YPF: ¿SOBERANÍA O RESCATE?

YPF S.A.: la soberanía como bandera y el rescate como política
Norberto Emmerich, 19 / 07 / 2012
http://www.marcotradenews.com/opinion/18366/YPF-SA-la-soberania-como-bandera-y-el-rescate-como-politica

Mediante el artículo 1º la ley 26.741 el Congreso de la República Argentina declaró de “interés público nacional y como objetivo prioritario de la República Argentina el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos, así como la exploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización de hidrocarburos, a fin de garantizar el desarrollo económico con equidad social, la creación de empleo, el incremento de la competitividad de los diversos sectores económicos y el crecimiento equitativo y sustentable de las provincias y regiones”.
El artículo 7 de la misma ley sostiene que “a los efectos de garantizar el cumplimiento de los objetivos de la presente, declárese de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51% del patrimonio de YPF Sociedad Anónima representado por igual porcentaje de acciones Clase D de dicha empresa, pertenecientes a Repsol YPF S.A., sus controlantes o controladas, en forma directa o indirecta. Asimismo, declárese de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51% del patrimonio de Repsol YPF Gas S.A. representado por el 60% de las acciones Clase A de dicha empresa, pertenecientes a Repsol Butano S.A., sus controlantes o controladas”.
Aunque ambos artículos son contradictorios entre sí, dado que el 1º declara de interés público nacional a todas las empresas hidrocarburíferas mientras el art. 7º sólo se aplica a Repsol YPF, la ley expresa una re-asociación con el capital financiero internacional y una promesa de adaptación a las previsibles condiciones que la acompañarán. Sobre el 70% del mercado petrolero que no controla YPF la Ley no dice nada y seguirá regido por los actuales contratos.
La ley no se refiere a los decretos desreguladores vigentes desde los 90s, ni a los contratos de concesión por fuera de YPF. Tampoco al concepto de libre disponibilidad del crudo que da plena libertad a los concesionarios, lo que aparece como contradictorio con el objetivo general enunciado: de lograr el autoabastecimiento y también generar saldos exportables.
Los trotskistas de “El Militante” apoyan la medida del gobierno y la denominan “nacionalización parcial”, el Partido Obrero (Argentina) habla de “reprivatización”, el PTS (Argentina) la llama “expropiación”, igual que el gobierno nacional argentino.
Mientras el gobierno del presidente Cárdenas en México expropió a 17 compañías que explotaban el petróleo mexicano en una acción encaminada a un cambio sensible en la estructura económica del país, el “rescate” argentino es una medida individual, que no toca los intereses norteamericanos, no tiene un plan nacional de desarrollo, absorbe todo el quebranto de Repsol, continúa con la desarticulación productiva y propone nuevos negocios sin cambiar las reglas actuales.
Este “rescate” de YPF, cuya primera intención es financiar con sus ingresos la importación de gas y combustible, fue apoyado por todo el espectro político que va del centro a la derecha, lo que incluye al menemismo neoliberal de los 90s y a Estados Unidos que avaló implícitamente la iniciativa como un medio de bloquear la venta de la empresa a la china Sinopec, que Repsol ya tenía definida.
Estados Unidos no quiere que China controle recursos estratégicos en América Latina. La izquierda, desde Proyecto Sur hasta el trotsquista MST, también apoyó la medida. A pesar de tanto apoyo, en un país donde todo se hace en la calle, apenas 4 mil personas festejaron la sanción de la ley frente al Congreso. Sólo se opusieron los partidos que conforman el Frente de Izquierda (Partido Obrero y Partido de Trabajadores por el Socialismo).
Este consenso, necesario para establecer una política hegemónica, no puede olvidar que política es economía concentrada. Por lo tanto debe contener una base material que satisfaga las expectativas de quienes sustentan legítimas aspiraciones de terminar con el saqueo de los recursos nacionales. Como nuevamente sucede en este caso, ante la falta de uno, el otro se desmorona.
Los precios del petróleo son un factor subyacente de la crisis económica mundial. La intervención del Estado en YPF es, por lo tanto, una operación de arbitraje político, que debe enfrentar el desafío de proceder a una redistribución de cartas en la industria petrolera. Por eso se reúne a toda velocidad con los principales pulpos internacionales, para ofrecerles lo que para Repsol hubiera sido imposible: una agenda de aumentos tarifarios para incitarlos a una mayor explotación de los pozos existentes y a un incremento de sus inversiones, tarea que solo puede realizar el Estado nacional porque en un país dependiente el Estado no actúa como institución estratégica nacional sino como garante necesario de los intereses de los grandes actores.