CLINTON / TRUMP REPRESENTAN LA CRISIS DEL SISTEMA AMERICANO

El Estado de seguridad nacional y las elecciones en Estados Unidos
Patrick Martin

http://www.wsws.org/es/articles/2016/08/12/segu-a12.html

12 agosto 2016

Tres meses antes de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, el aparato de inteligencia militar participa en una campaña sin precedentes en nombre de la demócrata Hillary Clinton, denunciando a su oponente republicano Donald Trump y declarándolo inaceptable para la posición de “comandante en jefe”.

El ex director de la CIA, Michael Morell, inició esta serie de ataques contra Trump el viernes pasado, en una columna de opinión en el New York Times. Le siguieron cincuenta agentes de seguridad nacional de pasadas administraciones republicanas con una carta abierta denunciando a Trump, la cual fue publicada el lunes en el sitio Web del Times.

El lenguaje de la carta abierta es cáustico e inequívoco: Trump “sería un presidente peligroso”; “tiene poca comprensión sobre los intereses nacionales vitales de Estados Unidos”; “halaga de forma persistente a nuestros adversarios y amenaza a nuestros aliados y amigos”.

Los cincuenta firmantes declaran que algunos votarán por Clinton, otros no lo harán, pero ninguno votará por Trump ya que “están convencidos de que, si llega a ocupar la oficina presidencial (Oval Office), él sería el presidente más imprudente en la historia estadounidense”.

La carta describe el carácter de Trump de la forma más severa:

“O bien es incapaz de, o bien se muestra indispuesto a, distinguir la verdad de lo falso. No fomenta opiniones contrarias. Carece de autocontrol y actúa impetuosamente. No tolera críticas personales. Ha alarmado a nuestros aliados más cercanos con su comportamiento errático. Todas estas son cualidades peligrosas en un individuo que aspira a ser presidente y comandante en jefe, y controlar el arsenal nuclear de EE.UU.”

La lista de firmantes incluye a oficiales de administraciones republicanas que se remontan a la presidencia de Richard Nixon, con una fuerte representación de ex funcionarios de alto nivel del gobierno de Bush. Estos incluyen a Michael Hayden, ex director de la CIA y de la Agencia de Seguridad Nacional, John Negroponte, ex director de Inteligencia Nacional, a Michael Chertoff y Tom Ridge, ex secretarios del Departamento de Seguridad Nacional y a Robert Zoellick, ex subsecretario del Departamento de Estado,.

Entre los firmantes, hay un gran número de funcionarios responsables de algunos de los crímenes más catastróficos del imperialismo estadounidense, particularmente la invasión de Irak del 2003 (apoyada por Hillary Clinton) y la posterior ocupación de esa nación: Robert Blackwill, Eliot Cohen, Eric Edelman, Peter Feaver, James Jeffrey, Meghan O'Sullivan, Kori Schake, Kristen Silverberg, William H. Taft IV, Dov Zakheim y Philip Zelikow, entre otros.

Estos señores y señoras tienen mucha sangre en sus manos. Bajo la presidencia de Bush, ejercieron altas posiciones en un gobierno que pisoteó constantemente principios democráticos y constitucionales, así como del derecho internacional. Éste inició la guerra en Irak basándose en mentiras, construyó el andamiaje de un estado policíaco, apoyó el uso de secuestro, tortura y una red de prisiones secretas y comenzó la campaña de asesinatos selectivos con drones, que se ha convertido en una pieza central en la política exterior de Obama.

Estas circunstancias vuelven absurda la acusación de los firmantes de que Trump debería ser expulsado de la carrera presidencial porque “parece prescindir de un conocimiento básico sobre, y creencia, en la Constitución, las leyes y las instituciones de Estados Unidos, incluyendo tolerancia religiosa, libertad de prensa y un poder judicial independiente”.

Sus ataques contra Trump no se deben a supuestas consideraciones democráticas. En cambio, ven su política de tendencia fascista como un riesgo indebido por ahora, ya que podría provocar manifestaciones sociales que desestabilizarían el sistema político. Sin embargo, no se oponen a tales métodos en principio, ya que han respaldado a dictaduras militares y escuadrones de la muerte fascistas en el extranjero al servicio de los intereses del imperialismo estadounidense.

