Las batallas entre carteles de drogas y
grupos vigilantes desestabilizan a México
Por Don
Knowland
31 Marzo 2014
El primer trimestre del 2014 ha traído
batallas entre los "autodefensas", o grupos vigilantes, y el cartel
de drogas Caballeros Templarios en el estado occidental mexicano de Michoacán,
desestabilizando la región.
El cartel de los Caballeros Templarios sustituyó a otra organización
criminal: La Familia Michoacana. Al igual que los grupos de autodefensa
actuales, La Familia comenzó en la década de 1980 como un grupo armado, con el
propósito declarado de imponer orden en el estado de Michoacán, en la lucha
contra secuestradores y traficantes de drogas, haciendo hincapié en la ayuda y
protección para los pobres.
En la década de 1990 La Familia se transforma en un grupo paramilitar, parte del Cartel del Golfo (de México), para quitarle el control del tráfico
ilegal de drogas en Michoacán a los carteles de drogas rivales. En el 2006, el
grupo se convierte en una operación independiente de tráfico de drogas que
actualmente se especializa en la fabricación y la exportación de metanfetamina.
La Familia tenía una ideología extraña, casi religiosa. Sus líderes se
refieren a sus asesinatos y decapitaciones como "justicia divina". Su
capo original, Nazario Moreno González, publicó su propia "Biblia",
una combinación de estilo evangélico de autoayuda mezclado con consignas
campesinas insurgentes. Enfatizaba la religión y los valores familiares en el reclutamiento de nuevos miembros, proclamando no tolerar el abuso de sustancias
o la explotación de mujeres y niños.
El cartel incluso prestaba dinero a los agricultores, empresas, escuelas
e iglesias con la intención de fundamentar su popularidad y emprendía proyectos
de obras públicas. Pero al igual que los notoriamente brutales Zetas, La
Familia empleaba la violencia extrema, recurriendo al asesinato y a la tortura
generalizada. Los pequeños empresarios hasta al nivel de vendedores callejeros
tenían que pagar "impuestos". Aquellos que se resistían eran
cerrados, secuestrados o víctimas de amenazas y de violencia.
La Familia asesinaba a políticos locales y sobornaba a otros. Del
contrabando y de la venta de drogas se transformó en una organización criminal
mucho más ambiciosa, que actuó en última instancia como un Estado paralelo en
la mitad occidental de Michoacán, centrada en un valle conocido como Tierra
Caliente donde se cultivan limas, aguacates, mangos y marihuana.
Al igual que en otros estados como Sinaloa, la parte de Chihuahua cercana a la frontera con EE.UU. y el noroeste estado de Tamaulipas, el gobierno mexicano
ha perdido su monopolio del uso de la violencia.
En julio del 2009 La Familia ataca las instalaciones de la policía federal
en Michoacán, y notoriamente, tortura y asesina 12 agentes de la policía
federal, dejando sus cuerpos a lo largo de la carretera de una montaña.
El ex presidente Felipe Calderón, quien ya había desatado una guerra
contra los carteles de los militares que resultó en 80.000 muertes y muchos
abusos contra los derechos humanos, respondió enviando 1,000 policías federales
más a la zona.
Esto enfureció al gobernador de Michoacán, Leonel Godoy Rangel, quien
calificó de "ocupación" la táctica del ex presidente. El medio
hermano del gobernador poco después fue acusado de ser un miembro de alto rango
de La Familia, y en diciembre del 2010 fue expulsado de su cargo en la cámara
baja del Congreso.
En diciembre del 2010, el gobierno dijo haber matado al fundador de La
Familia, Moreno González, en un tiroteo, pero su cuerpo nunca fue recuperado.
Después de esto, una gran parte de la dirección original del La Familia dejó la
organización y formó los Caballeros Templarios en marzo del 2011.
El jefe de lo que quedaba de La Familia fue capturado en junio del 2011
por la policía mexicana; poco después el gobierno declara que el cartel se
había disuelto. En los EE.UU. las operaciones federales en varios estados en el
2009 y el 2011 cerraron los canales de distribución del cartel, lo que resultó
en más de 1.500 detenciones.
Los Caballeros Templarios se hicieron cargo de las operaciones
criminales de La Familia de Michoacán y Guerrero, su estado vecino hacia el
sur. Mientras que exhortaban a sus filas a "luchar y morir" por la
"justicia social", los Caballeros Templarios continuaban la extorsión
y la violencia de su predecesor.
