jueves, 25 de abril de 2019

¿REFORMA EDUCATIVA O REFORMA ADMINISTRATIVA DE LA EDUCACION?


La educación al servicio del poder: Diputados aprueban la “reforma educativa” de Andrés Manuel López Obrador
Alejandro Campuzano Álvarez

La educación ha sido un eje fundamental en el desarrollo de los países en el siglo XXI. Por ello se requiere de nuevas directrices gubernamentales encaminadas a homologar el régimen educativo con la realidad social.
En México el tema cobró relevancia con la celebración del “Pacto por México”[1], en el cual uno de los puntos principales era el referente al ámbito educativo, mismo que fue modificado sustancialmente a través de reformas constitucionales a los artículos 3, 31, y 73, entre las cuales destacan como puntos fundamentales la creación de un Instituto (Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación) como órgano autónomo que evaluaría el desempeño de las y los profesores.
Y es que hay recordar que en México, la educación —y particularmente los sindicatos de profesores— han fungido como un brazo político con trascendencia en el ámbito electoral. Es así que por años el sistema educativo fue controlado por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) a través de su ex líder, Elba Esther Gordillo Morales. La corrupción en el control de las plazas respecto al ingreso, permanencia y promoción, eran una constante en el sistema educativo.
En un escenario complejo en el año 2012 motivado por la contienda presidencial, la coyuntura política propició la ruptura de un pacto entre el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Elba Esther Gordillo. Consecuencia de lo anterior, se configuró por una parte, una reforma estructural en materia educativa promovida por el ex presidente y símbolo del PRI, Enrique Peña Nieto, que quitaría el poder político y financiero al Sindicato respecto al control de las plazas. Y por la otra se ejerció una acción penal en contra de la ex lideresa por diversos delitos de corrupción, misma que concluyó con la privación de libertad de la maestra Elba Esther.
Una vez aprobada por los recintos legislativos, la reforma educativa fue severamente criticada por diversos sectores de la sociedad civil ya que la misma no modificaba sustancialmente el sistema educativo. La reforma claramente apuntaba a que el Estado recuperara la rectoría no solo de la educación, sino del magisterio. Por ello la reforma no fue educativa, sino laboral-administrativa en el ámbito educativo.
Si bien es cierto que resulta importante evaluar a las y a los profesores para su ingreso, promoción y permanencia en el servicio profesional docente, se requiere también de un cambio a diversos elementos que conforman el sistema educativo. El Doctor Manuel Antón Gil, señala que al legislar sobre temas educativos, es erróneo simplificar el análisis a una evaluación docente. El proceso es por demás complejo, ya que la educación y los bajos niveles en cuanto a su calidad, no son consecuencia de un solo actor (las y los profesores), sino de diversos elementos entre los cuales se destacan: infraestructuras deficientes, pobreza extrema en las y los estudiantes, carencia alimentaria, planes de estudio que no coinciden con la realidad social, entre otros.
A pesar de lo anterior, la evaluación docente se mantuvo vigente a lo largo del sexenio de Peña Nieto. Sin embargo el actual Presidente Andrés Manuel López Obrador como promesa de campaña presidencial se comprometió a abrogar —eliminar— la reforma educativa, ya que desde su perspectiva era una reforma punitiva para las y los docentes, sin trascendencia en el sistema educativo. Esta postura le generó miles de adeptos, lo cual se tradujo en votos para la elección presidencial del año 2018, la que ganó con un 53%.
Una vez asumido el poder, López Obrador envió una iniciativa en materia educativa que eliminaba las evaluaciones docentes con carácter “punitivo”. Sin embargo para ingresar y ascender en el servicio profesional docente se mantuvo el régimen de evaluación coordinado por el propio Estado a través de la Secretaria de Educación y de un Centro desconcentrado de la propia Secretaría (Centro Nacional para la Revaloración del Magisterio y la Mejora Continua de la Educación) cuyas funciones son semejantes a las del INEE.
Acto seguido los integrantes de la CNTE, ante el descontento por el contenido de la iniciativa de reforma, hicieron valer su fuerza política bloqueando todos los accesos de la Cámara de Diputados, así como vías federales fundamentales en la vida económica del país. Ello generó por una parte, que no se pudiera discutir el dictamen que daría vida a una nueva reforma educativa, y por la otra pérdidas millonarias producto de los bloqueos.
Si bien es cierto que el Presidente se ha distinguido por un discurso de no represión, en esta ocasión se pudo apreciar que puede más la fuerza y la violencia de un grupo disidente que el marco constitucional. Es criticable que el Presidente actúe y distorsione la agenda política con base en intereses personales en aras de mantener sus elevados índices de popularidad, a tal grado que por medio de un memorándum violentó el estado de derecho. Y es que en dicho memorándum el ejecutivo federal estipuló la abrogación de la evaluación docente. Sin embargo, esa facultad es exclusiva del poder legislativo con base en el artículo 73 constitucional.  Por su parte el artículo133, destaca la supremacía constitucional, por lo tanto es de saber que ningún memorándum estará por encima de la Constitución.
Lo anterior dio a conocer la incapacidad del ejecutivo federal para otorgar garantías mínimas de seguridad que permitieran a las y a los legisladores efectuar reformas constitucionales a pesar de existir elementos o actores en contra. Es claro que las y los disidentes de la CNTE buscan mantener sus privilegios — control de las plazas— situación que conllevaría a un sistema de corrupción que por años ha sido un cáncer en el sistema educativo mexicano.
La madrugada del jueves 25 de abril, la iniciativa de reforma los artículos 3, 31 y 73 fue votada y aprobada por las y los diputados con 381 votos a favor, 79 en contra y dos abstenciones. No obstante, habrá que prestar especial atención a los artículos transitorios, ya que el artículo décimosexto del dictamen establece que se garantiza la vigencia de los derechos laborales de los trabajadores al servicio de la educación tutelados por el Apartado B del artículo 123 constitucional, en lo concerniente a lo dispuesto por las fracciones VII y VIII de dicho Apartado, en los cuales se señala lo siguiente:
-VII. La designación del personal se hará mediante sistemas que permitan apreciar los conocimientos y aptitudes de los aspirantes. El Estado organizará escuelas de Administración Pública;
-VIII. Los trabajadores gozarán de derechos de escalafón a fin de que los ascensos se otorguen en función de los conocimientos, aptitudes y antigüedad. En igualdad de condiciones, tendrá prioridad quien represente la única fuente de ingreso en su familia;
En la fracción VIII se estipula que tendrán prioridad quienes representen la única fuente de ingreso en su familia. Por lo tanto es justamente en esta fracción donde existe una laguna jurídica y se da apertura a un sistema subjetivo en el actuar del servicio profesional docente.
En conclusión, se puede señalar que al igual que la reforma de Peña Nieto, la de López Obrador es una reforma administrativa-laboral que beneficia al magisterio devolviéndoles los privilegios perdidos con la reforma de Peña Nieto en cuanto al régimen de permanencia. Sin embargo los planes de estudio, infraestructura y demás elementos operativos de la educación han pasado a segundo término, manteniendo así un régimen educativo con poca calidad y eficiencia para los derroteros del futuro.

[1] El Pacto por México es un acuerdo político nacional firmado el 2 de diciembre de 2012 en el Castillo de Chapultepec en la Ciudad de México, por el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto; Gustavo Madero Muñoz, presidente del Partido Acción Nacional; Cristina Díaz Salazar, (en ese entonces interina) del Partido Revolucionario Institucional y Jesús Zambrano Grijalva, presidente del Partido de la Revolución Democrática, para legislar en un mismo sentido sobre diversos temas de trascendencia nacional.

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