Al mismo tiempo, ellos mantienen diferencias significativas con Trump en política exterior. En su columna de opinión la semana pasada, Morell denunció a Trump como un “agente involuntario” del presidente ruso, Vladimir Putin. La carta abierta publicada el lunes, al contrario, no menciona a ningún país o líder mundial; se limita a una crítica dura al carácter y la personalidad de Trump. Sin embargo el trasfondo es el mismo.

Morell, Hayden, Negroponte y compañía hablan en nombre del “Estado profundo”, aquellos funcionarios militares y de inteligencia no electos, cuya influencia y control continúa independientemente del partido que controle la presidencia y el Congreso. Ellos consideran a Clinton como una promotora confiable de sus intereses, siguiendo los pasos de Bush y Obama, mientras que consideran que Trump es errático e incendiario, aparte de no estar en sintonía con la campaña de la élite gobernante de Estados Unidos de confrontación militar con Rusia, China o ambos.

Luego de su artículo de opinión, Morell apareció en televisión en CBS Newsel lunes 8, exigiendo acciones más agresivas por parte de los rebeldes apoyados por EE.UU. en Siria contra el gobierno del presidente Bashar al-Assad, quién es respaldado por Irán y Rusia. “Tenemos que hacer que los iraníes paguen un precio en Siria”, dijo. “Tenemos que hacer que los rusos paguen un precio. Quiero ir detrás de lo que Assad ve como su base de poder personal. Quiero asustar a Assad. Quiero que piense: 'Esto no va a terminar bien para mí’”.

En otras palabras, quiere que Assad contemple el mismo destino de Saddam Hussein y Muammar Gaddafi, ambos linchados tras sus derrocamientos apoyados por EE.UU. ¡Así se ven sus preocupaciones por la democracia y los derechos humanos!

Las intervenciones de Morell y de los cincuenta republicanos, por sí solas, constituyen un esfuerzo nunca antes visto por el aparato de inteligencia militar para influir en el resultado de una elección presidencial. Esto tiene una enorme importancia histórica. Es evidencia de la profunda crisis política de Estados Unidos, con tensiones generadas por la extrema desigualdad social, la crisis económica y guerras sin fin que provocan cortocircuitos en los procesos democráticos “normales”.

Donald Trump es una manifestación de esta crisis. Este demagogo megamillonario no es una aberración, sino el producto de la promoción y cultivo de elementos de extrema derecha, racistas y fascistas en el Partido Republicano durante muchas décadas. El establecimiento del Partido Republicano nunca titubeó en alimentar esas tendencias y las ha convertido en su base electoral, reconsiderando su estrategia sólo cuando las fracciones políticamente más desenfrenadas comienzan a asumir el control del partido.

Clinton es otra manifestación de esta crisis histórica de la democracia estadounidense. Tras la capitulación de Bernie Sanders –cuya autoproclamada “revolución política” culminó con su apoyo a esa candidata de Wall Street — Clinton se ha reorientado bruscamente hacia la derecha, apelando directamente a multimillonarios, reaccionarios del Partido Republicano, y generales y espías “retirados” a unirse a su campaña, dejando en claro que su plan es acelerar las operaciones militares en Oriente Medio, Europa Oriental y Extremo Oriente.

La ruptura de las normas básicas de la democracia burguesa se evidencia en cada aspecto de la campaña presidencial de ambos partidos. Ambos campamentos utilizan el lenguaje de guerra civil, denunciándose en términos que efectivamente niegan la legitimidad del otro.

Trump y sus principales colaboradores han comenzado a denunciar la elección como “arreglada”, noventa días antes la votación, mientras amenazan con que, de ascender Clinton al poder, ese día ocurrirá un “baño de sangre”. Al mismo tiempo, varios ex oficiales de seguridad nacional advierten que habría una “crisis en las relaciones entre civiles y militares” en caso de una victoria de Trump. En otras palabras, se están preparando de antemano para justificar un golpe militar.

Sea cual sea el resultado de las elecciones del 2016 —gane Clinton, lo más probable, Trump o algún representante inesperado de la clase dominante estadounidense— el próximo gobierno en Washington va a ser el más reaccionario en toda la historia de Estados Unidos.

COLOMBIA ES EL MODELO DE LA POLICIA ARGENTINA

La participación de Estados Unidos y Colombia en el entrenamiento de policías argentinos

Dr. Norberto Emmerich. IESAC – Ciudad Juárez

No es novedad que la visita del presidente Obama a la República Argentina en el pasado mes de marzo colocó el eje central de las relaciones bilaterales en la seguridad. Al igual que sucede y seguirá sucediendo paulatinamente con los distintos gobiernos sudamericanos progresistas, Estados Unidos impulsará el giro a la derecha mediante la implantación de una agenda cargada de objetivos estratégicos pero con la securitización como medio de penetración política.

