La educación al servicio del poder: Diputados aprueban la “reforma
educativa” de Andrés Manuel López Obrador
Alejandro Campuzano
Álvarez
La educación ha
sido un eje fundamental en el desarrollo de los países en el siglo XXI. Por
ello se requiere de nuevas directrices gubernamentales encaminadas
a homologar el régimen educativo con la realidad social.
En México el tema
cobró relevancia con la celebración del “Pacto por México”[1], en el cual uno de los
puntos principales era el referente al ámbito educativo, mismo que fue
modificado sustancialmente a través de reformas constitucionales a los
artículos 3, 31, y 73, entre las cuales destacan como puntos fundamentales la
creación de un Instituto (Instituto Nacional para la Evaluación de la
Educación) como órgano autónomo que evaluaría el desempeño de las y los
profesores.
Y es que hay
recordar que en México, la educación —y particularmente los sindicatos de
profesores— han fungido como un brazo político con trascendencia en el ámbito
electoral. Es así que por años el sistema educativo fue controlado por el Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) a través de su ex líder, Elba
Esther Gordillo Morales. La corrupción en el control de las plazas respecto al
ingreso, permanencia y promoción, eran una constante en el sistema educativo.
En un escenario
complejo en el año 2012 motivado por la contienda presidencial, la coyuntura
política propició la ruptura de un pacto entre el Partido Revolucionario
Institucional (PRI) y Elba Esther Gordillo. Consecuencia de lo anterior, se configuró
por una parte, una reforma estructural en materia educativa promovida por el ex
presidente y símbolo del PRI, Enrique Peña Nieto, que quitaría el poder político
y financiero al Sindicato respecto al control de las plazas. Y por la otra se ejerció
una acción penal en contra de la ex lideresa por diversos delitos de corrupción,
misma que concluyó con la privación de libertad de la maestra Elba Esther.
Una vez aprobada
por los recintos legislativos, la reforma educativa fue severamente criticada
por diversos sectores de la sociedad civil ya que la misma no modificaba
sustancialmente el sistema educativo. La reforma claramente apuntaba a que el
Estado recuperara la rectoría no solo de la educación, sino del magisterio. Por
ello la reforma no fue educativa, sino laboral-administrativa en el ámbito
educativo.
Si bien es cierto que
resulta importante evaluar a las y a los profesores para su ingreso, promoción
y permanencia en el servicio profesional docente, se requiere también de un
cambio a diversos elementos que conforman el sistema educativo. El Doctor
Manuel Antón Gil, señala que al legislar sobre temas educativos, es erróneo
simplificar el análisis a una evaluación docente. El proceso es por demás
complejo, ya que la educación y los bajos niveles en cuanto a su calidad, no
son consecuencia de un solo actor (las y los profesores), sino de diversos
elementos entre los cuales se destacan: infraestructuras deficientes, pobreza
extrema en las y los estudiantes, carencia alimentaria, planes de estudio que
no coinciden con la realidad social, entre otros.
A pesar de lo
anterior, la evaluación docente se mantuvo vigente a lo largo del sexenio de
Peña Nieto. Sin embargo el actual Presidente Andrés Manuel López Obrador como
promesa de campaña presidencial se comprometió a abrogar —eliminar— la reforma
educativa, ya que desde su perspectiva era una reforma punitiva para las y los
docentes, sin trascendencia en el sistema educativo. Esta postura le generó
miles de adeptos, lo cual se tradujo en votos para la elección presidencial del
año 2018, la que ganó con un 53%.
Una vez asumido el
poder, López Obrador envió una iniciativa en materia educativa que eliminaba
las evaluaciones docentes con carácter “punitivo”. Sin embargo para ingresar y
ascender en el servicio profesional docente se mantuvo el régimen de evaluación
coordinado por el propio Estado a través de la Secretaria de Educación y de un Centro
desconcentrado de la propia Secretaría (Centro Nacional para la Revaloración
del Magisterio y la Mejora Continua de la Educación) cuyas funciones son
semejantes a las del INEE.
