viernes, 30 de noviembre de 2012
jueves, 15 de noviembre de 2012
LOS CABALLEROS TEMPLARIOS SALUDAN A CALDERÓN
Templarios dan adiós a Calderón en mantas; le reprochan que “no trató con amor al pueblo”
Verónica Espinosa y Ezequiel Flores
14 de noviembre de 2012
En mantas, volantes y carteles que colgaron y distribuyeron en las primeras horas del hoy en comunidades rurales y cabeceras de al menos una decena de municipios del sur de Guanajuato, así como en Guerrero, Michoacán y el Estado de México, los Caballeros Templarios (y Guardia Michoacana) le dieron una singular “despedida” al presidente Felipe Calderón Hinojosa, a quien le reprocharon la guerra emprendida en contra de los grupos delictivos y cárteles del narcotráfico.
“…Nunca estuvimos de acuerdo con la forma en que nos trató… otra cosa hubiera sido para Michoacán… si usted hubiera tratado con amor al pueblo”, señalaron en parte del texto que firmaron como Sociedad y hermandad michoacana Caballeros Templarios Guardia Michoacana.
Al final del mensaje, el grupo delictivo deseó a Calderón, su familia y su gabinete “que les vaya bonito como dijo Vicente Fernández (sic)”.
La distribución masiva y la colocación de las mantas se registró en plazas principales, caminos rurales, afuera de instituciones educativas, en quioscos, y puentes carreteros y peatonales desde las 7:00 horas, aproximadamente, según los reportes de las corporaciones policiacas municipales de Coroneo, Jerécuaro, Celaya, Apaseo El Grande, Tarimoro, Acámbaro, Comonfort, Irapuato, Villagrán, Tarandacuao y Uriangato en el territorio guanajuatense.
Fueron detectadas unas 18 mantas en estos municipios, además de carteles y volantes.
Lo mismo ocurrió en poblaciones de Michoacán, Guerrero y el Estado de México. Los habitantes de estos poblados comenzaban sus actividades cotidianas, por lo que fue muy evidente la distribución de los mensajes, actividad que generó algunas movilizaciones policiacas para frenarla.
En Guerrero, los mensajes de “despedida” fueron colocados en la región de la Costa Grande de la entidad, zona colindante con el estado de Michoacán.
El hallazgo de estos mensajes fue reportado en distintos sitios públicos del balneario de Zihuatanejo, municipio de José Azueta, así como en Petatlán, donde las autoridades locales reportaron al menos cinco narcomantas en puentes peatonales.
Mientras tanto, en el Estado de México, fuentes de la Policía Municipal de Toluca y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informaron que esta madrugada fueron localizadas 10 narcomantas en la capital mexiquense y una más en el municipio de Calimaya.
De acuerdo con la información proporcionada, aunque no se reveló el contenido de los mensajes, éstos son similares a los que aparecieron en los estados de Guanajuato, Guerrero y Michoacán, firmados por los Caballeros Templarios.
Enseguida, se reproduce el texto íntegro que se divulgó a través de las mantas y volantes:
“Mensaje para el sr. Presidente FELIPE DE JESUS CALDERON HINOJOSA: Sr. Presidente, le queremos decir a través de estas mantas, ya que sólo este medio tenemos para comunicarnos que nunca estuvimos de acuerdo en la forma que nos trató. Su intención tal vez era buena mas no la forma, sin embargo con todo el dolor humano que nos causó y las heridas hechas que siguen latentes les queremos decir que aprendimos mucho, pues también nosotros como pueblo rebelde y/o muy heroico reconocemos que también a sus PFP les causamos heridas y muy merecidas, nosotros como pueblo y/o hermandad siempre lo quisimos respetar pero usted nunca voltio (sic) hacia nosotros, en buen plan otra cosa hubiera sido para Michoacán si usted con su envergadura y potestad que manejó hubiera tratado con amor a su pueblo y justicia verdadera ante todo y por todo nos disculpamos y como ya no lo vamos a tener en diciembre como gobernante, les deseamos a usted y a toda su familia que les vaya como dijo Vicente Fernández, ojalá que les vaya bonito”. ATTE: sociedad y hermandad michoacana C.T.G.T. (Caballeros Templarios Guardia Michoacana)”.
En gira por León, Guanajuato, el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, evadió hablar sobre el contenido de estos mensajes, pero defendió las acciones emprendidas por el gobierno de Calderón en la guerra contra el narcotráfico, al aseverar que los miles de muertos por la violencia del sexenio no son del presidente, sino del crimen organizado.
“Los responsables de los fallecimientos son los delincuentes”, señaló expresamente el titular de Gobernación.
Aunque reconoció que se está lejos de acabar con la impunidad y la inseguridad, sostuvo que Calderón heredará a Enrique Peña Nieto “un país mejor en estos ámbitos”, con respecto a lo que se encontró al concluir el gobierno de Vicente Fox.
“Nos encontramos un índice creciente de violencia, de secuestro y de extorsión en localidades muy claras, como es el caso de Michoacán”, dijo Poiré, quien afirmó que la estrategia implementada ha dado como resultado la disminución “significativa” de índices delictivos, o el abatimiento de varios de los principales jefes de los grupos delictivos, pues de 37 buscados por la PGR “sólo quedan 12 por ser detenidos.
Aunque aclaró que si bien se ha certificado a 175 mil policías estatales y municipales, la cifra total de éstos asciende a 410 mil y se hará necesario dar el siguiente paso, que es dar de baja a 42 mil agentes que no aprobaron dichas pruebas.
Sin embargo, en opinión de Poiré, la Policía Federal ha alcanzado “estándares de calidad que nunca se habían visto en el país”; y en el tema de los derechos humanos, “se está investigando y sancionando cada denuncia por violación a los derechos humanos”.
“Se enfrentaron los problemas”, concluyó.
Verónica Espinosa y Ezequiel Flores
14 de noviembre de 2012
“…Nunca estuvimos de acuerdo con la forma en que nos trató… otra cosa hubiera sido para Michoacán… si usted hubiera tratado con amor al pueblo”, señalaron en parte del texto que firmaron como Sociedad y hermandad michoacana Caballeros Templarios Guardia Michoacana.
Al final del mensaje, el grupo delictivo deseó a Calderón, su familia y su gabinete “que les vaya bonito como dijo Vicente Fernández (sic)”.
La distribución masiva y la colocación de las mantas se registró en plazas principales, caminos rurales, afuera de instituciones educativas, en quioscos, y puentes carreteros y peatonales desde las 7:00 horas, aproximadamente, según los reportes de las corporaciones policiacas municipales de Coroneo, Jerécuaro, Celaya, Apaseo El Grande, Tarimoro, Acámbaro, Comonfort, Irapuato, Villagrán, Tarandacuao y Uriangato en el territorio guanajuatense.
Fueron detectadas unas 18 mantas en estos municipios, además de carteles y volantes.
Lo mismo ocurrió en poblaciones de Michoacán, Guerrero y el Estado de México. Los habitantes de estos poblados comenzaban sus actividades cotidianas, por lo que fue muy evidente la distribución de los mensajes, actividad que generó algunas movilizaciones policiacas para frenarla.
En Guerrero, los mensajes de “despedida” fueron colocados en la región de la Costa Grande de la entidad, zona colindante con el estado de Michoacán.
El hallazgo de estos mensajes fue reportado en distintos sitios públicos del balneario de Zihuatanejo, municipio de José Azueta, así como en Petatlán, donde las autoridades locales reportaron al menos cinco narcomantas en puentes peatonales.
Mientras tanto, en el Estado de México, fuentes de la Policía Municipal de Toluca y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informaron que esta madrugada fueron localizadas 10 narcomantas en la capital mexiquense y una más en el municipio de Calimaya.
De acuerdo con la información proporcionada, aunque no se reveló el contenido de los mensajes, éstos son similares a los que aparecieron en los estados de Guanajuato, Guerrero y Michoacán, firmados por los Caballeros Templarios.
Enseguida, se reproduce el texto íntegro que se divulgó a través de las mantas y volantes:
“Mensaje para el sr. Presidente FELIPE DE JESUS CALDERON HINOJOSA: Sr. Presidente, le queremos decir a través de estas mantas, ya que sólo este medio tenemos para comunicarnos que nunca estuvimos de acuerdo en la forma que nos trató. Su intención tal vez era buena mas no la forma, sin embargo con todo el dolor humano que nos causó y las heridas hechas que siguen latentes les queremos decir que aprendimos mucho, pues también nosotros como pueblo rebelde y/o muy heroico reconocemos que también a sus PFP les causamos heridas y muy merecidas, nosotros como pueblo y/o hermandad siempre lo quisimos respetar pero usted nunca voltio (sic) hacia nosotros, en buen plan otra cosa hubiera sido para Michoacán si usted con su envergadura y potestad que manejó hubiera tratado con amor a su pueblo y justicia verdadera ante todo y por todo nos disculpamos y como ya no lo vamos a tener en diciembre como gobernante, les deseamos a usted y a toda su familia que les vaya como dijo Vicente Fernández, ojalá que les vaya bonito”. ATTE: sociedad y hermandad michoacana C.T.G.T. (Caballeros Templarios Guardia Michoacana)”.
En gira por León, Guanajuato, el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, evadió hablar sobre el contenido de estos mensajes, pero defendió las acciones emprendidas por el gobierno de Calderón en la guerra contra el narcotráfico, al aseverar que los miles de muertos por la violencia del sexenio no son del presidente, sino del crimen organizado.
“Los responsables de los fallecimientos son los delincuentes”, señaló expresamente el titular de Gobernación.
Aunque reconoció que se está lejos de acabar con la impunidad y la inseguridad, sostuvo que Calderón heredará a Enrique Peña Nieto “un país mejor en estos ámbitos”, con respecto a lo que se encontró al concluir el gobierno de Vicente Fox.
