto para Brasil, iniciando por un canciller brasileño que, aunque de carrera, no oculta su admiración por Trump. Los organismos internacionales, tanto regionales como especializados, verán entre los dos grandes de Latinoamérica una lucha que, si bien pasa por la antítesis de sus posiciones, México ―resguardando su histórico papel en el multilateralismo― tiene mucho que aportar en el cambio climático, el fenómeno de la migración, el respeto a las minorías indígenas y los derechos humanos de toda generación, además del baluarte de defensa en el comercio mundial que, con sus luces y sombras, es preferible tenerlo ―que es la Organización Mundial del Comercio por cierto dirigida por un brasileño como funcionario internacional―.

En México existe alarma que la nueva relación entre Trump y Bolsonaro descubra nuevas oportunidades, en especial, en la exportación de alimentos brasileños a Estados Unidos. Brasil es gigante en cítricos, café, piña y en muchos cultivos más, pero la lógica real cifrada en logística, y lo que los economistas llaman “preferencias y gustos del consumidor”, serán fundamentales para que México no pierda escaños como gran abastecedor del mercado estadounidense. Brasil deberá también sopesar que Chile y México, como miembros de la Alianza del Pacífico, y que con los nubarrones del TLCAN, el gobierno mexicano anterior inició compras históricas de maíz brasileño para diversificar la dependencia con los cerealeros de los estados que votaron por Trump. Argentina, que con certeza de Estado buscará un contrapeso frente al Brasil de Bolsonaro, es otro espacio para compras de granos básicos para México además de madurar alianzas de intereses recíprocos.

Optimismo escaso

Brasil y México tendrán una nueva época, pero el optimismo es escaso para alimentar la relación. Los intereses de Estado estarán en un aparador frágil entre dos países que los une su riqueza, pero también su mayor afrenta: la desigualdad y déficit social. Su riqueza energética, Brasil con 45% de la matriz energética renovable del planeta y México también una potencia en ecosistemas, tendrán diferencias en el cambio climático, que el equipo de Bolsonaro lo ha catalogado como “alarmismo climático”. Brasil, ya no es desde hace años el “eterno país del futuro” y México, tampoco es el país “exclusivo” de lo que se imaginó desde la apertura comercial, una “Norteamérica” que creían en el dogma de integración, eterna. Es difícil ser optimista en la nueva época donde el realismo dicta que “administrar la relación” será el cauce entre Brasilia y la Ciudad de México. Si Alfonso Reyes divisó con magistral pluma e inteligencia al país amazónico en su texto El Brasil es una castaña, la nueva designación de embajador mexicano en la moderna Brasilia será toral para identificar oportunidades y retos. Los 30 millones de votos para López Obrador y los 57 millones de sufragios para Bolsonaro son un apoyo legítimo, sin duda, pero no un cheque en blanco para todos los mexicanos y brasileños.

PRISION PREVENTIVA, IMPORTANTES CAMBIOS EN MEXICO

La prisión preventiva y los delitos graves en el sistema de justicia penal mexicano

Alejandro Campuzano Álvarez

La Cámara de Diputados de la LXIV Legislatura, en el ejercicio de sus atribuciones, ha llevado a cabo diversas reformas constitucionales, entre las cuales destaca una iniciativa de ley que actualmente se encuentra en un debate álgido en virtud de la importancia y la trascendencia que la propia iniciativa plantea: la prisión preventiva.

La prisión preventiva oficiosa, plasmada en el artículo 19 constitucional, establece los supuestos y los delitos en los cuales se aplicará la misma como medida última y excepcional en un proceso penal, pero ¿qué es la prisión preventiva oficiosa?

Deberá entenderse por prisión preventiva a aquella medida última, excepcional y cautelar por medio de la cual se priva de la libertad a un imputado —persona sujeta a un proceso penal, pero cuya culpabilidad no ha sido decretada mediante sentencia— con objeto de garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la o las víctimas, de las o los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, siempre y cuando la causa diversa no sea acumulable o conexa en los términos del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Actualmente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contempla seis delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa —automática—, y son: homicidio doloso, delincuencia organizada, violación, secuestro, trata de personas, y aquellos que se cometan de forma violenta con armas de fuego.

Con base en diversas problemáticas sociales en materia de seguridad que han impactado de forma directa la vida de las y los mexicanos, el Senado de la Republica presentó una iniciativa de ley con objeto de reformar el artículo 19 constitucional para anexar a la lista de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa, nueve más, entre los cuales se encuentran: abuso o violencia sexual contra menores, feminicidio, robo a casa habitación, robo a transporte de carga, desaparición forzada, delitos en materia de armas de fuego y explosivos, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción por enriquecimiento ilícito y delitos en materia de robo de hidrocarburos.

La Cámara de Diputados, a través de la Comisión de Puntos Constitucionales, desechó seis delitos restando solo tres en el Dictamen de prisión preventiva oficiosa, mismos que son: uso de programas sociales con fines electorales, corrupción por enriquecimiento ilícito y delitos en materia de robo de hidrocarburos. Esto en virtud de que los dos primeros son cometidos por servidores públicos y el último por la extrema urgencia del combate al robo de hidrocarburos —“huachicoleo”—.

Acto seguido, el descontento social influenciado por la desinformación y una campaña negra en contra de la administración pública federal, se hizo presente en virtud de que la ciudadanía asumió que la decisión de las y los diputados era negar la gravedad de los nueve delitos anteriormente enunciados.

