La
Guardia Nacional ¿Estrategia de seguridad o militarización del país?
Alejandro Campuzano
Álvarez
México,
país caracterizado por los altos índices de violencia e inseguridad, enfrenta
hoy en día un debate en torno a la creación de nuevas instituciones e
instrumentos jurídicos y operativos para resarcir y revertir los resultados de
una estrategia fallida en materia de seguridad pública.
Como
resultado de una decisión político-electoral en aras de legitimar el mandato
presidencial, la declaración de combate frontal impulsada por el ex presidente Felipe
Calderón Hinojosa en el año 2006 tuvo como consecuencia la muerte de más de 120
mil personas, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía.
Aunado
a los decesos anteriormente mencionados, Guillermo Valdés Castellanos, ex director
del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), explica en su obra
“Historia del narcotráfico en México” que los índices de violencia y
criminalidad también aumentaron de forma exponencial una vez que se emitió la
declaratoria de combate frontal, situación que vislumbra una necesidad de replantear
la estrategia legal y operativa en el combate al crimen organizado.
Por
otra parte especialistas como Luis Astorga defienden y argumentan la estrategia
del ex presidente Calderón. En su obra “¿Qué quería que hiciera?” expone
diversos motivos por los cuales era necesaria la intervención del Estado ante
la problemática creciente de inseguridad en el país. Astorga señala que las
fuerzas armadas fungieron como brazo armado del gobierno federal en la “guerra
contra las drogas” en virtud de que policías municipales y estatales se
encontraban —y se encuentran— al servicio del crimen organizado, vulnerando con
ello el estado de derecho. Por lo anterior, era imperativo que el ex presidente
Calderón, ordenara el despliegue de efectivos militares en diversas entidades
federativas del país para combatir los delitos de alto impacto efectuados por
el crimen organizado. Sin embargo, más allá de obtener algunos resultados
positivos, las cifras denotaron un fracaso en la estrategia, además de un
debilitamiento institucional de militares, marinos y policías federales.
Como
consecuencia de lo anterior, en el año 2012, regresó al poder el Partido
Revolucionario Institucional (PRI) a través de su candidato Enrique Peña Nieto,
quien mantuvo la estrategia de combate frontal en contra del crimen organizado a
pesar de los resultados negativos que ésta había tenido en el sexenio anterior.
Como era de esperarse, los resultados confirmaron de nueva cuenta el fracaso de
la estrategia.
Acto
seguido, el 1° de julio del año 2018, el voto de las y los mexicanos se inclinó
por el tres veces candidato y hoy presidente de México, Andrés Manuel López
Obrador, mediante un voto de castigo y hartazgo social contra el PRI y el
Partido Acción Nacional (PAN), particularmente por el fracaso institucional en
el combate al crimen organizado.
Como
parte de las propuestas en materia de seguridad, Andrés Manuel López Obrador
planteó una estrategia integral que visualiza la solución al problema de
violencia y criminalidaden la educación y el desarrollo social. Sin embargo, es
importante mencionar que la educación y el desarrollo social, son solo posibles
soluciones a mediano y largo plazo. El problema de la violencia e impunidad son
una constante en el país que requiere de tácticas inmediatas que debiliten y
eliminen al crimen organizado.
Con
base en lo anterior, el presidente López Obrador envió una iniciativa al
Congreso para crear la “Guardia Nacional”, la cual se define como una
institución policial de carácter civil, responsable de las tareas de seguridad
pública, para la salvaguarda de la vida, la libertad, la integridad y el
patrimonio de las personas, así como de la preservación de la paz pública, el
orden, los bienes y recursos de la Nación.
En el
mismo orden de ideas, se señala que la formación y el desempeño de las y los
integrantes de la Guardia Nacional se regirán por una doctrina policial fundada
en la disciplina, el acatamiento a las órdenes superiores y el respeto a los
derechos humanos. No obstante el proyecto ha sido criticado severamente por
diversos especialistas en temas de seguridad pública y de derechos humanos, ya
que en un principio la Guardia Nacional tendría un mando militar, situación que
dio origen a diversas ideas sobre una posible militarización del país.
Como
consecuencia de dichas críticas, el presidente López Obrador, a través del
Secretario de la Defensa Nacional, el General Luis Cresencio Sandoval González,
anunció en la Cámara de Diputados que el mando de la Guardia Nacional sería de
carácter civil y no militar, como se había planteado en un principio.
A pesar
de ello, la idea sobre la militarización del país era una constante en la
opinión pública, esto derivado de diversos ejercicios comparativos en los
cuales otorgar facultades y atribuciones de seguridad pública a cuerpos
militares es —en casos excepcionales— el inicio de regímenes dictatoriales y
gobiernos autoritarios.
Por
otra parte, es importante destacar que la problemática en México no radica en
el qué, sino en el cómo. La mayoría de los mexicanos son conscientes de la
problemática de inseguridad en la que están inmersos; sin embargo, no se han
logrado conciliar respuestas y soluciones que encaminen hacia un bien común.
Si bien
es cierto que la Guardia Nacional tendrá un mando civil, el adiestramiento y
operatividad será de corte militar. No obstante ¿qué opciones restan cuando los
cuerpos policíacos han sido rebasados y en algunos casos cooptados por el crimen
organizado? Por supuesto que la educación y el desarrollo social son una
alternativa, pero a largo plazo. A corto plazo se requieren medidas que
garanticen la labor fundamental del Estado, misma que se traduce en otorgar
protección a las y los ciudadanos.
Militarizar
el país es una frase que alude a un desconocimiento total del contexto de México.
Si por militarizar el país se refiere a que militares y marinos efectúen
labores de seguridad pública, estas ya han sido llevadas a cabo por casi 12
años continuos. Por ello, el objetivo de la Ley de la Guardia Nacional será precisamente
regular y formalizar lo que por dos sexenios se ha implementado, pero no regulado.
Es así
que 362 de 500 diputados se manifestaron a favor del proyecto de reforma
constitucional que da origen a la Guardia Nacional, a efecto de combatir el
crimen organizado y disminuir la problemática de inseguridad en el país.
En
conclusión, resulta fundamental blindar a través de preceptos jurídicos y en
este caso constitucionales el actuar de la Guardia Nacional. Sin embargo, es
menester señalar que aunado al actuar de la Guardia Nacional se requiere de
políticas integrales como el análisis sobre la posible regulación y
despenalización del consumo de drogas, así como un combate financiero que
ataque a través de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, las finanzas de
los grupos criminales y delictivos en México en aras de recuperar la paz
social.
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