“Nos encontramos un índice creciente de violencia, de secuestro y de extorsión en localidades muy claras, como es el caso de Michoacán”, dijo Poiré, quien afirmó que la estrategia implementada ha dado como resultado la disminución “significativa” de índices delictivos, o el abatimiento de varios de los principales jefes de los grupos delictivos, pues de 37 buscados por la PGR “sólo quedan 12 por ser detenidos.
Aunque aclaró que si bien se ha certificado a 175 mil policías estatales y municipales, la cifra total de éstos asciende a 410 mil y se hará necesario dar el siguiente paso, que es dar de baja a 42 mil agentes que no aprobaron dichas pruebas.
Sin embargo, en opinión de Poiré, la Policía Federal ha alcanzado “estándares de calidad que nunca se habían visto en el país”; y en el tema de los derechos humanos, “se está investigando y sancionando cada denuncia por violación a los derechos humanos”.
“Se enfrentaron los problemas”, concluyó.
domingo, 11 de noviembre de 2012
LA GUERRA CONTRA EL NARCOTRÁFICO, SEGÚN RICARDO RAGENDORFER
La guerra santa de Felipe Calderón
La doctrina estadounidense sobre las “nuevas amenazas” les otorga a los carteles de la droga el rol de enemigo preferencial. Y propone la militarización de la seguridad interna. El siniestro saldo de la guerra mexicana contra el narco.
Ricardo Ragendorfer
http://www.infonews.com/2012/11/11/mundo-46946-la-guerra-santa-de-felipe-calderon.php
Ya no constituye un secreto el empeño de los Estados Unidos por militarizar la seguridad interior de los países latinoamericanos. Ni resulta asombroso que hacia ese camino apunten sus programas de ayuda a las fuerzas policiales de la región.
“Ningún país por sí mismo puede hacer frente a los peligros que presenta el siglo XXI”, soltó el enviado de los Estados Unidos, Leon Panetta, el 8 de octubre en Punta del Este, durante la X Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas. Panetta usó esa frase para rematar su resumen sobre la doctrina norteamericana de “las nuevas amenazas”. Al respecto, de sus labios salieron cuatro vocablos: “Desafíos multifacéticos y solapados”. Ello alude –además del terrorismo y las pandillas criminales– a los poderosos carteles abocados al narcotráfico. Y compromete la utilización de las Fuerzas Armadas en labores estrictamente policiales. Pero el saldo de esa mezcla conceptual entre seguridad y defensa resulta algo trágico. El ejemplo mexicano es una prueba palmaria de ello.
Negocio global
Desde 1980, la Drugs Enforcement Administration (DEA) inició una cruzada integral contra los carteles latinoamericanos de la droga con el propósito de controlar el fabuloso flujo monetario que se desliza a través de sus arcas.
Su paralelismo más remoto es la Guerra del Opio en el siglo XIX entre Inglaterra y China, desatada a raíz de la pretensión británica de eliminar los obstáculos que impedían el comercio de tal pócima en el milenario país oriental. El surgimiento –a mediados de los años ’70– de los carteles colombianos, su fabulosa facturación y, con posterioridad, la debacle provocada por enfrentamientos armados entre estructuras rivales –en las que la DEA tuvo algo que ver– no acabó precisamente con el negocio, sino que lo condujo hacia una nueva tierra de promisión: México. Los resultados están a la vista.
La ofensiva bélica contra los carteles aztecas no ha podido desarticular a ninguno y, por el contrario, éstos sortean los embates del Estado con alianzas coyunturales entre sí –que, a veces, sólo duran días o el tiempo que lleva cruzar un cargamento–, a pesar de sus violentas disputas por el control de territorios y mercados.
En la actualidad hay en México ocho carteles estructurados con excelencia –el de Juárez, el del Golfo, el del Pacífico, el de Sinaloa, el de Tijuana, el de la Familia, el de los Beltrán Leyva y el de Los Zetas–, con ramificaciones en todo el territorio mexicano y estrechos vínculos con el conjunto de la agencias policiales de ese país.
Tales organizaciones están conducidas por hijos y sobrinos de legendarios capos como Endina Arellano Félix, Amado Carrillo Fuentes e Ismael Zambada. Se trata de una tercera generación de criminales que, por encima de la crueldad de sus operaciones, son diestros con sus pares en el fino arte de la negociación y que han sabido diversificar sus asuntos. Ya no sólo se dedican a las drogas, sino que abarcan un espectro de 25 figuras delictivas, como el secuestro, la extorsión, el tráfico de migrantes y hasta la trata de personas. De ese modo, mientras la sangre se escurre en un plano inclinado, la presencia del narco ha invadido hasta la última hendija de México.
Jinete del apocalipsis
Hay un registro visual que se convirtió en un acabado icono de la militarización del Estado mexicano: durante la mañana del 9 de febrero de 2011, el presidente Felipe Calderón, quien es célebre por su gran apego a la dramaturgia, inició la conmemoración de la Marcha de la Lealtad con una cabalgata desde el Castillo de Chapultepec hasta el Palacio Nacional, escoltado por una profusa formación de cadetes del Colegio Militar, tal como lo hiciera Francisco Madero hace 98 años.
Más allá de dicha efeméride, la puesta en escena significó un guiño para el Ejército en su lucha contra el crimen organizado. También fue una afirmación casi obscena de triunfalismo.
A esa misma hora, los noticieros informaban sobre la ejecución de ocho personas por tiradores que iban a bordo de camionetas, en el distrito de Nezahualcóyotl, ubicado a escasos kilómetros del sitio en el que Calderón montaba su brioso corcel. Aquel miércoles se reportó un total de 50 muertes en diez estados por ajustes de cuentas, atentados con explosivos y operativos de seguridad. Tal era el promedio diario de asesinatos a comienzos de ese año.
En cifras globales, desde diciembre de 2006, cuando –presionado por Washington– el entonces flamante mandatario tuvo la ocurrencia de convocar a las Fuerzas Armadas para su ofensiva contra los carteles de la droga, la ola de violencia causó en ese país unos 60 mil cadáveres.
Es por demás significativo que en los once meses anteriores de ese año sólo se hayan cometido 603 asesinatos de este tipo. Ello tiene su lógica. Ocurre que la “declaración de guerra” de Calderón al narcotráfico desató tres conflictos bélicos simultáneos: el de los carteles entre sí por el control de los territorios; el de los Zetas (organización integrada por desertores del Ejército), que financian su ingreso en el negocio de la droga con robos y secuestros, y el de los militares contra los propios ciudadanos.
Esta última contienda, por ser obra de una fuerza del Estado, merece una lectura especial.
Estado de excepción
Desde el punto de vista legal, la Constitución de México establece que si un conflicto interno amenaza al país, es lícito aplicar un “estado de excepción”. Y el Ejército en la calle lo es. Pero si ello no posee reglas precisas ni fecha de vencimiento, tal medida deviene en una excepcionalidad de facto, en la que esa anomalía se torna natural y cotidiana. Sobre esta base cabalga la dialéctica del autoritarismo, junto a su correlato fáctico: la suspensión de las garantías individuales y la violación de los derechos humanos. Ahora, a casi seis años de la intervención militar, el gobierno pretende blindar los atropellos de los uniformados con una reforma de la ley de Seguridad Nacional, con el objetivo de “cubrir lo que ya se hizo”. Motivos no le faltan.
En enero de 2010, el embajador estadounidense en México, Carlos Pascual, envió al Departamento de Estado un cable en donde cuestiona con dureza la capacidad operativa del Ejército contra el narcotráfico. Entre otras consideraciones, señala: “Sólo el 2% de los detenidos por militares en Ciudad Juárez ha sido responsabilizado de un crimen.” En otras palabras, el 98% restante estuvo bajo arresto –y sometido a bestiales interrogatorios– sin que haya cometido delito alguno. Gajes del olfato castrense.
Ya a principios de 2007 trascendió que, tras una emboscada a una unidad del Ejército en el Estado de Michoacán, los soldados torturaron y violaron a seis chicas de entre 14 y 17 años, además de arrestar ilegalmente a unas 36 personas cuyas casas fueron saqueadas. La pesquisa para dar con los autores del ataque narco derivó en una represalia indiscriminada contra la población. Lo cierto es que para las autoridades fue muy embarazoso reconocer que ése había sido el bautismo de fuego del Ejército en la “guerra santa” de Calderón.
Desde entonces –de acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)– se han presentado 7.944 denuncias contra las Fuerzas Armadas por saqueos, torturas, asesinatos y desapariciones forzadas de personas. Claro que no fueron “excesos” ni “daños colaterales”, sino un estilo de trabajo. Un estilo basado en la creencia de que la sociedad civil es la retaguardia del “enemigo”. En ello cifraban los represores latinoamericanos de los ’70 su estrategia para combatir a la guerrilla. “Sacarle el agua al pez”, solían decir sus instructores. Otros, a ese recurso, lo llaman lisa y llanamente “terrorismo de Estado”.
La doctrina estadounidense sobre las “nuevas amenazas” les otorga a los carteles de la droga el rol de enemigo preferencial. Y propone la militarización de la seguridad interna. El siniestro saldo de la guerra mexicana contra el narco.
Ricardo Ragendorfer
http://www.infonews.com/2012/11/11/mundo-46946-la-guerra-santa-de-felipe-calderon.php
Ya no constituye un secreto el empeño de los Estados Unidos por militarizar la seguridad interior de los países latinoamericanos. Ni resulta asombroso que hacia ese camino apunten sus programas de ayuda a las fuerzas policiales de la región.Negocio global
Desde 1980, la Drugs Enforcement Administration (DEA) inició una cruzada integral contra los carteles latinoamericanos de la droga con el propósito de controlar el fabuloso flujo monetario que se desliza a través de sus arcas.
Su paralelismo más remoto es la Guerra del Opio en el siglo XIX entre Inglaterra y China, desatada a raíz de la pretensión británica de eliminar los obstáculos que impedían el comercio de tal pócima en el milenario país oriental. El surgimiento –a mediados de los años ’70– de los carteles colombianos, su fabulosa facturación y, con posterioridad, la debacle provocada por enfrentamientos armados entre estructuras rivales –en las que la DEA tuvo algo que ver– no acabó precisamente con el negocio, sino que lo condujo hacia una nueva tierra de promisión: México. Los resultados están a la vista.