¿Cómo era posible que las y los diputados no visualizaran como delitos graves el feminicidio, el abuso sexual contra menores, la desaparición forzada, entre otros? Por supuesto que en un país como México indignan ese tipo de aseveraciones; sin embargo, la reforma al artículo 19 constitucional y su debate, en ningún momento se centraron en la gravedad de los delitos; la discusión fue en torno a la prisión preventiva oficiosa.

Ahora bien, existen dos tipos de prisión preventiva, a saber: la que es solicitada por el Ministerio Público, y la oficiosa, es decir, la que se decreta en forma automática por tratarse de los delitos enunciados en el artículo 19 constitucional. Por lo tanto, para cualquier delito se puede solicitar la prisión preventiva como medida excepcional y última, siendo la o el juez quien decrete si esta procede o se desecha.

Con base en lo anterior, no es que las y los diputados no visualicen como graves los delitos, sino que, en aras de proteger el principio de presunción de inocencia establecido en la reforma constitucional del año 2008, es que busca privilegiar uno de los principios fundamentales del derecho que a la letra señala que “toda persona es inocente, hasta que se le demuestre lo contrario”.

Al establecer la prisión preventiva oficiosa, en efecto, se vulneran los derechos humanos del imputado. Es por ello que las y los legisladores, han optado por establecer únicamente como delitos que merecen prisión preventiva oficiosa aquellos que son cometidos por altos funcionarios, quienes, al amparo del poder del cargo público, dañan a la nación económica y socialmente. Véanse como ejemplos a los exgobernadores Andrés Granier, de Tabasco; Guillermo Padrés, de Sonora; Rodrigo Medina, de Nuevo León; César Duarte, de Chihuahua; Roberto Borge, de Quintana Roo; Fidel Herrera, de Veracruz; Gabino Cué, de Oaxaca; Tomás Yarrington, de Tamaulipas; Jorge Torres, de Coahuila; Javier Duarte, de Veracruz, entre otros. Es precisamente a ellos a quienes apunta la reforma constitucional del artículo 19.

Se concluye entonces que la prisión preventiva, es una medida cautelar excepcional, que puede ser de oficio o a petición del ministerio público por la posible comisión de cualquier delito. La prisión preventiva es una herramienta que deja ver la falta de eficacia y eficiencia del Poder Judicial de la Federación, particularmente de los Juzgados y Tribunales Penales, en virtud de que priva de la libertad a un presunto responsable de la comisión de un delito sin sentencia de por medio.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el año 2016, 65 mil personas recluidas en centros penitenciarios no habían recibido sentencias, lo cual equivale a un 35% de la población reclusa; de ellas, 69% lleva más de un año y 43% más de dos años sin recibir sentencia. Por lo tanto se infiere que la prisión preventiva es una medida legitimada por el poder judicial —particularmente por las y los jueces— para privar de la libertad a una persona sin sentencia condenatoria olvidando con ello el debido proceso penal y el respeto a los derechos humanos.

NUEVO PRESIDENTE EN EL SALVADOR

El Salvador, más que el voto
Juan Pablo Calderón Patiño

Hace más de una centuria cuando los franceses decidieron que Panamá representaba la mejor opción para el paso entre el Atlántico y el Pacífico, la faena más dura fue empezar a trazar la línea de navegación. Sin las grandes máquinas de ahora, la mano del hombre empezó la primera edificación. Los pantanos, el criminal calor húmedo, el enjambre de bichos tropicales, eran la muerte.

Preocupados los franceses supieron de una escuadrilla de trabajadores salvadoreños que no le tenían miedo al trabajo. Ellos fueron los primeros héroes de ese canal transoceánico. Su muestra de valentía, resistencia y lucha corre en el mismo paralelo de su historia como Estado en el Istmo centroamericano, una república del ramillete de repúblicas de la escisión de mal llamado Imperio mexicano que después tomó decisión libertaria como país independiente. Hoy los salvadoreños salen a votar esperando no recurrir a la segunda vuelta programada el 10 de marzo. 

El “Pulgarcito de América” como le llamaba Gabriela Mistral, el país más densamente poblado por kilómetro cuadrado en el Hemisferio, acude a una elección que no ha podido dejar de arrastrar la herencia del siglo XX que le costó una de las mayores y sangrientas guerras civiles de América Latina, además del recurrente intervencionismo de Washington. 

Con todo, la paz firmada en enero de 1992 en el Alcázar de Chapultepec en Ciudad de México, fue un hito y una victoria combinada de la diplomacia regional y del Sistema de Naciones Unidas. En el prólogo de la paz y transformados en partidos políticos, la Alianza Republicana Nacionalista (creada por el fundador de los tristes escuadrones de la muerte y con dos ex presidentes en proceso penal, uno en prisión y otro fallecido) y el antiguo combatiente, Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN, con su primer presidente asilado en Nicaragua y con orden de detención por la Fiscalía de El Salvador), la alternancia en la Presidencia ha sido una constante y en su último tramo uno de los combatientes insurgentes, es Presidente de la República. 

Ahora, la violencia se ha transformado en un cocktail de sumo peligroso; pobreza, migración, corrupción y hartazgo de una población que de sus seis millones de habitantes, tienen casi una tercera parte viviendo en Estados Unidos, lo que permite a El Salvador que aterricen más de cinco mil millones de dólares en remesas año por año, superior a sus divisas por café (su variedad arábiga llamada “Pacamara” es de una altísima calidad y dicen es el grano que consumen en el Palacio de Buckingham) o algodón. 