Precisamente la seguridad no ha gozado de una visión realmente progresista por parte de los gobiernos de la región, que han acumulado iniciativas represivas amparadas en una negociación conversacional de derechos humanos, cooperación e inclusión social que en todos los casos guardaba sepulcral silencio sobre los consumidores y los traficantes. La situación carcelaria es el mejor indicador del desconocimiento de los derechos humanos más allá de la pantalla de los medios de comunicación.

A partir de la incipiente reincorporación al patio trasero estadounidense ya no importará la ideología de los gobiernos (izquierda, centro, derecha) la cual se montaba sobre una realidad objetivamente conflictiva en cada escenario nacional. Hasta no hace mucho una situación de guerra interior permitía comprender que, aunque el gobierno de Colombia pudiera estar dispuesto a analizar medidas alternativas, tenía menos capacidad de renunciar a un tratamiento “represivo” del tema. En el caso de Guyana, su ubicación geográfica en el circuito del tráfico intercontinental de drogas también admitía un enfoque más “represivo”, mientras que Uruguay, tradicionalmente con mayor cultura cívica, pequeño y poco poblado, podía experimentar políticas públicas de libre consumo y estatalización del mercado. En todos los casos, sin embargo, la ideología de cada gobierno era central al momento de atribuir a dicho factor geopolítico la justificación de políticas más (Colombia) o menos (Uruguay) represivas. 

Aunque en términos de políticas públicas había notorias diferencias entre los países, en términos de discurso se hacía un gran esfuerzo por solapar las ideologías, escudados tras los conceptos comúnmente asumidos de “derechos humanos”, “inclusión social”, “proporcionalidad”, “responsabilidad compartida” y “evaluación multilateral”. La presión por lograr un vocabulario cohesionado pasó por encima de las diferencias existentes, creando una ilusión de progresismo, más intelectual que político. Nada de eso podrá seguir subsistiendo en la nueva atmósfera donde la cooperación regional en seguridad desconocerá las geopolíticas nacionales en favor de una visión continental de las “amenazas”, íntimamente afín a la estrategia exterior americana.

En los últimos años Colombia está intensificando sus esfuerzos por exportar su experiencia a otros países, con el apoyo de Estados Unidos. No está claro si este modelo de cooperación de seguridad está replicando los autodenominados éxitos de Colombia sin replicar al mismo tiempo sus fracasos en los ámbitos de la corrupción, los derechos humanos y la impunidad. Por lo pronto es bueno saber que es muy difícil obtener información sobre actividades específicas de Colombia más allá del siempre optimista e impreciso lenguaje de los comunicados oficiales.

Es cierto que los indicadores clave de la violencia en Colombia, como los secuestros, homicidios, desapariciones y desplazamientos forzados, han disminuido. Gracias a ello fue posible construir una "historia exitosa" de la guerra, estratégicamente utilizada por el gobierno de Santos para reposicionar a Colombia, convirtiendo a sus fuerzas de seguridad en saldos exportables, al ser abiertamente consideradas como unas de las más experimentadas del mundo en cuanto a la lucha contra el narcotráfico y la contrainsurgencia, en cierta medida por la prolongada capacitación recibida de Estados Unidos.

Desde el punto de vista de Estados Unidos la Secretaría de Estado hace una nueva lectura de la relación bilateral y sostiene que ayudar a Colombia “nos ayudará a ayudar a los demás", en un modelo donde el elemento clave es "dirigir desde atrás". Este enfoque de "intervención moderada" surgió en respuesta al rechazo de la opinión pública americana a la costosa intervención en asuntos militares de dudoso interés para las mayorías electorales, algo parecido a la política del buen vecino reemplazando al Corolario Roosevelt y el “big stick”.

Mediante la apelación a estos terceros "representantes", Estados Unidos crea una "negación plausible", mediante la cual evade el conocimiento o la responsabilidad sobre actividades impopulares o ilegales. Con Alvaro Uribe Vélez en la presidencia no había mucho interés regional en trabajar abiertamente con él, en virtud de su discurso antiterrorista sin matices. En el año 2010 la elección de Juan Manuel Santos cambió las narrativas sobre Estado fallido, irrespeto a los derechos humanos e instituciones democráticas deficientes y colocó con mucha facilidad la cooperación en seguridad en el centro de la política exterior, bajo el nombre de "Estrategia de Cooperación Internacional en Seguridad Integral", en realidad una cooperación triangulada de seguridad.