Acto seguido los
integrantes de la CNTE, ante el descontento por el contenido de la iniciativa
de reforma, hicieron valer su fuerza política bloqueando todos los accesos de
la Cámara de Diputados, así como vías federales fundamentales en la vida
económica del país. Ello generó por una parte, que no se pudiera discutir el
dictamen que daría vida a una nueva reforma educativa, y por la otra pérdidas
millonarias producto de los bloqueos.
Si bien es cierto que
el Presidente se ha distinguido por un discurso de no represión, en esta
ocasión se pudo apreciar que puede más la fuerza y la violencia de un grupo
disidente que el marco constitucional. Es criticable que el Presidente actúe y
distorsione la agenda política con base en intereses personales en aras de mantener
sus elevados índices de popularidad, a tal grado que por medio de un memorándum
violentó el estado de derecho. Y es que en dicho memorándum el ejecutivo
federal estipuló la abrogación de la evaluación docente. Sin embargo, esa
facultad es exclusiva del poder legislativo con base en el artículo 73
constitucional. Por su parte el artículo133,
destaca la supremacía constitucional, por lo tanto es de saber que ningún
memorándum estará por encima de la Constitución.
Lo anterior dio a
conocer la incapacidad del ejecutivo federal para otorgar garantías mínimas de
seguridad que permitieran a las y a los legisladores efectuar reformas constitucionales
a pesar de existir elementos o actores en contra. Es claro que las y los
disidentes de la CNTE buscan mantener sus privilegios — control de las plazas— situación
que conllevaría a un sistema de corrupción que por años ha sido un cáncer en el
sistema educativo mexicano.
La madrugada del
jueves 25 de abril, la iniciativa de reforma los artículos 3, 31 y 73 fue
votada y aprobada por las y los diputados con 381 votos a favor, 79 en contra y
dos abstenciones. No obstante, habrá que prestar especial atención a los
artículos transitorios, ya que el artículo décimosexto del dictamen establece
que se garantiza la vigencia de los derechos laborales de los trabajadores al
servicio de la educación tutelados por el Apartado B del artículo 123
constitucional, en lo concerniente a lo dispuesto por las fracciones VII y VIII
de dicho Apartado, en los cuales se señala lo siguiente:
-VII. La designación del personal se
hará mediante sistemas que permitan apreciar los conocimientos y aptitudes de
los aspirantes. El Estado organizará escuelas de Administración Pública;
-VIII. Los trabajadores gozarán de
derechos de escalafón a fin de que los ascensos se otorguen en función de los
conocimientos, aptitudes y antigüedad. En igualdad de condiciones, tendrá
prioridad quien represente la única fuente de ingreso en su familia;
En la fracción VIII
se estipula que tendrán prioridad quienes representen la única fuente de
ingreso en su familia. Por lo tanto es justamente en esta fracción donde existe
una laguna jurídica y se da apertura a un sistema subjetivo en el actuar del
servicio profesional docente.
En conclusión, se
puede señalar que al igual que la reforma de Peña Nieto, la de López Obrador es
una reforma administrativa-laboral que beneficia al magisterio devolviéndoles
los privilegios perdidos con la reforma de Peña Nieto en cuanto al régimen de
permanencia. Sin embargo los planes de estudio, infraestructura y demás
elementos operativos de la educación han pasado a segundo término, manteniendo
así un régimen educativo con poca calidad y eficiencia para los derroteros del
futuro.
[1] El Pacto por México es un acuerdo político nacional firmado el 2 de
diciembre de 2012 en el Castillo de Chapultepec en la Ciudad de México, por el
Presidente de la República, Enrique Peña Nieto; Gustavo Madero Muñoz,
presidente del Partido Acción Nacional; Cristina Díaz Salazar, (en ese entonces
interina) del Partido Revolucionario Institucional y Jesús Zambrano Grijalva,
presidente del Partido de la Revolución Democrática, para legislar en un mismo
sentido sobre diversos temas de trascendencia nacional.
