Cuando
los ángeles hacen política: seguridad y corrupción
Miguel Angel Barrios y Norberto Emmerich
Los últimos gobiernos latinoamericanos electos basaron
su campaña en la lucha contra la inseguridad y la corrupción, con candidatos
que instalaron estas temáticas como los ejes centrales de la vida nacional en
sus respectivos países, sin cuestionar el orden social.
Así lo hizo Mauricio Macri en Argentina, luego
Andrés Manuel López Obrador en México y finalmente Jair Bolsonaro en Brasil. La
relativa novedad de gobiernos distintos con iguales programas se sintetiza en
la política de ajuste fiscal que todos llevan adelante, desde la izquierda
republicana a la derecha autoritaria.
Apenas Jair Bolsonaro solicitó la prohibición de
enjuiciamiento a los policías por hechos cometidos en servicio cuando se desató
una ola de atentados en Ceará, al nordeste del país. El nuevo presidente
justifica lo primero por lo segundo, pero se percibe que la inhibición a los
policías no brinda seguridad a los brasileños sino impunidad al Estado.
El martes 1° el gobernador Camilo Santana solicitó
el envío de tropas federales, las que recién arribaron al nordeste el viernes 4
reafirmando la idea de que la impunidad se acompaña dela incapacidad de
gestionar adecuadamente los asuntos públicos.
El año 2018 cierra en México con la estadística de
homicidios más elevada desde que se realizan cómputos oficiales al mismo tiempo
que la estrategia de combate a la corrupción desmantela desordenadamente la
capacidad de inteligencia criminal de la burocracia estatal.
En Argentina la emergencia de seguridad fue
prorrogada año tras año hasta el pasado 31 de diciembre de 2018. El ministerio
de Seguridad lanza un Reglamento General para el Uso de las Armas de Fuego
(Resolución 956/2018) que otorga a las fuerzas federales mayor libertad para
disparar “en situaciones de peligro inminente”, con criterios diferentes a los
previstos por Naciones Unidas para circunstancias similares.
Mientras Argentina autoriza la participación militar
en tareas de apoyo logístico en las fronteras y busca también crear una fuerza
militar de reserva con 10 mil civiles, México discutirá en pocos días la
creación de una Guardia Nacional integrada por 50 mil policías y militares para
el combate contra el crimen organizado. Brasil autorizará por decreto que todos
los ciudadanos puedan portar armas de fuego incluso en público. Con 64 mil
homicidios en 2017 (más del doble que México) el debate ha encendido todo el
país.
Transparencia Internacional afirma que más del 61%
de las personas en México consideran que su policía es corrupta y el 51% afirma
haber pagado sobornos para acceder a servicios públicos, sobretodo de
seguridad. En Brasil la Operación Lava Jato fue el mayor escándalo de
corrupción en la historia y llevó a 118 condenas de prisión. México ocupa el
lugar 123, Argentina el lugar 95 y Brasil el lugar 79 en el Indice de
Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional. Los problemas son
reales, pero la combinación de militarización y ajuste no brinda ni seguridad
ni transparencia.
Los nuevos gobiernos se muestran con éxito como la
“novedad” frente a la herencia corrupta de los anteriores y convocan a un
fortalecimiento de los instrumentos punitivos en manos de la fuerza pública
para “combatir” el delito (Guardia Nacional, prohibición de enjuiciamiento,
Reglamento para el Uso de Armas de Fuego) y la corrupción mientras reducen el
presupuesto público (plan de austeridad de López Obrador), lanzan planes de
privatización (“en Brasil se privatizará todo lo que se pueda”) o ajustan las
alzas salariales.
El angelical entendimiento que predica que gobernar
bien es tomar buenas e inconsultas decisiones desde arriba hacia abajo se
contradice con la idea política de conflicto, confrontación y debate ciudadano mediante
los cuales se adoptan estrategias democráticas socialmente sustentables.
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