Los acuerdos firmados por la Argentina con Estados Unidos en marzo, promocionan la apertura comercial irrestricta, la asistencia en la Triple Frontera, la participación en misiones militares en Africa, el asilo a los refugiados sirios, la creación de Centros conjuntos de Inteligencia, la presencia de fuerzas de seguridad en el Comando Sur y la cooperación nuclear, entre otras cosas. Todo esto al precio de borrar la frontera entre seguridad y defensa, un insumo argentino que tanto esfuerzo costó establecer, pero que sin embargo ya había sufrido sus primeras tropelías con la pasada administración kirchnerista.

En términos de seguridad Estados Unidos asistirá a las fuerzas argentinas en la “lucha contra el terrorismo en la Triple Frontera”, permitirá que funcionarios argentinos se formen en la Academia Internacional de Policía, realicen viajes de estudios a Estados Unidos y sean capacitados por la DEA y el FBI, incluyendo el entrenamiento en las bases estadounidenses en territorio colombiano.

A la hora de concretar los acuerdos de marzo, la ministra de seguridad Patricia Bullrich se reunió con Jorge Hernando Nieto Rojas, el jefe de la policía nacional de Colombia, a fin de que la Argentina ingresara en el mecanismo de cooperación triangulada de seguridad. Pero los estándares de derechos humanos de la policía colombiana no son tan buenos. Según la Defensoría del Pueblo de aquel país hace dos meses se anunció en Colombia la “emergencia carcelaria”, en virtud de los problemas de hacinamiento, nula atención médica y 4.000 presos políticos, problemática que se lleva muy bien con la aprobación del nuevo Código de Policía y Convivencia, cuyo objetivo principal es regular el comportamiento de los ciudadanos en todo el territorio y dotar de nuevas herramientas a la Policía Nacional.

Entre otras cosas el nuevo Código de 244 artículos establece facultades para disolver las protestas sociales, permite el allanamiento sin orden judicial, la detención administrativa arbitraria y la imposición policial de multas penales. También establece la creación de centros de detención para borrachos e indigentes. Sus oponentes lo consideran represivo, arbitrario y dictatorial. Sobretodo consideran que un reglamento de este tipo no es coherente con un escenario de post conflicto, ya que el Código otorga mucha discrecionalidad a la policía y pone en riesgo algunas de las libertades ciudadanas.

Sin embargo, la Policía Colombiana puede mostrar buenos resultados. Mientras en 1995 la tasa de homicidios llegó a 70 cada cien mil habitantes, por encima de la media de Argentina o México, en 2016 la tasa bajó a 26, el punto más bajo en los últimos 40 años. Frente a estos datos no queda claro con qué objetivo la República Argentina se asociaría con Colombia, teniendo una tasa histórica de 5 homicidios cada cien mil habitantes.

La coincidencia entre las partes queda más clara al analizar el discurso. Nieto Rojas señaló que "nosotros atacamos el narcotráfico como un sistema criminal. Tenemos una estrategia de combate al narcotráfico y hemos tenido problemas en varios niveles, pero nos ha dado resultados. Si no los hubiéramos hecho, el que estaría hablando aquí sería un narcotraficante". Se refería a la penetración del narcotráfico colombiano en la política y en la justicia de su país, dejando en claro que las realidades entre Argentina y Colombia son absolutamente dispares, pero el discurso es único.

Bullrich se subió entusiasmada al estrado y dijo que "la coordinación tiene que ser permanente y total", adelantando el interés del Ministerio en lograr un intercambio similar con las fuerzas de seguridad de México, evidentemente sin saber muy bien de qué hablaba.

Por lo pronto quedarán aquí una decena de agentes colombianos en forma permanente como parte del acuerdo de cooperación. En el colmo del entusiasmo la ministra declaró que "nos interesa conocer mejor sus experiencias de trabajo en zonas conflictivas, como las intervenciones que se realizaron en Medellín", refiriéndose quizás a la Operación Orión, un exterminio muy desaconsejable en caso de que quiera repetirlo en la ciudad de Buenos Aires o en Rosario.