Marcela Turati
Con base en la Ley de Libertad de Información de Estados Unidos, la organización National Security Archive logró desclasificar documentos diplomáticos que revelan la colusión de funcionarios federales, estatales y municipales –entre ellos los ex gobernadores Manuel Cavazos, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández– con las organizaciones criminales que operan en Tamaulipas. Proceso ofrece una síntesis de la manera en que Los Zetas cometieron sus tropelías contra cientos de indocumentados centroamericanos entre 2010 y 2012.
Salieron en autobuses de pasajeros rumbo a la frontera soñando en su nueva vida, pero regresaron a bordo de un tráiler con caja refrigerante que los depositó en una morgue. La mayoría de los 196 cadáveres hallados en abril de 2011 en las fosas en San Fernando, Tamaulipas, era de migrantes pobres asesinados a golpes; su vida no valió siquiera una bala. Al gobierno de Tamaulipas le preocupaba que la mala publicidad espantara el turismo y las inversiones. Alguien ordenó sacar del Estado los cuerpos para tapar el escándalo.
La información está contenida en la serie de cables desclasificados que funcionarios estadunidenses enviaron de México a Washington entre 2010 y 2012. En esos reportes queda claro que el gobierno mexicano estaba al tanto de los crímenes que cometían Los Zetas en San Fernando desde antes de la masacre de los 72 migrantes de agosto de 2010 y del hallazgo, al año siguiente, de las fosas comunes.
Los informes, obtenidos por la organización National Security Archive (NSA) con base en la Ley de Libertad de Información de Estados Unidos (FOIA, por sus siglas en inglés), revelan la colusión de funcionarios municipales, estatales y federales mexicanos con los criminales (la sospecha incluye a los ex gobernadores Manuel Cavazos Lerma, Tomás Yarrington Ruvalcaba y Eugenio Hernández Flores); la presencia de kaibiles en la zona y la petición de ayuda a Washington por parte de la cancillería mexicana para salvar la popularidad de Felipe Calderón, desplomada por aplicar una estrategia de combate contra las drogas (cofinanciada por Estados Unidos) que los mexicanos, y los propios funcionarios estadunidenses, consideraban como generadora de violencia.
Los reportes diplomáticos –confeccionados por distintas dependencias a partir de informantes, funcionarios mexicanos, análisis y notas de prensa– muestran que los cárteles controlaban parte de Tamaulipas, el sufrimiento de la población, el sometimiento de la prensa y la pantomima de un gobierno que simulaba llevar las riendas.
El investigador Michael Evans, del NSA, publicó los primeros documentos en el blog de la organización para mostrar el intento del Estado mexicano por minimizar su responsabilidad ante los crímenes. Nuevos cables proporcionados a Proceso completan la película de horror que vivió Tamaulipas apenas el sexenio pasado.
El reporte clasificado con los números 20100416 (clave que indica el año, el mes y el día de ese escrito del 16 de abril de 2010) señala que marzo, con sus 900 homicidios a escala nacional, fue uno de los más sangrientos y que los funcionarios mexicanos no anticiparon la escalada de violencia cuando el Cártel de Los Zetas se lanzó a controlar las lucrativas plazas del noreste.
Durante febrero y marzo el consulado de Matamoros, ciudad fronteriza con Brownsville, Texas, informó que la ruptura del Cártel del Golfo (CDG) con sus anteriores aliados provocó que la población fuera castigada sólo por vivir en lugares controlados por rivales. A cada golpe le seguía una venganza.
El pánico se apoderó de Ciudad Victoria –capital del estado–, Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo, y los rumores obligaban a cerrar escuelas. Matamoros –preveía el consulado– podría “ser escena de confrontación en un futuro” por ser cuartel del CDG y valor estratégico para una futura ofensiva”.
Desde el 28 de mayo de 2010 uno de esos documentos menciona un enfrentamiento, como muchos, entre fuerzas federales y sicarios. Su contenido fue casi totalmente censurado, salvo un dato: de cuatro personas asesinadas y cuatro arrestadas el día 19 “se pudo determinar que algunos de ellos eran miembros de Los Zetas y los sujetos de Guatemala eran miembros de las fuerzas especiales de Guatemala (kaibiles)”, militares conocidos por la extrema crueldad de sus métodos de sometimiento de la población, entre éstos las decapitaciones.
