Fuerzas Armadas en
seguridad pública. No es bueno pero no es nuevo.
Dr. Norberto Emmerich
El 11 de mayo de 2020 el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó a través de un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación - DOF, la participación permanente de las Fuerzas Armadas de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria con la Guardia Nacional, en las funciones de seguridad pública del país.
La letra del texto respeta ambiguamente la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Alvarado de noviembre de 2018 y es congruente con el decreto de creación de la Guardia Nacional. Pero ahí no está el principal problema.
Aunque el decreto repite toda la letra de las disposiciones internacionales y nacionales, sí hay militarización porque su artículo quinto da a entender que el órgano de fiscalización y control será el órgano interno de control de las propias Fuerzas Armadas o de la Guardia Nacional, de la cual dependerá. “Las tareas que realice la Fuerza Armada permanente en cumplimiento del presente instrumento, estarán bajo la supervisión y control del órgano interno de control de la dependencia que corresponda”. No parece que haya o pudiera haber un órgano de control civil, externo, público, ciudadano, abierto, transparente y participativo.
Hace un año, el 26 de marzo de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto de creación de la Guardia Nacional.
En los transitorios de dicho Decreto su artículo quinto decía: "durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el Presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria".
Es evidente que la manera en que quedó redactado ese texto que aprobó la creación de la Guardia Nacional en 2019 dejó resquicios legales ambiguos que generan confusión, tal como afirma Raúl Zepeda Gil.
La incorporación de las Fuerzas Armadas a tareas de seguridad pública ya estaba preanunciada en dicho decreto, aprobado por unanimidad en el Senado de la República. Aunque los tiempos políticos dan pie a razonables posturas escandalizadas de la oposición, la opción por la militarización estaba disponible para López Obrador en la palma de la mano desde un año atrás.
Por ello mientras algunos analistas de seguridad afirman que la medida decretada por López Obrador es un paso más a la militarización del país, otros lo vieron como un complemento de la estrategia de seguridad que comenzó con la creación de la Guardia Nacional. Todos tienen razón por supuesto, ya que el decreto actual, preanunciado o no, militariza al país. “Le da atribuciones para vigilar y detener personas, operativos a nivel municipal y detener migrantes”, afirmó la diputada Martha Tagle.
Apenas un año después de su creación, la Guardia Nacional (GN) ha sido un tema recurrente de analistas y expertos. Varios miembros quedaron envueltos en los escándalos habituales de las fuerzas policiales en México. Vinculados con el crimen organizado, extorsionando a presuntos delincuentes u organizando fiestas en cuarteles, la Guardia Nacional ha sido poco ejemplar y absolutamente ineficaz. No es responsabilidad primaria de sus miembros, reclutados por necesidad de trabajo y con escasa formación en valores republicanos, sino de un gobierno que manifiesta una política de seguridad basada en un apaciguamiento anticientífico y sin rumbo cierto.
“Desde que López Obrador llegó al poder han asesinado a 46,085 mexicanos, según cifras oficiales. La estrategia de seguridad con la Guardia Nacional ha fracasado. Por eso la orden a las Fuerzas Armadas de dedicarse a la seguridad pública. Atrás quedó eso del ejército a los cuarteles”, afirmó el conocido periodista de Univisión, Jorge Ramos.
Legisladores de la oposición sostienen que esto significa la militarización del país. Y que se incumple con el acuerdo de capacitar a la Guardia Nacional para que transitara a un carácter civil y además desperdicia los recursos aprobados para su operación.
Pilar Ortega, diputada del PAN y presidenta de la Comisión de Justicia en la Cámara de Diputados, dijo que el gobierno federal está “tirando la toalla” y aceptando el fracaso de la Guardia Nacional. Lo cual es plenamente cierto.
Dijo que "esto no se puede dar por un simple decreto, necesita tener una fuerza de ley. Y va más allá de lo que establece la Constitución, se están extralimitando".
En el año 2018 una de las principales promesas de campaña de López Obrador era hacer que los militares regresaran a los cuarteles. Está ocurriendo exactamente lo contrario, su protagonismo es cada vez mayor.
De enero a marzo de 2020, se registraron en México 8.585 homicidios dolosos, una cifra ligeramente superior a los 8.535 asesinatos cometidos en el mismo periodo de 2019, considerado el año más violento en la historia reciente del país. En abril se cometieron 2.492 homicidios en todo el país, alcanzando a un total de 11.077 en los cuatro primeros meses del año. A este ritmo el año terminará en 33.231 homicidios, una cifra apenas inferior en 1,351 homicidios al total del año 2019. Pero el panorama aún es peor:
En 2019 la economía mexicana cayó un 0,1% y en el presente año 2020 se calcula que caerá un 6.6%. Muy convenientemente los indicadores del PIB ya no serán la unidad de medida del gobierno mexicano para diagnosticar el estado de la economía nacional, pero el aumento de la desocupación y la caída de los ingresos familiares presionarán hacia la participación ilegal en la renta nacional. Con 10 millones de nuevos pobres en el país el año 2020 cerrará presumiblemente con mayor corrupción pública y mayores disputas por el acceso a la renta nacional decreciente, todo en formato criminal.
Así se entiende que el presidente haya argumentado que el crecimiento económico no da seguridad, contrariando todo su plan de gobierno basado en subsidios directos a las familias. Todo ello sólo para poder evadir la evidencia de que la caída económica aumentará la violencia y las ganancias ilegales.
