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Desde la Revolución de 1910 México no había conocido una violencia con
tanto impacto político como la que vive actualmente. A finales de la década de
los ochenta Estados Unidos tuvo éxito en reducir el volumen de droga que se
movía por la ruta Caribe desde Colombia a Miami. Esta ruta permitía a los
cárteles colombianos exportar mariguana y cocaína directo a Estados Unidos, sin
intermediarios. México pasó así a ser el territorio más importante para el
tránsito de drogas hacia la Unión Americana y se produjo una expansión del
narcotráfico, que rompió con el largo periodo de paz en que habían vivido los
mexicanos.Podemos señalar diversos puntos que son tema de debate y que sin duda polemizan sobre si fue correcto o no realizar una agresión directa al narco sin medir el efecto de reacción del crimen y si el Estado y la sociedad estaban preparados para afrontarlo.
¿No se debió confrontar al crimen organizado?
Cuando la violencia comenzó a crecer por la guerra entre cárteles, el gobierno del presidente Fox dio inicio a la intervención de fuerzas federales en los primeros estados que tenían problemas (Tamaulipas, Guerrero, etcétera). Frente al agravamiento de la violencia en otros estados el gobierno del presidente Calderón decidió combatir frontalmente al narcotráfico y dio continuidad a la intervención federal. Surgieron entonces críticas sobre falta de inteligencia previa, se calificó de reactivas las operaciones e incluso se dijo que el gobierno actuaba por interés político y que las operaciones gubernamentales habían empeorado el problema. Algunos consideraban que lo mejor era tapar los efectos mediáticos de la violencia y dejar que todo continuara manejado por supuestos “acuerdos locales”. Sin embargo, esos “acuerdos” no eran entre iguales, sino entre criminales y funcionarios intimidados por la ley de “plata o plomo” que estaba dejando policías asesinados y presidentes municipales y gobernadores atemorizados. La idea de no combatir de frente al narcotráfico supone, ingenuamente, que éste no es contagioso ni expansivo, y que no alcanzaría al Distrito Federal. La realidad es que una de las primeras batallas ha sido recuperar el aeropuerto de ciudad de México que para los narcos es tan importante como Nuevo Laredo o Ciudad Juárez.
México está atrapado entre el mayor consumidor de drogas del mundo, al norte, y la región más violenta del mundo (Guatemala, Honduras y El Salvador), al sur, a consecuencia del tráfico de drogas. Por lo tanto, resulta muy difícil pensar que es posible aislarse, abstraerse del problema y suponer que no pasaría nada. El narcotráfico es un delito global que está extendiéndose en casi toda América Latina, afectando también a Europa del Este, al norte de África y algunas regiones de Asia. El crecimiento de las clases medias urbanas y el aumento del consumo de drogas están directamente relacionados, no hay una razón sólida para que las clases medias mexicanas puedan ser excluidas del incremento en el consumo, algo que ya está afectando seriamente a Brasil. No hacer nada podría haber llevado a México a una situación similar a la que enfrentó Colombia a finales de los ochenta. Son muchos los ciudadanos y funcionarios colombianos que aceptan, abiertamente, que la situación en su país “tocó fondo” porque esperaron demasiado tiempo para actuar.
¿Primero hay que acabar con la corrupción y la pobreza?
En muchos análisis atender y reducir la corrupción y la pobreza son actividades que se consideran como premisas para resolver la inseguridad que genera el narcotráfico, y con ello se invalida el papel que juega la coerción. Este mito parte de un planteamiento cierto: el problema de la seguridad requiere planes integrales que atiendan todas las aristas del asunto, desde la utilización de la fuerza del Estado, hasta la atención de los temas sociales que intervienen en la seguridad. Sin embargo, en una condición de extrema emergencia como la que viven algunos estados de México, si se pone de antemano resolver la pobreza y la corrupción como precondiciones para tener un entorno seguro tendríamos que aceptar que la situación no tiene remedio alguno, ya que estaríamos poniendo la meta de resolver la pobreza como camino para mejorar la seguridad que en este momento es el problema más importante para los ciudadanos. En seguridad la dosis de prevención y represión en un plan depende de la situación. Establecer por definición que lo uno debe privar sobre lo otro es un error que parte de visiones ideológicas de la seguridad en la cual se dice que las derechas priorizan reprimir y las izquierdas prevenir. Cualquiera puede ser el prioritario, pero eso debe determinarlo la realidad, no una posición política.