La resistencia del cambio de los partidos tradicionales más la ceguera ideológica del FMLN, tiene en la antesala del poder a uno de los que fue “suyo” y que con sus siglas fue Alcalde de San Salvador. Nayib Bukele, de 37 años y que retoma la corriente “anti sistema político” que recorre desde Brasilia a Londres y desde Washington a Ankara. 

No será tarea fácil porque en juego está más que la relación con la Venezuela en crisis, lo que está en el debate son los mecanismos de integración regional centroamericana cuando ninguno de sus países por sí solos puede tejer el desarrollo que merecen sus habitantes. 

Que tome en cuenta eso México que debe comprender el papel histórico que no transita sólo con la “administración de la diplomacia” sino con un quehacer diplomático a la altura de los retos. De nueva cuenta, los salvadoreños evocan a esa cuadrilla de trabajadores que iniciaron la primer apertura del Canal panameño con más que agallas. 

Ante el presumible fin de otro sistema de partidos agotado, estoy seguro que el poeta guerrillero Roque Dalton (ultimado en el error más grande y salvaje de sus compañeros guerrilleros), regalaría otras líneas en su obra “Las historias prohibidas de Pulgarcito” que enseña que por más que la paz se haya firmado, la liberación nacional es tarea colectiva y épica cotidiana.

GOBIERNOS DISTINTOS QUE HACEN LO MISMO: AUSTERIDAD Y AJUSTE

Cuando los ángeles hacen política: seguridad y corrupción

Miguel Angel Barrios y Norberto Emmerich

Clarín, domingo 20 de enero de 2019

Los últimos gobiernos latinoamericanos electos basaron su campaña en la lucha contra la inseguridad y la corrupción, con candidatos que instalaron estas temáticas como los ejes centrales de la vida nacional en sus respectivos países, sin cuestionar el orden social.

Así lo hizo Mauricio Macri en Argentina, luego Andrés Manuel López Obrador en México y finalmente Jair Bolsonaro en Brasil. La relativa novedad de gobiernos distintos con iguales programas se sintetiza en la política de ajuste fiscal que todos llevan adelante, desde la izquierda republicana a la derecha autoritaria.

Apenas Jair Bolsonaro solicitó la prohibición de enjuiciamiento a los policías por hechos cometidos en servicio cuando se desató una ola de atentados en Ceará, al nordeste del país. El nuevo presidente justifica lo primero por lo segundo, pero se percibe que la inhibición a los policías no brinda seguridad a los brasileños sino impunidad al Estado.

El martes 1° el gobernador Camilo Santana solicitó el envío de tropas federales, las que recién arribaron al nordeste el viernes 4 reafirmando la idea de que la impunidad se acompaña dela incapacidad de gestionar adecuadamente los asuntos públicos.

El año 2018 cierra en México con la estadística de homicidios más elevada desde que se realizan cómputos oficiales al mismo tiempo que la estrategia de combate a la corrupción desmantela desordenadamente la capacidad de inteligencia criminal de la burocracia estatal.

En Argentina la emergencia de seguridad fue prorrogada año tras año hasta el pasado 31 de diciembre de 2018. El ministerio de Seguridad lanza un Reglamento General para el Uso de las Armas de Fuego (Resolución 956/2018) que otorga a las fuerzas federales mayor libertad para disparar “en situaciones de peligro inminente”, con criterios diferentes a los previstos por Naciones Unidas para circunstancias similares.

Mientras Argentina autoriza la participación militar en tareas de apoyo logístico en las fronteras y busca también crear una fuerza militar de reserva con 10 mil civiles, México discutirá en pocos días la creación de una Guardia Nacional integrada por 50 mil policías y militares para el combate contra el crimen organizado. Brasil autorizará por decreto que todos los ciudadanos puedan portar armas de fuego incluso en público. Con 64 mil homicidios en 2017 (más del doble que México) el debate ha encendido todo el país.

Transparencia Internacional afirma que más del 61% de las personas en México consideran que su policía es corrupta y el 51% afirma haber pagado sobornos para acceder a servicios públicos, sobretodo de seguridad. En Brasil la Operación Lava Jato fue el mayor escándalo de corrupción en la historia y llevó a 118 condenas de prisión. México ocupa el lugar 123, Argentina el lugar 95 y Brasil el lugar 79 en el Indice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional. Los problemas son reales, pero la combinación de militarización y ajuste no brinda ni seguridad ni transparencia.

Los nuevos gobiernos se muestran con éxito como la “novedad” frente a la herencia corrupta de los anteriores y convocan a un fortalecimiento de los instrumentos punitivos en manos de la fuerza pública para “combatir” el delito (Guardia Nacional, prohibición de enjuiciamiento, Reglamento para el Uso de Armas de Fuego) y la corrupción mientras reducen el presupuesto público (plan de austeridad de López Obrador), lanzan planes de privatización (“en Brasil se privatizará todo lo que se pueda”) o ajustan las alzas salariales.

El angelical entendimiento que predica que gobernar bien es tomar buenas e inconsultas decisiones desde arriba hacia abajo se contradice con la idea política de conflicto, confrontación y debate ciudadano mediante los cuales se adoptan estrategias democráticas socialmente sustentables.