En agosto siguiente, un memorándum secreto de la Oficina de Inteligencia e Investigación del Departamento de Estado mencionaba: “La ofensiva de Calderón ha ejercido presión sobre los cárteles, pero también ha tenido consecuencias no previstas: por ejemplo, la remoción de los líderes de las organizaciones del narcotráfico ha llevado a personas con menos experiencia y disciplina a ocupar esos vacíos, contribuyendo a un pico en los asesinatos relacionados con las drogas”.
Revelaciones de la masacre
El 22 de agosto de ese mismo año, 75 migrantes de Guatemala, Honduras, Brasil, Ecuador y un “hindú” que viajaban hacia la frontera en un tráiler de tres paneles fueron detenidos por un número indeterminado de criminales y transportados bajo vigilancia a San Fernando.
El secuestro se habría realizado al norte de un retén fijo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sobre la carretera, a través de pequeños caminos rurales, según el cable enviado desde el consulado de Matamoros, cuatro días después de la masacre.
Entre los cuerpos de 58 hombres y 14 mujeres yacían dos migrantes que por el impacto perdieron la conciencia, pero despertaron: eran un salvadoreño y un ecuatoriano de 18 años. Este último relató los hechos anteriores.
Los sobrevivientes huyeron en distintas direcciones. El ecuatoriano escuchó que al salvadoreño lo persiguieron unas camionetas, luego disparos, e imaginó que había sido asesinado. Mientras tanto, buscó auxilio en una casa o intentó acercarse a los policías locales (el cable destaca que la narración difiere en este punto), mas no lo ayudaron.
Caminó durante la noche. En la madrugada del 23 de agosto llegó a un retén de la Marina, donde dio aviso de lo sucedido. Al intentar ubicar por tierra el lugar de la masacre los marinos llegaron a un rancho en el que fueron atacados. Tres marinos y un miembro del cártel fallecieron. Un menor fue aprehendido, y después el sobreviviente lo identificó como uno de los secuestradores.
El día 24 a las seis de la tarde la Marina encontró los cuerpos en un rancho abandonado: los 72 parecían haber sido amontonados contra la pared de la bodega. “Reportes no confirmados indican que una o más de las mujeres víctimas estaban embarazadas. Las víctimas fueron encontradas sin ninguna identificación. Los tres camiones y el equipaje de los migrantes no fueron recuperados”, se lee en el texto.
En el comentario final, el diplomático que realizó el reporte señala: “Si el relato del sobreviviente es preciso, esto representa un nuevo nivel de violencia de Los Zetas”. Esto porque no parece haber una utilidad de estas muertes para ellos, ya que no pidieron rescate por sus secuestrados como acostumbraban.
“Una teoría planteada por –el nombre de la fuente está borrado– es que como las ganancias de la introducción ilegal de migrantes a Estados Unidos son destinadas al Cártel del Golfo, los asesinatos fueron la manera que Los Zetas encontraron para herir financieramente los intereses de CDG.”
La siguiente comunicación, del día 27, es un resumen de hechos de los últimos cuatro días.
El reporte menciona por primera vez la existencia de fosas comunes con migrantes. “Las autoridades mexicanas aún están buscando una posible fosa clandestina que contendría más de 200 migrantes. Se cree que los cuerpos están en San Fernando cerca de la garita aduanal de “Las Yescas”, entre San Fernando y Matamoros”. (20100827)
Este aviso se dio ocho meses antes de que comenzaran a ser desenterrados casi 200 cadáveres, cuando los asesinatos sistemáticos no pudieron ser ocultados.
En septiembre, Matamoros y sus alrededores parecen vivir una guerra. El alcalde de Hidalgo ha sido asesinado; el Ejército y Los Zetas se enfrentan en Ciudad Mier; tres granadas de fragmentación hieren a 29 civiles en Reynosa. Los ataques ocurren a tres cuadras de un servicio funerario para los 72 migrantes y cerca de la morgue donde se depositaron algunos de sus cuerpos.
Más tarde se registra un ataque contra el hospital de la Marina donde se recuperaba el ecuatoriano que era el informante.
El día 2 de ese mes aparece el segundo sobreviviente de la masacre, quien, según informó el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) a los estadounidenses, se había desplazado solo a Matamoros y “supuestamente fue trasladado al DF para declarar” (20100903).