La ofensiva bélica contra los carteles aztecas no ha podido desarticular a ninguno y, por el contrario, éstos sortean los embates del Estado con alianzas coyunturales entre sí –que, a veces, sólo duran días o el tiempo que lleva cruzar un cargamento–, a pesar de sus violentas disputas por el control de territorios y mercados.
En la actualidad hay en México ocho carteles estructurados con excelencia –el de Juárez, el del Golfo, el del Pacífico, el de Sinaloa, el de Tijuana, el de la Familia, el de los Beltrán Leyva y el de Los Zetas–, con ramificaciones en todo el territorio mexicano y estrechos vínculos con el conjunto de la agencias policiales de ese país.
Tales organizaciones están conducidas por hijos y sobrinos de legendarios capos como Endina Arellano Félix, Amado Carrillo Fuentes e Ismael Zambada. Se trata de una tercera generación de criminales que, por encima de la crueldad de sus operaciones, son diestros con sus pares en el fino arte de la negociación y que han sabido diversificar sus asuntos. Ya no sólo se dedican a las drogas, sino que abarcan un espectro de 25 figuras delictivas, como el secuestro, la extorsión, el tráfico de migrantes y hasta la trata de personas. De ese modo, mientras la sangre se escurre en un plano inclinado, la presencia del narco ha invadido hasta la última hendija de México.
Jinete del apocalipsis
Hay un registro visual que se convirtió en un acabado icono de la militarización del Estado mexicano: durante la mañana del 9 de febrero de 2011, el presidente Felipe Calderón, quien es célebre por su gran apego a la dramaturgia, inició la conmemoración de la Marcha de la Lealtad con una cabalgata desde el Castillo de Chapultepec hasta el Palacio Nacional, escoltado por una profusa formación de cadetes del Colegio Militar, tal como lo hiciera Francisco Madero hace 98 años.
Más allá de dicha efeméride, la puesta en escena significó un guiño para el Ejército en su lucha contra el crimen organizado. También fue una afirmación casi obscena de triunfalismo.
A esa misma hora, los noticieros informaban sobre la ejecución de ocho personas por tiradores que iban a bordo de camionetas, en el distrito de Nezahualcóyotl, ubicado a escasos kilómetros del sitio en el que Calderón montaba su brioso corcel. Aquel miércoles se reportó un total de 50 muertes en diez estados por ajustes de cuentas, atentados con explosivos y operativos de seguridad. Tal era el promedio diario de asesinatos a comienzos de ese año.
En cifras globales, desde diciembre de 2006, cuando –presionado por Washington– el entonces flamante mandatario tuvo la ocurrencia de convocar a las Fuerzas Armadas para su ofensiva contra los carteles de la droga, la ola de violencia causó en ese país unos 60 mil cadáveres.
Es por demás significativo que en los once meses anteriores de ese año sólo se hayan cometido 603 asesinatos de este tipo. Ello tiene su lógica. Ocurre que la “declaración de guerra” de Calderón al narcotráfico desató tres conflictos bélicos simultáneos: el de los carteles entre sí por el control de los territorios; el de los Zetas (organización integrada por desertores del Ejército), que financian su ingreso en el negocio de la droga con robos y secuestros, y el de los militares contra los propios ciudadanos.
Esta última contienda, por ser obra de una fuerza del Estado, merece una lectura especial.
Estado de excepción
Desde el punto de vista legal, la Constitución de México establece que si un conflicto interno amenaza al país, es lícito aplicar un “estado de excepción”. Y el Ejército en la calle lo es. Pero si ello no posee reglas precisas ni fecha de vencimiento, tal medida deviene en una excepcionalidad de facto, en la que esa anomalía se torna natural y cotidiana. Sobre esta base cabalga la dialéctica del autoritarismo, junto a su correlato fáctico: la suspensión de las garantías individuales y la violación de los derechos humanos. Ahora, a casi seis años de la intervención militar, el gobierno pretende blindar los atropellos de los uniformados con una reforma de la ley de Seguridad Nacional, con el objetivo de “cubrir lo que ya se hizo”. Motivos no le faltan.
En enero de 2010, el embajador estadounidense en México, Carlos Pascual, envió al Departamento de Estado un cable en donde cuestiona con dureza la capacidad operativa del Ejército contra el narcotráfico. Entre otras consideraciones, señala: “Sólo el 2% de los detenidos por militares en Ciudad Juárez ha sido responsabilizado de un crimen.” En otras palabras, el 98% restante estuvo bajo arresto –y sometido a bestiales interrogatorios– sin que haya cometido delito alguno. Gajes del olfato castrense.
Ya a principios de 2007 trascendió que, tras una emboscada a una unidad del Ejército en el Estado de Michoacán, los soldados torturaron y violaron a seis chicas de entre 14 y 17 años, además de arrestar ilegalmente a unas 36 personas cuyas casas fueron saqueadas. La pesquisa para dar con los autores del ataque narco derivó en una represalia indiscriminada contra la población. Lo cierto es que para las autoridades fue muy embarazoso reconocer que ése había sido el bautismo de fuego del Ejército en la “guerra santa” de Calderón.
Desde entonces –de acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)– se han presentado 7.944 denuncias contra las Fuerzas Armadas por saqueos, torturas, asesinatos y desapariciones forzadas de personas. Claro que no fueron “excesos” ni “daños colaterales”, sino un estilo de trabajo. Un estilo basado en la creencia de que la sociedad civil es la retaguardia del “enemigo”. En ello cifraban los represores latinoamericanos de los ’70 su estrategia para combatir a la guerrilla. “Sacarle el agua al pez”, solían decir sus instructores. Otros, a ese recurso, lo llaman lisa y llanamente “terrorismo de Estado”.
miércoles, 7 de noviembre de 2012
EL CHAPO RETROCEDE EN TAMAULIPAS Y SONORA
Guerras territoriales en Tamaulipas
07 de noviembre 2012
http://www.stratfor.com/analysis/mexico-security-memo-tamaulipas-turf-wars
La batalla por Reynosa
El 3 de noviembre, estallaron varias balaceras entre tropas mexicanas y sicarios narcos en varias áreas de Reynosa, Estado de Tamaulipas. Se informó sobre otro breve tiroteo entre pistoleros rivales en el centro comercial Plaza Real en Reynosa el 4 de noviembre. Existen datos contradictorios con respecto a los acontecimientos del 3 de noviembre, pero por lo menos cinco personas murieron y tres hombres armados quedaron detenidos. La serie de violentos enfrentamientos comenzó cuando dos grupos de hombres armados rivales combatieron unos contra otros cerca de los límites de la ciudad, sobre la carretera 40, que va de Monterrey a Reynosa. Algunos informes indican que los sicarios entraron a Reynosa y se dirigieron a una casa de seguridad, perteneciente a un líder de un grupo delictivo organizado, que se encuentra en el barrio de Villa Florida, y otros informes indican que los militares se acercaron a la casa de seguridad, donde se produjo un tiroteo.
A medida que los combates se extendieron a otros puntos de la ciudad, hombres armados secuestraron vehículos que utilizaron como barricadas para impedir el movimiento de la policía, los militares y los rivales. Al parecer, los pistoleros rivales eran miembros de Los Zetas y del cartel del Golfo; algunos informes indican que Los Zetas eran los agresores. Si en realidad Los Zetas comenzaron el conflicto, los acontecimientos reflejan una presión sostenida en un área controlada por el cartel del Golfo. Sin importar qué grupo fuera el agresor, estos enfrentamientos muestran que Los Zetas han hecho ya progresos en su intento por controlar Reynosa.
Es probable que la serie de detenciones importantes de los líderes del cartel del Golfo que comenzaron en agosto de 2012 hayan obstaculizado la capacidad del cartel del Golfo para defender su territorio contra Los Zetas, proporcionando oportunidades a Los Zetas para intensificar sus intentos de hacerse con el control del territorio del Golfo.
Como mínimo, si es que Los Zetas están mejorando su capacidad para contrarrestar al cartel del Golfo en Reynosa, la violencia intercartelaria y la violencia que implica a los militares, como los tiroteos de este fin de semana pasado, es probable que continúen. Si los eventos como los combates en Reynosa comienzan a incrementarse en Matamoros, se espera una mayor violencia en toda la región noreste de México.
Pérdidas de liderazgo de Sinaloa en el noroeste
El 1º de noviembre, los soldados capturaron a Jesús Alfredo "El Muñeco" Salazar Ramírez, un lugarteniente de alto nivel de la Federación de Sinaloa, en Huixquilucan, Estado de México. Salazar es el jefe de una célula de Sinaloa también conocida como Los Salazar, que al parecer trabaja directamente con el líder de la Federación de Sinaloa, Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera, para traficar drogas ilícitas a través del oeste de Chihuahua y Sonora hacia los Estados Unidos. La detención de Salazar puede ser una oportunidad para que los rivales de Sinaloa en el noroeste de México intensifiquen aún más su intento de controlar el territorio de Sinaloa.
La detención de Salazar continúa a una serie de pérdidas de liderazgo de la Federación de Sinaloa, aunque su arresto es el más significativo. El 25 de agosto, las autoridades detuvieron a Jesús Francisco "El Pirata" Sarrazin Lohr, jefe de plaza de Los Salazar en Ciudad Obregón, Sonora, un área del estado de Sonora donde los rivales de Sinaloa están más activos. El 25 de octubre, hombres armados decapitaron al jefe de plaza de la Federación de Sinaloa en Uruachi, Estado de Chihuahua, Antonio Erives Arduno.
