El narcotráfico desde Los Pinos. Joaquín “El Chapo”
Guzmán señala a Felipe Calderón y a Enrique Peña Nieto en la Corte de Nueva
York
Alejandro Campuzano Álvarez, Investigador Jurídico
del CEEYPP.
El juicio contra
Joaquín “El Chapo” Guzmán, que tiene lugar en Brooklyn, Nueva York, ha generado
un impacto inmediato en la opinión pública. Si bien es cierto que de por sí es
un tema de interés mundial, adquirió aún mayor relevancia cuando fueron mencionados
los nombres de los ex presidentes mexicanos Felipe Calderón Hinojosa y Enrique
Peña Nieto.
Los señalamientos
realizados por Jeffrey Lichtman, el abogado de Guzmán Loera, en contra de los
ex presidentes, coinciden con diversas investigaciones efectuadas desde el
ámbito periodístico a partir del año 2010.
La periodista
Anabel Hernández señaló en reiteradas ocasiones que el gobierno del ex presidente
Calderón Hinojosa, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, encabezada
por Genaro García Luna, era el cártel más poderoso y
peligroso de México. Los operativos de la Marina, el Ejército y la Policía
Federal, parecían tener como destinatarios únicamente a los rivales del Cártel
de Sinaloa.
Acto seguido,
los expresidentes a través de diversos comunicados negaron las acusaciones en
su contra. No obstante los señalamientos fueron ratificados a los pocos días
por Jesús “El Rey” Zambada (hermano de Ismael “El Mayo” Zambada, actual líder
del cártel de Sinaloa). “El Rey” sostuvo haber otorgado personalmente 56
millones de dólares a Genaro García Luna, a cambio de protección y de no
intromisión en las actividades del cártel de Sinaloa. Asimismo señaló que
García Luna tenía nexos con el cártel de los Beltrán Leyva.
Por su parte,
Miguel Ángel Martínez (ex piloto de “El Chapo” Guzmán) y testigo protegido del
gobierno de los Estados Unidos narró el ascenso, evolución y descenso de “El
Chapo” en el mundo del narcotráfico.
Durante su
intervención como testigo en el juicio de Guzmán Loera señaló al ex director de
la extinta Dirección Federal de Seguridad, Guillermo González Calderoni, de
recibir en la década de los noventa y en tres ocasiones 10 millones de dólares por
órdenes de “El Chapo”.
En México son
perceptibles los vínculos de corrupción entre el gobierno y el crimen
organizado. Ex gobernadores como Mario Villanueva (Quintana Roo), Tomás
Yarrington (Tamaulipas) y Humberto Moreira (Coahuila) han sido enjuiciados por
tener nexos con el crimen organizado. No obstante es importante mencionar que
las investigaciones y los juicios en los cuales fueron declarados culpables se
llevaron a cabo en Estados Unidos y en España, demostrando con ello la
desconfianza institucional y también la ineficacia e ineficiencia del sistema
de procuración e impartición de justicia en México.
Los
señalamientos de Jeffrey Lichtman han generado un menoscabo en la imagen y en
los objetivos del ex presidente Felipe Calderón, quien actualmente mantiene
aspiraciones políticas junto con su esposa Margarita Zavala. Si anteriormente
la imagen del expresidente ya era negativa ante la opinión pública por los pobres
y sangrientos resultados de la guerra contra las drogas, traducidos en la
muerte de más de 120 mil personas y 80 mil desaparecidos, según datos de la
Secretaría de Gobernación, con las declaraciones de la defensa de “El Chapo”
Guzmán, el escenario político se ha tornado aún más complicado para el ex mandatario.
A su vez las
declaraciones de Lichtman han tenido también un impacto negativo en la imagen
pública del ex presidente Enrique Peña Nieto, quien ha sido catalogado como el
presidente con el mayor índice de desaprobación social, producto de los diversos
actos de corrupción efectuados durante su mandato.
Por todo ello las
consecuencias legales que implicarían las acusaciones de la defensa de “El
Chapo” Guzmán, podrían reflejarse en que el fiscal Adam Fels solicite
formalmente a la Corte norteamericana la apertura de una investigación contra los
ex presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, así como en contra de Genaro
García Luna, ex secretario de seguridad pública.
Si en algo se
distingue el sistema judicial estadounidense del mexicano (además de la
eficacia y eficiencia) es que el primero privilegia la justicia, mientras que
el segundo la legalidad. Es decir que Estados Unidos, al contar con un jurado
conformado por diversos sectores de la sociedad civil, con base en un sentir
social, dictaminan la culpabilidad o inocencia del sujeto en proceso. Por lo
tanto la decisión evoca mayores parámetros de justicia, entendida ésta como un
consenso social. En contraste, en el sistema judicial mexicano, la culpabilidad
o inocencia del sujeto en proceso la dictamina de forma unilateral un juez,
bajo parámetros de “legalidad”, misma que en reiteradas ocasiones ha sido
criticada por los absurdos procesales cuyo resultado más visible es la
impunidad (véase el caso de Florence Cassez).
Si bien es
cierto que parece poco probable que se abra una investigación contra de los ex
presidentes mexicanos por las consecuencias diplomáticas y políticas que
conllevaría tal decisión, las sospechas de contubernio entre el gobierno mexicano
y los carteles de la droga se incrementan día con día. Sin embargo todo indica
que la impunidad en la clase política (como distintivo mexicano) prevalecerá a
pesar de las acusaciones emitidas por la defensa de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
En todo caso las
indulgencias otorgadas por el nuevo gobierno en su política de paz y
reconciliación pueden no ser tan fáciles de ser otorgadas y menos aceptadas por
el entusiasta electorado que apoya a Andrés Manuel López Obrador.
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