En tanto, México intentaba limpiar su mala imagen internacional.
Crisis de los autobuses
El 14 de febrero de 2011 fue el día más violento desde la masacre de agosto del año anterior: 26 personas son asesinadas. Una granada en un centro comercial de Matamoros hiere a nueve civiles –según el reporte 20110215– en “un intento de Los Zetas para calentar la plaza al grupo dominante”.
Comienzan los hallazgos de autos calcinados en las carreteras, los asesinatos de pasajeros de autobuses alcanzados por fuegos cruzados y las detenciones masivas como la ocurrida entre Victoria y Matamoros, donde 23 pasajeros fueron obligados a bajar y se les despojó de sus pertenencias.
Dos meses después, en abril, comienzan a descubrirse las llamadas narcofosas. Primero eran 48 cuerpos, dos de ellos vestidos con uniformes de policía, en la comunidad de La Joya, cerca de San Fernando. Algunos en avanzado estado de descomposición, otros fallecidos en un lapso de menos de 10 días.
La primera información que recibe el consulado de funcionarios mexicanos es que los cuerpos probablemente son de narcotraficantes, secuestrados o víctimas de la violencia carretera. El reporte termina con un comentario: “De acuerdo con fuentes oficiales al menos 224 personas han sido secuestradas de las carreteras de Tamaulipas en semanas recientes, incluido un grupo obligado a bajar de un camión interurbano el 23 de marzo” (20110406).
Esa misma semana ya eran 81 los cadáveres encontrados en 17 sitios. El documento 20110408 revela una historia hasta entonces oculta:
El 19 de marzo miembros del crimen organizado secuestraron a 24 personas de un autobús público originario de San Luis Potosí que viajaba a Reynosa. El 24 de marzo secuestraron a 12 personas de un camión originario de Michoacán. También el 24, plagiaron a los 48 pasajeros de un camión de Guanajuato que iba a Reynosa. Los tres cerca de San Fernando.
A partir del 1 de abril, con información de los detenidos y de sus ex rehenes, el Ejército localizó fosas comunes en La Joya, al norte de San Fernando. Primero eran 11 cadáveres, luego 145.
Desde el inicio se adjudica la responsabilidad a Los Zetas. “Esto es consistente con la cobertura de la prensa local, pues los pueblos controlados por Los Zetas no han tenido cobertura de los hallazgos”, indica el reporte.
En relación con esos homicidios, 17 de los 25 miembros de la policía de San Fernando eran detenidos acusados de “proteger” a los perpetradores.
La búsqueda de fosas es interrumpida el 13 de abril –lo hace notar el diplomático–, y los funcionarios expresaron su intención de continuarla después.
Desde el 6 de abril, cuando se anunció el hallazgo, el Semefo de Matamoros fue abarrotado por personas que buscaban información sobre familiares desaparecidos.
“Los hallazgos de San Fernando han atraído a muchos familiares que no habían querido reportar anteriormente las desapariciones a causa del miedo o por amenazas del crimen organizado”, indica el reporte que menciona enseguida esa como la excusa de los funcionarios estatales para su inacción, “la falta de denuncias normales antes del descubrimiento de las fosas impidió a la procuraduría estatal investigar los problemas que eran sospechados en el área de San Fernando”.
Resalta otro dato: “Ninguna de las compañías de autobuses ha presentado una queja formal sobre los ataques de los miembros del crimen organizado sobre los autobuses o sobre pasajeros a pesar del hecho de que los secuestros habían sido generalizados (…) Las autoridades sólo habían recibido dos reportes no oficiales de dos de los secuestros masivos de pasajeros del 24 de marzo. Aunque en privado las autoridades reconocieron que los secuestros son comunes”.
Para entonces la prensa mencionaba que nueve autobuses habían sido secuestrados en ese punto; a las terminales sólo llegaban las maletas.
El 13 de abril, la PGR envió a la capital del país 105 cuerpos y argumentó que allá habría más equipo y que las familias provenientes de Guanajuato y Michoacán tendrían más facilidades. El resto se quedó en Matamoros; los más descompuestos serían enviados a Victoria.
Off the record, oficiales mexicanos dijeron a funcionarios del consulado que “los cuerpos están siendo separados (en grupos) para que la cifra total sea menos obvia y, así, menos alarmante”.