Durante el verano de 2012, los rivales de Sinaloa comenzaron a hacer incursiones en territorio de la Federación en el Estado norteño de Sonora, que hasta ese momento había estado en su mayor parte sin oposición. El 19 de julio, un tiroteo entre dos grupos rivales de sicarios dejó cinco personas muertas, entre ellas el hermano de un conocido lugarteniente de Sinaloa en Puerto Peñasco, Sonora. Con las recientes detenciones de Sinaloa, cualquiera de los grupos rivales que rodean la región (La Línea, Los Zetas, los restos de la Organización de los Beltrán Leyva) pueden incrementar sus esfuerzos para tomar el control de la región dado que la pérdida de los lugartenientes de Sinaloa ofrece una debilidad momentánea en la defensa de la región.
07 de noviembre 2012
http://www.stratfor.com/analysis/mexico-security-memo-tamaulipas-turf-wars
El 3 de noviembre, estallaron varias balaceras entre tropas mexicanas y sicarios narcos en varias áreas de Reynosa, Estado de Tamaulipas. Se informó sobre otro breve tiroteo entre pistoleros rivales en el centro comercial Plaza Real en Reynosa el 4 de noviembre. Existen datos contradictorios con respecto a los acontecimientos del 3 de noviembre, pero por lo menos cinco personas murieron y tres hombres armados quedaron detenidos. La serie de violentos enfrentamientos comenzó cuando dos grupos de hombres armados rivales combatieron unos contra otros cerca de los límites de la ciudad, sobre la carretera 40, que va de Monterrey a Reynosa. Algunos informes indican que los sicarios entraron a Reynosa y se dirigieron a una casa de seguridad, perteneciente a un líder de un grupo delictivo organizado, que se encuentra en el barrio de Villa Florida, y otros informes indican que los militares se acercaron a la casa de seguridad, donde se produjo un tiroteo.
A medida que los combates se extendieron a otros puntos de la ciudad, hombres armados secuestraron vehículos que utilizaron como barricadas para impedir el movimiento de la policía, los militares y los rivales. Al parecer, los pistoleros rivales eran miembros de Los Zetas y del cartel del Golfo; algunos informes indican que Los Zetas eran los agresores. Si en realidad Los Zetas comenzaron el conflicto, los acontecimientos reflejan una presión sostenida en un área controlada por el cartel del Golfo. Sin importar qué grupo fuera el agresor, estos enfrentamientos muestran que Los Zetas han hecho ya progresos en su intento por controlar Reynosa.
Es probable que la serie de detenciones importantes de los líderes del cartel del Golfo que comenzaron en agosto de 2012 hayan obstaculizado la capacidad del cartel del Golfo para defender su territorio contra Los Zetas, proporcionando oportunidades a Los Zetas para intensificar sus intentos de hacerse con el control del territorio del Golfo.
Como mínimo, si es que Los Zetas están mejorando su capacidad para contrarrestar al cartel del Golfo en Reynosa, la violencia intercartelaria y la violencia que implica a los militares, como los tiroteos de este fin de semana pasado, es probable que continúen. Si los eventos como los combates en Reynosa comienzan a incrementarse en Matamoros, se espera una mayor violencia en toda la región noreste de México.
Pérdidas de liderazgo de Sinaloa en el noroeste
El 1º de noviembre, los soldados capturaron a Jesús Alfredo "El Muñeco" Salazar Ramírez, un lugarteniente de alto nivel de la Federación de Sinaloa, en Huixquilucan, Estado de México. Salazar es el jefe de una célula de Sinaloa también conocida como Los Salazar, que al parecer trabaja directamente con el líder de la Federación de Sinaloa, Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera, para traficar drogas ilícitas a través del oeste de Chihuahua y Sonora hacia los Estados Unidos. La detención de Salazar puede ser una oportunidad para que los rivales de Sinaloa en el noroeste de México intensifiquen aún más su intento de controlar el territorio de Sinaloa.
La detención de Salazar continúa a una serie de pérdidas de liderazgo de la Federación de Sinaloa, aunque su arresto es el más significativo. El 25 de agosto, las autoridades detuvieron a Jesús Francisco "El Pirata" Sarrazin Lohr, jefe de plaza de Los Salazar en Ciudad Obregón, Sonora, un área del estado de Sonora donde los rivales de Sinaloa están más activos. El 25 de octubre, hombres armados decapitaron al jefe de plaza de la Federación de Sinaloa en Uruachi, Estado de Chihuahua, Antonio Erives Arduno.
Durante el verano de 2012, los rivales de Sinaloa comenzaron a hacer incursiones en territorio de la Federación en el Estado norteño de Sonora, que hasta ese momento había estado en su mayor parte sin oposición. El 19 de julio, un tiroteo entre dos grupos rivales de sicarios dejó cinco personas muertas, entre ellas el hermano de un conocido lugarteniente de Sinaloa en Puerto Peñasco, Sonora. Con las recientes detenciones de Sinaloa, cualquiera de los grupos rivales que rodean la región (La Línea, Los Zetas, los restos de la Organización de los Beltrán Leyva) pueden incrementar sus esfuerzos para tomar el control de la región dado que la pérdida de los lugartenientes de Sinaloa ofrece una debilidad momentánea en la defensa de la región.
martes, 6 de noviembre de 2012
NARCOMANTAS DE LOS TEMPLARIOS CONTRA EL Z-40
“Los Caballeros Templarios” retan al “Z-40”
Ezequiel Flores Contreras
5 de noviembre de 2012
http://ht.ly/f4lkj
La organización criminal de Los Caballeros Templarios volvió a hacer sentir su presencia en esta entidad al colocar media docena de narcomantas contra Los Zetas en el corredor turístico Ixtapa-Zihuatanejo, justo donde el gobernador Ángel Aguirre Rivero realizó una gira de trabajo.
De acuerdo con reportes oficiales, las narcomantas fueron colocadas en distintos puntos de Zihuatanejo, uno de los puntos de la Costa Grande en disputa por distintos grupos delincuenciales.
El narcomensaje decía lo siguiente:
“Los Caballeros Templarios felicitan a la sociedad en especial a la que está siendo acosada por el cáncer de los Zetas, gracias por los datos y su hospitalidad en el Estado de Guerrero, gracias, falta poco y por eso volvemos a retar al Z-40 ya no asesines a inocentes, esta lacra solo enfrenta a nosotros no a la sociedad acaso no entiendes que nadie te quiere que solo pronunciar la letra zeta produce asco y miedo, no te metas con la sociedad”.
“Atentamente Los Caballeros Templarios”.
Hasta el momento, ninguna autoridad estatal ha emitido una postura sobre este hecho que se registra en medio de un recorrido que realiza el gobernador Aguirre en este importante destino de playa de la entidad que al igual que Acapulco, se encuentra hundido en una espiral de violencia e impunidad.
Ezequiel Flores Contreras
5 de noviembre de 2012
http://ht.ly/f4lkj
De acuerdo con reportes oficiales, las narcomantas fueron colocadas en distintos puntos de Zihuatanejo, uno de los puntos de la Costa Grande en disputa por distintos grupos delincuenciales.
El narcomensaje decía lo siguiente:
“Los Caballeros Templarios felicitan a la sociedad en especial a la que está siendo acosada por el cáncer de los Zetas, gracias por los datos y su hospitalidad en el Estado de Guerrero, gracias, falta poco y por eso volvemos a retar al Z-40 ya no asesines a inocentes, esta lacra solo enfrenta a nosotros no a la sociedad acaso no entiendes que nadie te quiere que solo pronunciar la letra zeta produce asco y miedo, no te metas con la sociedad”.
“Atentamente Los Caballeros Templarios”.
Hasta el momento, ninguna autoridad estatal ha emitido una postura sobre este hecho que se registra en medio de un recorrido que realiza el gobernador Aguirre en este importante destino de playa de la entidad que al igual que Acapulco, se encuentra hundido en una espiral de violencia e impunidad.
domingo, 4 de noviembre de 2012
DUARTE, NARCOS, MENONISTAS Y MINEROS: LOS DUEÑOS DE LA LEY SIEMBRAN EL CAOS EN CHIHUAHUA
El narco impone su ley en el desierto chihuahuense
Proceso, 3 de noviembre de 2012
http://ht.ly/f0MvS
Los barzonistas de Chihuahua se dicen víctimas del que consideran desgobierno de César Duarte. Incluso lo acusan del asesinato de su compañero Ismael Solorio y su esposa, todo por defender el agua de la que, dicen, se apropian los mineros y un grupo de menonitas pudientes. Y aun cuando han expuesto su problema en diversas instancias estatales y federales nadie les hace caso. Lo peor: Se enteraron de que sus cabezas tienen precio, pues algunos menonitas intentaron contratar a La Línea para que los ejecutaran. En esas tierras, las del desierto del norte del estado, los narcos imponen la ley.
Con el rostro hinchado, morado por los golpes propinados dos días antes por empleados de la minera Mag Silver, Ismael Solorio entró al Palacio de Gobierno de Chihuahua acompañado de otros campesinos y defensores de los derechos humanos y le advirtió a Raymundo Romero, secretario de Gobierno del estado: “Si no se arregla el asunto de la mina en nuestro ejido Benito Juárez, va a haber muertos”.
Los integrantes de El Barzón que ese 15 de octubre lo acompañaban expusieron la campaña de linchamiento que enfrentan por su lucha en defensa del agua y se pronunciaron contra las extracciones ilegales por parte de la minera y de un grupo de menonitas con poder económico. De las amenazas, dijeron, se pasó a la agresión física; también aportaron información sobre el precio que, según relataron, los acaparadores ofrecieron a sicarios para que los mataran.
Una semana después, el 22 de octubre, Solorio –líder estatal del Barzón– volvió a entrar al palacio. Esta vez acompañado por su esposa, Manuela Martha Solís. Los dos iban en ataúdes color caoba. En ese recinto fueron velados.
Los barzonistas, enardecidos, indignados, adoloridos, insistieron en que se trató de un “crimen de Estado”. La policía estatal intentó desalojarlos pero no hubo manera: era mucha la rabia contenida.
Solorio Urrutia y su esposa fueron víctimas del desgobierno en esa entidad y de la inacción de las autoridades federales. Fueron asesinados por defender el agua, escasa en el desierto chihuahuense; por exigir el respeto a la veda impuesta en su región desde 1957, que prohíbe las perforaciones de nuevos pozos y las obras de retención del líquido.