El actual presidente de México, Enrique Peña Nieto, del Partido
Revolucionario Institucional (PRI), asumió el poder en diciembre del 2012,
diciendo que iba a reducir el tamaño del papel de los militares en la guerra
contra las drogas, promesa que se puso a prueba en el 2013 contra los Caballeros Templarios en Tierra Caliente. En mayo y julio del año
pasado, las fuerzas de los Templarios montaron ataques violentos contra las
autoridades federales, lo que resultó en que Peña Nieto enviase tropas.
En octubre, los Templarios atacaron las instalaciones eléctricas. En
noviembre, asesinaron a un vicealmirante naval que viajaba por el estado. Como
respuesta, Peña Nieto envió al ejército para expulsar a los Templarios del
puerto de Lázaro Cárdenas, el puerto más grande en la costa del Pacífico de
México, que los Templarios habían controlado y explotado.
Fue por el puerto de Lázaro Cárdenas que La Familia y los Templarios
importaban de China los elementos químicos necesarios para la fabricación de la
metanfetamina. En los últimos tres años, los Templarios han vendido a los
exportadores chinos cientos de miles de toneladas de hierro, con un valor
estimado en más de 1,000 millones de dólares.
En los últimos cinco años, el puerto también se ha convertido en un
conducto vital para las importaciones industriales principales de México al
norte de Michoacán, el Bajío, una zona que incluye a los estados centrales de
Jalisco, Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro. El puerto también se ha
transformado en una ruta de transporte fundamental para los envíos a los
mercados estadounidenses en Houston, Kansas City y Chicago. Así que el gobierno
federal tenía intereses sustanciales de tomar control del puerto.
Mientras tanto han crecido este último año las autodefensas armadas, o
"policías comunitarias", en Tierra Caliente. En enero de este año,
estas fuerzas contaban con 20.000 miembros, quienes tomaron rápidamente los
pueblos más pequeños, y para finales de enero echaron a los Templarios de la
ciudad de Nueva Italia.
En febrero, los vigilantes decidieron tomar la fortaleza de los
Templarios en Apatzingán, una ciudad de 115.000 personas; entonces Peña Nieto
envió miles de soldados.
Al principio, los funcionarios federales exigieron de los grupos de
autodefensa un desarme, diciendo que los vigilantes armados sin capacitación en
la aplicación de la ley y sin rendición de cuentas inflamarían la volátil
situación en Michoacán. También existen rumores de que las armas de los grupos
fueron en parte financiadas por el cartel de drogas Nueva Generación de Guadalajara,
una organización rival de los Templarios.
Cuando los vigilantes se negaron a rendir sus armas, las tropas
federales trataron de desarmarlos. Esto llevó inicialmente a bloqueos por los
manifestantes y enfrentamientos armados contra las fuerzas federales, que
resultó en la muerte de tres residentes locales. El gobierno fue ampliamente
reprendido por ir contra los propios ciudadanos a los que se suponía debían
proteger.
Los militares y las autodefensas luego entraron en una alianza inestable
para echar a los Templarios de Apatzingán. El gobierno anunció que los
vigilantes debían incorporase a las llamadas fuerzas de defensa rural, que
tienen una larga historia que data del siglo 19 de aterrorizar a los
campesinos a instancias de los grandes terratenientes.
Peña Nieto también nombró a un comisionado federal especial para
Michoacán, Alfredo Castillo, con una jurisdicción más amplia que la del
gobernador del estado, para supervisar los asuntos de seguridad y un programa
de desarrollo de $3.4 mil millones para el estado.
Muy pronto, sin embargo, después de que Castillo fue fotografiado en una
reunión con los vigilantes, el gobierno identificó a un hombre en la foto como
un importante traficante de drogas. Una discordia sacudió a los vigilantes tras
las acusaciones contra uno de sus líderes, Juan José Farías Álvarez, conocido
como "El Abuelo", por supuestas conexiones con el cartel de drogas de
Guadalajara.
El 9 de marzo la policía estatal arrestó a un líder vigilante superior,
Hipólito Mora Chávez, a quien se acusa de la muerte de dos miembros de una
facción rival vigilante.