El diplomático que escribe el reporte señala: “El traslado de 105 cadáveres de la sobresaturada, insuficiente morgue de Matamoros al DF, es entendible desde un punto de vista práctico, pero también ayuda a restar visibilidad a la tragedia”.
Revela también que las autoridades estatales sabían lo que ocurría: “Aparentemente las autoridades de Tamaulipas están tratando de minimizar los descubrimientos de San Fernando y la responsabilidad estatal, a pesar de que en un reciente viaje a Ciudad Victoria se reveló que los funcionarios estaban plenamente conscientes del peligro de viajar por carretera a través de esta zona”.
Para finales de mes los cuerpos eran 196 y “se prevé un aumento debido a que la Sedena y la Semar continúan la búsqueda”; 74 personas fueron arrestadas en conexión con los crímenes. Después sería detenido Martín El Kilo Estrada, el jefe local de Los Zetas.
Los funcionarios estatales, en tanto, maniobran para ocultar los hechos. “A pesar de las afirmaciones del gobierno del incremento de la seguridad, durante el periodo de las vacaciones de Semana Santa (abril 16-24) ocurrieron varios eventos violentos, incluyendo ataques a tres camiones que transitaban por la carretera Victoria-Monterrey a la altura de Ciudad Hidalgo, en los que hubo un herido de balaceras en cada uno”.
Los funcionarios estatales, en tanto, seguían maniobrando para minimizar la violencia continua en las carreteras. “A pesar de las afirmaciones del gobierno del incremento de la seguridad, durante el periodo de las vacaciones de Semana Santa (abril 16 -24) ocurrieron varios eventos violentos, incluyendo ataques a tres camiones que transitaban por la carretera Victoria-Monterrey a la altura de ciudad Hidalgo, en los que hubo un herido de balaceras en cada uno”, reporta.
En abril otro cable indica que los gobiernos federal y el estatal se adjudican unos a otros la responsabilidad. En privado, según indica, los funcionarios han dicho que la seguridad en general, y la violencia en las carreteras en particular, es su preocupación más grande, pero evitan en público el tema de la violencia. Una muestra del sinsentido es el anuncio del gobernador Egidio Torre Cantú de que el estado es un buen lugar para invertir y su exageración sobre las seguras condiciones de las playas ‘fuertemente patrulladas’”.
“Funcionarios también repetidamente han afirmado que pueden garantizar la seguridad de cualquier negocio de los inversionistas sin explicar cómo planean hacerlo”.
Para mayo, la Sedena había desarmado a 700 policías. En junio se informó del despido de siete altos oficiales del Instituto Nacional de Migración “en medio de alegatos de que estuvieron involucrados en el secuestro de migrantes”, ya que “inmigrantes de Centroamérica (específicamente de El Salvador y Guatemala) los acusaron de sacarlos de los autobuses y entregarlos a las bandas de narcotraficantes en el Estado de Tamaulipas”. Esos meses tanto la Policía Federal como la Sedena se dedican a liberar secuestrados de casas de seguridad.
En 2012, las investigaciones conducen a actores más importantes. El cable menciona que la PGR ha estado investigando a tres ex gobernadores de Tamaulipas desde 2009, en relación con el arresto de Miguel Ángel Soto Parra, miembro fundador de los Zetas.
“Aunque el gobierno mexicano no reveló los cargos contra estos tres ex mandatarios estatales, se afirma que la investigación ha estado en curso desde principios de 2009, y se derivó del arresto de Miguel Ángel Soto Parra, miembro fundador de los Zetas”.
“Hasta hace poco, el ex gobernador Manuel Cavazos Lerma (1993-1999) fungía como Secretario de Acción Electoral del PRI y, actualmente, busca un asiento en el Senado. Tomás Yarrington (1999-2004) pretende una curul en la Cámara de Diputados y Eugenio Hernández (2005-2010) también busca llegar a la Cámara de Senadores; sin embargo, los entendidos especulan que el candidato presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto, sólo dará su aprobación a Cavazos. Dirigentes del PRI dicen que la investigación sólo refleja una ‘guerra sucia’ en su contra, y que el gobierno mexicano está utilizando a la PGR con fines políticos. Peña Nieto visitó Tamaulipas el 2 de febrero, para lanzar su campaña en el Estado”.
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