LAWFARE: CUANDO APLICAR LA LEY NO ES HACER JUSTICIA

Latinoamérica en tiempos de lawfare: riesgos y consecuencias

Mario Ramón Duarte

Hoy por hoy nuestra región Latinoamericana no sigue ajena a las innumerables embestidas, organizadas e implementadas por potencias extranjeras con plenos intereses en este último rincón del mundo; una zona de vital importancia geoestratégica, quizás la de mayor importancia en los próximos 50 años, debido a los múltiples bondades que ofrece para toda la comunidad mundial, empezando por los recursos naturales, pasando por las riquezas vírgenes por descubrir en zonas aun inexploradas por la raza humana para culminar con la contaminación de nuestras aun frágiles democracias pero que garantizan a nuestros ciudadanos una vida en paz y plena para su normal desarrollo.

Una de esas embestidas en tantas sufridas estos últimos años, sobresale como una especie de moda en Latinoamérica la guerra jurídica o lawfare, una palabra inglesa de reciente acuñación que aún no figura en el Diccionario Inglés de Oxford y es una contracción gramatical de las palabras "ley" (Law) y "guerra" (warfare), esta última para describir una forma de guerra asimétrica, define "Guerra jurídica" como el uso ilegítimo interno, o del derecho internacional con la intención de dañar a un oponente, consiguiendo de dicha manera la victoria en unas relaciones públicas, paralizar financieramente a un oponente, o atando en el tiempo a estos para que no puedan perseguir otras empresas como presentar sus candidaturas a cargos públicos. El término "guerra jurídica" se usa más comúnmente como una etiqueta para criticar a los que utilizan el derecho internacional y los procedimientos legales para hacer reclamaciones contra el Estado, especialmente en áreas relacionadas con la seguridad nacional.

Son varios los juristas y expertos que se han pronunciado sobre esta problemática en cuestión. Hay voces que expresan que desde el final de la guerra fría, Estados Unidos prefiere tener el control sobre Latinoamérica por vías de apariencia democrática, como ser a través del control del Poder Judicial; sin emitir juicio personal sobre el mismo, nuestro país es una muestra acabada de ello, al menos la realidad va marcando y demostrando esta modalidad con varios dirigentes del campo popular, mas allá de los diferentes casos, para no generalizar la cuestión.

Las características más comunes que se perciben y que en la actualidad parecieran ser algo normal en cualquiera de nuestros países hermanos, debido al silencio sepulcral de quienes tienen la responsabilidad, puesto que fueron elegidos legítimamente en elecciones democráticas para representar y defender al pueblo de estas embestidas, están rodeadas de un inentendible silencio sepulcral. Entre esas características a la que se ha hecho mención precedentemente son: Jueces vinculados a una determinada parcialidad política, testigos pocos fiables, ausencia de pruebas, implicación de los grandes medios de comunicación, condena decidida de antemano, entre otras, prácticamente en resumen, un disciplinamiento estricto, que en nada ayuda a consolidar las instituciones democráticas.

Según un sondeo de Américas Barometer, se estima que un 19% de la población latinoamericana paga sobornos. He ahí una posible explicación antropológica y cultural. Sea real o percibida, lo cierto es que el explosivo crecimiento de las redes sociales, la expansión de una clase media políticamente muy activa y la extendida percepción de que las instituciones y las estructuras económicas favorecen a una pequeña élite han disparado la visión de la corrupción como uno de los mayores problemas.

“Te ayudo a ganar elecciones y tú me das esa concesión millonaria”. Este modus operandi, particularmente potenciado por la gigantesca constructora brasileña Odebrecht, se ha normalizado. Y los antiguos gobiernos de izquierda (particularmente el argentino y brasileño), salpicados por las declaraciones incentivadas por leyes que favorecen la delación, aún no han hecho autocrítica, seguramente por miedo a que podría usarse en su contra, obviando que la verdad tiene una fuerza propia. No obstante, las ex presidentes Cristina Fernández de Kirchner y Dilma Rousseff, la primera encausada por corrupción y la segunda destituida tras un golpe de Estado institucional, han lanzado un mensaje en el que destaca el concepto “lawfare”, criticando la utilización del aparato judicial como arma para destruir a la política y a los líderes opositores.

Entre otros ejemplos o casos emblemáticos en la región podemos mencionar los casos de: El 24 de enero de 2018 el Tribunal Supremo de Brasil ratificó la sentencia contra el que fuera presidente del país y candidato para las elecciones presidenciales, Lula da Silva, condenado a 12 años de prisión por corrupción. Acabó en prisión en abril de 2018 y resultó inhabilitado para la elección presidencial.

El 9 de abril 2018 la Fiscalía de Colombia ejecuta una orden de captura con fines de extradición de los EEUU contra el diputado electo del partido FARC y responsable de la implementación del Acuerdo de Paz Jesús Santrich, por un supuesto delito de conspiración para exportar cocaína a los EEUU. Desde entonces permanece en prisión, apartado de la implementación del acuerdo de paz y sin haber podido tomar posesión de su escaño en la Cámara Legislativa a pesar de no existir acusación alguna contra él en Colombia.

El 3 de julio de 2018 se dicta por un tribunal de Ecuador una orden de prisión y captura internacional contra el ex presidente Rafael Correa. Previamente, el 14 de diciembre de 2017, era condenado a seis años de prisión el vicepresidente Jorge Glas, acusado de corrupción. Y el 17 de junio de 2018 era capturado en Madrid, por solicitud de Ecuador, Pablo Romero, quien fuera parte del equipo de Gobierno de Rafael Correa.

