AMLO
Presidente: Narcotráfico, Guerra, Seguridad y Guardia Nacional (II)
¿Qué es narcotráfico? El vox populi a menudo responde
a botepronto: tráfico de drogas. Algunos científicos sociales acostumbran decir
que tal definición es empíricamente cierta pero científicamente falsa. Yo
argüiría que es redondamente falsa. Ni siquiera un observador amateur podría
ignorar que el narcotráfico en México tiene tantas aristas, dimensiones y
esferas de influencia que incluso es difícil distinguirlo de un gobierno, un
ejército o una empresa. En este sentido, tal tentativa de definición es apenas
la descripción de una de las múltiples funciones que engloba
"narcotráfico".
El narcotráfico cobra impuestos o derecho de piso,
efectúa tareas de contrainsurgencia o represión, ensaya estrategias de
comunicación con el público, entrena o recluta comandos militares de élite,
conquista territorios por la fuerza, delimita fronteras militarmente, genera fuentes
de empleo, invierte en obras públicas tales como carreteras, escuelas e
iglesias, desarrolla proyectos turísticos e infraestructurales, diversifica el
mercado legal e ilegal, agrupa en su órbita a las Pymes del crimen común,
regula relaciones sociales en las comunidades, coopta poblaciones jóvenes,
pobres y desocupadas, desempeña funciones de arbitraje en la resolución de
conflictos en los barrios, define contenidos editoriales de la prensa, blanquea
o lava sumas ingentes de dinero, teje alianzas con la clase gobernante,
financia campañas políticas etc. Y, por último, trafica droga.
La opinión comúnmente compartida es que "los
políticos corruptos imitan a la mafia". Pero ¿acaso el ejemplo mexicano no
sugiere que el orden de los factores es a la inversa, y que los
narcotraficantes emulan el comportamiento político del Estado y sus
representantes?
Efectivamente, el inventario de rutinas arriba
citadas, y de las cuales hemos sido testigos todos los mexicanos,
particularmente en los últimos 12 años, perfilan o constituyen comportamientos
típicamente políticos. Esto significa que el narcotráfico no es únicamente
drogas y economía ilegal, sino también, y acaso señaladamente, política y
Estado.
Diversas organizaciones civiles en México coinciden en
señalar que es realmente difícil establecer los contornos de la delincuencia y
el Estado; o, en su defecto, que tal separación demanda rigor quirúrgico. Y
aciertan. La razón es que el narcotráfico es una problemática que implica,
desde sus orígenes, fuertes conexiones con el aparato estatal y sus
instituciones. Tal conexión alcanzó en México un grado de desarrollo y
evolución posiblemente inédito en el mundo. Cómo llegamos a esta encrucijada,
es quizá la pregunta que deberíamos formular y responder los mexicanos. Pero
ese objetivo rebasa las dimensiones y aspiraciones de este breve ejercicio de
reflexión.
Ahora bien, lo políticamente sustantivo de este
análisis es identificar cómo la naturaleza política del narcotráfico se
desdobla e impacta en las estructuras del Estado, porque sólo así estaremos
facultados para valorar las acciones de gobierno y enarbolar propuestas sobre
la materia. La caracterización del narcotráfico que pretendo hacer en este
análisis aspira a exhibir el carácter político de ese actor –a menudo ignorado
por las corrientes de opinión dominantes–, y cómo tal carácter, en los hechos,
reviste fines estatalistas. Para tal efecto, es necesario puntualizar
quéentendemos por "comportamiento político" e "indicador de
estatalidad". Y acudo a una ilustración básica, no sin ignorar el riesgo
que involucra aislar objetos en el caso de un análisis que versa sobre
fenómenos sociales: la lógica de costo-beneficio o maximización de ganancia es
una consideración económica, y por consiguiente un indicador de mercado; la
conquista militar de un territorio y el control de esa territorialidad mediante
la delimitación de fronteras es un comportamiento político, y por consiguiente
un indicador de Estado. Si bien es cierto que el narcotráfico engloba las dos
dimensiones antes referidas, el propósito de esta reflexión es distinguir y
caracterizar la segunda de ellas: la política y estatalista.
Está casi universalmente aceptado que un Estado
nacional tiene por lo menos cuatro atributos: a saber, territorio, coerción,
monopolio y legitimidad. La hipótesis que planteo es que el narcotráfico
aglutina en su órbita tales ámbitos funcionales del aparato estatal en
vinculación con las instituciones formales del Estado. Esto significa que, para
arrancar al narcotráfico de las estructuras gubernativas, es necesario arrancar
un "pedazo" de Estado, y más específicamente, un pedazo del Estado
conservador. Alguien, en algún lugar escribió, que el error de AMLO, en
relación con el presupuesto, había sido que, allí donde tenía que cortar con
bisturí, el gobierno de la 4T pasó el machete. Considero que esta accidentada
metodología de recortar presupuestos podría extrapolarse –acá sí legítimamente–
al ámbito de la delincuencia organizada: decomisar resueltamente al actor narco
los ámbitos funcionales del aparato estatal que, en coadyuvancia con el régimen
conservador, regenteó durante tantos años.
Por ahora, interésanos identificar esos ámbitos
funcionales en los que el narcotráfico emula comportamientos políticos, acaso
como parte del Estado organizado.