No hay una relación territorial o social entre pobreza y narcotráfico. El narcotráfico es un delito de la codicia que recluta pobres, pero que depende de las ventajas geográficas que proporcionan rutas y territorios con posibilidades para la producción y el tráfico. Busca controlar puntos estratégicos de ventaja para su “negocio”. Las redes de narcomenudeo para distribución sí se ubican más claramente en la geografía de la pobreza urbana, pero el narcotráfico no necesariamente. Por ello el problema más grave está en la frontera norte. Además, no hay una relación directa entre pobreza e inseguridad. Nicaragua es el segundo país más pobre del continente y el tercero más seguro, igual podemos comparar a la India con Estados Unidos o analizar cómo el enorme gasto social de Venezuela va de la mano con el agravamiento de la inseguridad para los más pobres en ese país.
Por otra parte, la naturaleza de la corrupción política, y la que genera el narcotráfico son totalmente distintas, la primera puede abrir la puerta a la segunda, pero la corrupción política no supone el riesgo de violencia y muerte, que sí está presente con la corrupción vinculada al narcotráfico. La regla de“plata o plomo” que siempre termina en “plomo o plomo” parte de los tres principios de acción del narcotráfico: violencia, crimen y muerte. Un político corrupto quiere enriquecerse, pero no morirse. Es evidente que la cultura de la corrupción resulta útil a los narcotraficantes, pero no puede pensarse que la corrupción política y la dinámica de cooptación, control, violencia y muerte que imponen los delincuentes son la misma cosa, puesto que responden a lógicas completamente distintas. Es ingenuo pretender que para mejorar la seguridad en el corto plazo se necesita primero una reconstrucción ética que acabe completamente con los códigos de corrupción que se gestaron en América Latina durante un largo periodo.
El debate principal es ¿por dónde debemos comenzar en una emergencia? En ese sentido, no se puede entrar a una zona dominada por poderes mafiosos con planes de asistencia y tampoco es previsible incentivar la participación ciudadana en zonas donde el narcotráfico tiene atemorizada a la sociedad. En primera instancia se necesita la recuperación del control por parte de las fuerzas del Estado, es decir, romper el poder intimidatorio de los cárteles, es el centro de gravedad del problema y ello coloca a la coerción como la prioridad. En Medellín la guerra la ganó el Estado hace más de 10 años, y es hasta ahora que se observan los resultados exitosos de los planes integrales, con plena participación ciudadana y cambios culturales en los barrios donde un día gobernó Pablo Escobar.
¿La estrategia debería dirigirse a la legalización de las drogas?
La legalización es un debate sobre cómo aminorar el problema, porque con las drogas no existe camino ideal. Se trata en realidad de escoger entre daños de salud pública o violencia. Su legalización no las vuelve socialmente deseables. Teniendo como punto de partida el principio del mal menor, la idea de legalizarlas es correcta y a futuro seguramente esto dejará de ser un mito. Lo que es un mito en la actualidad es pretender que esta estrategia pueda ser puesta en marcha con éxito por los países afectados por la violencia que genera la producción y el tráfico de drogas. La legalización de las drogas requiere un acuerdo simultáneo con los países consumidores. Sin la participación de Estados Unidos y Europa una estrategia de este tipo, aplicada en México o Colombia, por ejemplo, sería un suicidio para la seguridad de estos países. Esto es injusto, pero el problema no es de ética sino de realidad.
No se trata sólo de un conflicto político internacional entre la inseguridad de los países que producen y trafican versus la hipocresía de los países que consumen, sino que la distorsión generada sería altamente explosiva. La disposición de droga en México y Colombia es infinitamente superior a su demanda y la situación en Europa y Estados Unidos es inversa. Por lo tanto, legalizar la droga en los primeros sin que se haya hecho en los segundos supondría un fortalecimiento de estructuras criminales en Colombia y México, porque el negocio central seguiría siendo la exportación ilegal ante la enorme diferencia de precios. Legalizar equivaldría a dar plenas libertades a grupos criminales en países con grandes debilidades institucionales. Si en la condición actual existen pequeños Estados en Latinoamérica y África en riesgo de caer en manos de mafias, esto se agravaría y se multiplicaría con una legalización unilateral.
Aunque resulte duro decirlo, la realidad es que Estados Unidos y Europa continúan jugando la carta de la tolerancia al consumo porque los niveles de violencia de los delincuentes dedicados a distribuir drogas en sus calles no se ha convertido todavía en una amenaza estratégica. Pero esa violencia está creciendo, Estados Unidos ha encarcelado a más de dos millones de personas por delitos vinculados con las drogas y tiene un millón de pandilleros, gran parte de los cuales se dedican a la venta de drogas. Quizás cuando esa violencia se vuelva intolerable para Europa y Estados Unidos, la idea de la legalización de las drogas comience a discutirse en serio como estrategia multilateral. Por el momento hay que mantener estrategias de control de daños en nuestros países y denunciar el daño que nos provocan los países consumidores. El tema de la legalización está avanzando con la mariguana, pero aún es un tema difícil como acuerdo entre gobiernos.