El exdiputado Víctor Quintana, dirigente del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el estado y quien estuvo presente en la reunión del 15 de octubre, dijo que dos días después de ese encuentro, Solorio, Martín Solís y Heraclio Rodríguez fueron amenazados ante el Congreso del estado por asalariados de la minera, quienes estaban acompañados por integrantes de la Confederación Nacional Campesina.
“En las videograbaciones del ‘acribillamiento verbal’ se puede apreciar a varios sicarios que actúan en el ejido Benito Juárez”, escribió el político.
En un céntrico hotel del Distrito Federal, Proceso entrevista a la abogada del Barzón, Lucha Castro, también directora del Centro de Derechos Humanos de la Mujer (Cedehm). Están también los líderes estatales Rodríguez, Solís, Gabino Gómez y Joaquín Solorio, hermano de Ismael, quienes se dicen amenazados. Saben que se fijó un precio por su cabeza.
Hacen una pausa en medio de sus idas al Senado, a organizaciones de derechos humanos, a los medios, a oficinas de gobierno donde repiten el relato del asesinato anunciado y la historia de corrupción, negligencia, complicidad e irregularidades en el que está enmarcado.
Tierra de narcos
El noroeste de Chihuahua, donde se ubica el ejido Benito Juárez, es un enclave peligroso. Es una zona árida, de poca vegetación y altas montañas. Sus habitantes nutrieron los movimientos agrarios del siglo pasado y es cuna de personas como Solorio, que desde los noventa participó en cabalgatas, caravanas y marchas hacia la Ciudad de México en defensa del campo.
Hasta ahí se llega por caminos varicosos que cruzan montañas y despoblados, por los que se puede llegar a Estados Unidos. Es la ruta donde la droga se trafica por veredas. Es la ruta de pueblos fantasmas, silenciados, zona de desplazamiento por miedo (Proceso 1734).
Aunque en octubre de 2010 la PGR ofreció recompensas de 3 millones de pesos por los cabecillas de las bandas que operan en la zona, éstos siguen libres. Son Eduardo Gallegos Valdez, El Lalo; Óscar Rafael Ruiz Gallegos, El Junior; Juan Ismael Granillo Chavira, El Chorrias; Raúl Rueda Quiroga, El Pony; Guadalupe Méndez Basurto, El Gato; Ricardo Alfredo Rueda Quiroga, El Caballo; Luis Enrique Lira, El Barrica; Manuel Adrián García Rodríguez, El Balín; Lorenzo Gallegos Valdez o Rafael Chavira Rentería o Rafael Sánchez, El Borrego.
Durante este sexenio, en esa zona ocurrió la desaparición de cuatro defensas rurales y un teniente del Ejército que viajaban desde la fronteriza Ciudad Juárez a la serrana ciudad de Madera. Posteriormente desaparecieron dos maestros.
Ahí fueron asesinados Benjamín LeBarón y su cuñado, lo que dio inicio a las acciones de autodefensa de la comunidad mormona en el municipio de Galeana, aun bajo protección de policías federales (Proceso 1706). Después, José Alfredo Silly Peña, el coordinador nacional de inteligencia de la Policía Federal; les siguieron los dos agentes comisionados para investigar el crimen. Ambos fueron ejecutados en una mina de Benito Juárez, lo que propició la entrada del Ejército para “reventar” las casas de los narcos. Durante ese tiempo las tropas desaparecieron a los primos Nitza Paola Alvarado Espinoza, José Ángel Alvarado Herrera y Rocío Irene Alvarado Reyes (Proceso 1842).
En este contexto los barzonistas están en una situación complicada: requieren protección pero bajo un esquema distinto. Saben que si piden la intervención del Ejército o la Policía Federal, los narcotraficantes, los verdaderos amos del territorio, no les perdonarían haber calentado la plaza.
“Nuestra pelea no es contra ellos (los narcos), nuestra intención no es interferir en sus cosas. Nuestra denuncia es contra el gobierno omiso de la aplicación de leyes porque nos están dejando sin agua; no queremos que el gobierno aproveche este conflicto para hacer su tarea sucia y que nosotros seamos afectados porque nosotros vamos a seguir viviendo en la comunidad. Sólo queremos que aplique la ley por las demandas del agua y la minería ilegal, esclarezca el móvil, dé con los autores materiales e intelectuales y se responsabilice de nuestra seguridad sin calentar los ánimos de la región”, explican los barzonistas.
Por eso, dicen, les indignó que el jueves 1 por la noche un convoy de 70 camionetas de soldados y federales paseara por el ejido y se retirara dos horas después.
Proceso, 3 de noviembre de 2012
http://ht.ly/f0MvS
Los barzonistas de Chihuahua se dicen víctimas del que consideran desgobierno de César Duarte. Incluso lo acusan del asesinato de su compañero Ismael Solorio y su esposa, todo por defender el agua de la que, dicen, se apropian los mineros y un grupo de menonitas pudientes. Y aun cuando han expuesto su problema en diversas instancias estatales y federales nadie les hace caso. Lo peor: Se enteraron de que sus cabezas tienen precio, pues algunos menonitas intentaron contratar a La Línea para que los ejecutaran. En esas tierras, las del desierto del norte del estado, los narcos imponen la ley. Con el rostro hinchado, morado por los golpes propinados dos días antes por empleados de la minera Mag Silver, Ismael Solorio entró al Palacio de Gobierno de Chihuahua acompañado de otros campesinos y defensores de los derechos humanos y le advirtió a Raymundo Romero, secretario de Gobierno del estado: “Si no se arregla el asunto de la mina en nuestro ejido Benito Juárez, va a haber muertos”.
Los integrantes de El Barzón que ese 15 de octubre lo acompañaban expusieron la campaña de linchamiento que enfrentan por su lucha en defensa del agua y se pronunciaron contra las extracciones ilegales por parte de la minera y de un grupo de menonitas con poder económico. De las amenazas, dijeron, se pasó a la agresión física; también aportaron información sobre el precio que, según relataron, los acaparadores ofrecieron a sicarios para que los mataran.
Una semana después, el 22 de octubre, Solorio –líder estatal del Barzón– volvió a entrar al palacio. Esta vez acompañado por su esposa, Manuela Martha Solís. Los dos iban en ataúdes color caoba. En ese recinto fueron velados.
Los barzonistas, enardecidos, indignados, adoloridos, insistieron en que se trató de un “crimen de Estado”. La policía estatal intentó desalojarlos pero no hubo manera: era mucha la rabia contenida.
Solorio Urrutia y su esposa fueron víctimas del desgobierno en esa entidad y de la inacción de las autoridades federales. Fueron asesinados por defender el agua, escasa en el desierto chihuahuense; por exigir el respeto a la veda impuesta en su región desde 1957, que prohíbe las perforaciones de nuevos pozos y las obras de retención del líquido.
El exdiputado Víctor Quintana, dirigente del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el estado y quien estuvo presente en la reunión del 15 de octubre, dijo que dos días después de ese encuentro, Solorio, Martín Solís y Heraclio Rodríguez fueron amenazados ante el Congreso del estado por asalariados de la minera, quienes estaban acompañados por integrantes de la Confederación Nacional Campesina.
“En las videograbaciones del ‘acribillamiento verbal’ se puede apreciar a varios sicarios que actúan en el ejido Benito Juárez”, escribió el político.
En un céntrico hotel del Distrito Federal, Proceso entrevista a la abogada del Barzón, Lucha Castro, también directora del Centro de Derechos Humanos de la Mujer (Cedehm). Están también los líderes estatales Rodríguez, Solís, Gabino Gómez y Joaquín Solorio, hermano de Ismael, quienes se dicen amenazados. Saben que se fijó un precio por su cabeza.
Hacen una pausa en medio de sus idas al Senado, a organizaciones de derechos humanos, a los medios, a oficinas de gobierno donde repiten el relato del asesinato anunciado y la historia de corrupción, negligencia, complicidad e irregularidades en el que está enmarcado.
Tierra de narcos
El noroeste de Chihuahua, donde se ubica el ejido Benito Juárez, es un enclave peligroso. Es una zona árida, de poca vegetación y altas montañas. Sus habitantes nutrieron los movimientos agrarios del siglo pasado y es cuna de personas como Solorio, que desde los noventa participó en cabalgatas, caravanas y marchas hacia la Ciudad de México en defensa del campo.
Hasta ahí se llega por caminos varicosos que cruzan montañas y despoblados, por los que se puede llegar a Estados Unidos. Es la ruta donde la droga se trafica por veredas. Es la ruta de pueblos fantasmas, silenciados, zona de desplazamiento por miedo (Proceso 1734).
Aunque en octubre de 2010 la PGR ofreció recompensas de 3 millones de pesos por los cabecillas de las bandas que operan en la zona, éstos siguen libres. Son Eduardo Gallegos Valdez, El Lalo; Óscar Rafael Ruiz Gallegos, El Junior; Juan Ismael Granillo Chavira, El Chorrias; Raúl Rueda Quiroga, El Pony; Guadalupe Méndez Basurto, El Gato; Ricardo Alfredo Rueda Quiroga, El Caballo; Luis Enrique Lira, El Barrica; Manuel Adrián García Rodríguez, El Balín; Lorenzo Gallegos Valdez o Rafael Chavira Rentería o Rafael Sánchez, El Borrego.
Durante este sexenio, en esa zona ocurrió la desaparición de cuatro defensas rurales y un teniente del Ejército que viajaban desde la fronteriza Ciudad Juárez a la serrana ciudad de Madera. Posteriormente desaparecieron dos maestros.
