http://www.urgente24.com/221019-los-gardelitos-las-bandas-narco-pisan-fuerte-en-el-conurbano
Los Gardelitos ya no manejan directamente ningún puesto de venta de drogas (tal como hicieron en la década de los 90 para construir el poder) enquistados en una decena de asentamientos de la zona Norte del Gran Buenos Aires. Ahora, según investigaciones, tienen dos divisiones bien definidas. Por un lado producen cocaína de alta calidad que sería traficada a Europa en sociedad con bandas colombianas. Estas "cocinas" estarían diseminadas en casas de barrios privados o quintas, para lo que utilizan pasta base que "importan" desde Bolivia y Perú. El otro grupo, que también depende de El Tucumano, elabora cocaína más barata, con no más del 25 o 30% de pureza, que es entregada a los capos barriales.
El fenómeno del narcotráfico está ampliamente extendido por todo el país. La falta de controles fronterizos, las alianzas permisivas en ciertos aspectos con algunos países vecinos y el caldo de cultivo de pobreza más corrupción hacen del conurbano bonaerense un escenario similar al del sur de Rosario, donde la banda Los Monos controla el tráfico de drogas de toda la ciudad y mantiene atemorizada a la población a fuerza de balas.
En la zona Norte del conurbano bonaerense, al abrigo de los consumidores con mayor poder adquisitivo, ha ido creciendo con los años una banda que funciona de manera corporativa, organizada y de manera muy similar a la de las bandas narcos mexicanas o colombianas. Incluso cuentan con alianzas en el extranjero, tanto para importar como para exportar sustancias.
En la zona Norte del Gran Buenos Aires, especialmente en los partidos de San Martín y San Isidro, esta actividad es manejada por varios capos, que a su vez responden a dos proveedores que tendrían fuertes lazos con algunos sectores policiales de distintas fuerzas, asegura el Diario Popular.
Serían esos dos proveedores los que se encargan religiosamente del 1 al 5 de cada mes, de pagar la "prote", tal como le dicen a la coima que abonan para no ser "molestados". Aunque, cabe aclarar, eso no les garantiza una impunidad absoluta, debido a que no todo se puede comprar.
Según distintas fuentes, los grandes proveedores serían dos hombres apodados Piturro y El Tucumano. El primero está preso y el otro es quien actualmente ostentaría el poder absoluto en el negocio que se ha expandido, especialmente, en los asentamientos del partido de San Martín y San Isidro. Con raíces en la provincia norteña, este personaje heredó una conocida banda narco denominada Los Gardelitos.
Gardelitos
Los Gardelitos ya no manejan directamente ningún puesto de venta de drogas (tal como hicieron en la década de los 90 para construir el poder) enquistados en una decena de asentamientos de la zona Norte del Gran Buenos Aires. Ahora, según investigaciones, tienen dos divisiones bien definidas. Por un lado producen cocaína de alta calidad que sería traficada a Europa en sociedad con bandas colombianas. Estas "cocinas" estarían diseminadas en casas de barrios privados o quintas, para lo que utilizan pasta base que "importan" desde Bolivia y Perú. El otro grupo, que también depende de El Tucumano, elabora cocaína más barata, con no más del 25 o 30% de pureza, que es entregada a los capos barriales.
En San Martín, la cocaína barata (cuya dosis oscilaría entre los 50 y los 100 pesos), la comercializan punteros inmersos en los barrios Los Paraguayos, Loyola, Cárcova, Korea, La Rana, Itatí, 9 de Julio, entre otros. En tanto que la villa 18, que históricamente manejó el ahora detenido Miguel Angel "Mameluco" Villalba, estaría liderada por un tal "Bam-Bam".
Los mismos proveedores de San Martín tendrían también el control de la venta que se desarrollaría en los barrios La Cava y Uruguay, de San Isidro. Cabe aclarar que en cada asentamiento existe un capo que actúa en forma independiente, aunque tiene la "obligación" de comprar la sustancia al mismo proveedor que, a la postre, sería el máximo dueño del negocio. Allí radicaría la importancia de El Tucumano.
El fenómeno de "favelización" que se está dando en distintas zonas del Gran Buenos Aires ha llevado a que en cada zona se haya conformado una verdadera organización delictiva con una estructura definida. Según las fuentes, trabajarían en dos turnos diarios de 12 horas, con los "dealers" (vendedores), "soldaditos" (jóvenes armados encargados de la seguridad) y los "isas" que son aquellos que tienen que vigilar los alrededores y avisar ante un movimiento extraño.
El negocio ilegal es tan productivo que, a modo de ejemplo, un vocero con acceso a una de las decenas de causas que se instruyen tanto en juzgados federales como provinciales, comentó: "Hace un tiempo pudimos infiltrar a un informante, quien nos contó que en una villa de San Martín, de lunes a jueves la recaudación era de 80 mil pesos por turno (hay dos turnos por día), mientras que de viernes a domingos la venta aumenta a 120 mil pesos".
El complejo entramado que une a capos, proveedores y empleados se ha convertido en un dramático fenómeno que preocupa a los investigadores. La realidad indica que el narcotráfico se ha instalado en el país.
Investigando a Los Monos
Entretanto, la Justicia de Santa Fe investiga si más de doce viviendas atribuidas a la familia Cantero, cuyos integrantes lideran la banda de Los Monos, fueron adquiridas o construidas con fondos sin origen lícito demostrable. En ese caso, las propiedades podrían ser objeto de decomiso para su posterior subasta en caso de que la causa penal contra los miembros del clan del barrio Las Flores avance hacia condenas o bien se determine, en causas autónomas por lavado de dinero, el origen ilegal de los bienes. Estas casas, diseminadas por distintas localidades del departamento Rosario, suponen un patrimonio varias veces millonario que se presume ligado al blanqueo de activos procedente de delitos.
La posición del cuerpo de fiscales que trabaja en la causa penal es que todos estos inmuebles deben quedar sujetos a decomiso por vía de la investigación penal. Si las personas a las que se atribuye la posesión de esas propiedades resultan sancionadas, las mismas serán expropiadas según el artículo 23 del Código Penal por estar relacionados esos bienes con la secuencia de delitos que aún se investigan.
Pero aún sin la condena por el delito precedente, esas propiedades podrán terminar decomisadas. Si en función de los indicios reunidos en la investigación aparece la evidencia de lavado de dinero no se necesita una condena previa por los delitos que produjeron ese dinero. Evidencias tales como escuchas telefónicas, informes de entidades de bienes registrables y testimonios pueden implicar que se invierta la carga de la prueba porque se los presume de procedencia ilícita. En ese caso los dueños de esos bienes son quienes deberán demostrar cómo los obtuvieron.
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