La decisión de Peña Nieto de no desarmar a los vigilantes fue bastante
criticada. Javier Lozano, miembro del ultra conservador Partido Acción Nacional
de México dijo: "primero los grupos de autodefensa son mimados. Luego
ponemos a su líder Hipólito Mora en la cárcel. Veremos cómo termina esta
esquizofrenia".
El 15 de marzo, la Associated Press (AP) citó a un funcionario federal
no identificado diciendo que el gobierno estaba "dando la ‘señal de
alto' a los vigilantes" por motivo de su lucha por el botín de los bienes
abandonados por los miembros del cartel que huyeron. De acuerdo con la AP
el "punto de inflexión" fue la detención de Mora por asesinato.
La situación en Michoacán sigue siendo muy incierta. Los Templarios se
han comprometido a recuperar el territorio del que han sido expulsados. Las
relaciones entre los vigilantes y el gobierno continúa deteriorándose.
Mientras tanto, en el vecino estado de Guerrero, al sur, la situación se
está moviendo hacia una explosión. A fines de febrero el diario californiano
Los Angeles Times publicó un artículo de primera plana titulado "Estado de
Guerrero deslizándose hacia el caos". Según Los Angeles Times, la mitad de
los 81 municipios de Guerrero, un estado de 3.5 millones de personas, tienen
grupos de autodefensa.
En febrero estos grupos se preparaban en las afueras de Chilpancingo,
capital de Guerrero, por la carretera de la Ciudad de México hasta el complejo
de Acapulco, amenazando con tomarlo. Se han hecho acusaciones de que el alcalde
del PRI de Chilpancingo estaba aliado con una rama del ya desaparecido cartel de los Beltrán Leyva, llamado Los Rojos, quienes han cometido extorsiones y secuestros
como los Templarios.
Después de que el gobernador del Estado, miembro del opositor centroizquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD) se
comprometió a añadir 500 policías estatales para patrullar la zona, los hombres
de negocios en Chilpancingo pidieron a los autodefensas que no entraran, por
temor de que el movimiento podría írseles de las manos. Un líder de negocios y
ex diputado del PRD, dijo: "Si un movimiento social se arma... no sabemos
cuándo van a dejarlas o a qué costo".
Desde la década de los 60, ha habido una serie de grupos de guerrilla
armados en Guerrero que dicen ser revolucionarios, entre ellos uno nuevo
apareció en diciembre, las Fuerzas Armadas Revolucionarias —Liberación del
Pueblo.
Estos enfrentamientos revelan mucho acerca de las contradicciones de los
desarrollos sociales y políticos en México. A la clase dominante mexicana le
gusta pensar que ha llegado al escenario mundial económica y políticamente.
Peña Nieto y la burguesía mexicana comenzaron a ver la violenta guerra de
Calderón contra los carteles como una distracción de su programa para
enriquecerse aún más mediante la apertura de la economía al capital global.
Pero los recientes acontecimientos en Michoacán y Guerrero, y en
especial la popularidad de los grupos armados y los movimientos de defensa
personal, representan los más altos niveles de inestabilidad en México desde la
Revolución Mexicana. Esta inestabilidad es una amenaza real a la reforma
económica iniciada por la clase dominante mexicana con el apoyo de la
presidencia de Peña Nieto.
Su preocupación es el efecto que todo esto puede tener en la confianza
del capital extranjero para invertir en México así como su potencial de
interferir en los proyectos críticos para la apertura de México a la
inversión, como la mejora del ferrocarril y las autopistas hacia el puerto de
Lázaro Cárdenas. Estas condiciones obligan al gobierno mexicano a intervenir.
Mientras tanto la gran mayoría de los mexicanos continúan enfrentando
una lucha diaria para sobrevivir y una falta crónica de oportunidades de empleo
decentes. El gobierno está en gran parte ausente cuando se trata de la
prestación de servicios sociales básicos y además sigue siendo bastante
corrupto.
La pobreza en los estados mexicanos rurales como Guerrero y Michoacán ha
impulsado oleadas de hombres jóvenes en busca de trabajo en los EE.UU. Estas
mismas condiciones son caldo de cultivo de las bandas de narcotraficantes así
como de los grupos de autodefensa, cuyos miembros son en su mayoría trabajadores
agrícolas y pequeños agricultores.