Ahí fueron asesinados Benjamín LeBarón y su cuñado, lo que dio inicio a las acciones de autodefensa de la comunidad mormona en el municipio de Galeana, aun bajo protección de policías federales (Proceso 1706). Después, José Alfredo Silly Peña, el coordinador nacional de inteligencia de la Policía Federal; les siguieron los dos agentes comisionados para investigar el crimen. Ambos fueron ejecutados en una mina de Benito Juárez, lo que propició la entrada del Ejército para “reventar” las casas de los narcos. Durante ese tiempo las tropas desaparecieron a los primos Nitza Paola Alvarado Espinoza, José Ángel Alvarado Herrera y Rocío Irene Alvarado Reyes (Proceso 1842).
En este contexto los barzonistas están en una situación complicada: requieren protección pero bajo un esquema distinto. Saben que si piden la intervención del Ejército o la Policía Federal, los narcotraficantes, los verdaderos amos del territorio, no les perdonarían haber calentado la plaza.
“Nuestra pelea no es contra ellos (los narcos), nuestra intención no es interferir en sus cosas. Nuestra denuncia es contra el gobierno omiso de la aplicación de leyes porque nos están dejando sin agua; no queremos que el gobierno aproveche este conflicto para hacer su tarea sucia y que nosotros seamos afectados porque nosotros vamos a seguir viviendo en la comunidad. Sólo queremos que aplique la ley por las demandas del agua y la minería ilegal, esclarezca el móvil, dé con los autores materiales e intelectuales y se responsabilice de nuestra seguridad sin calentar los ánimos de la región”, explican los barzonistas.
Por eso, dicen, les indignó que el jueves 1 por la noche un convoy de 70 camionetas de soldados y federales paseara por el ejido y se retirara dos horas después.
jueves, 1 de noviembre de 2012
HISTORIA DEL CARTEL DE SINALOA
El verdadero Chapo
01 de noviembre 201
Por Scott Stewart
Un mito ampliamente difundido nos quiere hacer creer que el capo mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera y su Federación de Sinaloa son menos violentos que muchos de sus competidores. Las declaraciones de los periodistas y analistas alegan que Sinaloa es más serio que Los Zetas, cuya reputación de brutalidad está bien documentada, y que esta comprensión del negocio de alguna manera hace que el grupo sea relativamente benigno. A su vez, esto ha llevado a muchos a creer que el gobierno mexicano podría cerrar un acuerdo con el líder de una de las mayores organizaciones criminales de México.Sin embargo, un examen detallado de la evolución de Sinaloa demuestra la civilidad no es el sello distintivo del grupo. De hecho, la historia de la guerra de los carteles de México en la última década revela que Guzmán, su Federación de Sinaloa y varios de los carteles asociados han sido territorialmente más agresivos que cualquier otro cartel mexicano.
Expansión y Escalada
Las incursiones de Sinaloa alteraron el equilibrio de poder que Miguel Angel "El Padrino" Félix Gallardo había establecido a finales de 1980 cuando Guzmán se apropió de territorios criminales para sí y para otros de sus lugartenientes. Decenas de miles de personas han muerto a causa de las guerras que surgieron de este desequilibrio.
Esto se debe a las accioness de expansión de Guzmán que se producen necesariamente al invadir el territorio de un rival. A principios de 1990, envió a las fuerzas de Sinaloa a Tijuana, Estado de Baja California -controlada en ese momento por los hermanos Arellano Félix- para comprar casas-almacén y para la construcción de un túnel para el tráfico de drogas por la frontera. En respuesta, los hermanos torturaron y asesinaron a los operativos de Sinaloa en Tijuana, e incluso intentaron asesinar a Guzmán. Sinaloa respondió en noviembre de 1992, cuando sus agentes trataron de matar a Francisco Javier y Ramón Arellano Félix en una discoteca de Puerto Vallarta.
La guerra entre Sinaloa y los hermanos Arellano Félix marcó el comienzo de una escalada de la guerra de cárteles de México. Los cárteles comenzaron a contratar a agentes de policía para trabajar como operativos. Con el tiempo, el cartel del Golfo creó a los Zetas, un grupo compuesto principalmente por ex soldados de las fuerzas especiales aerotransportadas mexicanas. Así fue que la guerra de carteles se militarizó. Los grupos de tareas ya no eran matones entrenados con armas de fuego, sino que eeran equpos de fuego capacitados para maniobrar y utilizar sus armas.
Buscando refugio de los hermanos Arellano Félix, Guzmán huyó a Guatemala, pero fue detenido en junio de 1993. Fue extraditado a México, donde continuó dirigiendo sus empresas criminales desde la seguridad de una celda de la prisión hasta que se escapó en enero de 2001.
Cuando el líder del cartel del Golfo, Osiel Cárdenas Guillén fue detenido en marzo de 2003, Guzmán vio la oportunidad de hacer un movimiento en el territorio del cartel del Golfo, especialmente en la lucrativa plaza de Nuevo Laredo, el más concurrido punto de entrada para camiones desde México hacia Estados Unidos, que ofrece acceso directo al corredor de la autopista interestatal 35.
El empuje de Guzmán en Nuevo Laredo fue encabezado por los hermanos Beltrán Leyva, quien convenció a bandas locales como Los Chachos a volverse contra el cartel del Golfo. Los sicarios de Beltrán Leyva ayudaron a las fuerzas locales y, finalmente, se formó un grupo híbrido cuando un ciudadano de los EE.UU. y un miembro de Los Chachos llamado Edgar "La Barbie" Valdez Villarreal asumió el mando del grupo ejecutor de Sinaloa llamado Los Negros.
Los Zetas respondieron fuertemente a la incursión de Sinaloa en Nuevo Laredo y estalló una sangrienta lucha por el control de la ciudad. A mediados de 2005, la ley y el orden habían quedado casi descompuestos completamente en Nuevo Laredo, y el entonces presidente Vicente Fox desplegó la policía federal y las unidades del ejército para tomar el control de la ciudad. Pero incluso estas fuerzas fueron insuficientes para detener la violencia, que se mantuvo durante tres años, hasta que se hizo evidente que Los Zetas no iban a ser derrotados. En ese momento, Guzmán había comenzado a enfocarse en otros lugares para poder expandirse.
Un jefe de muchos grupos
El 11 de septiembre de 2004, sicarios de Sinaloa mataron a tiros a Rodolfo Carrillo Fuentes, dirigente de la organización de Vicente Carrillo Fuentes, también conocido como el cartel de Juárez, cuando salía de un teatro en Culiacán, estado de Sinaloa. El hermano de Rodolfo Vicente tomó represalias contra el hermano de Guzmán, que fue asesinado en la cárcel. Esta cadena de acontecimientos desató una guerra entre las dos organizaciones por el control de las plazas de Ciudad Juárez y de de Chihuahua, que continúa hasta nuestros días. Mientras que el cártel de Juárez es sólo una sombra de lo que fue, Sinaloa tiene el control casi consolidado del estado de Chihuahua. A pesar de ello Chihuahua sigue siendo el segundo estado más mortífero en México a causa de esta lucha.
Mientras tanto Sinaloa había reanudado sus esfuerzos por controlar Tijuana. Una serie de arrestos y la muerte de los hermanos Arellano Félix, que constituían el núcleo dirigente de la Organización Arellano Félix, dejaron severamente dañada la capacidad operativa del degradado grupo. A principios de 2008, la lucha interna entre la facción leal al sucesor de los hermanos Arellano Félix, Luis Fernando "El Ingeniero" Arellano Sánchez, y los leales al sicario superior del grupo, Teodoro "El Teo" García Simental, degradaron aún más a la organización. Este conflicto provocó niveles marcados de violencia en la región hasta que la policía federal mexicana desmanteló la facción de García Simental.
Desesperado por conseguir apoyo contra Sánchez Arellano, García buscó la protección de la Federación de Sinaloa, que sabía que había estado tratando de reclamar Tijuana desde hacía años. En definitiva, la estrategia fracasó, pero la prolongada batalla dejó a la facción Sánchez Arellano de la AFO extremadamente débil. En la segunda mitad de 2010, la Federación de Sinaloa utilizó la apertura ofrecida por García para consolidar el control sobre partes del oeste de Baja California, a saber, las regiones de Tecate y Mexicali, posicionándose para apoderarse de Tijuana.
Sabiendo que no podría soportar otra larga batalla contra un grupo mucho más grande y con recursos, la AFO llegó a un acuerdo con Sinaloa por el que ambos grupos operan de manera independiente y cumpliendo con un pacto de no agresión. Con Tijuana asegurado, Sinaloa controla las plazas desde el oeste de Juárez hasta Tijuana.
En un escenario similar, el cartel del Golfo se dirigió a Sinaloa y a La Familia Michoacana en busca de ayuda contra Los Zetas, que se había desprendido de su grupo principal a principios de 2010. Los tres grupos formaron una alianza que se refiere a sí misma como la Nueva Federación. La atención de Guzmán una vez más se dirigió a los lucrativos corredores de contrabando en el noreste. Con la ayuda de los sicarios de Sinaloa y de La Familia Michoacana, el cartel del Golfo fue capaz de empujar a los Zetas fuera de Reynosa. Para mediados de 2010 Los Zetas estaban bajo una fuerte presión de las fuerzas de la Nueva Federación. Sin embargo, varios acontecimientos de ese año, incluyendo la muerte de un estrecho aliado de Guzmán, Ignacio "El Nacho" Coronel, el 29 de julio y el 10 de diciembre la muerte del líder de La Familia Michoacana, Nazario "El Mas Loco" González Moreno, dieron a Los Zetas una oportunidad para recuperarse.
En 2011, Sinaloa emprendió otra gran incursión en territorio de Los Zetas, esta vez dirigida hacia Veracruz. Para ello, utilizó otro grupo de la red de aliados como brazo, el Cartel de Jalisco Nueva Generación, que comprende a los restos de la organización de Coronel que viajaron a través de México desde su propia casa en Guadalajara. A veces, operando bajo el nombre de Los Matazetas, el CJNG comenzó a matar a Los Zetas -y a la gente que se creía que eran partidarios de Los Zetas- en Veracruz. A finales de septiembre y principios de octubre de 2011, el CJNG había realizado varios destacados vertederos de cadáveres de personas consideradas miembros de Los Zetas. En un incidente ocurrido el 20 de septiembre de 2011, 35 cadáveres fueron arrojados en una calle de mucho tráfico. Más tarde se determinó que la mayoría de estas víctimas no eran miembros de Los Zetas.