Una perspectiva lógica señala a esta modalidad como un tipo de guerra sin armas y de apariencias democráticas con tres modalidades de ataque minucioso en tres dimensiones, ellas serian: Geográfica: los atacantes eligen el campo más ventajoso, en este caso un tribunal que mejor atienda su objetivo de acabar con su opositor. Dos: entramado de una ley específica para esa guerra. Y tres: los medios de comunicación para crear una sensación de presunción de culpa. Las estrategias del “lawfare” pasan por abusar de las leyes vigentes para deslegitimar y perjudicar la imagen del adversario. Usar el proceso legal para cercenar su libertad, intimidarlo, silenciarlo, influenciar negativamente a la opinión pública para anticipar la sentencia condenatoria y cercenar el derecho a una defensa imparcial.

Los objetivos que se persiguen son similares a los que otrora buscaban directamente las Fuerzas Armadas: deslegitimar y perseguir figuras políticas populares opuestas a sus intereses. Y lo hacen a través de expertos, que manejan el lenguaje jurídico, en contraposición al lenguaje contaminado por la política. El proceso de recorte del Estado y de lo público incluyó la reforma jurídica como parte de la batalla contra la ineficiencia del Estado. La corrupción venía de la mano de una mala gestión de los políticos que creían e impulsaban lo público, y debía ser extirpada para devolver la supremacía de lo privado.

En ese sentido, no resulta sorprendente constatar que la persecución judicial se ha exacerbado contra funcionarios de gobiernos donde el Estado recuperó su protagonismo en materia económico-social, agrandando al Estado y revalorizando lo público. Y se ha cebado con los líderes latinoamericanos que impulsaron ese cambio.Tampoco pueden pasarse por alto el «timing político», ya que el caso judicial (como arma) se hace público en momentos de alto coste político para la persona o grupos que son desprestigiados; la reorganización de los aparatos judiciales, las élites, con el control del aparato del Estado, colocan en espacios clave a «técnicos» (abogados, jueces, fiscales) vinculados al poder de turno para atacar al adversario y prevenir situaciones hostiles que puedan provenir de este; o el doble rasero de la ley: pueden salir a la luz varios casos, pero se elige hacer seguimiento a unos para producir consentimiento sobre la corrupción como enfermedad del Estado y de lo público, y se invisibilizan o desestiman otros, como es el caso de las empresas offshore que Macri tenía en Panamá.

Por último, y más allá de gobiernos de izquierda o derecha, sumado ahora a nuevos actores, pero nunca para bien sino a tono con la decadencia moral de estos tiempos el poder judicial que permitió que América Latina fuera uno de los continentes con más corrupción institucional en muchos casos se benefició de ella, que nunca fue capaz de combatirla, ahora se ha convertido en un arma de intervención directa en los asuntos políticos internos, al servicio de los intereses de las oligarquías y fuerzas conservadoras foráneas y locales. La guerra jurídica implica un gran retroceso en los procesos de fortalecimiento institucional de los países de América Latina. El Poder Judicial debería mantenerse al margen de la confrontación política para evitar repetir fracasos institucionales de otras épocas que le causaron graves crisis de legitimidad y el desafecto popular. Esta injerencia en los asuntos políticos supone la anulación de la independencia judicial por su consciente politización, y provoca irremediablemente la desaparición de la división de poderes que sustenta el Estado de Derecho. El lawfare se ha convertido en uno de los mayores peligros para la democracia en todo el mundo y en especial en América Latina.

"HAY QUE HACER ALGO". NACE LA GUARDIA NACIONAL

La Guardia Nacional ¿Estrategia de seguridad o militarización del país?

Alejandro Campuzano Álvarez

México, país caracterizado por los altos índices de violencia e inseguridad, enfrenta hoy en día un debate en torno a la creación de nuevas instituciones e instrumentos jurídicos y operativos para resarcir y revertir los resultados de una estrategia fallida en materia de seguridad pública.

Como resultado de una decisión político-electoral en aras de legitimar el mandato presidencial, la declaración de combate frontal impulsada por el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa en el año 2006 tuvo como consecuencia la muerte de más de 120 mil personas, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Aunado a los decesos anteriormente mencionados, Guillermo Valdés Castellanos, ex director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), explica en su obra “Historia del narcotráfico en México” que los índices de violencia y criminalidad también aumentaron de forma exponencial una vez que se emitió la declaratoria de combate frontal, situación que vislumbra una necesidad de replantear la estrategia legal y operativa en el combate al crimen organizado.

Por otra parte especialistas como Luis Astorga defienden y argumentan la estrategia del ex presidente Calderón. En su obra “¿Qué quería que hiciera?” expone diversos motivos por los cuales era necesaria la intervención del Estado ante la problemática creciente de inseguridad en el país. Astorga señala que las fuerzas armadas fungieron como brazo armado del gobierno federal en la “guerra contra las drogas” en virtud de que policías municipales y estatales se encontraban —y se encuentran— al servicio del crimen organizado, vulnerando con ello el estado de derecho. Por lo anterior, era imperativo que el ex presidente Calderón, ordenara el despliegue de efectivos militares en diversas entidades federativas del país para combatir los delitos de alto impacto efectuados por el crimen organizado. Sin embargo, más allá de obtener algunos resultados positivos, las cifras denotaron un fracaso en la estrategia, además de un debilitamiento institucional de militares, marinos y policías federales.

