Luis Alberto Barquera
Arturo Nahle, Procurador de Justicia del Estado de Zacatecas, causó revuelo al señalar que “más de 90 por ciento de los delitos son cometidos por menores de edad”, por lo que ha propuesto a la Legislatura del estado “revise a detenimiento el tema de la edad penal.” Esto viene a cuento porque apenas el pasado 4 de febrero, la Policía Federal capturó a un niño de apenas 13 años, que supuestamente participó en al menos 10 homicidios en Zacatecas, pero según el Procurador fue puesto en libertad debido a que le faltan seis meses para cumplir 14 años (cuando puede ocurrir la privación de la libertad).
Es falso que el 90% de los delitos sean cometidos por menores de edad. Lo cierto, de acuerdo con un informe de Banco Mundial (BM), es que a nivel nacional los jóvenes (18 a 29 años; no de 0 a 17) fueron responsables de la mitad (46.7%) de los delitos en 2010; sobre los jóvenes que participaron en delitos, 6 de cada 10 tienen entre 18 y 24 años (60.5%). Cabe señalar que en Zacatecas para ese mismo año, de acuerdo con el INEGI, fueron registrados en averiguaciones previas un total de 14,317 delitos, mientras que sólo 81 adolescentes se registraron en centros administrados por el juzgado especializado en materia de justicia para adolescentes, lo que no alcanza ni el 1%.
De acuerdo con la experiencia internacional, apostar en exceso al internamiento resulta demasiado caro y no protege eficientemente a la sociedad de los jóvenes delincuentes. El informe del BM mencionado señala que en México “durante los últimos ocho años, el número de individuos en prisión se ha duplicado hasta llegar a 222 mil prisioneros, con un costo aproximado de alrededor de $2.5 millones de dólares americanos por día (…). Desde una perspectiva de derechos humanos, ello representa dinero no gastado en servicios como educación, salud, bienestar social y vivienda, que promueven los derechos básicos necesarios para desarrollarse y prosperar.” No en balde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2011) recomienda, más que reducir la edad penal, “elevar progresivamente la edad mínima bajo la cual los niños pueden ser responsables conforme al sistema de justicia juvenil hacia una edad más cercana a los 18 años de edad” y dejar el internamiento sólo para los casos más graves.
Por otro lado, en cuanto a la liberación de este niño, hay que señalar un par de cosas.
Decir que este niño quedó en libertad debido a su edad es una verdad a medias. El artículo 4 de la Ley de Justicia para Adolescentes en el Estado de Zacatecas establece que sólo quedan exentos de responsabilidad penal los menores de 12 años, por lo que con 13 años y medio un adolescente es sujeto de esta ley y de sus procedimientos. De acuerdo con el artículo 103 “en el caso de adolescentes detenidos en flagrancia o por caso urgente, el ministerio público especializado deberá inmediatamente ponerlo a disposición del juez en turno, formular la imputación, solicitar su vinculación a proceso, así como la aplicación de las medidas cautelares que considere procedentes, en la audiencia de control de detención.” Hasta donde sabemos el niño ni siquiera llegó a ser puesto “inmediatamente” a disposición del juez y fue liberado por el propio Ministerio Público.
El Procurador ya presentó a este niño ante la opinión pública como confeso y culpable, violando la presunción de su inocencia (art. 23), sin haberlo siquiera presentando ante el juez, y olvidando que el artículo 106 señala que “No tendrá valor probatorio la admisión de los hechos por parte del adolescente salvo que sea hecho ante el juez con la presencia de su abogado defensor y siempre que haya tenido la oportunidad de entrevistarse previamente y en privado con éste.” El Ministerio Público sigue con la práctica de litigar en medios, adictos a la imagen de niños asesinos, que siguen comprando irreflexivamente información imprecisa (en incluso falsa) o que proviene de juicios a priori.
El problema no es la edad penal, ni la ley, sino la propia operación del sistema y la costumbre de presentar a personas como culpables antes de dar cuenta del debido proceso.
Criminalizar a los jóvenes a través de cifras falsas para alegar la necesidad de reducir la edad penal o trasladar la responsabilidad del Estado a la sociedad, sólo desvía la atención del verdadero problema. México no cuenta con un Sistema Integral de Garantía de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes que haga frente a lo que hasta el BM reconoce: “Un niño o niña creciendo en la pobreza, sin acceso a una educación de calidad y con oportunidades limitadas para involucrarse en actividades productivas puede verse fácilmente atrapado(a) en un círculo de violencia que continúe hasta su vida adulta.”
Otro problema se refiere a la efectividad de la propia ley de justicia adolescente, que es necesario enfrentar sin ir atrás de la reforma del 18 constitucional, sino con la intensificación de la capacitación y especialización de los operadores del sistema, con los recursos necesarios para aplicar las medidas alternativas que prevé la ley para los casos que no implican privación de la libertad y, obviamente, con la expedición de una Ley General para la Garantía de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, necesaria para implantar el sistema integral mencionado y potenciar la ley de justicia.
El camino es la garantía de derechos. No hay otro.
*Con información de Xóchitl Meseguer
No hay comentarios:
Publicar un comentario