Como muestra el CJNG, el cartel de Sinaloa ha formado varios grupos de combate en la última década. Estos grupos han incluido a Los Negros, el CJNG, La Gente Nueva (también conocido como Los Chapos) y Los Antrax. Estas organizaciones operan bajo sus propios nombres, como hicieron Los Zetas cuando eran el brazo armado del cártel del Golfo. Pero al igual que Los Zetas, que actuaban en nombre del cartel del Golfo, los sicarios de Sinaloa actúan a instancias de Guzmán y sus lugartenientes.
Los casos de brutalidad de Sinaloa abundan. El líder de Los Negros, Valdez, torturó y ejecutó a cuatro miembros de Los Zetas en un video enviado a The Dallas Morning News; el CJNG dejó 35 cadáveres en el centro de Veracruz y los sicarios de Sinaloa dejaron grupos de cuerpos desmembrados en Nuevo Laredo acompañados de narcomantas firmadas "El Chapo" en varias ocasiones entre marzo y mayo de 2012. Se trata de acciones del cártel de Sinaloa, y son tan viciosas como las acciones de los otros grupos.
Algunos creen que la paz sobreviene una vez que el cartel de Sinaloa afirma su control sobre un área, pero eso no es necesariamente cierto. La violencia disminuyó en Juárez después de que Sinaloa arrebató el control de la plaza, pero en Chihuahua se continúa luchando con violencia. De hecho, tres de los cuatro estados más violentos de México -Chihuahua, Sinaloa y Guerrero- están en el área de control de Sinaloa. No hay soluciones rápidas a la violencia en México, y no hay razón para creer que un pacto de gobierno con Guzmán demuestre lo contrario.
NARCOGUERRA EN LA SIERRA TARAHUMARA: MURIÓ EL "ROBIN HOOD", ERIVES ARDUÑO
La narcoguerra en la Sierra Tarahumara y la caída de un ‘Robin Hood’
Proceso, 31 de octubre de 2012
http://ht.ly/eVOQO
La ejecución del jefe del cártel de Sinaloa en el municipio de Uruachi, Antonio Erives Arduño, de 39 años, el sábado pasado, alertó a los habitantes de los poblados de la región. Desde finales de marzo del año pasado, el líder del grupo delictivo se posicionó en Uruachi como el “protector” de los ciudadanos, ante la falta de respuesta y garantías de seguridad por las autoridades de todos los niveles.
Toño Erives, como se le conocía, ayudaba a la gente con dinero, con despensas; defendía a quien no se metía con él, rescataba a adolescentes que eran reclutados por otro grupo para delinquir, pero también los enlistaba o “enganchaba” en el suyo.
Durante un año, Antonio Erives logró mantener en “calma” el municipio, pero el sábado pasado por la mañana llegó su rival, uno de los líderes del grupo criminal La Línea, apodado El Vaquero, para pelear el territorio. El enfrentamiento mantuvo a los habitantes en sus viviendas.
De acuerdo con las autoridades locales, fueron varios los muertos, aunque se desconoce el número preciso. El enfrentamiento duró más de cinco horas.
En la Sierra Tarahumara tal parece que hay permiso para matar. Autoridades y sociedad le endosan la culpa a las mismas familias, a las comunidades que han sembrado y producido, durante décadas, mariguana y amapola, principalmente, sin darse cuenta de que la violencia ha alcanzado a poblados enteros y fabricado miles de víctimas que permanecen en el anonimato.
Los enfrentamientos entre narcotraficantes son históricos, los pobladores dicen que siempre ha habido gente armada; indígenas y mestizos siempre han sembrado droga. Y esa justificación parece extenderse para dar permiso de matar a quien sea, sin importar la causa ni cuántos sean, porque la Sierra de Chihuahua es la “tierra de nadie”.
El poderío de Toño Erives
La última semana de marzo y principios de abril de 2011, el enfrentamiento entre los dos grupos delictivos, el cártel de Sinaloa y La Línea, llevó a un pueblo entero a pasar las noches en el monte. Durmieron esa semana a la intemperie y con bajas temperaturas. Fue en Jicamórachi, del municipio de Uruachi.
La mañana del 9 de abril, Lidia, sobrina política de Antonio Erives, bajó de una de las montañas. La acompañaban su suegra, varias tías y un grupo de niños, quienes habían huido después de que unos desconocidos quemaron cinco de sus propiedades.
Toño Erives, uno de los tíos de su esposo (quien fue asesinado en 2009 a los 19 años) escaló importantes posiciones en La Línea, brazo del cártel de Juárez. Pronto comenzó a destacar en esa organización; sin embargo, el cártel de Sinaloa lo convenció para que se uniera a ellos y comenzó su poderío en la región.
“Era un hombre noble –dice Lidia–, daba protección, ayudaba a la gente, les prestaba las trocas para ir a los hospitales. Es un hombre con facciones atractivas, buena gente.”
En marzo de 2011, llegó El Vaquero, uno de los líderes de La Línea, y exjefe de Erives a Jicamórachi. Había un baile de coronación de reina. Hubo un pleito entre el mismo grupo, los vecinos del lugar indicaron que uno de ellos llevaba una camioneta cargada con droga y ahí mataron a uno de los hombres.
Dos días después, un comando con vestimenta de policías federales quemó seis casas, entre éstas la del médico del pueblo, y varios vehículos. El grupo rebelde ingresó al pueblo disparando sin blanco específico. La gente, ancianos, niños, familias completas, corrieron al monte. Jicamórachi está enclavado entre varias montañas.
Algunas familias alcanzaron a huir y más de la mitad de las 122 familias del poblado ya no regresó, indicó una de las excomisarias ejidales de origen tepehuano. Los pobladores permanecieron todo un fin de semana en el monte, los camiones distribuidores ya no llegaban hasta Jicamórachi por el riesgo que implicaba el camino. Los niños se enfermaron, el clima era fresco, motivo que los obligó regresar a sus hogares.
De los pobladores que permanecieron en el monte y no huyeron a otras ciudades regresaron casi todos, menos la familia de Lidia, quien permaneció en el monte con sus tías. Las casas que quemó el grupo armado eran de su familia. También quemaron una carpintería, propiedad del papa de Antonio Erives. A principios de abril llegó el Ejército a instalarse en la primaria de Jicamórachi y fue así como los habitantes pudieron regresar a sus viviendas.
Atemorizada, Lidia bajó del monte; no emitió palabra, sólo asentía con la cabeza que su deseo era permanecer con su suegra y su familia política. Se negó a abandonar aquel poblado en donde vivió un breve matrimonio y convivió cara a cara con la violencia, aquella que llegó a cobrar facturas de la práctica ilícita y naturalizada durante décadas en la sierra Tarahumara.
En ese entonces, la joven evadía cualquier mirada de quien le preguntaba detalles de aquellos eventos violentos. Le propusieron salir del pueblo para ir con su familia, pero no aceptó, indicó que su deseo era no dejar solas a su suegra y a sus tías.
Una semana después, salió del pueblo con su familia política. La Policía Estatal Única les ofreció apoyo para salir del pueblo en helicóptero. Llegaron a Sonora y semanas después, Lidia decidió ir con su familia a una de las ciudades grandes del estado. Consiguió trabajo en una tienda departamental, se mostraba serena y durante su hora de comida, accedió a hablar sobre su vida en Uruachi.
Aceptó que requiere apoyo psicológico. Estaba decidida a retomar su vida. Unas semanas después se casó y ahora espera un bebé.
Ola de balaceras
Después que los sicarios tomaron el pueblo de Jicamórachi en contra de Erives, en marzo de 2011, éste y su gente emboscaron una caravana de automóviles del grupo contrario, que transitaba por uno de los caminos del municipio. El blanco era el líder del otro grupo, El Vaquero, quien logró salvarse y huir en un vehículo blindado, refirió un adolescente familiar de Lidia que, además, es parte del grupo de Erives.
Como venganza, días después, gente al mando de El Vaquero tomó un camión de pasajeros donde viajaba la hermana de Antonio Erives, una regidora de Uruachi. Los pistoleros la secuestraron y comenzaron la negociación: la plaza a cambio de la mujer.
El acuerdo fue encontrarse en un lugar cercano a Gosogachi.
La regidora fue llevada en un helicóptero y entregada a su hermano, pero la habían torturado: le quemaron los pies. Luego de recibir a su hermana, “se hizo la guerra”; ambos grupos se enfrentaron desde diferentes cerros. Ganó el grupo de Toño.
En ese mismo lapso, otro poblado de Uruachi, Memelichi, también fue tomado. Por correos electrónicos, los afectados indicaron a sus conocidos que no dejaban salir a nadie del pueblo. Por temor, los hombres corrieron a esconderse, pero mujeres y niños se quedaban en el pueblo.
Después de la “guerra”, el enemigo de Erives llegó con unas 70 personas armadas a la cabecera municipal para iniciar una balacera durante cinco horas. Participaron, además del grupo de Toño, policías mal armados y “tres o cuatro jóvenes” que se subieron a las azoteas a disparar para que los rivales no supieran de dónde llegaban los balazos.
Disparaban desde las azoteas y mataron a varios. Los habitantes con quienes se logró tener comunicación vía telefónica, aseguraban que vieron cómo hirieron y mataron a varios, pero el mismo grupo se llevaba los cadáveres, por lo que se desconoce la cifra exacta de los muertos o heridos.
Las señoras relataban que veían a adolescentes ingresar por sus patios con armas grandes, iban temerosos. Los mismos pobladores aseguran que en la “guerra” que sostuvieron había varios jornaleros de la pizca de la manzana, que fueron reclutados.
El presidente municipal, Aldo Campos Rascón, dio a conocer un día después, que el pueblo estaba en shock; había muchas casas baleadas y los vidrios de los vehículos estrellados. Aseguró que eran unas 10 personas las que presentaron lesiones. El alcalde solicitó presencia permanente de las fuerzas armadas para intentar contener la violencia.
