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En un intento de desarmar a su nuevo enemigo y detener la violencia en el estado occidental de Michoacán, el ejército mexicano se enfrentó ayer a los grupos paramilitares que, desde hace un tiempo, luchan contra un poderoso cartel de drogas local.
La operación lanzada por el gobierno de Enrique Peña Nieto para desarmar a los grupos de autodefensa terminó en una intensa batalla, que se saldó con varios muertos en la comunidad de Antúnez, cuando los soldados abrieron fuego contra un grupo de civiles.
Estanislao Beltrán, vocero de un grupo de autodefensa, dijo a la prensa que los soldados habían disparado contra civiles y habían matado a cuatro personas, incluida una chica de 11 años.
El gobierno, a través de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de Gobernación (Ministerio del Interior), dijo que no podía confirmar el número de personas muertas en la operación del ejército.
Según fuentes del gobierno de Michoacán, miembros del ejército y de la marina comenzaron la operación de desarme en las localidades de Nueva Italia, Parácuaro y Antúnez, entre otras, en un área del sur de Michoacán conocida como Tierra Caliente. En las últimas semanas, la zona fue escenario de choques entre los grupos de autodefensa (civiles armados) y sicarios del cartel de los Caballeros Templarios, una organización criminal que se escindió hace unos años del sangriento cartel de la Familia Michoacana.
Los miembros de las autodefensas -civiles que se hicieron fuertes en once comunidades de Michoacán ante la ausencia de una fuerza de seguridad que pueda frenar al narcotráfico- bloquearon el paso a los militares en algunas zonas. "El ejército se ensañó rafagueando [tiroteando] al pueblo desarmado", se lamentó Beltrán.
"¿Así quieren proteger al pueblo? No los queremos", dijo Gloria Pérez Torres mientras se lamentaba sobre el cuerpo de su hermano Mario, de 56 años, una de las víctimas en la confrontación con militares ocurrida ayer por la mañana.
Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, había anunciado anteayer que el gobierno federal, en manos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), se encargaría de las labores de seguridad. Y, en una especie de ultimátum, había exhortado a las autodefensas a deponer las armas. La entrada de las fuerzas militares comenzó anteanoche.
El gobierno tomó la decisión de intervenir militarmente en Michoacán tras la reunión mantenida entre Osorio y el gobernador del estado, Fausto Vallejo, después de que el sur de Michoacán viviera un fin de semana de enfrentamientos entre civiles armados y sicarios de los Caballeros Templarios.
Cuando hace unos meses brotaron los primeros choques entre las autodefensas y los narcotraficantes, la policía y el ejército se limitaron a mantener las rutas libres de bloqueos en lugar de intervenir para frenar las disputas. Los cuerpos sin vida de sicarios y civiles colgados en puentes fueron durante meses moneda corriente en un estado golpeado por la violencia desde hace décadas.
En las últimas semanas, parecía que el gobierno de Peña Nieto trabajaba en colaboración con las autodefensas, cuyos líderes decían públicamente que recibían el apoyo de las fuerzas de seguridad, algo que, sin embargo, el gobierno siempre rechazó. Pero los grupos civiles fueron tomando poco a poco el control de más territorio y llegaron a rodear el principal bastión de los narcotraficantes, Apatzingán. Ayer, decenas de soldados y policías fuertemente armados tomaron el control de la localidad.
Para tratar de controlar esa tierra sin ley que es el sur de Michoacán, el gobierno decidió apoyar el despliegue de soldados con el envío de varios aviones y helicópteros a Uruapan, la segunda ciudad en importancia del estado tras Morelia.
Ante la ofensiva del ejército, el principal líder del Consejo General de Autodefensas de Michoacán, José Manuel Mireles, exhortó a los suyos a través de un video a entregar las armas. Pero horas más tarde, matizó sus palabras y dijo que la subordinación a las fuerzas gubernamentales sólo se realizaría después de que el ejército y la policía detuvieran a los principales cabecillas de los Caballeros Templarios. Todo un galimatías en un conflicto que no tiene visos de dar marcha atrás.
"Hubo una erosión de la credibilidad de los anuncios del gobierno federal en Michoacán", dijo Alejandro Hope, experto en seguridad y ex miembro de los servicios de inteligencia mexicanos. "La estrategia del gobierno sólo puede calificarse como un desastre", sentenció Hope.
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