Como consecuencia de lo anterior, en el año 2012, regresó al poder el Partido Revolucionario Institucional (PRI) a través de su candidato Enrique Peña Nieto, quien mantuvo la estrategia de combate frontal en contra del crimen organizado a pesar de los resultados negativos que ésta había tenido en el sexenio anterior. Como era de esperarse, los resultados confirmaron de nueva cuenta el fracaso de la estrategia.

Acto seguido, el 1° de julio del año 2018, el voto de las y los mexicanos se inclinó por el tres veces candidato y hoy presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, mediante un voto de castigo y hartazgo social contra el PRI y el Partido Acción Nacional (PAN), particularmente por el fracaso institucional en el combate al crimen organizado.

Como parte de las propuestas en materia de seguridad, Andrés Manuel López Obrador planteó una estrategia integral que visualiza la solución al problema de violencia y criminalidaden la educación y el desarrollo social. Sin embargo, es importante mencionar que la educación y el desarrollo social, son solo posibles soluciones a mediano y largo plazo. El problema de la violencia e impunidad son una constante en el país que requiere de tácticas inmediatas que debiliten y eliminen al crimen organizado.

Con base en lo anterior, el presidente López Obrador envió una iniciativa al Congreso para crear la “Guardia Nacional”, la cual se define como una institución policial de carácter civil, responsable de las tareas de seguridad pública, para la salvaguarda de la vida, la libertad, la integridad y el patrimonio de las personas, así como de la preservación de la paz pública, el orden, los bienes y recursos de la Nación.

En el mismo orden de ideas, se señala que la formación y el desempeño de las y los integrantes de la Guardia Nacional se regirán por una doctrina policial fundada en la disciplina, el acatamiento a las órdenes superiores y el respeto a los derechos humanos. No obstante el proyecto ha sido criticado severamente por diversos especialistas en temas de seguridad pública y de derechos humanos, ya que en un principio la Guardia Nacional tendría un mando militar, situación que dio origen a diversas ideas sobre una posible militarización del país.

Como consecuencia de dichas críticas, el presidente López Obrador, a través del Secretario de la Defensa Nacional, el General Luis Cresencio Sandoval González, anunció en la Cámara de Diputados que el mando de la Guardia Nacional sería de carácter civil y no militar, como se había planteado en un principio.

A pesar de ello, la idea sobre la militarización del país era una constante en la opinión pública, esto derivado de diversos ejercicios comparativos en los cuales otorgar facultades y atribuciones de seguridad pública a cuerpos militares es —en casos excepcionales— el inicio de regímenes dictatoriales y gobiernos autoritarios.

Por otra parte, es importante destacar que la problemática en México no radica en el qué, sino en el cómo. La mayoría de los mexicanos son conscientes de la problemática de inseguridad en la que están inmersos; sin embargo, no se han logrado conciliar respuestas y soluciones que encaminen hacia un bien común.

Si bien es cierto que la Guardia Nacional tendrá un mando civil, el adiestramiento y operatividad será de corte militar. No obstante ¿qué opciones restan cuando los cuerpos policíacos han sido rebasados y en algunos casos cooptados por el crimen organizado? Por supuesto que la educación y el desarrollo social son una alternativa, pero a largo plazo. A corto plazo se requieren medidas que garanticen la labor fundamental del Estado, misma que se traduce en otorgar protección a las y los ciudadanos.

Militarizar el país es una frase que alude a un desconocimiento total del contexto de México. Si por militarizar el país se refiere a que militares y marinos efectúen labores de seguridad pública, estas ya han sido llevadas a cabo por casi 12 años continuos. Por ello, el objetivo de la Ley de la Guardia Nacional será precisamente regular y formalizar lo que por dos sexenios se ha implementado, pero no regulado.

Es así que 362 de 500 diputados se manifestaron a favor del proyecto de reforma constitucional que da origen a la Guardia Nacional, a efecto de combatir el crimen organizado y disminuir la problemática de inseguridad en el país.

En conclusión, resulta fundamental blindar a través de preceptos jurídicos y en este caso constitucionales el actuar de la Guardia Nacional. Sin embargo, es menester señalar que aunado al actuar de la Guardia Nacional se requiere de políticas integrales como el análisis sobre la posible regulación y despenalización del consumo de drogas, así como un combate financiero que ataque a través de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, las finanzas de los grupos criminales y delictivos en México en aras de recuperar la paz social.

INTEGRACION LATINOAMERICANA. LA NECESIDAD DE UN ENTENDIMIENTO ENTRE MEXICO Y BRASIL

México y Brasil, una encrucijada

Juan Carlos Calderón Patiño

Por más que haya intervalos de diversas ópticas, nadie puede negar que América Latina si de verdad quiere tener un papel más allá de la retórica del anhelo vitalicio de la integración, debe transitar por el diálogo entre Ciudad de México y Brasilia, las capitales de los dos grandes países. En los dos estados se concentran más de la mitad del PIB de la región, de las corrientes de Inversión Extranjera Directa, de la población y del territorio. Ni más ni menos. En la última década pareciera que la región se dividió entre la “América Latina del Norte” con México y el espacio centroamericano y caribeño y el Cono Sur, que conjunto una serie de organismos propios. Salvó la Comunidad de Estados Latinoamericanos  y Caribeños (CELAC) fundada en el 2010, una especie de OEA sin Canadá ni Estados Unidos, la integración de la región tuvo una inminente bifurcación.