“Si no se pone alto a esta situación, la Sierra va convertirse en un polvorín. Se está dando el caso de que la población se está armando o quiere participar en una forma u otra en estos grupos y los que más se van, son los jóvenes”.
“Es poco de todo, la gente se cansa de vivir así, en el miedo, tratan de tomar partido para un lado u otro. Estamos complicados y si no tenemos cuidado se nos va a volver un polvorín en corto plazo. La gente está inquieta, hay desconfianza”, advirtió el alcalde.
Ante esa situación, de pronto, los habitantes de todo el municipio se vieron protegidos con Toño Erives y su gente, quien suplió funciones de las autoridades, desde la protección de sus vidas hasta traslados a hospitales y apoyo para alimentarse.
A partir de aquella ocasión, finales de marzo y principios de abril de 2011 se registraron ejecuciones aisladas y muy esporádicas, hasta el fin de semana pasado, cuando el grupo contrario abatió a Antonio Erives, quien se había convertido en el “Robin Hood” de los habitantes de Uruachi. Ahora el temor, es cómo se acomodarán ambos grupos y las decisiones que los líderes tomarán.
Proceso, 31 de octubre de 2012
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Toño Erives, como se le conocía, ayudaba a la gente con dinero, con despensas; defendía a quien no se metía con él, rescataba a adolescentes que eran reclutados por otro grupo para delinquir, pero también los enlistaba o “enganchaba” en el suyo.
Durante un año, Antonio Erives logró mantener en “calma” el municipio, pero el sábado pasado por la mañana llegó su rival, uno de los líderes del grupo criminal La Línea, apodado El Vaquero, para pelear el territorio. El enfrentamiento mantuvo a los habitantes en sus viviendas.
De acuerdo con las autoridades locales, fueron varios los muertos, aunque se desconoce el número preciso. El enfrentamiento duró más de cinco horas.
En la Sierra Tarahumara tal parece que hay permiso para matar. Autoridades y sociedad le endosan la culpa a las mismas familias, a las comunidades que han sembrado y producido, durante décadas, mariguana y amapola, principalmente, sin darse cuenta de que la violencia ha alcanzado a poblados enteros y fabricado miles de víctimas que permanecen en el anonimato.
Los enfrentamientos entre narcotraficantes son históricos, los pobladores dicen que siempre ha habido gente armada; indígenas y mestizos siempre han sembrado droga. Y esa justificación parece extenderse para dar permiso de matar a quien sea, sin importar la causa ni cuántos sean, porque la Sierra de Chihuahua es la “tierra de nadie”.
El poderío de Toño Erives
La última semana de marzo y principios de abril de 2011, el enfrentamiento entre los dos grupos delictivos, el cártel de Sinaloa y La Línea, llevó a un pueblo entero a pasar las noches en el monte. Durmieron esa semana a la intemperie y con bajas temperaturas. Fue en Jicamórachi, del municipio de Uruachi.
La mañana del 9 de abril, Lidia, sobrina política de Antonio Erives, bajó de una de las montañas. La acompañaban su suegra, varias tías y un grupo de niños, quienes habían huido después de que unos desconocidos quemaron cinco de sus propiedades.
Toño Erives, uno de los tíos de su esposo (quien fue asesinado en 2009 a los 19 años) escaló importantes posiciones en La Línea, brazo del cártel de Juárez. Pronto comenzó a destacar en esa organización; sin embargo, el cártel de Sinaloa lo convenció para que se uniera a ellos y comenzó su poderío en la región.
“Era un hombre noble –dice Lidia–, daba protección, ayudaba a la gente, les prestaba las trocas para ir a los hospitales. Es un hombre con facciones atractivas, buena gente.”
En marzo de 2011, llegó El Vaquero, uno de los líderes de La Línea, y exjefe de Erives a Jicamórachi. Había un baile de coronación de reina. Hubo un pleito entre el mismo grupo, los vecinos del lugar indicaron que uno de ellos llevaba una camioneta cargada con droga y ahí mataron a uno de los hombres.
Dos días después, un comando con vestimenta de policías federales quemó seis casas, entre éstas la del médico del pueblo, y varios vehículos. El grupo rebelde ingresó al pueblo disparando sin blanco específico. La gente, ancianos, niños, familias completas, corrieron al monte. Jicamórachi está enclavado entre varias montañas.
Algunas familias alcanzaron a huir y más de la mitad de las 122 familias del poblado ya no regresó, indicó una de las excomisarias ejidales de origen tepehuano. Los pobladores permanecieron todo un fin de semana en el monte, los camiones distribuidores ya no llegaban hasta Jicamórachi por el riesgo que implicaba el camino. Los niños se enfermaron, el clima era fresco, motivo que los obligó regresar a sus hogares.
De los pobladores que permanecieron en el monte y no huyeron a otras ciudades regresaron casi todos, menos la familia de Lidia, quien permaneció en el monte con sus tías. Las casas que quemó el grupo armado eran de su familia. También quemaron una carpintería, propiedad del papa de Antonio Erives. A principios de abril llegó el Ejército a instalarse en la primaria de Jicamórachi y fue así como los habitantes pudieron regresar a sus viviendas.
Atemorizada, Lidia bajó del monte; no emitió palabra, sólo asentía con la cabeza que su deseo era permanecer con su suegra y su familia política. Se negó a abandonar aquel poblado en donde vivió un breve matrimonio y convivió cara a cara con la violencia, aquella que llegó a cobrar facturas de la práctica ilícita y naturalizada durante décadas en la sierra Tarahumara.
En ese entonces, la joven evadía cualquier mirada de quien le preguntaba detalles de aquellos eventos violentos. Le propusieron salir del pueblo para ir con su familia, pero no aceptó, indicó que su deseo era no dejar solas a su suegra y a sus tías.
Una semana después, salió del pueblo con su familia política. La Policía Estatal Única les ofreció apoyo para salir del pueblo en helicóptero. Llegaron a Sonora y semanas después, Lidia decidió ir con su familia a una de las ciudades grandes del estado. Consiguió trabajo en una tienda departamental, se mostraba serena y durante su hora de comida, accedió a hablar sobre su vida en Uruachi.
Aceptó que requiere apoyo psicológico. Estaba decidida a retomar su vida. Unas semanas después se casó y ahora espera un bebé.
Ola de balaceras
Después que los sicarios tomaron el pueblo de Jicamórachi en contra de Erives, en marzo de 2011, éste y su gente emboscaron una caravana de automóviles del grupo contrario, que transitaba por uno de los caminos del municipio. El blanco era el líder del otro grupo, El Vaquero, quien logró salvarse y huir en un vehículo blindado, refirió un adolescente familiar de Lidia que, además, es parte del grupo de Erives.
Como venganza, días después, gente al mando de El Vaquero tomó un camión de pasajeros donde viajaba la hermana de Antonio Erives, una regidora de Uruachi. Los pistoleros la secuestraron y comenzaron la negociación: la plaza a cambio de la mujer.
El acuerdo fue encontrarse en un lugar cercano a Gosogachi.
La regidora fue llevada en un helicóptero y entregada a su hermano, pero la habían torturado: le quemaron los pies. Luego de recibir a su hermana, “se hizo la guerra”; ambos grupos se enfrentaron desde diferentes cerros. Ganó el grupo de Toño.
En ese mismo lapso, otro poblado de Uruachi, Memelichi, también fue tomado. Por correos electrónicos, los afectados indicaron a sus conocidos que no dejaban salir a nadie del pueblo. Por temor, los hombres corrieron a esconderse, pero mujeres y niños se quedaban en el pueblo.
Después de la “guerra”, el enemigo de Erives llegó con unas 70 personas armadas a la cabecera municipal para iniciar una balacera durante cinco horas. Participaron, además del grupo de Toño, policías mal armados y “tres o cuatro jóvenes” que se subieron a las azoteas a disparar para que los rivales no supieran de dónde llegaban los balazos.
Disparaban desde las azoteas y mataron a varios. Los habitantes con quienes se logró tener comunicación vía telefónica, aseguraban que vieron cómo hirieron y mataron a varios, pero el mismo grupo se llevaba los cadáveres, por lo que se desconoce la cifra exacta de los muertos o heridos.
Las señoras relataban que veían a adolescentes ingresar por sus patios con armas grandes, iban temerosos. Los mismos pobladores aseguran que en la “guerra” que sostuvieron había varios jornaleros de la pizca de la manzana, que fueron reclutados.
El presidente municipal, Aldo Campos Rascón, dio a conocer un día después, que el pueblo estaba en shock; había muchas casas baleadas y los vidrios de los vehículos estrellados. Aseguró que eran unas 10 personas las que presentaron lesiones. El alcalde solicitó presencia permanente de las fuerzas armadas para intentar contener la violencia.
“Si no se pone alto a esta situación, la Sierra va convertirse en un polvorín. Se está dando el caso de que la población se está armando o quiere participar en una forma u otra en estos grupos y los que más se van, son los jóvenes”.
“Es poco de todo, la gente se cansa de vivir así, en el miedo, tratan de tomar partido para un lado u otro. Estamos complicados y si no tenemos cuidado se nos va a volver un polvorín en corto plazo. La gente está inquieta, hay desconfianza”, advirtió el alcalde.
Ante esa situación, de pronto, los habitantes de todo el municipio se vieron protegidos con Toño Erives y su gente, quien suplió funciones de las autoridades, desde la protección de sus vidas hasta traslados a hospitales y apoyo para alimentarse.
A partir de aquella ocasión, finales de marzo y principios de abril de 2011 se registraron ejecuciones aisladas y muy esporádicas, hasta el fin de semana pasado, cuando el grupo contrario abatió a Antonio Erives, quien se había convertido en el “Robin Hood” de los habitantes de Uruachi. Ahora el temor, es cómo se acomodarán ambos grupos y las decisiones que los líderes tomarán.
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