Calderón ante La Haya
La denuncia presentada el 25 de noviembre ante la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya, no busca una simple venganza por parte de aquellos que han perdido a sus seres queridos, busca justicia, más de 25 mil personas respaldan la iniciativa, encabezada por el abogado Netzaí Sandoval, La CPI es una institución nueva, en funciones desde 2002 y reconocida por el Estado mexicano en 2005, que se estableció para investigar y enjuiciar los delitos más graves cometidos contra la humanidad. Está autorizada para actuar cuando los sistemas domésticos de justicia de las diversas naciones se encuentran imposibilitados para hacerlo, ya sea a causa de un débil diseño institucional o directamente por falta de voluntad política, de modo que puede llevar ante la justicia a los responsables de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, genocidio o crímenes de “agresión” .
La dimensión de la violencia en México (70 mil asesinados, 230 mil desplazados y por lo menos 15 mil desaparecidos) es mucho mayor que la existente en el Congo, Sudán, Kenia, Costa de Marfil e incluso en la Libia de Gadafi. Todos estos países son investigados por la CPI. En la actualidad es evidente que en México también se cometen “crímenes de lesa humanidad”,definidos como “ataques generalizados o sistemáticos en contra de una población civil, y con conocimiento de dichos ataques”, incluyendo actos como tortura, desaparición forzada, asesinato y violación.
Calderón ha supuesto que los únicos culpables son los narcotraficantes, y especulado que el 90% de las muertes ocurren por riñas entre bandas delincuenciales. Sin embargo, como bien lo ha demostrado el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, una enorme proporción de las víctimas no tienen relación alguna con los cárteles de la droga. Los miles de migrantes secuestrados, desaparecidos y asesinados son apenas la punta del iceberg de esta escalofriante realidad.
El nivel de violencia que existe en el país no podría sostenerse sin la complicidad, activa y pasiva, de las autoridades gubernamentales, Hoy, en nuestro país es prácticamente imposible enjuiciar a altos servidores públicos o investigar crímenes de lesa humanidad. El presidente y los militares están protegidos por sus “fueros” correspondientes, y el titular de la PGR no es más que un empleado político del titular del Poder Ejecutivo. A su vez, el Código Penal ni siquiera contempla la figura de “crimen de lesa humanidad”.
Existe más que suficiente información para que el fiscal de la CPI, Luis Moreno Ocampo, por lo menos coloque a México bajo observación, tal y como ya ocurre con Colombia. Los denunciantes no tienen la responsabilidad de comprobar la culpabilidad de los denunciados, ni siquiera de proporcionar información“conclusiva” o “comprensiva” al fiscal. Lo único que se debe demostrar es que muy probablemente existen crímenes de lesa de humanidad en el país y que hay evidencia preliminar que implica la responsabilidad de los acusados. La investigación formal le corresponde al mismo fiscal.
Ahora bien, de acuerdo con el Estatuto de Roma, Moreno Ocampo solamente podría negarse a dar entrada a la denuncia si la petición fuera “frívola” o “motivada políticamente”. Aquí es importante señalar que los que promueven la iniciativa son exclusivamente académicos, periodistas, artistas y abogados de la sociedad civil. A los políticos no les interesa el tema, porque saben perfectamente que una investigación de la CPI podría revelar la profundidad de la interrelación entre la clase política entera y el crimen organizado.
El gobierno federal ha reaccionado de manera improvisada al anuncio de la denuncia. La SRE afirma que “hacer un llamado a que el fiscal de la CPI analice la situación en México es presentar de manera equivocada la realidad nacional”. Sostiene que “en nuestro país la sociedad no es víctima de un gobierno autoritario o de abusos sistemáticos por parte de las Fuerzas Armadas”, y que “el compromiso del gobierno federal con la protección de los derechos humanos es indeclinable”. Pero los ciudadanos sabemos que estas son sólo palabras huecas y engañosas, y exigimos una verdadera investigación independiente que esclarezca de una vez por todas la verdad sobre la “guerra” que todos padecemos.
Dr. Arturo Marroquin Mitre
Universidad Autónoma de Nueva León
Monterrey – México
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