Brasil y México, comparten una ruta peculiar, en tramos parecida, como fue el proceso de industrialización que a ambos les permitió crecer por arriba del 6% anual entre la década de los 30´´s y la década de la pesadilla de la deuda externa en los 80´s. Si el camino por el nacimiento de sus respectivos estados fue tan singular como el brasileño que no lanzó ninguna bala, el de México fue el de un río sangriento que continuó su cauce fatal en la Revolución de 1910. El recorrer del siglo XX con modelos políticos tan dispares conjuntaron, en especial, desde 1985 en Brasil con el retorno a la democracia y en México con la apertura del pluralismo político, una “democracia mitigada” que en los dos países mantuvo procesos de altibajos. Hoy, con apenas un mes de diferencia en las tomas de posesión de México y Brasil, han vuelto a redefinir un nuevo punto de partida en sus democracias. Un primer gobierno de un partido de izquierda (aún cuando en el propio PRI la izquierda cardenista o la peculiar de López Mateos, son antesala histórica) ha llegado al poder haciendo sucumbir en las urnas a las opciones clásicas de la política. En Brasil, con un sistema de partidos atomizado y con una crisis sin igual en el PT por el desgaste de gobernar 13 años, arriba un político ultraderechista y de estirpe militarista. Si bien, las relaciones entre estados democráticos se dice que no tienden a escalar en conflictos, en este caso la personalidad de ambos líderes jefes de Estado, tan dispares ideológicos, pondría a prueba dicha máxima. Bolsonaro que pasó más de dos décadas como legislador federal y transitó por ocho institutos políticos, ha dicho que el pueblo lo eligió porque quiere menos Estado y más mercado. En México, la crítica lopezobradorista al neoliberalismo pareciera que busca lo contrario confirmando, al menos en su narrativa, un regreso a las políticas que antecedieron a 1982 cuando la ola tecnocrática invadió los espacios públicos de México. El otrora capitán del ejército brasileño apunta a las “recetas de siempre” que desde la ortodoxia de la Universidad de Chicago tuvo en el Chile de la dictadura su primer laboratorio en América Latina, el camino neoliberal.

Los dos países, primero miembros del G5 junto con China, India y Sudáfrica y que después fueron invitados a integrarse al G20 por el peso de sus economías nacionales, están inmersos en una correlación de fuerzas geopolíticas y de intereses de Estado que buscan una nueva época entre dos actores fundamentales, Estados Unidos y China. La arrogancia de Trump secundada por algunos mandatarios latinoamericanos ha renacido en la lacerante Doctrina Monroe, de “América para los americanos”. El aparente olvido de Estados Unidos en el hemisferio ha sido cuestión de diversas administraciones en la Casa Blanca y esos espacios han sido llenados por China que no es casual que ya es el primer socio comercial de países como Brasil y Chile, país con el que Bolsonaro plantea una alianza estratégica. México, por razones naturales en su dependencia comercial y económica con Estados Unidos enmarcada por el TLCAN y su destino aún a la deriva ante la nueva conformación del Capitolio en la capital estadounidense, no mantiene una relación estrecha en lo comercial con China y las acciones de López Obrador en sus primeras semanas de gestión, han sido  un perfil bajo, por ahora en la relación bilateral más importante para los mexicanos. López Obrador ha dejado constancia de que la agenda internacional de México no es un tema que guarde prioridad, aún. Fue quizá uno de los últimos mandatarios electos que en el largo período de transición de cinco meses no realizó ninguna visita al exterior. En otras ocasiones era la oportunidad para delinear prioridades y dar mensajes contundentes en determinadas causas y zonas geográficas. Brasil, era una escala en las antiguas giras de presidentes electos mexicanos al Cono Sur. Sin ser declarado presidente electo por la autoridad electoral, el entonces Presidente Peña Nieto invitó a López Obrador a la XIII cumbre de la Alianza del Pacífico con el Mercosur, que tuvo lugar en Puerto Vallarta el 24 de julio del 2018. López Obrador aceptó la invitación, pero días después canceló argumentando que no tenía la investidura cuando la verdad asomaba otros elementos más del índole transicional interno. Una de las reuniones bilaterales, la más importante para muchos analistas, era el encuentro con el Presidente de Brasil, Michel Temer. Su realización como primer aproximación hubiera sido importante por los intereses de ambos Estados, con independencia de sus gobiernos en turno por más que Brasil semanas después tendría su proceso electoral presidencial.

