Un crimen contra la humanidad en la frontera de los Estados Unidos
Por Bill Van Auken
Goodbye to my Juan, goodbye, Rosalita,
Adios mis amigos, Jesus y Maria;
You won't have your names when you ride the big airplane,
All they will call you will be "deportees".
Con esa letra y esa canción, Woody Guthrie respondía con indignación al desastre en 1948 en el Cañón de Los Gatos, donde se estrelló un avión cargando braceros deportados hacia México. Murieron todos.
La repugnante inhumanidad hacia los inmigrantes denunciada por Guthrie hace 65 años hoy adopta una forma todavía más criminal y grotesca que demuestra cómo se ha tratado a los 57 mil niños no acompañados que han llegado a la frontera estadounidense a lo largo de los últimos nueve meses buscando refugio de la violencia y opresión en sus países centroamericanos de donde vinieron.
El regreso del primer avión cargando niños y familias deportados el lunes (conteniendo 17 madres y 21 niños de 18 meses a 15 años de edad) a Honduras, el país con la tasa de homicidios más alta del mundo, fue celebrado por el gobierno de Obama como un primer paso en la arremetida contra los niños refugiados.
Las deportaciones constituyen "una señal clara" que los niños centroamericanos que lograron alcanzar la frontera estadounidense, "no serán recibidos a esta país con los brazos abiertos," declaró el portavoz de Obama, Josh Earnest, a periodistas en la Casa Blanca este lunes.
Earnest esquivó las preguntas de los periodistas acerca de si Obama mismo estuvo involucrado en la organización del vuelo cargado de deportados. Solamente admitió que el presidente de hecho sí es responsable por la "oleada" de agentes de la Patrulla Fronteriza y jueces a la frontera suroeste y la apertura de centros de detención improvisados en las cuales miles de niños y sus madres son mantenidos presos.
La "señal clara" enviada por el gobierno de Obama demuestra el desprecio de la Casa Blanca hacia el derecho internacional tanto dentro como fuera del país. El mismo gobierno que con regularidad invoca a los "derechos humanos" como pretexto de intervención militar por todo el mundo está realizando un crimen contra la humanidad cuyo blanco son los niños inmigrantes vulnerables que se encuentran en su mero umbral.
Según una encuesta realizada por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, la gran mayoría de las decenas de miles de los niños que han logrado llegar a la frontera estadounidense, tienen derecho al asilo, a ser tratados como refugiados y a otros estatutos de protección dentro de los EE.UU.
El derecho internacional define a un refugiado se como una persona que, "debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país; o que... a causa de dichos temores, no quiera regresar a él".
Los que huyen de Centroamérica corresponden a esta categoría de manera inequívoca. El triangulo norte de Centroamérica -El Salvador, Guatemala y Honduras- constituye una de las regiones más violentas del mundo. Según estadísticas recientes de la ONU, era más probable que un civil fuera asesinado en uno los países nombrados en años recientes que en Irak durante el combate más sangriento del 2007.
Las condiciones catastróficas en la región son la consecuencia directa de la intervención imperialista de los EE.UU. que se artículó en el sostén provísto para una sucesión de golpes y dictaduras brutales, y el patrocinio de décadas de guerras contrainsurgentes, cuyas víctimas se estiman en centenares de miles. Esas intervenciones, en conjunto con políticas económicas capitalistas dictadas por Washington, han dejado sociedades enteras en jirones, hendidas por la desigualdad social y aterrorizados por la violencia de pandillas y las atrocidades realizadas por escuadrones de la muerte.
Entre los principios más fundamentales del derecho internacional es el que declara que ningún estado "podrá, por expulsión o devolución (‘refoulement'), poner en modo alguno a un refugiado en las fronteras de los territorios donde su vida o su libertad peligre por causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social, o de sus opiniones políticas".
Y la Convención sobre los Derechos del Niño (ratificada por todos países del mundo (menos los EE.UU. y Somalia) exige de los gobiernos que "adopten medidas adecuadas para lograr que el niño que trate de obtener el estatuto de refugiado... reciba, tanto si está solo como si está acompañado de sus padres o de cualquier otra persona, la protección y la asistencia humanitaria...".
No obstante, el gobierno de Obama, en conjunto con los Demócratas y Republicanos en el Congreso, están decididos a encerrar a los menores de edad centroamericanos y deportarlos lo más pronto posible, profiriendo entretanto sus preocupaciones hipócritas para "los niños" y hablando de una "crisis humanitaria".
Se han puesto en marcha diseños para invalidar un obstáculo legal a estos esfuerzos: la ley del 2008 redactada para proteger a las víctimas del tráfico humano. Esa ley otorga a menores inmigrantes (que provienen de países que no comparten frontera con los EE.UU.) más derechos legales. Se presentó la semana pasada en el Congreso una acta bipartidista con el intento de socavar las protecciones que provee la ley, mientras que el gobierno de Obama indicó que buscaría "flexibilidad" y "margen de acción" para ignorar estas protecciones. El objetivo consiste en permitir a los agentes de la Patrulla Fronteriza expulsar administrativamente a los niños centroamericanos, de la misma manera que los que llegan desde México.
Los Demócratas, Republicanos y los medios han pintado la llegada de niños centroamericanos a orillas del Río Grande como la manifestación de una "crisis inmigratoria". Esto es una falsificación diseñada deliberadamente para fomentar el chovinismo anti-inmigrante y enmascarar las violaciones del derecho internacional por el gobierno estadounidense en la deportación en masa de los niños refugiados.
En realidad, la entrada de inmigrantes indocumentados a los EE.UU. ha caído repentinamente en años recientes, al mismo tiempo que el gobierno de Obama ha deportado la insólita cantidad de 2 millones de personas -más que el gobierno de Bush y cuatro veces más que el número de deportados bajo Clinton. A consecuencia de la destrucción de millones de puestos de trabajo después de la quiebra financiera del 2008, muchos inmigrantes mexicanos regresaron a su país de origen, arrojando lo que se considera ser una tasa de inmigración "netamente negativa" en los años desde entonces.
Ahora se pinta al país como "invadido" por la llegada de decenas de miles de niños refugiados a su frontera. Esto se afirma bajo condiciones creadas en la guerra de los Estados Unidas contra Irak y la guerra por el cambio de régimen en Siria han enviado a millones de refugiados a países chicos y relativamente pobres como Jordania y Líbano.
La propaganda sobre una crisis inmigratoria y fronteriza tiene el objetivo de convertir a los inmigrantes en chivos expiatorios -una de las capas más oprimidas de la clase obrera- por el aumento del desempleo, el declive del estándar de vida y los ataques contra las condiciones sociales, todo lo cual es el resultado de la crisis del capitalismo y el intento de obligar a la clase obrera entera a cargar con esa crísis.
Los trabajadores estadounidenses tienen que rechazar esta agitación antinmigratoria con el desprecio que merece. Los recursos existen en abundancia en los EE.UU. para proveer a los que huyen las consecuencias de los crímenes del imperialismo estadounidense y proveer un estándar de vida digna para todos los trabajadores, tanto inmigrantes como nacidos en los EE.UU. La dificultad se encuentra en el monopolio ejercitado por una oligarquía financiera y empresarial que hace uso de la vieja estrategia de enfrentar una sección de trabajadores contra la otra para mantenerse en control.
Hay que demandar el fin a las deportaciones, el asilo para todos los niños refugiados y sus familias, y pleno derecho a la ciudadanía para todo y cualquier trabajador en los EE.UU, independientemente de su estatus migratorio.