Monopolio. El narcotráfico es monopólico. Existen
casos en los que un territorio o plaza es "habitado" por dos
cárteles; por ejemplo, Veracruz (Los Zetas; Cártel de Jalisco Nueva
Generación). Pero esa cohabitación es hostil. Cuando el CJNG penetró en la entidad
veracruzana, los reporteros de la región advirtieron: "vinieron por todas
las canicas". Esto significa que el narcotráfico es inherentemente
monopólico y que la coexistencia de dos o más cárteles es apenas un estadio
inferior en el proceso de dominio hegemónico de uno sobre los otros. Los
episodios de violencia desbordada que hemos observado en las diferentes
geografías de México responden a las guerras predatorias que libran los
cárteles del narcotráfico –prohijados por el blindaje institucional del poder
político local– con el objetivo de conquistar exitosa, efectiva y
monopólicamente un territorio, e instalar un centro de poder único sobre alguna
demarcación territorial que, no casualmente, corresponde con las unidades
administrativas del país (estados o municipios). La gente acostumbra llamar a
este proceso "disputa por la plaza".
Territorialidad. El narcotráfico es territorial. Tras
la conquista del territorio por la guerra, y el sometimiento del adversario, el
cártel vencedor coopta o aniquila los remanentes del cártel rival.
Posteriormente, establece un rígido control de la "plaza" a través de
los agentes que más proximidad tienen con el territorio: policías, agentes de
tránsito, elementos de las fuerzas armadas, taxistas. El cártel del
narcotráfico engrosa este destacamento de ocupación con Halcones –jóvenes
vigilantes que viajan en motonetas–, Estacas o sicarios –que por lo general son
expolicías o exmilitares que ejecutan operativos de carácter militar– y
escuadrones de muerte. En algunos estados como Veracruz, Guerrero o Tamaulipas
es común encontrar retenes irregularescustodiados por personal del cártel
fuertemente armados: delimitan el área de influencia –las fronteras– sobre las
que ejerce soberanía la organización. Dentro de ese territorio, no se admiten
adherencias o simpatías por otro grupo criminal. Cabe hacer notar que el
objetivo central del narcotráfico es el control de territorios, ya que tal
ejercicio de poder territorial es mucho más rentable que el tráfico de droga:
permite dictar las leyes que rigen en un lugar.
Coerción: El narcotráfico es coercitivo. Es la violencia
que dota de estabilidad a la victoria tras la guerra. Coerción es lealtad por
la fuerza. Y esta violencia sostenida se expresa especialmente en modalidad de
extorsión. Está documentado que en los 32 estados de la república el
narcotráfico cobra una cuota o "impuesto" a los pequeños y medianos
comercios, y el "derecho de piso" a los negocios clandestinos,
informales o de giros negros. El incumplimiento del pago se traduce en cierre
del emprendimiento o la muerte del dueño o algún empleado. Al igual que el
juego extorsivo que caracterizó al Estado en sus orígenes, el narcotráfico
ofrece protección o seguridad a cambio de una tributación. Lo mismo ocurre con
los periodistas: el cártel que gobierna la plaza riega dineros entre la prensa
local a cambio de lealtad. La deslealtad es castigada letalmente. En no pocos
casos, ni siquiera compra las voluntades editoriales: tan sólo endosa la
amenaza de muerte a aquellos periodistas que no se apeguen a su política de
información. La extorsión también comparece en los dominios políticos. Cuando
un aspirante a cargo de elección popular visita una comunidad, el narcotráfico
acostumbra secuestrar las unidades vehiculares en las que se transporta el
candidato y su círculo de trabajo, incluidos reporteros y personal de prensa.
Se trata de un secuestro exprés que consiste en concertar ex profeso una
entrevista entre el jefe narco de la "plaza" y el candidato en
cuestión, con el propósito de acordar a priori la "agenda de
cooperación" entre el futuro funcionario y la organización criminal. Esto
ocurre rutinariamente en varios estados del país. Y los desencuentros se pagan
con sangre. Tan sólo recuérdese el proceso electoral de 2018, que dejó un saldo
de 523 políticos y funcionarios asesinados, de los cuales 48 eran candidatos a
puestos de elección popular (https://bit.ly/2zoA0sY).
Legitimidad. El narcotráfico busca legitimidad. Como
cualquier otro centro de poder y autoridad, el narco combina los recursos de la
coacción y el consenso. Si bien los cárteles del narcotráfico en México han
desarrollado sus propios medios de comunicación, lo cierto es que, en algunos
estados como Veracruz, estas organizaciones han acudido a la prensa establecida
para controlar la información que circula, y con ello conquistar simpatías
entre el público a través de estrategias de comunicación que combinan la
divulgación de éxitos programáticos (e.g. seguridad) y la censura de hechos o
acciones socialmente inconfesables. También, innovan en materia de recursos
comunicacionales; por ejemplo, las narcomantas. Reproduzco el pronunciamiento,
a mi juicio emblemático, de aquella manta que dejó el CJNG al lado de los 35
cadáveres que, en 2011, arrojó en una avenida neurálgica de Boca del Río, y que
da cuenta fielmente de ese interés de ganar legitimidad, y que es un atributo
político que distingue a los cárteles: "No más extorsiones, no más muertes
de ¡gente inocente! (sic) […] zetas del estado de Veracruz aún faltan más
ministerios públicos […] Esto les pasará o como los que hemos matado a balazos
(sic). Al pueblo veracruzano no se dejen extorsionar, no paguen más cuotas. Si
lo hacen es porque quieren. Esta gente es lo único que
saben hacer […] Esto les va pasar a todos los zetamierdas (sic) que sigan en
Veracruz la plaza ya tiene nuevo dueño".
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