Abundantes textos han hablado de la relación económica y comercial entre mexicanos y brasileños para sostener que aún están lejanos la proyección de 18,000 millones de dólares conjuntos. Diez mil millones más en los próximos años no se ven tarea fácil cuando la histórica animadversión de ciertos grupos empresariales y oficialistas de Brasil se ha traducido en el libre comercio. La renovación del Acuerdo de Complementación Económica (ACE) No. 53 que en marzo próximo tiene fecha para llegar al libre comercio en la joya de la corona, el sector automotriz, tendrá su primera prueba de fuego entre los gobiernos de López Obrador y Bolsonaro. México y Brasil son los gigantes de una industria automotriz en transición a una nueva era global en la movilidad. México como sexto productor mundial de vehículos ligeros  y el cuarto exportador, hace 4 años rebasó a Brasil como principal productor automotriz latinoamericano. La complementación entre estos dos mercados tiene complementariedad en sus mercados domésticos. Brasil tiene un gran mercado interno con poca exportación automotriz manteniendo tasas de diversificación y México, tiene un deprimido mercado interno combinado con un auge exportador, pero con un solo comprador que absorbe más del 80% de las exportaciones automotrices mexicanas. A la relación comercial se debe poner un complemento que muchas veces el discurso presidencial lo toma de manera marginal y es la inversión mexicana en el exterior. La mayor parte de estudios serios ubican que capitales mexicanos en Brasil superan los 30 mil millones de dólares y van desde sectores como el hotelero hasta telecomunicaciones. La inversión brasileña en México es menor a la mexicana por una diferencia de poco más de 10 mil millones de dólares, nada despreciable y en especial en el sector energético. Las medidas que haga el nuevo gobierno de Brasil con impacto en inversiones mexicanas debe estar en el mirador de la política exterior de México para garantizar que todo proceso sea llevado bajo el estado de derecho. La experiencia venezolana en expropiaciones a plantas cementeras mexicanas, es un antecedente para la diplomacia mexicana en Brasil y en otras naciones. El empresariado de los dos países es un actor de suma importancia además de las trasnacionales que tienen en los dos países plataformas de producción y exportación de gran dimensión. El caso Odebrecht, que en México no ha llevado a nadie a la cárcel, podría tener una nueva fase con los nuevos gobiernos con serias implicaciones si de verdad México busca el espacio cabal de las leyes y dar una lección a la corrupción. El caso Odebrecht con independencia de su derrotero es ejemplo de que la corrupción no es exclusiva del sector gubernamental y esa marca deberá resguardar repetir lamentables casos que minaron la confianza ciudadana y empañaron a diversas personalidades de la política y la empresa.

La nueva edificación de las alianzas de Brasil con Trump e Israel estará transformando la geopolítica de la región con situaciones candentes como la crisis de Nicaragua y Venezuela, pero también en el escenario global en los organismos internacionales. A ello se le debe sumar el cuidado de más de 16 mil kilómetros de fronteras nacionales de Brasil, las mismas que afianzó el legendario diplomático, el Barón de Río Branco. Itamaraty, la casa diplomática brasileña de tanto reconocimiento ya empezó a tener los primeros choques, en especial con el Ministerio de Comercio que parece le quitaría “parcelas de funciones” a los diplomáticos de carrera. En un régimen presidencial y federal como el de Brasil y México cuya responsabilidad en la política exterior es del Ejecutivo, tendrá Itamaraty más que ejecutar las decisiones de Bolsonaro a un costo extremadamente alto para Brasil, iniciando por un canciller brasileño que aunque de carrera, no oculta su admiración por Trump. Los organismos internacionales, tanto regionales como especializados, verán entre los dos grandes de Latinoamérica, una lucha que si bien pasa por la antítesis de sus posiciones, México resguardando su histórico papel en el multilateralismo tiene mucho que aportar en el cambio climático, el fenómeno de la migración, el respeto a las minorías indígenas y Derechos Humanos de toda generación además del baluarte de defensa en el comercio global, que con sus luces y sombras, es preferible tenerlo, que es la OMC, por cierto dirigida por un brasileño  como funcionario internacional.

En México existe alarma que la nueva relación entre Trump y Bolsonaro descubra nuevas oportunidades, en especial, en la exportación de alimentos brasileños a la Unión Americana. Brasil es gigante en cítricos, café, piña y en muchos cultivos más, pero la lógica real cifrada en logística y lo que los economistas llaman “preferencias y gustos del consumidor” serán fundamentales para que México no pierda escaños como gran abastecedor del mercado estadounidense. Brasil deberá también sopesar que México y Chile como miembros de la Alianza del Pacífico y que con los nubarrones del TLCAN, el gobierno mexicano anterior inició compras históricas de maíz brasileño para diversificar la dependencia con los cerealeros de los estados que votaron por Trump. Argentina, que con certeza de Estado buscará un contrapeso frente al Brasil de Bolsonaro, es otro espacio para compras de granos básicos para México además de madurar alianzas de intereses recíprocos.

México y Brasil tendrán una nueva época, pero el optimismo es escaso para alimentar la relación. Los intereses de Estado estarán en un aparador frágil, entre dos países que los une su riqueza, pero también su mayor afrenta, la desigualdad y déficit  social. Su riqueza energética, Brasil con 45% de la matriz energética renovable del planeta y México también una potencia en ecosistemas, tendrán diferencias en el cambio climático, que el equipo de Bolsonaro lo ha catalogado como “alarmismo climático”. Brasil, ya no es desde hace años el “eterno país del futuro” y México, tampoco es el país “exclusivo” de lo que se imaginó desde la apertura comercial, una ´´América del Norte” que creían en el dogma de integración, eterna. Es difícil ser optimista en la nueva época donde el realismo dicta que “administrar la relación” será el cauce entre Ciudad de México y Brasilia. Si Alfonso Reyes divisó con magistral pluma e inteligencia al país amazónico en su texto “El Brasil es una castaña”,  la nueva designación de embajador mexicano en la moderna Brasilia, será toral para identificar oportunidades y retos. Los 30 millones de votos para AMLO y los 57 millones de sufragios para Bolsonaro, son un apoyo legítimo, sin duda, pero no un cheque en blanco para todos los mexicanos y brasileños.